Introducción
La construcción social de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en América Latina para alcanzar su identidad cultural y
sus derechos revela una larga historia de luchas por su reconocimiento como
pueblos diferenciados del conjunto de la población de la región.
Con procesos disímiles, que corresponden a las contingencias
del modo en que se construyeron los estados nacionales latinoamericanos, los
pueblos étnicos han pasado por períodos sucesivos de persecución, opresión,
cooptación o marginalización de la toma de decisiones en materia de
políticas públicas. Tanto los pueblos indígenas como los africanos
esclavizados que fueron víctimas del tráfico de personas, protagonizaron en
los siglos XVIII y XIX importantes levantamientos de reivindicación de sus
derechos, en contra de la barbarie que significó la colonización europea en
todo el continente.
Muchas de esas luchas, en apariencia aisladas, aglutinaron a
núcleos importantes de pueblos étnicos en un esfuerzo por reclamar su
autonomía de los países coloniales, con experiencias destacadas como la de
valerosos dirigentes como Benkos Biohó en cercanías a Cartagena, en el caso
de Colombia. Dichos esfuerzos fueron factores decisivos para que su
visibilidad avanzara en la medida en que existían coincidencias entre los
intereses de hijos de europeos nacidos en América y las de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, llevados casi al exterminio por la política
de asimilación, dominación y sometimiento. Así, los grandes movimientos
indígenas y de negros cimarrones se unieron a los ejércitos libertadores de
Bolívar o San Martín, con la promesa de que las vidas entregadas en batallas
contra la colonización española les darían por fin un lugar en pie de
igualdad al resto de la población latinoamericana.
Pero la realidad fue demostrando unos resultados distintos y
las promesas no fueron cumplidas. De allí que la estratificación social
impuesta por los modelos de Estado nacional constituidos tras múltiples
guerras civiles dejaron planteadas las raíces del racismo y la
discriminación racial, que son el origen de los problemas que enfrentan los
pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestros países. La pobreza y la
marginación que durante los últimos doscientos años han soportado los
pueblos étnicos no son el producto de determinismos geográficos, religiosos
o basados en el fenotipo: son obra del modelo capitalista desarrollado en
América Latina que postergó a estos pueblos a unas condiciones de vida
miserables y difundió estereotipos sobre ellos a fin de garantizar la
hegemonía de sectores raciales blancos o mestizos, que muy a menudo se
pretenden blancos para mantenerse en el usufructo del poder económico,
político y social.
Arrinconados a los lugares más inaccesibles geográficamente,
los pueblos indígenas y afrodescendientes dieron muestras de una valerosa
resistencia expresada en el mantenimiento de su lengua, su religión, sus
costumbres y su cultura, mientras sostenían relaciones con la llamada
sociedad mayoritaria, que los despreciaba y consideraba "atrasados". Ejemplo
de ello son los Garífunas centroamericanos, los palenqueros hablantes de una
variedad de bantú en la zona norte de Bolívar, en Colombia, o los pueblos
indígenas de cientos de grupos étnicos y familias lingüísticas variadas, que
han sobrevivido tres, cinco siglos gracias a su capacidad de adaptación al
medio basada en el respeto por la naturaleza y formas de vida sencillas y
por ende, profundamente humanas.
En la actualidad en nuestra región existen países donde los
pueblos étnicos son mayoría, pero se continúan prácticas que desconocen su
propia existencia, a través de la inexistencia de políticas públicas que
defiendan sus derechos y de estereotipos que han conducido a la pérdida de
autoestima de sus miembros, al punto de renegar de su auto designación como
indígenas, como sucede en el caso peruano con los pueblos andinos, que
prefieren llamarse a sí mismos "campesinos"; o de reconocerse como negros,
porque el argumento del mestizaje es el único valido para la cohesión del
conjunto de la población como en Brasil o algunos países del Caribe; o bien
cuando por obra de leyes absurdas, como en el caso de Bolivia, las
autoridades estatales responsables de los censos de población denominan
"indios" en la cédula de identidad a los afrodescendientes, que siendo una
minoría dentro del conjunto nacional, mantuvieron como los demás
descendientes africanos en Latinoamérica, su identidad cultural.
Las presiones externas relativas a modelos de desarrollo
capitalistas, en especial aquéllos de carácter extractivo y depredador,
junto con la falta de un reconocimiento del papel de estas comunidades de
pueblos étnicos en lo local y lo regional, han dado lugar a la presencia de
conflictos en el seno de estas comunidades o de disputas interétnicas, muy
frecuentemente influenciados por prácticas políticas autoritarias,
patriarcales o de corte político tradicional, que deja de lado las
relaciones de reciprocidad y lealtad aprendidas en la familia extensa y la
comunidad local, y cede a intereses partidarios ligados al poder económico y
político dominante a nivel nacional.
Los derechos indígenas: un camino de lo local a lo mundial
Mientras que los pueblos indígenas emprenden, en este marco,
una lucha con procesos nacionales diversos, se destaca la forma en que sus
protagonistas trazan un camino de defensa de la territorialidad, la lengua,
la cultura y la identidad, que en los últimos treinta años obtiene su punto
más importante en la reivindicación por la autonomía según los usos y
costumbres de estos pueblos en las legislaciones nacionales y
posteriormente, en el plano internacional.
