El movimiento de los pueblos Afrodescendientes: más de una
década de progreso
Mientras
que el recorrido del movimiento indígena en casos como el colombiano cuenta
con una existencia de más de tres décadas, el de los pueblos
Afrodescendientes se desarrolla de manera vertiginosa desde finales de los
años ochenta.
En su surgimiento convergen una serie de factores que lo
favorecen: de un lado, el acercamiento de algunos dirigentes de movimientos
afro a programas medioambientales y de desarrollo, que ayudan a canalizar
aspiraciones históricas como el reconocimiento de los aportes de los pueblos
Afrodescendientes a la preservación del medio ambiente y la formulación de
propuestas de un desarrollo que tenga en consideración los aspectos
culturales de esas comunidades; de otro lado, la militancia de muchos
dirigentes en partidos y agrupaciones políticas de oposición a los partidos
tradicionales de caciques latinoamericanos, empujados por la desilusión
producida por el incumplimiento de promesas de mejoramiento de la calidad de
vida de los Afrodescendientes, de inclusión en pie de igualdad y de combate
a la discriminación racial. De igual manera, se reconoce el papel de la
iglesia católica en la creación de grupos de trabajo juveniles y de personas
adultas dentro de las comunidades Afrodescendientes, que en el contexto de
la experiencia latinoamericana de las comunidades eclesiales de base,
permiten un conjunto de escenarios propicios para una reflexión desde el
derecho a la igualdad de oportunidades, la lucha contra la injusticia social
y la explicación sobre las causas profundas de la pobreza y la marginalidad.
Las metodologías patriarcales, sin embargo, tienen un
impacto directo en varios de los movimientos Afrodescendientes
latinoamericanos, en la medida en que a menudo se construyen liderazgos que
no logran articularse a las necesidades básicas de las comunidades, y antes
por el contrario, se ubican dentro de una competencia de personalidades afro
que compiten por los fondos, el prestigio ante sus iguales y el acceso a los
círculos de poder económico, social, religioso y político.
En ese sentido, los desarrollos del liderazgo ocurren de
manera descoordinada e inclusive contrapuesta, con planteamientos que
recorren el camino de experiencias en otras regiones del mundo, o que surgen
de una forma intuitiva desde caudillos que prometen sacar a sus hermanos de
la miseria y el atraso. Los ejemplos de la resistencia pacífica de
movimientos como el de Martín Luther King en los Estados Unidos han tenido
con frecuencia un menor impacto que, la lucha contra el racismo y el
apartheid en Sudáfrica liderados por Nelson Mandela, o las alternativas
violentas de grupos norteamericanos.
Pese a que existe un acervo importante de experiencias de
autogestión, promoción y defensa de los derechos de pueblos
Afrodescendientes en la región latinoamericana, la relación entre las y los
líderes que acceden a una formación superior con sus comunidades es
precaria, jerárquica y pocas veces logra hacer una transferencia de
conocimientos o un diálogo de saberes comprometido con un cambio en las
relaciones sociales, económicas y culturales.
Sin embargo, a raíz de iniciativas de agencias de
financiamiento internacional, en particular de la banca multilateral, se
identifican algunas de estas experiencias en la región y se propician
encuentros de reflexión sobre políticas de desarrollo que convocan, de
alguna manera, a activistas con una trayectoria crítica, puesto que
provienen de un trabajo de lucha por el reconocimiento de sus derechos en el
ámbito nacional e internacional, aunque debe decirse, no contaban con un
espacio y una visibilidad que les permitiera tener voz y voto en los asuntos
de políticas públicas que les beneficiaran.
En el caso colombiano, por ejemplo, la inclusión del tema
Afrodescendiente y sus derechos en la Constitución Nacional se logra
solamente en la fase final de su redacción, tras el proceso de la Asamblea
Constituyente. La relación con los representantes indígenas hace que se
coloque el artículo transitorio 55, que daría lugar posteriormente a la Ley
70, lo que refleja, a finales de los años ochenta, que los obstáculos para
la inclusión de los derechos de las y los Afrodescendientes iba a requerir
de una labor sostenida, no solamente para sensibilizar a la opinión
nacional, sino para que las determinaciones en materia de políticas tuvieran
un sustento en los presupuestos gubernamentales y sobre todo, la voluntad
política de llevar a la práctica los derechos consagrados.
Los pasos dados por organizaciones de Afrodescendientes que
se convocaron en encuentros temáticos fueron dando sus frutos en el
surgimiento y fortalecimiento de diversas organizaciones de base, ONG y
proyectos adscritos a instituciones religiosas, académicas, ambientales o
gubernamentales, que sentaron las bases de un nuevo activismo, que dejaba
atrás, en cierto modo, una concepción del trabajo relacionado exclusivamente
en lo cultural o deportivo, superando estereotipos y luchando contra
prácticas endorracistas1, que perdían de vista una perspectiva más política,
en cuyo seno pudieran prosperar de manera integral los elementos culturales,
los de género, los socioeconómicos y los de un proyecto político propio.
Varios de estos dirigentes latinoamericanos, hombres y
mujeres, que dirigen estas organizaciones de base, o no gubernamentales,
dieron lugar durante la década pasada, a movimientos y redes que comenzaron
a articular un discurso y una práctica volcada a lo étnico-político.
