Una publicación de CDF     | Enlaces | Comentarios | Contacto | Búsqueda |

ISSN 1913-6196

Inicio Temas Autores Reseñas Libros Recursos digitales
Ediciones Documentos Multimedia Lectores opinan Entrevistas Nosotros
Año 2008 Vol. VI
Futuros 21
 Futuros 20
Año 2007 Vol. V
 Futuros 19
 Futuros 18
 Futuros 17
Año 2006 Vol . IV
 Futuros 16
 Futuros 15
 Futuros 14
 Futuros 13

Año 2005 Vol.  III

 Futuros 12
 Futuros 11
 Futuros 10
 Futuros 9
Año 2004 Vol. II
 Futuros 8
 Futuros 7
 Futuros 6
 Futuros 5
Año 2006 Vol.  I
 Futuros 4
 Futuros 3
 Futuros 2
 Futuros 1
 

Visítenos en el nuevo portal
Futuros 21

 

 CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN VENEZUELA Y SUS EFECTOS SOBRE LAS RELACIONES CON COLOMBIA

Resolución y prevención de conflictos

Por Francine Jácome  

Parte 2/3    

Actores principales, factores y patrones de conflicto

La crisis de gobernabilidad en Venezuela, que ha conducido a una espiral de violencia política no vista en ese país en las últimas tres décadas, es el resultado del enfrentamiento cada vez mayor entre el gobierno y sus seguidores, y los sectores económicos, políticos y sociales que se oponen al proyecto "revolucionario" del gobierno de Chávez.

El primero, sostiene que está desarrollando una transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales en aras de beneficiar a los más necesitados, quienes fueron ignorados y explotados durante las décadas del "puntofijismo". Con ese fin, sostienen que se trata de la creación de una democracia participativa, beneficiaria de los más pobres, y de la reedición del Estado benefactor, a partir de la concepción de que, en esencia, los problemas del país son consecuencia de una redistribución desigual de las riquezas. Mientras tanto, los opositores sostienen que el proceso "revolucionario" se propone destruir las instituciones democráticas, poner fin al Estado de derecho y la libertad de expresión, estatizar la economía, abolir las libertades económicas e instaurar un régimen personalista, totalitario y militarista.

En la medida en que la conflictividad y la violencia política han aumentado, los dos grupos han mostrado tendencias hacia la radicalización de sus posiciones y hacia un enfrentamiento tipo "suma-cero". Los espacios de negociación y acuerdos son cada vez más reducidos, y se profundizan los temores de una confrontación violenta, al menos entre los grupos más radicales y minoritarios de ambos sectores. Ante la situación de incertidumbre que caracteriza a la actual realidad venezolana, la discusión sobre los posible conflictos que enfrentará el país en los próximos diez años, debe necesariamente realizarse en el marco de los dos escenarios más probables que se vislumbran en la actualidad: la permanencia del teniente coronel Chávez en el poder y la profundización de su proceso "revolucionario", por lo menos hasta enero del 2007 --el actual Presidente ha manifestado sus intenciones de permanecer en el poder hasta 2021-; o la negociación de una salida electoral a la actual crisis de gobernabilidad, la cual llevaría a la formación de un nuevo gobierno que a todas luces estaría conformado por la oposición.

Escenario de continuidad "revolucionaria"

Dado el grado de personalismo que ha caracterizado al actual gobierno, sin dudas el actor principal sería el mismo Chávez, acompañado de la nueva élite política y económica "chavista" conformada alrededor de este líder con un componente militar importante. La élite política, compuesta mayoritariamente por los integrantes de los partidos Movimiento V República (MVR) y Patria Para Todos (PPT), más algunas personalidades de la antigua izquierda de los años 60, mantendrá el dominio que el actual gobierno ejerce sobre los cinco poderes creados por la Constitución de 1999: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Esta hegemonía absoluta sobre los poderes ha provocado una creciente preocupación sobre la ausencia de independencia entre los poderes y la inexistencia de mecanismos efectivos de responsabilidad horizontal.

