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Parte 9 / 9
VII Conclusiones
He esbozado aquí una nueva agenda de reforma.
Vacilé en utilizar este término por las connotaciones negativas que ha
adquirido la palabra reforma en los últimos años. Sin embargo, reforma
significa simplemente cambio, y ha sido necesario reformar la propia
reforma. En esta última parte me voy a referir a lo que pueden hacer los
países de la región habida cuenta del régimen internacional actual.
Como ya lo he dicho, ese régimen adolece de problemas fundamentales: la
falta de equidad del sistema de comercio mundial se encuentra hoy en día
ampliamente documentada, y el sistema financiero mundial no sólo no es
equitativo, sino que es intrínsecamente inestable. Dado que la suma
de los déficit mundiales tiene que ser igual a la suma de todos los
superávit, si algunos países, como Japón y China, siguen teniendo superávit,
los demás países —considerados en conjunto— deben reflejar un déficit. Y si
los países deficitarios tienden a caer en crisis, entonces éstas son de
hecho inevitables. Si un país, para hacer frente a sus problemas, modifica
el tipo de cambio, a medida que su déficit se transforma en superávit
(como le sucedió a la República de Corea después de la crisis), algún
otro país tendrá que entrar en déficit, o aumentar su déficit actual. Esta
es la aritmética simple de las finanzas mundiales.63
Los países de la región han aprendido —a
costa de grandes sufrimientos— lo que significan la inestabilidad de los
mercados mundiales de capital y sus ineficiencias; pese a que los principios
económicos generalmente aceptados indican que los países ricos del mundo son
los que están en mejores condiciones de asumir los riesgos derivados de las
fluctuaciones de las tasas de interés y los tipos de cambio, y que, por
ende, en un mercado que funciona bien, tendrían que soportar esos riesgos,
en la práctica son los países pobres los que se
ven obligados a hacerlo.
Los países de la región deberían aprovechar
las ventajas de la globalización, pero tratando de adaptarla a sus propias
exigencias. Un Área de Libre Comercio de las Américas podría beneficiar
enormemente a estos países, pero sólo si los Estados Unidos abren realmente
sus mercados, todos sus mercados, a los productos de la región, lo que
implica no solamente abrir sus mercados agrícolas y textiles, sino también
eliminar los subsidios agrícolas y suprimir las innumerables barreras no
arancelarias que los Estados Unidos han empleado incluso en contra de sus
vecinos, Canadá y México. Un acuerdo de libre comercio no puede utilizarse
para promover políticas bajo el rótulo de "medidas de protección de la
inversión", que de lo contrario serían inaceptables (como en el caso tal vez
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), o de un régimen de
propiedad intelectual no equilibrado (como podría decirse que fue el que
emanó de la Ronda Uruguay). La liberalización de los mercados de capital ha
sido una de las principales causas de la inestabilidad de la región, e
incluso el FMI ha llegado a reconocer que crea un riesgo sin generar la
consiguiente recompensa. No obstante, en sus acuerdos comerciales
bilaterales (con Singapur y Chile), los Estados Unidos han insistido en esa
liberalización.
En este artículo no sólo he tratado de
señalar las deficiencias de la agenda de reforma anterior, sino también de
vincular esas deficiencias con las políticas: el fracaso de la reforma no
fue simplemente un producto de la mala suerte o, como les gustaría decir a
los defensores del Consenso de Washington, de una implementación inadecuada.
Lo menos que cabe esperar de las políticas es que estén bien formuladas,
para que podamos aplicarlas los simples mortales en el volátil ambiente en
que vivimos. Sin embargo, los fracasos fueron aún más fundamentales:
tuvieron que ver con lo que se incluyó y con lo que no se incluyó en la
agenda, con lo que se subrayó y con lo que no se destacó. Muchas de las
"reformas" en las que se centró la atención contribuyeron a exacerbar los
problemas de la región. He dedicado un tiempo considerable a hablar de
algunos aspectos que han recibido menor atención de la que merecían.
