Parte 1/3
Antecedentes de los conflictos sociales y políticos
Después de la pacificación de las guerrillas a finales de la
década de los años 70, Venezuela vivió un poco más de una década en un clima
de relativa paz política y social, lo cual no por casualidad coincidió con
la época del "boom" petrolero. Sin embargo, a partir de 1983 cuando se
resquebraja la estabilidad económica, la conflictividad comenzó a aumentar,
hasta llegar a la situación actual de crisis de gobernabilidad.
Los signos más evidentes y notorios del resquebrajamiento de
la estabilidad económica y política que había caracterizado a la democracia
venezolana fueron el "Caracazo" de 1989, los dos intentos de golpe de Estado
en 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 y la formación de un
gobierno de transición. En el período que corre entre 1989 y 1998 el país se
vio sacudido por una creciente conflictividad social y política.
Es en este marco de profundización de la inestabilidad que
surge el liderazgo del teniente coronel Hugo Chávez, quien asciende al poder
en 1999, con la promesa de llevar a cabo transformaciones profundas para
acabar con la pobreza y la corrupción. Los primeros dos años de su gobierno
estuvieron orientados hacia el desmontaje del llamado "puntofijismo"
(1958-1998), y hacia la creación de las bases de un nuevo sistema político.
El año 1999 estuvo marcado por un sensible incremento de la conflictividad
social (López Maya, 2002) que se manifestó en disturbios, cierre de vías y
tomas o invasiones, entre otros hechos. En ese año, los conflictos que
implicaron confrontación y violencia fueron mucho mayores que en años
anteriores, mucho más incluso que en 1989 y que en el período 1992-1996,
considerado de alta beligerancia. También fue un período durante el cual la
población venezolana aspiró a que mediante la aprobación de la Constitución
de 1999 y de la llamada "relegitimación de los poderes", se instituyera un
modelo que profundizara la democracia, generara bienestar económico e
instrumentara mecanismos que permitiesen la inclusión económica, política y
social de un considerable sector de la población, con anterioridad excluido.
Esta primera fase de su gobierno (1999-2001) se caracterizó
por un Estado con crecientes recursos, provenientes del aumento del precio
del petróleo, y por un debilitamiento del sector privado. La política
exterior se fundamentó en el apoyo a la creación de un mundo multipolar y en
ciertas tensiones con Colombia, producto de la oposición inicial de Chávez
al Plan Colombia y a sus supuestas relaciones con los grupos guerrilleros
del vecino país. A partir de finales de 2001 se inicia una segunda fase,
marcada por un aumento en la radicalización, tanto política como económica,
del proceso "revolucionario".
El fortalecimiento de rasgos personalistas y autoritarios
evidenciados en el gobierno de Chávez, junto con la participación cada vez
mayor de militares en la administración pública, fueron generando una
creciente oposición. El aumento de las críticas de diferentes sectores
--partidos políticos, empresarios, sindicatos, Iglesia, medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil--, muchos de los cuales
apoyaron entusiastamente al gobierno en sus inicios a partir de las
políticas implementadas tanto en el ámbito político como económico, llevaron
a que el discurso y las acciones del gobierno fueran cada vez más radicales
y excluyentes de estos sectores. A finales de noviembre de 2001, un decreto
presidencial anunció 49 leyes que, según amplios sectores de la sociedad,
afectaban no solamente la institucionalidad democrática sino también las
libertades económicas consignadas en la Constitución de 1999. En respuesta,
el 10 de diciembre se convocó a la ciudadanía a un paro general contra
dichas leyes y se solicitó que el Presidente rectificara su política. El
éxito de esta primera acción nacional en contra del gobierno marcó el inicio
de una creciente polarización política, profundizada luego en 2002.
Desde los aún confusos acontecimientos de abril de 2002, la
situación de conflictividad se agudizó con el inicio de una etapa de
violencia política, que en febrero de 2003 había dejado un saldo de
aproximadamente 50 muertos y alrededor de 800 heridos, 400 de ellos con
armas de fuego. El crecimiento de la violencia política y el inminente
peligro de un desbordamiento que desembocaría en una confrontación armada,
llevaron a la comunidad internacional a impulsar una iniciativa de
prevención de conflictos. En noviembre se instaló la Mesa de Negociación y
Acuerdos bajo la facilitación del Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter.
Sin embargo, la instalación de esta instancia de negociación
no fue suficiente para evitar la escalada del enfrentamiento entre la
oposición --organizada por la Coordinadora Democrática--, y el gobierno. En
este marco de agudización de la confrontación se realizó el paro cívico
nacional, entre el 2 de diciembre de 2002 y el 2 de febrero de 2003, al cual
se sumaron los trabajadores y el personal de la industria petrolera. El
grado de conflictividad aumentó a tal punto que la comunidad internacional
decidió reforzar la instancia de negociación con la creación del Grupo de
Amigos de Venezuela. Mientras, paralelamente, el conflicto interno también
afectaba negativamente las ya tensas relaciones con el gobierno de Colombia,
al profundizarse la discusión respecto al terrorismo.