Discrepar de las políticas y posiciones del Presidente no es una alternativa viable para sus seguidores, pues son expulsados de inmediato del círculo de colaboradores, como se ha demostrado en los últimos cuatro años. Por lo tanto, este cuadro permitiría un control absoluto sobre las instituciones políticas. En la actualidad, se desarrollan acciones para revocar del mando a alcaldes y gobernadores de oposición. De lograrlo, el proyecto centralista del gobierno se vería completado al tener no solamente el dominio sobre el gobierno nacional, sino también sobre los regionales y locales. Esto pondría fin a los conflictos generados entre la concepción centralizadora del mandatario nacional y las perspectivas de defensa del proceso de descentralización de los mandatarios locales.

En este sentido, serán pocos los conflictos que se generarían en el ámbito político, y más bien tendrían lugar entre los partidos de la oposición --los cuales estarán debilitados por sus enfrentamientos internos--, no tanto entre éstos y los sectores del chavismo. No obstante, es importante notar las crecientes rivalidades internas que existen en el sector oficialista, entre el PPT y el MVR, y entre sectores "militaristas" y civiles, susceptibles de exacerbarse durante las discusiones electorales de los candidatos a miembros de la Asamblea Nacional (2005) y de alcaldes y gobernadores (2004). Sin embargo, como Chávez tendría la última palabra, estas pugnas tendrían poca repercusión.

En el ámbito económico, el gobierno actualmente desarrolla una serie de acciones tendientes a establecer definitivamente un modelo estatista, con control absoluto sobre la economía. Los indicadores más importantes para medir esto son: el desmembramiento y reestructuración de Petróleos de Venezuela (PDVSA), proceso que incluye el despido de alrededor de un 40-50 por ciento de la nómina por haber participado en el conflicto petrolero; y la aplicación de un régimen cambiario y de control de precios. En el primer caso, aunque PDVSA no volverá a ocupar el lugar que tenía entre las empresas petroleras mundiales, ni podrá generar las ganancias de años anteriores, esta reestructuración le permitirá al gobierno subsistir con suficientes recursos. No habrá conflictos en este sector, menos aún de la magnitud del reciente paro de trabajadores petroleros, y de esta manera, el gobierno tendrá garantizado el control absoluto de la industria y sus beneficios. Es posible que ante su incapacidad para operar la empresa, les otorgue concesiones de distinta índole a empresas transnacionales, lo cual tiene la gran la ventaja de que éstas no participan ni generan enfrentamientos políticos.

Mediante el control de cambio y de precios, el gobierno busca liquidar, o al menos debilitar, aún más al sector privado que mayoritariamente forma parte de la oposición. La reciente declaración de "ni un dólar para los golpistas" muestra claramente que aquellos que dirigieron y participaron en el último paro de 63 días serán sancionados con estas medidas. Ante la grave situación económica que ya venían enfrentando, ésta sería la estocada final. A muchos no les quedará otra opción que cerrar sus puertas, ante lo cual el gobierno ya ha declarado que las militarizará y, es de esperarse, estatizará después. Los dólares serán otorgados a los amigos del régimen, a quienes también encargará de las empresas confiscadas. De esta forma, habrá una nueva élite económica adepta al gobierno, no opuesta a sus políticas, porque el Estado controlará la economía. Por lo tanto, los conflictos con el sector privado, agudizados en los últimos dos años, cesarán.

No obstante, las políticas tendientes al control estatal de la economía sí pueden generar un factor de pugnacidad, pero en el ámbito internacional. El estado actual de ingobernabilidad e impunidad ha llevado a una penetración del narcotráfico, que indudablemente se verá favorecido por el control de cambio para sus actividades de lavado de dólares. Esto podría generar en un futuro mayores enfrentamientos con Estados Unidos, pues es bien sabido que para esta potencia los dos enemigos actuales para su seguridad son el terrorismo y el narcotráfico.