He argumentado que es preciso formular un
conjunto de políticas económicas que reflejen un mayor equilibrio entre los
mercados y el Estado; que reconozcan el papel fundamental que ambos deben
desempeñar para que la economía funcione y acepten que ese papel pueda
cambiar con el tiempo, de acuerdo con la solidez de las instituciones tanto
del sector público como del privado; y que reconozcan asimismo que las
estrategias de desarrollo deben apuntar al fortalecimiento simultáneo
de ambos sectores.64 También es
necesario que dejemos de concentrarnos excesivamente en la inflación, para
prestar más atención a la creación de empleos; y que no pensemos tanto en la
reestructuración y la privatización de las empresas existentes, sino más
bien en la creación de empresas nuevas. Debemos apartarnos de la teoría
económica de la filtración o goteo (incluidas sus versiones más modernas, a
las que me he referido con el nombre de "trickle down plus"), que
añaden a la concepción simplista del Consenso de Washington una preocupación
por la educación primaria, especialmente para las niñas, y centrar nuestra
atención en la pobreza —en todas sus dimensiones—, en el convencimiento de
que no podemos separar las políticas económicas de su contexto social y
político. Como enfaticé en la conferencia que dicté en la UNCTAD en honor de
Prebisch, el desarrollo no consiste únicamente en acumular capital y asignar
los recursos de manera más eficiente, aunque ambos aspectos son importantes.
El desarrollo representa una transformación de la sociedad. El Consenso de
Washington hizo caso omiso de estas dimensiones. De cierto modo creía que si
permitíamos que los mercados funcionaran solos, los países lograrían
desarrollarse. Eso no ha sucedido y nunca antes sucedió. Sin embargo, se
alentó o se obligó a los países a centrar la atención en un programa
económico restringido —y por ende equivocado —, y de esa manera se perdieron
de vista los objetivos más amplios de la reforma social, en la que habrían
tenido mayor relieve la reforma agraria, la educación y los derechos
políticos y económicos.
Hoy en día reconocemos la estrecha
vinculación que existe entre los procesos económicos, sociales y políticos.
Se examinan abiertamente los problemas que plantean los distintos regímenes
políticos. Sin embargo, no se ha prestado la debida atención al papel que
desempeñan las políticas —incluidas las políticas económicas — en la
configuración del régimen político, ni a las repercusiones que tuvo en el
proceso político la manera en que se impusieron las reformas. En Rusia,
algunos impulsaron la idea de la privatización rápida, sin preocuparse por
la forma en que se haría, en la ingenua convicción (a la que me he referido
como el teorema político de Coase) de que, una vez que el Estado renunciara
al control de los derechos de propiedad privada, prevalecería el imperio de
la ley. Ello no sucedió, como era de prever. No fue Rockefeller quien
promovió las leyes antimonopólicas a fines del siglo XIX, y no ha sido Gates
el que ha preconizado la aplicación efectiva de dichas leyes hoy en día. De
hecho, ha habido intentos incluso de recortar los fondos destinados a la
aplicación efectiva de las leyes antimonopólicas por parte de los que
podrían verse perjudicados. Ha sido, y sigue siendo, la clase media la que
ha apoyado con mayor ahínco el imperio de la ley,65 y ha sido la clase media
la que ha sido devastada por algunas de las políticas del Consenso de
Washington.
Si el desarrollo es en efecto la
transformación de la sociedad, debemos reflexionar cuidadosamente sobre lo
que entraña esa transformación y pensar en el modo de promoverla más
eficazmente. La agenda de reforma neoliberal ni siquiera logró sus objetivos
más limitados de promoción del crecimiento. Al pensar en las medidas que
deberían reemplazarlo, es preciso que nos alejemos de la visión estrecha en
que se inspiraba ese programa. Al reformar la agenda económica,
tendremos que ubicarla dentro del contexto más amplio en que debe morar.
(Traducido del inglés)
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Notas
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