Sin impunidad otro mundo es posible. Con esa convicción es que la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y la organización Belga 11.11.11 decidieron, establecer un convenio para sistematizar la experiencia de presentar informes alternativos a los informes oficiales de los Estados Parte al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, realizada en América Latina. En ese sentido, asumimos este reto y preparamos el documento "Una Guía para La acción".

El mensaje principal que queremos plantear en este documento, es que el uso del mecanismo de presentar informes alternativos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como parte de la estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana de las obligaciones de los Estados, establecidas en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, sólo es importante, relevante y útil en la medida que exprese, se vincule y proyecte luchas o movimientos sociales nacionales comprometidos en la defensa de estos derechos. Y si es que, por lo tanto, estos informes tienen objetivos políticos nacionales muy claros y muy precisos. Sólo si tienen ese norte y orientación, el uso de este mecanismo se convierte entonces, en un instrumento más de una estrategia mayor de exigibilidad y de vigilancia social de los derechos económicos sociales y culturales. Ésta es la lección que nos deja el estudio realizado de la experiencia de cómo, en diez países de América Latina, diversas organizaciones y expertos se han reunido para producir estos informes.

Con el ánimo de sintetizar esta guía y motivar su lectura, podemos destacar cuatro ideas principales: la primera señala que desde que apareció esta experiencia en América Latina por los años noventa, han habido cambios muy significativos en la producción de informes alternativos. Son las redes internacionales, las pioneras en presentar estos informes alternativos al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (caso de FIAN que es la Red Internacional por el Derecho a Alimentarse o el caso de la Coalición Habita Internacional).

En el proceso las organizaciones nacionales han ido alcanzando mayor responsabilidad y mayor presencia en la elaboración de estos informes. Además podemos observar que los informes eran elaborados al principio por una o dos personas o por un equipo de expertos de alguna institución o algunas instituciones. Hoy en día, tal como lo muestran diversas experiencias, estos informes, son producto del esfuerzo de una diversidad de actores, instituciones multidisciplinarias y de expertos en la materia, que realizan un trabajo conjunto y de cooperación, cuya misión principal es la de preparar estos informes.

Esto ha significado que los informes ganen en visión nacional, tengan una visión más descentralizada y, por qué no decirlo -aunque hay que afirmar esto, todavía como un desafío-, ganen en pluriculturalidad; es decir, que expresen la realidad de los diversos pueblos que habitan nuestros territorios y que lamentablemente nuestros estados nacionales excluyen.

La segunda idea que nos parece necesario resaltar, es que, en la gran diversidad de actores que se unen para producir estos informes, no sólo participan organizaciones de derechos humanos, sino que, crecientemente se han involucrado también, para realizar un trabajo coordinado, organizaciones para el desarrollo, y sobre todo ahora último, organizaciones sociales representativas de los sectores más vulnerados de la población en el goce de los derechos económicos sociales y culturales.

El tercer punto que queremos señalar en esta guía, es que, en la medida que los informes son representación de esta diversidad de actores, se articulan y se combinan, por ello, diversidad de enfoques. No sólo el enfoque de derechos, que aportan los movimientos de derechos humanos, sino también el enfoque de desarrollo humano que aportan los movimientos u ONGs de desarrollo. Y ahora, también adquiere nueva vitalidad y nuevos términos el aporte de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de trabajadores y de campesinos, que es el concepto de la movilización social.

Si logramos hacer una síntesis de estos enfoques de derechos con los enfoques de desarrollo, y recuperar el sentido de cosa pública y el de la movilización social, estamos entonces, en condiciones de producir informes que, no solamente cumplen con presentar formalmente ante el Comité un procedimiento que puede terminar siendo ritual; sino que, adquieren y se constituyen en un instrumento necesario para la acción ciudadana, que es la única garantía para que el estado cumpla con las obligaciones establecidas y para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Y por último, señalamos que es necesario darle la mayor difusión posible al informe paralelo y a las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. La difusión debe ser una herramienta de presión hacia el Estado para el cumplimiento de estas observaciones. Debemos garantizar la propagación del concepto de obligatoriedad, para, a partir de ello, crear sistemas ciudadanos de vigilancia social.

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la organización de Cooperación Belga 11.11.11 alcanzan esta Guía a los líderes, dirigentes y promotores ciudadanos, con la intención que les sirva para la acción en defensa de la dignidad, libertad e igualdad de todos los seres humanos.

Dante Vera Miller
CEDAL / PERU
Perú. Abril 2002