La profundización del proceso de cierre de industrias, comercios y empresas, muchas de las cuales se han visto afectadas por la reestructuración de PDVSA, llevarán a un incremento importante del desempleo, que se espera llegue a 25 ó a un 30 por ciento en 2003. Es lógico suponer que ello profundizará la actual conflictividad social y política, así como los altos grados de inseguridad ciudadana. Debido a su fortalecimiento, la primera respuesta del gobierno será un incremento en la represión. Se enfrentarán las movilizaciones y protestas sociales y políticas con una creciente violencia, utilizando a la Fuerza Armada Nacional (FAN), especialmente a la Guardia Nacional (GN), y a los grupos paramilitares, los cuales durante el último año ya actuaron de conjunto. Dada la impunidad con la cual han actuado hasta el presente, es de esperarse una escalada en este tipo de respuestas. Al iniciarse esta escalada represiva es previsible que, en un primer momento, se produzca una respuesta violenta por parte de los grupos radicales de la oposición, pero deberán ser neutralizados debido a la mayor cantidad de recursos con los que cuenta el oficialismo. Es de prever que esta situación produzca un debilitamiento significativo de todos los sectores que actualmente forman parte de la oposición.

Sumado a lo anterior, el gobierno acrecentará su política de subsidios, en la medida que lo permita el disminuido ingreso petrolero, para enfrentar los conflictos sociales producto del desempleo y la creciente pobreza. De igual manera, buscará cómo generar empleos que permitan la subsistencia de los sectores afectados. Es indudable que la economía informal, donde ya participa más del 50% de la población económicamente activa, crecerá y que ésta continuará sobreviviendo a través del contrabando. Sin embargo, sin tener los recursos suficientes para ello, deberá enfrentar protestas y movilizaciones importantes provenientes de los sectores más empobrecidos.

Ante el derrumbe de la economía, la escasez de puestos de trabajo, la falta de oportunidades y el creciente control estatal de la economía, los sectores empresariales, comerciales, industriales y profesionales, especialmente los jóvenes, buscarán emigrar, proceso que ya se había iniciado desde hace aproximadamente una década pero que se ha incrementado de forma acelerada en los últimos dos años. La emigración de estos grupos sociales hará disminuir los conflictos políticos pues, aunque crece cada vez más la oposición entre los sectores populares, la oposición venezolana ha estado conformada mayoritariamente por los sectores medios de la sociedad.

La represión, las dificultades económicas así como la emigración debilitarán no solamente a los partidos políticos de oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil que se han enfrentado a las políticas del gobierno y que han tenido un importante apoyo en la construcción de una conciencia ciudadana en los últimos años. Por lo tanto, los reclamos y las iniciativas de la sociedad civil organizada también sufrirán un retroceso que permitirá un mayor control de los conflictos por parte del gobierno. Adicionalmente, dada la importancia que han cobrado estas organizaciones en los últimos años, como representantes de sectores importantes de la población, es de esperar que el gobierno adelante diferentes estrategias para desarticularlas y debilitarlas. Muy en especial en la mira estarán aquellas organizaciones que han sido muy activas en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, así como de la libertad de expresión.

En este sentido, los medios de comunicación privados, los cuales han asumido un importante papel en el actual conflicto político, también se verán acallados. Se encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Nacional (AN) una ley de contenidos que le permitirá al gobierno nacional regular la programación y los contenidos de los medios, además de sancionar con facilidad a aquellos que considere han infringido esta ley. La utilización del poder judicial, controlado por el gobierno, también permitirá sancionar a los periodistas que desarrollan una labor crítica frente al gobierno.

