Parte 3/3    

Los rasgos generales de los posibles escenarios muestran que en uno, habrá poca conflictividad interna, debido a la implementación de una gobernabilidad autoritaria, que sin embargo, provocará a su vez una serie de tensiones y posibles enfrentamientos en el ámbito internacional, especialmente con Colombia. En cambio, en otro escenario de reconstrucción de una gobernabilidad democrática, que se produciría en el marco de una institucionalidad democrática sumamente debilitada y de una profunda crisis económica y social, habrá múltiples conflictos en el entorno doméstico, mientras se buscará un nuevo acercamiento con Colombia y Estados Unidos, así como la reinserción en diferentes esquemas de integración y en el sistema interamericano, en términos generales. Pero, independientemente de los resultados de la actual crisis de ingobernabilidad, es previsible que en los próximos años Venezuela siga volcada hacia adentro, tratando de resolver los graves conflictos económicos, políticos y sociales que afronta, por lo que su participación internacional estará relegada a un segundo plano.

El grado actual de conflictividad lleva a que se perciba el problema de seguridad interno como el fundamental, por lo que, a diferencia de otros casos hemisféricos, la problemática de seguridad regional y hemisférica tiene poca importancia. No obstante, esta crisis conduce a que Venezuela sea percibida, desde fuera, como uno de los problemas importantes de seguridad no solamente de la región andina sino también del hemisferio. Esta preocupación incluye el peligro de reversión de la democracia, las crecientes amenazas en cuanto a terrorismo, la actividad del narcotráfico, y también las repercusiones --especialmente para Colombia-- de su recesión económica, y de la crisis petrolera. Si internamente existe el temor de una posible "colombianización" del enfrentamiento, en el exterior comienzan a aparecer las referencias sobre los peligros de una "venezolanización" de algunos procesos, como han sido los casos de Ecuador y Bolivia.

Según Arévalo de León (2002a), las funciones básicas del Estado son la "promoción del bienestar y el desarrollo; protección de la sociedad y sus instituciones; integración de la sociedad, sus instituciones, y su territorio." (p. 21) Un Estado es fuerte cuando puede cumplir con estas funciones utilizando un mínimo de poder coercitivo, y mientras más eficaz sea en su cumplimiento más legitimidad tendrá. Por el contrario, un Estado que no las cumple será débil, pues enfrentará el rechazo y muchas veces la resistencia de amplios sectores de la sociedad, perderá legitimidad y podrá llegar incluso a períodos de ingobernabilidad pues el Estado no será capaz de mantener el orden y de ejercer su autoridad por medios pacíficos, sino tendrá que recurrir a la represión legal y física.

Venezuela se encuentra actualmente en este último caso y está frente a una reedición de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) cuyas principales características son: (Arévalo de León, 2002b): el Estado tiene plena autonomía y está por encima de la sociedad; se fundamenta en la concepción del "enemigo interno", bajo la cual se establece que existen sectores políticos y sociales nacionales que amenazan la seguridad, por tanto deben ser vigilados y neutralizados; el disenso y la crítica son una traición; y las fuerzas armadas cumplen el papel de árbitro político y único defensor de los intereses nacionales.

En los últimos meses se han acentuado estos rasgos de la DSN. De producirse el escenario de continuidad del proceso "revolucionario", habrá un fortalecimiento de esta doctrina Se acentuará el proceso mediante el cual la DSN profundizará la monopolización por parte del Estado, especialmente de los militares, de los temas de seguridad y la "securitización" de temas, convirtiendo los problemas de orden político, económico y social en puntos de la agenda de seguridad. Al hacer esto, además, los militares quedarían fuera del control de los poderes civil y político, con lo cual se produciría un proceso de desmoronamiento de la institucionalidad y de la utilización de medidas intimidatorias, coercitivas y represivas. (Arévalo de León, 2002a)

En el marco de esta concepción de la DSN, el actor principal es la institución militar debido a que "los estrategas son los mejores gerentes de la crisis" (Vela, 2002, p. 140). Se privilegian mecanismos militares para enfrentar las amenazas a la seguridad, las cuales, a su vez, son definidas por el Estado. Los militares pasan a determinar unilateralmente tanto la agenda como las políticas de seguridad, y hay un traspaso del poder constitucional al poder militar (las decisiones militares están por encima de las leyes). La institución militar no forma parte de la arquitectura institucional destinada a abordar la problemática de la seguridad, sino se convierte en el elemento rector de ésta, al actuar sin controles y contrapesos; no hay coordinación interinstitucional. Los poderes del Estado, legislativo, judicial y, a veces, hasta el ejecutivo, pierden su papel contralor de las fuerzas armadas, pues éstas se transforman en un ente totalmente autónomo. En aras de mantener la seguridad nacional, la institución militar hace desaparecer los marcos regulatorios que permiten la transparencia de sus funciones, ámbitos, estructuras orgánicas y procedimientos.

El 28 de noviembre de 2002, la Asamblea Nacional aprobó y sancionó la Ley de Seguridad Nacional, la cual en la práctica ha retomado la DSN. La nueva ley, "según el abogado constitucionalista Hermann Escarrá, puede restringir la libertad de circulación, limita el derecho de propiedad y el derecho de movilización democrática o derecho de protesta" (Veneconomía Opina). De hecho, ya se han presenciado varios actos cónsonos con esa visión de la seguridad nacional, como la apertura de juicios y el encarcelamiento de dirigentes de oposición por, entre otros, rebelión civil, la disolución violenta de una serie de protestas opositoras pacíficas y la militarización de las instalaciones y actividades de PDVSA.

