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Tomado de América Latina en Movimiento 376
Las tensiones presentes en las
relaciones Norte-Sur, y la pugna sobre el papel del mercado, han traspasado
a un nuevo escenario: el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información (CMSI).
Esta Cumbre de la ONU, cuya primera fase se realizará en Ginebra del 10 al
12 de diciembre próximo, y la segunda en Túnez del 16 al 18 de noviembre
2005, ofrece la oportunidad a la comunidad internacional de elaborar un
marco visionario de políticas, para lograr que la información, el
conocimiento y la tecnología sean orientadas más efectivamente al servicio
de la democracia, el desarrollo sustentable, la justicia social y la paz.
Sin embargo, el rumbo de este proceso deja entrever que, al menos en esta
primera fase, se habrá desperdiciado esta oportunidad.
Es lo que se evidenció en el 3er Comité Preparatoria (Prepcom), que tuvo
lugar en Ginebra del 15 al 26 de septiembre pasado. La negociación del
contenido de los documentos -Declaración de Principios y Plan de Acción- que
deben suscribir los presidentes en diciembre, se ha empantanado en torno a
temas como el financiamiento para el desarrollo, el gobierno de Internet, el
rol de los medios de comunicación y la "seguridad de la información". Así,
el Prepcom quedó lejos de su meta de finalizar los documentos y se prevén
dos sesiones adicionales, la primera para el 10 al 14 de noviembre, y la
segunda en los días inmediatamente anteriores a la Cumbre.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, en dos
pronunciamientos, cuestionaron la legitimidad de los documentos que
calificaron de tecnocráticos y centrados en el mercado. Gracias a las
presiones ejercidas para que haya una mayor consecuencia con la visión de
"una sociedad de la información centrada en la persona e incluyente",
expresada en el primer párrafo del borrador de la Declaración, lograron
introducir varias modificaciones en los documentos, pero nadie se sintió
satisfecho con el resultado.
Políticas para afianzar la esfera pública
A fin de afianzar una esfera pública dinámica, que hará posible a la
ciudadanía participar en la gestión pública y pedir cuentas a los detentores
de poder, será necesario elaborar políticas públicas que, entre otros,
faciliten el acceso de la ciudadanía a información pertinente y oportuna
desde fuentes diversas y plurales, aseguren la transparencia de la gestión
pública, garanticen la posibilidad de expresión de los puntos de vista de
los diversos sectores de la ciudadanía y establezcan un marco adecuado de
derechos.
Uno de los temas más polémicos en este respecto es la propuesta de una
revisión del actual régimen de propiedad intelectual, el cual a nombre de
proteger las ganancias corporativas en la economía digital (donde es muy
fácil la copia de información y productos culturales), ha conllevado a
distorsiones que muchas veces inhiben en vez de estimular la creación,
restringen el acceso a la información y privatizan el conocimiento. Los
intentos por plantear este debate en el marco de la CMSI han recibido un
rechazo frontal, bajo el argumento de que la Cumbre no puede interferir en
un terreno que es prerrogativa de otras instancias multilaterales (la OMC y
la OMPI).
Tampoco se accedió a reconocer al Internet como un espacio del dominio
público; se refiere a él solamente como "facilidad para el público mundial".
Un tema relacionado es la promoción y desarrollo del software libre,
considerado fundamental por diversos gobiernos y una mayoría de
organizaciones de la sociedad civil. Se trata de los programas de
computación no propietarios y desarrollados colaborativamente, cuyas
ventajas van mucho más allá de un costo accesible y de una más amplia oferta
de opciones, que son las únicas reconocidas en la versión actual de la
Declaración. Fue eliminada la recomendación que todas las autoridades e
instancias públicas deberían adoptar el software libre.
No deja de ser significativo que el proceso preparatorio de la CMSI ha
permitido actualizar el debate en torno al derecho a la comunicación, si
bien sin registrar avances concretos. De hecho, el término "derecho a la
comunicación" ha sido eliminado de los documentos oficiales, pues sobre su
interpretación no hubo consenso. Para algunos se trata de respaldar el
principio del acceso universal a las telecomunicaciones y a las tecnologías
de información y comunicación (TIC), convirtiendo a esto en derecho, pero
sin contemplar otros aspectos de la comunicación. El propio Secretario
General de la ONU, Kofi Annan, ha defendido esta posición. Muchos sectores
pro democratización de la comunicación lo emplean como un término que abarca
el conjunto de derechos asociados con la comunicación, como también nuevos
derechos que hace falta reconocer en el nuevo contexto de la comunicación.
Es la posición de la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad
de la Información –CRIS–. Pero también hay quienes lo rechazan por
considerarlo un mal recuerdo de las batallas en la UNESCO de los años 80;
argumentan que la libertad de expresión, tal como consta en el Artículo 19
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una garantía suficiente
y no hace falta considerar nuevos derechos. El debate se retomará en
diciembre, durante la Cumbre, en el "Foro Mundial sobre el Derecho a la
Comunicación", organizado, entre otros, por la Campaña CRIS.
