Al mismo tiempo, la noción de ciudadanía se reformula en un contexto de debilitamiento del rol del Estado, que precisamente fue el que le dio origen y razón de ser en su configuración clásica. Aún cuando para la visión republicana el requisito formal para ser ciudadano se sustenta en la membresía a un Estado – nación, ésta no es actualmente la vía exclusiva para definir la condición de ciudadanía en términos sustantivos -ser titular de derechos y gozar de la capacidad para ejercerlos- (Bottomore, 1992).

Las dos dimensiones que incluye el concepto de ciudadanía -titularidad de los derechos y capacidad real para su ejercicio- muchas veces se contraponen: al mismo tiempo que se afirma la titularidad de derechos sobre grupos que antes estaban excluidos de la misma, muchos sectores de la población se ven impedidos de ejercer sus derechos ciudadanos.

Al respecto, confrontando la visión "evolucionista" proclamada por Marshall, la experiencia ha demostrado que el ejercicio de los derechos no es una práctica acumulativa, sino que existen situaciones donde, por ejemplo, el ejercicio de los derechos políticos no implica necesariamente lo mismo en relación con derechos civiles o sociales. O´Donnell caracteriza este tipo de situaciones como una "ciudadanía de baja intensidad": "en muchas de las democracias que están surgiendo, la efectividad de un orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad del estado se desvanece...". Respecto a la agudización de la conflictiva social en las ciudades, agrega que esto "...no sólo refleja un grave proceso de decadencia urbana, sino también la creciente incapacidad del estado para hacer efectivas sus propias normas" (O’Donnell, G. 1997).

3-2. Ciudadanía y transición democrática en América Latina

En América Latina el retorno a la democracia ha permitido recuperar derechos civiles y políticos y se han extendido los derechos culturales. Se observa una mayor sensibilidad proclive a los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la tolerancia a la diversidad cultural y étnica. La ciudadanía está protegida en sus derechos civiles, políticos y culturales por el Estado y por una "fiscalización global" que informa, denuncia y censura las violaciones a estos derechos (Hopenhayn, 2001).

Pero simultáneamente se degradaron los derechos sociales y económicos, aumentando de manera inédita el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la exclusión. La limitación en el ejercicio de la ciudadanía social es una de las críticas centrales a las democracias emergentes (Hopenhayn, 2001), caracterizadas por el ajuste del gasto público y la baja capacidad de regulación estatal frente a un avance del mercado que genera mayor desintegración social.

En este escenario, la idea de ciudadanía como "vínculo de integración social" (Levín, 1997) puede brindar a la democracia un sentido concreto: la construcción de un espacio político que no sea el estado ni el mercado. Se reformula la idea de "lo público" en tanto espacio de intereses colectivos que excede lo meramente estatal, facilitándose una mayor participación de los distintos sectores sociales en las instituciones políticas democráticas y el desarrollo de mecanismos propios de la sociedad civil que faciliten una cultura de convivencia y desarrollo colectivo. (CEPAL, 2000).

Según Lechner, el gran desafío que se presenta para las democracias latinoamericanas consiste en armonizar la democracia política con el crecimiento económico y la equidad social. Asimismo, la CEPAL (2000) propone una perspectiva integral que reoriente los patrones de desarrollo en torno al eje central de la equidad, como estrategia para la integración social. En este sentido, se trata de colocar en primer plano la vigencia de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, los que junto a los derechos civiles y políticos, dan el marco ético al proceso de desarrollo.

Por otra parte, el proceso de globalización ha provocado la reconfiguración de las identidades nacionales en un doble sentido: En primer lugar, los procesos de trasnacionalización del mercado desbordan la organización del estado nacional, en un marco de desintegración social creciente (Lechner, 1993). En segundo lugar, el crecimiento de las tecnologías de la comunicación internacionaliza la producción de representaciones sociales generando identidades globales que se entrecruzan con las comunidades de pertenencia a nivel territorial (Mato, 1999).

Hopenhayn plantea que la revolución tecnológica tiene efectos sobre el concepto de ciudadanía en la medida que su ejercicio se expande a prácticas cotidianas políticas y culturales mediante el uso del espacio mediático, produciendo mayor dispersión de actos y mayor diferenciación de las demandas.

Estos patrones de integración responden a un escenario global, donde el mercado da sentido de pertenencia y conforma una comunidad social a partir de la lógica del consumo. Ya no es el Estado – nación el que estructura una identidad vinculada territorialmente a referentes jurídico-políticos de la nación. Es el mercado, por medio de la industria cultural, la comunicación tecnológica y el consumo segmentado de bienes materiales y simbólicos atravesado por tradiciones nacionales y flujos transnacionales: " Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en sus instituciones, otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos – a donde pertenezco y que derechos me da, como puedo informarme, quien representa mis intereses- se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos" (García Canclini, 1995).

La ciudadanía se vincula así a la afirmación de la diferencia y la promoción de la diversidad, en tanto autoafirmación cultural que trasciende su ámbito de pertenencia territorial (Hopenhayn, 2001). Los cambios estructurales y culturales promovieron una expansión valorativa inédita de la ciudadanía – en términos de participación en los asuntos públicos, o en respeto a la diversidad cultural- en contraste al debilitamiento del papel del Estado y de las instituciones que tradicionalmente sirvieron para expresarla.