Asimismo, bajo la DSN se militariza la seguridad ciudadana al aplicársele doctrinas, conceptos y metodologías militares y ésta pasa a ser parte de la seguridad militar, con lo cual se debilita considerablemente el cumplimiento de funciones de seguridad interior como la investigación, obtención de pruebas, "colaboración con el poder judicial, conocimiento y aplicación de la ley procesal." (Vela, 2002, p. 144) Además, la sociedad pasa a formar parte de un sistema bélico, en el cual la población se convierte en parte activa de la "defensa" y se forman grupos civiles voluntarios encargados del control de la población, suministro de información de inteligencia respecto al "adversario", e inclusive de enfrentamiento y confrontación. Ejemplo de ello es la intervención de la Policía Metropolitana por parte de los militares, con la amenaza de procesos similares en otras policías municipales y estaduales, la actuación de grupos paramilitares y de los llamados "círculos bolivarianos".

En este marco, los intereses y el proyecto de los actuales dirigentes se han convertido en el proyecto e interés de la nación. Los intereses de los demás sectores han quedado excluidos de la definición de lo que es el interés nacional y, por tanto, los sectores que cuestionan el actual proyecto "revolucionario" quedan excluidos de él. Esta es una definición autoritaria del proyecto nacional, en contraposición a una definición democrática, la cual buscaría establecer un pacto político entre los diferentes actores, en torno a un proyecto que se desarrollaría de acuerdo con principios y procedimientos claramente establecidos, y en torno a los cuales existiría un consenso logrado mediante el diálogo y la negociación entre los diferentes sectores.

Por tanto, en caso de que se produzca un cambio y se comience un proceso de reconstrucción de la gobernabilidad democrática, los retos más importantes de la seguridad serán cómo enfrentar las amenazas que provienen del ámbito político y se relacionan con la incapacidad del Estado para (González, 2002): 1) normar el estado de derecho, cuyos riesgos son: actuaciones al margen de la ley, poderes paralelos, vulnerabilidad ante diferentes focos de presión; 2) ejecutar programas a largo plazo, entre cuyos riesgos se encuentra una continuidad de la crisis de gobernabilidad; 3) lograr una hegemonía política con el riesgo de la utilización del poder coercitivo; y 4) la incapacidad de establecer una intermediación entre sociedad y gobierno con el riesgo de una crisis de Estado. Mientras más débil sea el Estado, más riegos corre ante las múltiples amenazas que enfrentará.

En este sentido, en el corto y mediano plazo los retos en el diseño de una política de seguridad (Arévalo de León, 2002b) incluirán la afirmación de la naturaleza democrática de la concepción de seguridad, asegurar la utilización de mecanismos de control democrático de las actuaciones del Estado, establecer criterios de rendición de cuentas, así como garantizar que las instituciones y actores del sector de seguridad estén sujetos a la acción judicial. Otros retos importantes son que se permita la incorporación de actores no estatales en la discusión de políticas de seguridad, y se creen mecanismos que permitan su participación en el diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas.

La agenda de seguridad deberá incluir (Arévalo de León, 2002b): el análisis y planteamiento de reformas en cuanto al marco legal e institucional de la seguridad pública, en temas tales como, los patrones de reclutamiento y capacitación, desarrollo de una ética policial, mecanismos de control y sanción institucional, fiscalización constante por parte de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, el incremento de la capacidad de investigación criminal y un proceso de reforma del sistema judicial para evitar la impunidad. La sociedad civil puede desempeñar un papel de apoyo y fiscalización de los organismos de seguridad.

Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, será necesario que éstas incorporen en sus agendas aspectos relacionados con la seguridad. El control civil sobre los militares, el seguimiento y supervisión de sus actuaciones, la creación de mecanismos de rendición de cuentas de los militares y de los presupuestos militares, así como el papel de las fuerzas armadas dentro de la sociedad, son temas que deberían ser incorporados en sus discusiones. En conclusión, se hace necesario un "control social" de las actividades militares, especialmente después de la aguda militarización a la cual ha estado sujeto el país.

Bibliografía

Arévalo de León, Bernardo, "De la teoría a la práctica: reflexiones sobre la seguridad democrática". En Arévalo de León (coord.), Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación, Guatemala, FLACSO, 2002.

Arévalo de León, Bernardo, "Los debates de seguridad". En Arévalo de León (coord.): Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación, Guatemala, FLACSO, 2002b.

González, Patricia, "Apuntes para un diagnóstico de seguridad democrática en Guatemala". En Arévalo de León (coord.), Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación, Guatemala, FLACSO, 2002.

Maya, Margarita, "La protesta de los 90". En López Maya, Margarita, David Smilde y Keta Stephany, Protesta y cultura en Venezuela, Caracas, FACES/CENDES/FONACIT, 2002.

Nieto, Rafael, cit. en Vásquez, Amarelis, "Hay enormes dificultades en la relación con Venezuela", El Nacional, Caracas, 2 de marzo de 2003, p. B-8.

Vela, Monolo, "El sistema de seguridad en Guatemala: un debate de la postguerra". En Arévalo de León (coord.), Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación, Guatemala, FLACSO, 2002.

Veneconomía Opina, Caracas, 20-23 de diciembre de 2002