Otro tema polémico es el de los medios de comunicación, tema clave cuando se
trata de fortalecer la esfera pública. El "caucus de medios" -instancia de
presión formada en el seno de la sociedad civil en la Cumbre por grandes
asociaciones de medios, gremios y medios comunitarios y ciudadanos, entre
otros- aportó un conjunto propuestas. Además de reafirmar la libertad de
expresión, propone la necesidad de una legislación para defender la
existencia y desarrollo de medios libres e independientes y para alentar al
pluralismo y la diversidad de la propiedad de los medios y evitar una
excesiva concentración. Reivindican el rol específico y crucial de la
radio-teledifusión de servicio público y comunitario y plantean transformar
los medios controlados por el Estado en organizaciones con independencia
editorial. Los gobiernos, sin embargo, no han logrado acuerdos al respecto.
Algunos incluso cuestionan que el tema tenga pertinencia para la Cumbre.
Irónicamente, si bien las asociaciones de grandes medios -y algunos
gobiernos que apoyan sus planteamientos- se oponen férreamente a toda
mención del tipo "de acuerdo con la legislación nacional" cuando se trata de
reafirmar la libertad de expresión, por considerarlo un intento de legitimar
la censura, ellas mismas exigen una mención similar cuando se hace
referencia a los medios comunitarios, a sabiendas de que en muchos países la
legislación restringe el acceso a las ondas radiales. Es más, en la última
versión de la Declaración se ha eliminado toda mención de los medios
comunitarios.
En cuanto a la participación de las mujeres en la sociedad de la
información, los documentos no les dan el debido reconocimiento como actoras
clave y agentes de cambio. El lenguaje sigue tratándolas como seres bajo
tutela.
El desarrollo y su financiamiento
El borrador de la Declaración de Principios de la CMSI enumera una serie de
metas para el año 2015, destinadas a cerrar la "brecha digital". Estas
incluyen: conectar todas las aldeas a las tecnologías de información y
comunicación (TIC) y establecer puntos de acceso comunitario; conectar
universidades, colegios, escuelas, bibliotecas públicas, oficinas de correo,
hospitales, centros de salud, departamentos gubernamentales y autoridades
locales y crear sitios web de éstos últimos; y adaptar los currículums de
escuelas y colegios. Se debe asegurar el acceso de toda la población mundial
a servicios de radio y TV, y de más de la mitad de ella a las TIC; y se
propone desarrollar las condiciones para que todos los idiomas del mundo
puedan tener vigencia en Internet.
Más allá del hecho de que las metas se han fijado solamente para el aspecto
de la conectividad, lo paradójico es que, tratándose de metas que conciernen
principalmente a los países en desarrollo, no se ha previsto ningún
mecanismo específico de financiamiento para que ello se haga realidad. Este
tema ha provocado un impase entre gobiernos del Sur y del Norte, pues éstos
últimos no solo que se han negado, desde el inicio, a contemplar la
posibilidad de desembolsos financieros adicionales a los ya programados,
sino que tampoco quieren apoyar la propuesta de un "fondo de solidaridad
digital", aunque sea compuesto de donaciones voluntarias de consumidores de
productos digitales.
Una vez que el sector privado rechazó la idea de una tasa sobre los ingresos
de los servicios de telecomunicaciones, para destinarla a las zonas menos
rentables, los gobiernos del Sur hicieron frente común en torno a la
propuesta senegalesa del fondo de solidaridad digital, dejando entrever que
una Cumbre que no prevé ningún mecanismo para financiar las acciones que
propone sería una farsa. No impide que esta postura implica un serio
retroceso frente al principio de establecer mayor equidad en los procesos de
desarrollo y el comercio internacional, que se podía esperar que los
gobiernos del Sur defiendan con una actitud más firme.
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitió un pronunciamiento
que vincula la solidaridad digital con la solidaridad social, plantea una
redistribución de los ingresos de los servicios internacionales de
telecomunicaciones, exige mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, advierte que los mecanismos de financiamiento no deben agudizar el
endeudamiento, las relaciones comerciales desiguales, ni los monopolios. Y
cuestiona el enfoque estrecho en la sola conectividad como solución a las
brechas.
El tema provocó un intercambio en el seno de la sociedad civil sobre la
diferencia de enfoques de las organizaciones del Norte y las del Sur; de
allí surgió la propuesta de reforzar la solidaridad de las primeras con las
necesidades de desarrollo y financiamiento del Sur.
El "entorno habilitador"
En contraste, en su mayor parte, la agenda comercial dictada por los
gobiernos del Norte en alianza con el sector privado ha encontrado poca
resistencia entre las delegaciones gubernamentales. Ella contempla,
principalmente, el fomento de un ambiente favorable a la inversión en
infraestructura; condiciones favorables a la competencia; y un entorno legal
y regulatorio transparente y confiable. El sector privado deja entender que
una declaración de la CMSI favorable a los negocios podría incidir en
estimular las inversiones de las empresas del Norte en los países del Sur.
Esta postura hace caso omiso a los antecedentes históricos, que demuestran
que lo que favorece al sector privado del Norte no suele traducirse en
beneficios para las mayorías de los países del Sur.