Sin embargo, este escenario de baja conflictividad dado el control económico, político y social de Chávez y las élites políticas y económicas afectas a su proceso "revolucionario", será posible solamente si continúa contando con el apoyo de otro de los actores fundamentales: la FAN. Es indudable que el teniente coronel Chávez, especialmente después de los acontecimientos de abril de 2002, ha implementado una estrategia de incorporación y apoyo de la FAN a su proceso. Con la Constitución de 1999 las convirtió en una fuerza deliberante en el escenario político, lo cual se ha visto reforzado por la militarización de la administración pública. Desde inicios de su gobierno, pero más aún después de los acontecimientos de abril de 2002, ha señalado el carácter cívico-militar de su proceso, el cual muchos consideran más bien militar-cívico. Los militares se han convertido en los árbitros de la situación política e incluso en actores políticos, lo cual ha llevado a la conclusión de que, en la práctica, el gobierno actual está cada vez más en manos de los militares.

Si Chávez prosigue el proceso de control efectivo de la FAN, los conflictos internos entre los "institucionalistas" y los "chavistas" llegarán a su fin, como parece ser el caso, dado el dominio que tienen estos últimos de los puestos de mando más importantes. Este dominio de la FAN permitirá que Chávez utilice a los militares no sólo para mantenerse en el poder, sino también para enfrentar los focos de conflicto sociales y políticos, en especial debido a que el gobierno ha sabido desarrollar una política de debilitamiento de las policías adscritas a los gobiernos regionales y locales, los cuales están en manos de la oposición. Por lo tanto, es previsible que los militares ocupen un lugar cada vez más importante en el mantenimiento del orden público, de la seguridad ciudadana, y también en la represión política, lo cual conducirá a un deterioro aún mayor del respeto por los derechos humanos. Como ha hecho en oportunidades anteriores, Chávez le otorgará a la FAN prebendas especiales para amortiguar las consecuencias del creciente deterioro económico y social y así mantener su lealtad.

No obstante, en este contexto es importante también tomar en consideración que dentro de pocos años, pasarán a retiro la mayor parte de los militares que acompañaron a Chávez en su intento de golpe de Estado de 1992, de quienes depende en gran medida. Esto podría generar cambios dentro de la FAN con expresiones de descontento hacia el gobierno. Ya existen rivalidades entre las fuerzas, dado que el Ejército goza de una situación privilegiada que ha ido relegando a la Fuerza Aérea y a la Armada.

En el contexto internacional, aunque Chávez logre estabilizar la exportación petrolera, Estados Unidos requerirá cada vez menos del petróleo venezolano, pues sus suministros están siendo asumidos, entre otros, por México, Canadá y Brasil. Una vez resuelto el conflicto con Irak, poco será el interés que pueda despertar este país por la producción venezolana. Por demás, los planes del presidente Chávez de convertirse en un gran líder de la izquierda latinoamericana y formar parte de un eje La Habana-Caracas-Brasilia se van desvaneciendo. La profundización del proyecto "revolucionario" contribuirá a aislarlo aún más en el ámbito internacional.

Así como ha mostrado un desprecio por la institucionalidad en el ámbito nacional, también lo demuestra en el plano internacional, al plantear la necesidad de crear nuevas estructuras que confronten al actual sistema interamericano. Ejemplo de ello ha sido sus propuestas para desarrollar una integración de las fuerzas armadas de América Latina con exclusión de Estados Unidos, la instauración de un mecanismo alternativo frente al ALCA, y la creación de "Petroamérica", una transnacional petrolera que incorporaría a las compañías de la región, especialmente a la venezolana y brasileña. De llegarse a aplicar la Carta Democrática Interamericana, al extremo de suspender la participación de Venezuela en la OEA, no consideramos que sería motivo de gran preocupación para el gobierno "chavista". De ocurrir, fortalecería sus relaciones -- como ha hecho en los últimos dos años--, con los movimientos sociales contrarios a la globalización, como el Foro Social Mundial, con sectores de izquierda en los diferentes países, como Evo Morales en Bolivia, las FARC y el ELN en Colombia, los movimientos indígenas en Ecuador, y Cuba.