Las luchas indígenas latinoamericanas están llenas de
ejemplos de entrega de la vida de valiosos dirigentes, hombres y mujeres,
que utilizando una estrategia de interlocución con actores diversos, plantea
consideraciones de orden ético y político por la forma en que se entiende el
desarrollo y la preservación de su modo de vida.
Es a comienzos de la década de 1990 cuando los pueblos
indígenas, a través de múltiples coaliciones, alianzas y deliberaciones que
incluyen importantes estudios de órganos de las Naciones Unidas, registran
como un logro la promulgación por la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento único
que proporciona un marco de reflexión y acción para los Estados del mundo en
el respeto por los derechos diferenciados para este segmento poblacional en
el mundo.
Las luchas sociales de más de dos décadas en América Latina
también empiezan a reflejar transformaciones y reformas legales, que en
cabeza de la promulgación de nuevas constituciones nacionales, incorpora un
conjunto de derechos para los pueblos indígenas que eran inéditos para la
región. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 sería pionera en la
discusión sobre la definición del país como multicultural y plurilingüe.
En el plano regional, los pueblos indígenas se organizan
desde lo local para participar en debates en el seno de la Organización de
Estados Americanos y plantear un proyecto de Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas que busque ser modelo para la estancada discusión
de un instrumento similar en el espacio de la ONU.
Pero quizás uno de los logros más destacados de esta lucha
en el escenario mundial por el reconocimiento de derechos se ha dado con la
creación del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU y más
recientemente, con el nombramiento por parte de la Comisión de Derechos
Humanos, de un Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, que recayó en el mexicano Rodolfo Stavenhaguen.
Al lado de estos espacios institucionales que han sido
creados por la persistente acción propositiva de los pueblos indígenas, es
necesario destacar que los avances en lo internacional tienen un correlato
directo en las luchas nacionales, que –con sólidas raíces en lo local-, han
ido configurando un modo de hacer política desde lo indígena: movilizaciones
por la demanda de actuaciones de funcionarios públicos, en procura de la
satisfacción de derechos a la vida, a soberanía alimentaria, al acceso a
servicios de agua, de transporte, de electricidad, entre otros, son parte de
inventario de experiencias latinoamericanas. También, los pueblos indígenas
se han movilizado ante los políticos y los gobernantes por la omisión en el
cumplimiento de obligaciones contraídas con éstos según las normas
internacionales, por ejemplo, frente a la pretensión de empresas nacionales
o multinacionales por patentar obtentores vegetales para su
comercialización, en especial referidos a la industria farmacéutica.
En estos procesos de movilización social, los pueblos
indígenas han sido protagonistas directos en su crítica a modelos
autoritarios de ejercicio del poder y al impacto de la violencia en contra
de comunidades enteras que fueron arrasadas por dictaduras militares o
gobiernos represivos y corruptos. Los casos más destacados en el pasado
reciente son los de Guatemala, México y Ecuador.
En Guatemala, la experiencia de las CPR, Comunidades de
Población en Resistencia, tanto en la sierra como en la selva, que durante
diez años lograron permanecer ocultos, para huir del conflicto armado,
contiene enseñanzas imprescindibles para el análisis de otras experiencias
de resistencia pacífica a la guerra.
La existencia de la resistencia indígena relacionada con los
procesos en Chiapas, Guerrero y otros lugares de México refleja un acumulado
de experiencias en las que se combina el uso de los medios de comunicación,
la construcción de procesos desde la base para la defensa de los derechos
propios y la búsqueda de relaciones entre la comunidad internacional y las
situaciones locales, para prácticas de solidaridad que cuestionan las raíces
de la injusticia, ubicándolas en la necesidad de transformar la
globalización neoliberal y proponer formas de relacionamiento fundadas en la
autonomía y el derecho a la libre determinación.
En Ecuador, la relación estrecha entre las expresiones
partidarias del movimiento indígena organizado y otros sectores sociales,
logró hace tres años la salida de gobernantes corruptos del Estado. Los
desarrollos posteriores, con sus altibajos, señalan, sin embargo, que las
alianzas estratégicas plantean retos actuales respecto del mantenimiento de
una agenda propia que no olvide las demandas de las bases y que pueda, al
propio tiempo, mantener el protagonismo indígena en esferas decisivas para
el futuro de esta hermana nación.
Al lado de estas experiencias, cuya validez y vigencia
siguen estando a la orden del día, las organizaciones de pueblos indígenas
mantienen un activismo sostenido alrededor de temas cruciales para su
desarrollo: la Red de Mujeres Indígenas de América Latina, los encuentros de
pueblos indígenas de la región Andina o la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica, son apenas ejemplos de este rico
movimiento social que gira alrededor de agendas como las reformas
constitucionales regresivas que se viven actualmente, la amenaza sobre la
biodiversidad de proyectos de desarrollo a gran escala en territorios
indígenas, la persistencia de la violencia y los ataques a las dirigencias
en los países de la región, entre otros.