El otro aspecto de la ciudadanía abordado desde la noción de democracia social se refiere a la superación de las formas de exclusión, no sólo en lo económico, sino también en la integración a un sistema político que brinde participación efectiva. En este sentido, el eje ciudadanía – exclusión se constituye en uno de los elementos constitutivos de la acción colectiva, en el contexto de democratización operado en la Región. (Garretón, 2002). Los excluidos de hoy son masa que parecen sobrar para quienes, dominantes o dominados, están "dentro"; por tanto, ya no formarían parte de la polis, con ideología y proyectos que den cuenta de ellos y que busquen la transformación de la sociedad para incluirlos.

Pensar en términos de ciudadanía significa entonces replantear los mecanismos tradicionales, exigiendo los derechos del conjunto de todos los ciudadanos (Figuerola, 2001). Por lo tanto, la construcción de ciudadanía se asocia a la responsabilidad estatal de consolidación de las instituciones democráticas y a la gestación por parte de la sociedad de nuevas prácticas acordes a los ideales democráticos (Sojo, 2002). Sin embargo, la concreción de estos principios se ve obstaculizada por la gran proporción de población que queda fuera del sistema productivo, y por ende, del sistema social: a medida que aumenta el grado de exclusión disminuye la capacidad de hacer valer los derechos ciudadanos.

Desde este enfoque, la noción de "gobernabilidad" en un régimen democrático adquiere importancia cuando el Estado y sus instituciones tienen limitada posibilidad de respuesta a las demandas sociales. Superar este obstáculo depende de la capacidad del estado para regular el mercado y garantizar así las condiciones no sólo para la titularidad de los derechos, sino para su ejercicio efectivo.

En síntesis, la construcción de ciudadanía exigiría a las democracias latinoamericanas un proceso de integración social tanto en el plano nacional como transnacional, partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad: se busca recobrar la igualdad en términos de inclusión de los excluidos sin que esto lleve a la homogeneización cultural, ya que se trata de promover y apoyar la no discriminación y el respeto a la diversidad (Hopenhayn, 2001)

4. Investigaciones en el campo

A modo de corolario, podemos decir que en el campo académico se avanzó inicialmente en el estudio de las transiciones, para luego profundizar desde los pactos y el mínimo procedimental hacia la adjetivación de la democracia, tal como da cuenta este documento. Varios son los autores que, desde distintas perspectivas, abordaron el análisis de la transición y la consolidación de la democracia. Como ya se mencionó, Guillermo O’Donnell realizó significativos estudios sobre el proceso de construcción de los regímenes democráticos en América Latina en los años ’80. O’Donnell, Garretón, Schmitter, entre otros, analizaron las fases de un proceso de transición, los problemas específicos y las maneras en que pueden desencadenarse las transiciones. También algunos estudios –por ejemplo, los de Philippe Schmitter- se refirieron a la modalidad de esas transiciones, pactadas o por rupturas, y particularmente a los pactos. También J.C. Portantiero, , J.C. Torre, F. Calderón y M. Dos Santos han realizado aportes en la temática de la consolidación democrática y diversos aspectos de los nuevos regímenes en América Latina.

Posteriormente, en la década del ’90, encontramos trabajos –como los de M. Garretón- que se orientaron hacia el estudio de los procesos de democratización política, estudios que permitieron diferenciar y entender distintos tipos de procesos de democratización en los países latinoamericanos. En la actualidad, los estudios se centran en el análisis del tipo y calidad de la democracia latinoamericana (Garretón, Lechner) y los desafíos de estos regímenes en un contexto de globalización. Por otra parte, otros autores -D. García Delgado, A. Borón, C. Strasser- han abordado más recientemente temáticas vinculadas a las condiciones de posibilidad de la democracia en un contexto de mayor desigualdad social ,así como los obstáculos y cuestiones relacionados con la participación cívica, las instituciones democráticas, la gobernabilidad, la ciudadanía, y los retos y amenazas de la democracia en América Latina.

La idea de añadir atributos a la democracia es una forma de expresar que la mera existencia de "procedimientos democráticos" no da cuenta de la dimensión política, social, económica y cultural del concepto. Las democracias de la periferia ofrecen una variada gama de posibilidades en situación, que deben ser estudiadas en el mundo en el cual surgieron, sin que ello signifique desprestigiarlas ni creer que el ideal es la democracia liberal, modelo acorde con una forma societal propia que se definía dentro de un Estado nacional. Por tanto, los nuevos análisis se orientan a tratar los problemas actuales y los desafíos de las democracias latinoamericanas en un escenario signado por la globalización donde disminuyen los márgenes de maniobra de los Estados nacionales.

Los trabajos más recientes reflejan una tendencia hacia definiciones y conceptualizaciones más complejas. Aparecieron entre ellas enfoques "maximalistas" preocupados por la participación popular en la toma de decisiones y el desafío de dar cuenta de la multiculturalidad propia de la región, con todo el abanico de los movimientos sociales emergentes (García Canclini, Touraine, Hopenhayn).