Como señalamos anteriormente, temas como el narcotráfico y el terrorismo serán los que le crearán a Chávez mayores conflictos en el ámbito internacional, en tanto son considerados como las principales amenazas a la seguridad hemisférica. En el primer caso, Washington ya ha señalado que la situación de conflictividad interna ha impedido que se lleve a cabo un programa de control de drogas que sea efectivo, incluso se han producido retrocesos en la materia. Con relación al terrorismo, pesan las acusaciones, no comprobadas, de apoyo financiero a Al-Qaeda, así como acerca de la presencia en Venezuela de grupos relacionados con el terrorismo islámico.

Sin embargo, este tema del terrorismo afecta más concretamente sus relaciones con Colombia. Más que los históricos conflictos limítrofes, la posición de Chávez ante las FARC y el ELN ha sido motivo de tensiones entre los dos países. En reiteradas oportunidades -- recientemente a raíz de la petición de Álvaro Uribe después de los atentados en Bogotá de febrero de 2003-, el gobierno venezolano ha rehusado declarar que estos grupos sean terroristas. El presidente Chávez ha señalado la necesidad de una posición cautelosa pues, "si a las FARC se les da trato de terroristas, creemos que se pudiera estar cerrando la puerta al diálogo, porque con terroristas no se negocia". (En Vásquez, 2003, p. B-11). Considera que la guerrilla es sin duda enemiga del gobierno colombiano, más no del venezolano, y ha justificado su política de acercamiento a estos dos grupos con la finalidad de disminuir sus incursiones en territorio de Venezuela.

Este punto de vista ha sido motivo de crecientes protestas por parte del gobierno colombiano, el cual considera que la guerrilla utiliza el territorio de su vecino para movilizar tropas, guarecerse y esconder a personas secuestradas con la anuencia de las autoridades venezolanas. A esto se añaden las crecientes evidencias del tráfico de armas desde Venezuela a Colombia, donde parecen estar involucrados oficiales de la FAN. Abundan también las acusaciones de la oposición a Chávez sobre la presencia de guerrilleros colombianos en el país quienes, se dice, no solamente utilizan el territorio venezolano para escapar de las fuerzas militares de su país, sino también entrenan a grupos paramilitares organizados por dirigentes del oficialismo.

El deterioro de las relaciones entre estos dos países en los últimos cuatro años no se ha circunscrito a este tema. Varios otros puntos de controversias han sido (Nieto, 2003): las trabas arancelarias, restricciones aduaneras, trasbordo fronterizo y dificultades en el transporte de mercancías que afectan cada vez más las relaciones comerciales bilaterales. A esto se añade un deterioro sustantivo de los nexos militares y la reciente inoperatividad de las comisiones fronterizas bilaterales. De ahí que, en el marco de un escenario de continuidad del presente gobierno, se pueda prever que se mantendrá y profundizará el distanciamiento y la desconfianza, especialmente en virtud de la reanimación que Chávez ha hecho del "anticolombianismo". En esta situación, es altamente probable que Colombia tome medidas tales como: "establecer barreras y aranceles para los productos venezolanos, generar presiones políticas y diplomáticas internacionales sobre el gobierno de Chávez, denunciar públicamente la posición ambigua del Ejecutivo venezolano frente a los grupos terroristas en Colombia." (Nieto, 2003, p. B-8) Sin embargo, las acciones colombianas se desarrollarían en el marco del derecho internacional descartando la utilización de la fuerza.

Aunque es previsible que durante los próximos años sean éstos los principales motivos de enfrentamientos, no puede descartarse un recrudecimiento de los conflictos fronterizos. Con relación a Venezuela, especialmente en un escenario donde las fuerzas militares ocupan un lugar importante en la definición de la política nacional e internacional, es posible que se retomen sus reclamos hacia Colombia, e incluso hacia Guyana, sobre todo si ello puede ser una justificación para incrementar el gasto militar y adquirir nuevos equipos y armamentos. La utilización de este tipo de pugnas, como cortinas de humo para tratar de desviar la atención de la opinión pública de otros temas álgidos, tampoco es descartable.