Algunos, con la realización de proyectos de capacitación y educación en las
comunidades, con intercambios internacionales, con países del norte y aún
con experiencias con organizaciones africanas, pero sobre todo, con acciones
centradas en el uso de los instrumentos de derechos humanos, presentaron sus
casos ante instancias de la OEA y la ONU, con resultados muy positivos para
su causa. Otros, llevaron sus reflexiones y demandas en espacios
internacionales, como las diversas Cumbres Mundiales organizadas por las
Naciones Unidas: Río de Janeiro, Beijing, Copenhague y Viena, fueron, entre
otros, los escenarios de este surgimiento de una postura específicamente
relacionada con los derechos de estas poblaciones.
La Red de Organizaciones Negras Centroamericanas, ONECA; las
Organizaciones Mundo Afro, OMA, en el Cono Sur; la Red de Mujeres
Afrocaribeñas, la Red "Afroamérica XXI" y la "Alianza Continental de los
pueblos Afrodescendientes" conformada a finales de los noventa, son hoy en
día una muestra del desarrollo del trabajo más coordinado y estructurado
sobre ejes nacionales y regionales.
El camino hacia Durban: las demandas históricas de las
Minorías Étnicas
Si bien
las organizaciones de pueblos indígenas y Afrodescendientes de América
Latina se resisten políticamente a ser tratados como minorías étnicas, el
uso de este término se refiere a los parámetros de protección y defensa
propuestos a lo largo de la historia de los instrumentos de las
organizaciones inter-gubernamentales de derechos humanos.
Con las excepciones notorias de Brasil, en donde más del 50%
de la población es Afrodescendiente, o de otros países latinoamericanos
donde la mayoría de la población es o bien indígena o Afrodescendiente, en
la región andina estos pueblos constituyen una minoría respecto del resto de
la población.
Para ellos, el marco de protección como poblaciones
vulnerables, afectadas por la sistemática violación de sus derechos y
puestas en un alto riesgo de desaparición, se convierte en un factor de
urgencia, puesto que están dentro de los grupos con mayor pobreza de la
región, acosados por la pérdida de sus medios de vida y por la violencia
generalizada, en especial la relacionada con el conflicto armado interno.
Con el propósito de analizar estas situaciones y buscar un
espacio de construcción colectiva desde los derechos, las más importantes
redes de los pueblos Afrodescendientes de la región andina comenzaron en
Septiembre de 1999 un proceso de preparación hacia la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas
de intolerancia, CMDR, que la Organización de Naciones Unidas anunciara para
el año 2001.
Este proceso incluyó la realización de diversos eventos de
capacitación y formulación de propuestas. En la región Andina, se produjo,
por ejemplo, una Declaración Conjunta de organizaciones de Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, que establecieron las pautas sobre lo que
serían sus demandas ante la Primera Reunión Preparatoria de la Conferencia,
realizada en Ginebra. Posteriormente, en el proceso de diálogo entre la ONU
y la sociedad civil, se conformaron equipos regionales que prepararían
reuniones paralelas a las oficiales con el fin de recoger las necesidades,
preocupaciones y propuestas de las organizaciones de pueblos étnicos.
Es así como tras un proceso concertado, se llegó a la
realización de la Conferencia Regional en Santiago de Chile, en Diciembre
del 2000. Allí, se produjo un debate que sería un hito en la discusión
política sobre los derechos de indígenas, Afrodescendientes y gitanos:
- Se introdujo el término Afrodescendiente, para colocar un lenguaje
común que identificara a las personas de ascendencia africana nacidas en
este continente, a fin de aclarar que más allá del fenotipo, el color de
la piel o las características físicas, se trata de rescatar la cultura y
las raíces comunes de estos grupos de población, que además, requerían
diferenciarse del término "afroamericano", distintivo de las personas de
ascendencia africana nacidas en los Estados Unidos.
- Se aprobó por los delegados y delegadas de los Estados del continente
americano, que las y los Afrodescendientes son pueblos, al igual
que los indígenas, y que las discusiones sostenidas alrededor de la
Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas hacía dicho reconocimiento,
sin desmedro de los debates sobre la manera en que el reconocimiento de la
libre determinación de estos pueblos afecta conceptos como la soberanía
nacional o la integridad territorial de los estados de la región.
- Se incluyeron temas de preocupación regional referidos a la lucha
contra el racismo y la discriminación racial, en relación con temas
conexos como la discriminación basada en el género, la discapacidad física
o mental, la orientación sexual y las situaciones derivadas de conflictos
económicos o la violencia, relativas a la existencia en la región de
poblaciones desplazadas internas y refugiadas, en particular en la sub-región
Andina.
El Foro paralelo de la sociedad civil dejó al descubierto
que las divisiones y tensiones entre los distintos grupos y redes seguían
siendo un motivo de separación de esfuerzos, en especial por la confusión
que se generó respecto de la interpretación del título de la Conferencia
alusivo a "formas conexas de intolerancia". Tanto el Foro Andino como el
Foro Continental adoptaron el nombre de "Foro por la Diversidad y la
Pluralidad", que llevó a que el protagonismo central se asumiera desde
organizaciones no gubernamentales que trabajan por el derecho al respeto a
la orientación sexual, las discapacidades y otras formas de discriminación,
dejando quizás de lado el eje principal del debate, relativo a la lucha
contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, en especial los
problemas que enfrentan las comunidades de pueblos indígenas, gitanos y
Afrodescendientes.
Sin embargo, la propia dinámica de las discusiones y la
naturaleza del trabajo hacia la CMDR ayudaron a decantar las prioridades
para muchas de las organizaciones presentes, que se dieron cita
posteriormente en Montevideo, a fin de precisar una agenda común entre
organizaciones no gubernamentales, de pueblos indígenas y Afrodescendientes,
que darían lugar a la "Alianza Estratégica" cuyo papel en Durban, fue
destacado.
Notas
