En América Latina, Centro América y El Caribe, las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos, el desarrollo social y los derechos de las mujeres, a la protección de grupos vulnerables y a la defensa del medio ambiente; así como las organizaciones comunitarias de base (OCB) y organizaciones sindicales, recurren crecientemente a las normas, mecanismos y procedimientos establecidos por los pactos internacionales de derechos humanos, para exigir la plena realización de éstos y el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que los Estados Parte han asumido ante la comunidad internacional y sus pueblos.

En este contexto adquiere especial importancia la presentación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas de informes periódicos por los Estados Parte y de informes alternativos por las organizaciones de la sociedad civil, sobre la situación de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en aplicación de los mecanismos de vigilancia establecidos en el pacto y conforme a las directrices y observaciones generales del Comité.

A partir de esta experiencia diversos actores de la sociedad civil potencian su actividad institucional y sus alianzas, encontrando nuevas formas de cooperación y trabajo conjunto que contribuyen a la articulación de acciones ciudadanas nacionales y globales, a la ampliación de normas y garantías legales en el derecho interno y en el sistema internacional de protección de los derechos humanos y a la formulación y aplicación de políticas públicas favorables a los derechos humanos en sus respectivos países.

Esta práctica ha motivado que la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y el organismo de cooperación belga 11.11.11. comprometidos con estas acciones de exigibilidad, convengan en la necesidad de realizar la sistematización de esta experiencia latinoamericana, con la finalidad de elaborar una guía de acción que ayude a las organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo, a mejorar la presentación de los informes alternativos, considerando los objetivos políticos nacionales y las estrategias de exigibilidad que se tracen, buscando lograr un impacto más efectivo en el respeto, protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

La guía que hemos elaborado recoge estas consideraciones de la siguiente manera: En el Capítulo I se revisa la normatividad, los mecanismos y los procedimientos para la presentación y el examen del informe del Estado Parte; presenta también las funciones y relaciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y del Comité en el sistema de vigilancia del Pacto. En el Capítulo II analizamos y describimos el proceso de legitimación de la intervención de las organizaciones no gubernamentales en el trabajo del Comité. El Capítulo III presenta la sistematización de la experiencia de presentación de informes alternativos, paralelos o contrainformes de 10 países de América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Y en el Capítulo IV proponemos un "Manual para la Elaboración de Informes Alternativos".

El estudio sugiere iniciativas para la reforma del actual sistema de vigilancia del Pacto para hacerlo más eficaz y participativo, a partir de la consideración general acerca del carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales y de la posibilidad de que individuos o grupos de individuos que estiman que se han violado sus derechos reconocidos en el Pacto puedan presentar quejas o demandas ante el Comité, tal como lo considera el documento de propuesta de Protocolo Facultativo elaborado por el Comité.