En conclusión, este es un escenario de baja conflictividad interna debido a la instauración de un modelo de gobernabilidad autoritaria que, aunque mantenga una fachada democrática debido básicamente a la realización de elecciones, será en la práctica un régimen personalista, militarista y autoritario. Si se considera que uno de los fundamentos de un nuevo modelo de seguridad hemisférico debe ser la defensa y profundización del sistema democrático, el caso venezolano puede ser una nueva amenaza, no solamente por la ausencia de institucionalidad democrática en el ámbito nacional, sino porque si llega a tener éxito, ante la tentación de reducir la conflictividad, puede convertirse en un modelo a imitar por algunos gobernantes y fuerzas armadas de otros países, en especial de la región andina. En este escenario, Venezuela sería un elemento importante de conflictividad en el ámbito hemisférico, muy en especial para Colombia, por la amenaza contra la democracia, y también por el papel que desempeñaría en temas relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

Escenario del proceso de reconstrucción de la gobernabilidad democrática

La situación de ingobernabilidad actual, el interés que ha mostrado la comunidad internacional, más las acciones internas y externas que se han tomado en función de prevenir un enfrentamiento violento, llevan a pensar que existe la posibilidad de que se produzca en el corto plazo (2003-2004) un cambio de gobierno por medio de vías constitucionales y electorales. Sin embargo, no puede descartarse la participación de sectores militares en un potencial cambio de gobierno. Los retos para un nuevo gobierno serán múltiples. En este proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas, de la economía, del tejido social, de la tolerancia política y de la gobernabilidad democrática en general se enfrentarán una serie de conflictos en muchos frentes.

En el marco de la reconstrucción de la gobernabilidad democrática habrá múltiples actores. Los partidos políticos tradicionales continuarán tratando de recobrar el terreno perdido, y los partidos emergentes pugnarán por el apoyo de los ciudadanos. Los partidos políticos tendrán que desarrollar un arduo trabajo de transformación --no evidenciado en los últimos cuatro años--, para revertir las viejas políticas que buscaban fortalecer y beneficiar exclusivamente a sus organizaciones, sobre todo a sus élites. Deberán trabajar en función de agregar y representar los intereses de los ciudadanos. En caso de que los partidos no logren estas transformaciones internas, y no surjan nuevos liderazgos, es previsible que emerja una gran inestabilidad en el sistema partidista, debido a la búsqueda de alternativas de representación de intereses y necesidades que los ciudadanos emprenderían. En caso de no haberse producido un aprendizaje político por parte de la dirigencia, ni de los ciudadanos, sobre la base de la experiencia de los últimos años, podrían surgir nuevamente liderazgos personalistas, outsiders, que contribuirían a mantener la debilidad de los partidos políticos y, por tanto, del sistema político. En este sentido, el proceso de fortalecimiento de los partidos políticos pudiera ser largo y causaría inestabilidad.

Dicha debilidad llevará también a problemas en la reconstrucción de la institucionalidad democrática. La pluralidad de actores políticos podría llevar, por un lado, a la negociación y al establecimiento de consensos --un paso importante en el fortalecimiento del sistema democrático--, pero, por el otro, podría también generar nuevas situaciones de ingobernabilidad debido a la imposibilidad de establecer consensos. Esta situación generaría enfrentamientos continuos dentro y entre los poderes.

Los posibles conflictos entre diferentes actores políticos podrían exacerbarse, según la posición que adopte el "chavismo", con o sin Chávez. Si este sector decide mayoritariamente actuar dentro del marco del funcionamiento de la democracia, continuará formando parte del sistema de partidos, y el apoyo que obtenga de los ciudadanos dependerá de sus acciones, al igual que los demás partidos. Sin embargo, es previsible que los sectores más radicales se opongan a funcionar en este marco y puedan pasar a la clandestinidad y a la actividad de enfrentamiento armado con el nuevo gobierno. Por tanto, es posible que los conflictos políticos tengan como escenario no solamente las instituciones y procesos legales, democráticos y electorales, sino que se extiendan hasta la confrontación violenta y armada, generando focos de inestabilidad política importantes, en especial en los centros urbanos. A la inseguridad ciudadana se le añadirá la violencia política.