Pero también la agenda comercial se tradujo en presiones por diluir, cuando
no eliminar, las referencias -muchas de ellas aportadas por sociedad civil-
a aspectos que se perciben como atentatorios a las ganancias corporativas,
incluyendo las menciones a necesidades especiales (como de las personas con
discapacidades), las demandas de diversidad cultural y lingüística o el
enfoque de género.
El gobierno de Internet, en cambio, ha suscitado una fuerte polémica.
Justamente, un área de políticas donde se está produciendo una profunda
transformación es el gobierno global en temas relacionadas con las TIC. Los
regímenes multilaterales, que desde hace mucho tiempo regulan, por separado,
las telecomunicaciones internacionales, los satélites y el espectro
radioeléctrico se están reconfigurando, tanto para adaptarse al carácter
convergente de la tecnología digital, como para facilitar la participación
del sector privado.
Es más, con el Internet emergen nuevas áreas regulatorias, como la
infraestructura, la intercomunicación –incluyendo el tráfico, nombres de
dominio, etc.-, y el comercio. Estos cambios, bajo presión entre otros del
sector privado, han sucedido con tanta velocidad que no se ha dado un debate
global sobre cómo estas nuevas estructuras deben estar gerenciadas, ni qué
marco de políticas debe orientar las decisiones. La CMSI es una oportunidad,
muy importante sin duda, para iniciar este debate en un ámbito multilateral
y con participación de otros actores.
En el Prepcom, si bien se ha logrado consenso sobre el principio de una
gestión internacional de Internet que sea "multilateral, transparente y
democrática y con plena participación de gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y organizaciones internacionales", no hay acuerdo sobre los
mecanismos correspondientes. Muchos gobiernos del Sur se oponen al statu
quo, que implica en la práctica que las decisiones quedan en manos del
gobierno y sector privado de EE.UU., entre otros a través del ICANN, que
regula el sistema de nombres de dominio (.org, .com, etc.). Es más, la gran
mayoría de servidores raíz, que controlan el tráfico mundial en Internet, se
encuentran en ese país.
Otro tema controversial es el de la seguridad. Nadie cuestiona la necesidad
de garantizar la seguridad y confiabilidad de las redes y sistemas de
computación contra fallas y ataques; pero ciertos gobiernos (Rusia y EE.UU.
en particular) insisten en mezclar este tema con la noción de "seguridad de
la información", donde la lucha contra el terrorismo y el "cibercrimen"
traspasa el ámbito técnico, con implicaciones preocupantes para los derechos
civiles. Además, preocupan las referencias a la integridad del campo
militar. Dadas las medidas y legislaciones adoptadas recientemente en varios
países, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, que atentan a
los derechos civiles, y la tendencia creciente a utilizar las TIC para
regular o monitorear los movimientos de las personas dentro o fuera de
Internet, en el trabajo, cuando cruzan las fronteras, etc., este enfoque del
tema resulta preocupante. Muchos temen que puede constituir también una
amenaza al potencial democratizador de Internet.
Participación de la sociedad civil
Todo el proceso de la CMSI ha sido marcado por las presiones y negociaciones
en torno al estatus y grado de participación de los observadores, o sea de
la sociedad civil y el sector privado. Un primer logro para sociedad civil
en este aspecto fue la aceptación de que la compilación de sus propuestas
sea admitida como un aporte formal del proceso de negociaciones oficiales.
Sin embargo, fue solamente luego de que decidió ir a la prensa a denunciar
que sus propuestas no han sido tomados en cuenta, que los sectores oficiales
comenzaron a prestar atención a los planteamientos.
Frustrada por los resultados del Prepcom, y particularmente el carácter
mediocre de los documentos borradores oficiales y su carencia de visión, la
plenaria de la sociedad civil acordó producir, antes de la Cumbre, una
Declaración de Sociedad Civil de carácter autónoma, donde se exprese una
visión distinta y se esboce algunos de los retos que plantea la llamada
"sociedad de la información".
Uno de los aspectos más positivos de este proceso ha sido justamente la
dinámica de interacción y coordinación en el seno de la sociedad civil y la
voluntad colectiva de producir propuestas que expresan un amplio consenso
sobre los contenidos. Los propios organizadores oficiales de la CMSI han
reconocido como hecho inédito el grado de unidad de las organizaciones de
sociedad civil en el proceso y su decisión de hacer contribuciones de
calidad y de lograr impacto.
En suma la CMSI, como se podía anticipar, es un producto del actual contexto
de las relaciones internacionales: tensiones y falta de solidaridad entre
Norte y Sur, predominio del mercado, prepotencia de la industria de la
comunicación, ofensiva contra el terrorismo, búsqueda de restricción a las
libertades civiles; todos estos elementos están presentes. Pero también lo
es la resistencia ciudadana, si bien con una relación de fuerzas
desfavorable.
Por ello, los actores ciudadanos reconocen que los temas en debate requieren
de un escenario y niveles de participación más amplios. Diversas
organizaciones que participan en la Cumbre se han dado como meta promover
este debate en la próxima fase de la Cumbre.
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