Otro actor cardinal serán las organizaciones y redes sociales que, como se ha señalado, han cobrado fuerza durante todo el proceso de oposición al actual gobierno. Estas organizaciones, y la población en general, han tomado conciencia de su fortaleza potencial y continuarán presionando en función de lo que consideran son sus derechos ciudadanos. En este sentido, tanto el gobierno central, como los regionales y locales, serán presionados para que respondan a los intereses y necesidades de los electores y para que fomenten una mayor transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, existe una ciudadanía mucho más activa que buscará cómo canalizar sus demandas por vías legales. Pero si éstas no son atendidas, es muy posible que decidan una confrontación, con la potencialidad de provocar un clima de creciente anarquía, debido a la difícil situación económica y social que enfrentarán los venezolanos en los años venideros.

En este marco, las organizaciones y redes sociales podrían cumplir un papel muy importante en la canalización de los conflictos. Sin pretender sustituir a los partidos políticos, podrían contribuir activamente en labores de educación con el objetivo de lograr una mejor participación de la ciudadanía, que le permita utilizar mecanismos legales y no-confrontacionales en la instrumentación de sus demandas. De esta forma, influirían para que la sociedad civil asuma posturas proactivas y no puramente reactivas. A ello es necesario añadir que sus acciones podrían incluso influir en el fortalecimiento de los partidos políticos. No obstante, podría también surgir una vuelta a la apatía y a la ausencia de participación, una vez iniciado el proceso de reformulación y reconstrucción de la institucionalidad.

En este sentido, será importante que el nuevo liderazgo político y económico tenga una relación mucho más horizontal y transparente con los ciudadanos. La lucha contra la pobreza y el desempleo, el fin de la corrupción y de la impunidad serán demandas que deberán atender. La reactivación de la economía, aunque lenta, será imprescindible. El ámbito económico será el más conflictivo para un nuevo gobierno, bien sea éste de transición o uno electo para gobernar durante un período completo. Los próximos años, no solamente por la grave situación interna sino también por factores externos, se vislumbran como un período caracterizado por altos índices de desempleo y de inflación. En medio de una aguda crisis económica, la reconstrucción de la industria petrolera, y de la economía en general, será una tarea de años, especialmente en virtud del debilitamiento agudo sufrido por el sector privado.

Dada esta situación es posible que se reciba apoyo internacional para la reconstrucción económica y social. Pero ello vendría unido a un retorno de la inversión extranjera, una vez que se vislumbre un mayor equilibrio en el país. Para ello será imprescindible que el nuevo gobierno emprenda modificaciones sustanciales, garantes del respeto a la propiedad privada y al estado de derecho, y cree marcos regulatorios modernos y transparentes. El desarrollo de una política de apertura, aún en el área petrolera, también generaría nuevas inversiones y llevaría al crecimiento económico, lo cual comenzaría a revertir la situación de pobreza. Pero ello requerirá de la alianza y cooperación, no de la confrontación, entre el Estado y el sector privado, fundamentadas en la eliminación del estatismo y en la aceptación de que el país requiere de la producción de riquezas, y no meramente de la redistribución de la renta petrolera. No obstante, no será tarea fácil y es probable que se presenten nuevas discrepancias entre el gobierno y el sector privado, pues resultará difícil revertir la cultura estatista en los políticos y en algunos empresarios.

Otro reto fundamental será el relacionado con el tema militar. Como señalamos anteriormente, la FAN se ha convertido en un actor fundamental del actual proceso político. Por tanto, ¿cómo negociar su regreso a sus tareas tradicionales de seguridad y defensa nacional, su exclusión de la vida política y su sometimiento al poder civil? La activa participación política que han tenido en los últimos cuatro años lo harán difícil, y habrá grupos descontentos que no querrán dejar los privilegios recibidos mientras detentaban el poder. El pase a retiro de los militares colaboradores de Chávez sería beneficioso, pues permitiría el surgimiento de un nuevo liderazgo dispuesto a participar en la reconstrucción de la democracia, mientras asume su papel no-beligerante.

No obstante, en términos generales, es de esperarse que se produzcan ajustes de cuentas con los antiguos sectores oficialistas, con su consecuente clima de enfrentamiento. En cambio, los conflictos potenciales se podrían evitar si el nuevo gobierno se dedica de lleno a estabilizar la situación social y política, aun en el contexto de una serie de medidas económicas duras e impopulares. Fomentar la reconciliación y un nuevo acuerdo social contribuirá a crear una estabilidad política y social.

En el contexto internacional, será imprescindible replantear las relaciones con Estados Unidos, mientras se desarrolla una política moderada para recomponer las alianzas, no solamente con este país sino con las demás naciones, especialmente con Colombia. En el caso de Estados Unidos, este propósito supone que Venezuela buscará --si aún es posible--, convertirse nuevamente en un suministrador confiable y seguro de petróleo, lo cual requerirá de estabilidad política, un sector petrolero profesional y altamente calificado, inversiones, y la expansión del sector petrolero. Sin embargo, esta búsqueda por retomar la relación privilegiada con Estados Unidos podría conducir a asumir posiciones sumisas que serían criticadas interna y externamente.

En relación con Colombia, este escenario requeriría de revertir lo que el gobierno del vecino país considera como tolerancia, e incluso complicidad, del gobierno de Chávez con la guerrilla. Un primer paso sería controlar a estos grupos en la zona fronteriza, y ponerles fin tanto al tráfico de armas como al lavado de dinero, para truncar el financiamiento de sus actividades. Es previsible que asuma como parte importante de su política exterior, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en su relación con ambos, Estados Unidos y Colombia.

De igual forma, se activará la búsqueda de la reinserción del país en los esquemas de integración, especialmente en el CAN, y se mostrará un claro respeto por las instituciones del sistema interamericano. Aunque no exento de desacuerdos y discusiones, es indudable que habrá una participación mucho más activa, y no confrontacional, en el proceso de negociaciones del ALCA.

En conclusión, en el marco de la restauración de una gobernabilidad democrática, con una institucionalidad debilitada, habrá una conflictividad mayor que requerirá de mucha destreza por parte de los nuevos líderes políticos y sociales. Se sucederán enfrentamientos, quizás armados, y habrá inestabilidad, mientras el país se recupera de la grave crisis económica, social y política. Es posible que una mayor estabilidad se alcance hacia finales de la primera década. No obstante, pese a los enfrentamientos y la fragilidad del país, habrá una disminución considerable de los conflictos externos y es previsible que las relaciones con sus vecinos, y con Estados Unidos, mejoren considerablemente.


Ir a:
 

Primera Parte
Segunda Parte
Tercera Parte

Siguiente: Conflictos potenciales...

Imprimir este artículo   Imprimir


Este website esta bajo la licencia de Creative Commons Licence
Cualquier material de esta revista puede reproducirse libremente de forma impresa o electrónica sin previa autorización, siempre que se cite como  fuente a la Revista Futuros y su uso no sea con fines comerciales. Agradeceríamos ser informados y que se nos hiciera llegar una copia o referencia del material reproducido.
Se exceptúan de la libre reproducción los materiales tomados de otras fuentes; para reproducir estos artículos debe pedirse autorización a la fuente original.

Las opiniones expresadas en los artículos son de los y las autores y no de Rostros y Voces  o de Citizen Digital Facilitation
Los invitamos a enviarnos sus colaboraciones, las cuales serán  publicadas de ser seleccionadas por la dirección de la revista.
Si tiene problemas o preguntas relacionadas con esta Web, póngase en contacto con el Equipo Futuros.
Última actualización: