La Declaración y el Plan de Acción de Durban: lecciones
desde la sociedad civil latinoamericana
Los
aportes de agencias internacionales de cooperación al desarrollo y la
existencia de grupos de la sociedad civil organizados, permitieron que la
participación latinoamericana en la CMDR fuera importante, si bien reflejó
lo que serían las conclusiones posteriores, de desventaja para el
tratamiento y consideración del tema de los pueblos indígenas.
La experiencia de Santiago fue una pauta fundamental para la
contribución de la Alianza Estratégica en Durban, si bien la presencia de
delegados y delegadas latinoamericanos no logró tener una voz coordinada,
concertada y propositva, en parte por el desorden y la imprevisión que
lamentablemente se vivió en el Foro de la Sociedad Civil y el Foro de
Jóvenes contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia que
tuvieron lugar en Durban previos a la Conferencia Mundial propiamente dicha.
Pese a que muchos delegados y delegadas latinoamericanos
brillaron por su ausencia en las discusiones de fondo de Durban, bien porque
algunos de ellos se volcaron a actividades paralelas organizadas por
diversos actores, como el proyecto "Voces" patrocinado por la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la ONG "Minority
Rights", o bien porque no se comprendió la importancia del tema, las redes
participantes pudieron incluir algunos de los temas de Santiago en los
grupos de trabajo que produjeron la Declaración y Plan de Acción de Durban,
respectivamente.
Estos dos instrumentos, difundidos escasamente en
Latinoamérica, pese a los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y algunas ONG y redes
regionales, tienen la ventaja de ser documentos actuales que reúnen las
recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, convoca
a acciones concretas en los campos de la educación, la salud, la vivienda y
otros derechos económicos, sociales y culturales, y da un marco para hacer
realidad la lucha contra el racismo y la discriminación racial tal y como lo
plantea la Convención del mismo nombre de 1965, señalando acciones
específicas relacionadas a los derechos de las mujeres, los niños, las niñas
y las personas jóvenes.
Los estados Europeos Occidentales e Israel fueron los
sectores que más oposición hicieron en Durban a los planteamientos de los
países del Sur y la sociedad civil, porque ven como una amenaza las
recomendaciones relativas a la indemnización a las víctimas de racismo y
discriminación racial, algo que en Durban estuvo liderado por varias
naciones africanas, que buscarían de ese modo, atraer inversiones para sus
países, acosados por el hambre, la pobreza, las guerras civiles y las
enfermedades como el VIH-SIDA o la malaria, resultantes en gran parte del
colonialismo y la esclavización de su población para la trata trasatlántica.
En este último punto, la posición de los grupos y redes latinoamericanos ha
sido la de demandar indemnizaciones por los daños causados por la industria
esclavista, a través de la exigencia del cumplimiento de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y demás obligaciones de los gobiernos,
algo que los Estados de la región acogieron parcialmente. El texto final
solamente dejó establecidas las indemnizaciones por actos de racismo hacia
el futuro, no sobre hechos ocurridos en el pasado.
En evaluaciones posteriores a la Conferencia, las
organizaciones y redes de los pueblos étnicos han reflexionado sobre la
necesidad de continuar haciendo esfuerzos con los Ministerios de Relaciones
Exteriores y en general con los gobiernos de sus países, puesto que en la
mayoría de ellos no existe voluntad política para incluir acciones concretas
que posibiliten la implementación del Plan de Acción. Los Planes de
Desarrollo, por ejemplo, de los gobiernos latinoamericanos no tienen en
cuenta este instrumento en la práctica, ni se han dado los pasos necesarios
para establecer mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad
civil y los Estados a fin de cumplir con las obligaciones internacionales
derivadas de los Pactos y convenios internacionales que de modo acertado
recogen las conclusiones de Durban.
Quizás uno de los avances en el plano internacional que se
desprende de la Conferencia Mundial es el establecimiento por las Naciones
Unidas de un Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales sobre los Derechos
de las personas Afrodescendientes. Lamentablemente, luego de dos sesiones
sigue estando ausente la voluntad política de los países europeos
occidentales, que no han nombrado su representante para el Grupo de Trabajo.
Con miras a brindar herramientas de debate y darle contenido
al Grupo de Trabajo, se celebró en mayo del 2003 un Taller Latinoamericano y
del Caribe sobre Políticas de Acción Afirmativa para los Afrodescendientes,
auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos. En un diálogo inédito, en donde las organizaciones, redes y grupos
de Afrodescendientes tuvieron voz y pudieron incluir sus preocupaciones en
las recomendaciones, la ONU ha formulado recomendaciones concretas en las
esferas de la salud, la educación, la vivienda, las políticas públicas y la
participación de estos pueblos, que bien vale la pena revisar para el
trabajo mancomunado con pueblos indígenas y otros pueblos étnicos.2
En el contexto de este taller se produjeron importantes
acercamientos entre grupos y redes que anteriormente han estado separadas,
de repente empujadas por la necesidad de tener mejor y más oportuno acceso a
recursos de la cooperación internacional bilateral, multilateral y privada.
Es así como se suscribió un Acta de entendimiento entre la Red de "Alianza
Continental de Pueblos Afrodescendientes" y "Afroamérica XXI", que a
instancias de las Organizaciones Mundo Afro, apuntarían a superar escollos
en el trabajo internacional.
Los retos desde lo local y lo mundial para las
organizaciones de pueblos étnicos
.
Las comunidades latinoamericanas de pueblos étnicos han
hecho una contribución definitiva a la identidad nacional y regional, pero
sus demandas siguen sin cumplirse y su situación de dispersión se presenta
como un obstáculo para su impacto en las acciones desde otros sectores de la
sociedad civil regional.
De allí que los retos actuales y futuros para la inclusión
de sus agendas en las de carácter nacional, regional latinoamericano y
mundial (global), tendrían que tomar en consideración los siguientes
aspectos:
- La construcción de sujetos de derecho activos, incluyentes y autónomos
- La sistematización de las experiencias locales desde un discurso
étnico propio con un enfoque de género y derechos humanos.
- La movilización social hacia el cumplimiento de demandas por parte de
los estados nacionales de la región.
- La participación democrática en espacios con otros pueblos étnicos
regionales, en torno a agendas y problemas comunes.
- La utilización de los espacios e instrumentos internacionales de
derechos humanos dentro de planes estratégicos.
- El intercambio de experiencias con otros pueblos y países que aporten
al fortalecimiento de la identidad propia y el aprendizaje común sobre
temas que les afectan.
La construcción de sujetos de
derecho activos, incluyentes y autónomos
Los procesos de transformación social y de movilización
colectiva alrededor de metas alcanzables se producen en América Latina por
la combinación de factores internos en el desarrollo de los grupos y
organizaciones, pero también en relación con los imperativos que plantea la
coyuntura externa.
Experiencias como la brasilera o la ecuatoriana en el
momento actual indican que un trabajo de base fundado en procesos de
capacitación, educación, investigación y construcción de capacidades propias
es la condición necesaria para poder avanzar en la participación política
desde una perspectiva de los sectores populares y de pueblos étnicos.
Sin embargo, para alcanzar este tipo de presencia nacional,
se hace preciso profundizar en procesos de construcción colectiva de sujetos
que por sí mismos ubiquen en sus prioridades políticas, su mandato o misión
y su visión estratégica los principios de la lucha contra todas las formas
de discriminación, la toma democrática de decisiones, la transparencia en el
manejo de los fondos y las relaciones y la rendición de cuentas respecto de
la acción social que se han comprometido a llevar adelante, en función de
diagnósticos participativos que cuentan con la identificación de las
necesidades personales, grupales y societales.
Cuando se habla de la lucha contra todas las formas de
discriminación, el reto fundamental para las comunidades étnicas
latinoamericanas debe tomar en consideración los avances y la presencia de
las mujeres, niñas y jóvenes en los procesos sociales, su contribución en el
sostenimiento y reproducción de la cultura y los obstáculos que impiden que
ellas sean protagonistas de su propio destino. Con el respeto por las
tradiciones y costumbres culturales en diversas comunidades indígenas y
Afrodescendientes, se plantea el reto de analizar formas de abordar el
aporte femenino en las condiciones actuales del mercado y las políticas
económicas neoliberales, que cada vez más empujan a las mujeres en la
búsqueda de soluciones prácticas para sobrevivir con sus familias y
enfrentar conjuntamente con sus hombres la pobreza. A la constatación del
cada vez más alto porcentaje de mujeres gitanas, indígenas y
Afrodescendientes que están involucradas en actividades productivas, se debe
agregar la necesidad de que los procesos de toma de decisiones sobre sus
vidas en el seno de sus comunidades guarde relación con el respeto por ellas
como sujetos de derechos.
De igual forma, nuestra experiencia pedagógica nos indica
que es necesario emprender procesos de educación y capacitación con las
organizaciones étnicas, a fin de superar posturas endorracistas, trabajar
por elevar la autoestima y ligar estos procesos con las agendas políticas en
lo local, lo provincial o estatal y lo nacional. En esta tarea, la
valoración por los aportes culturales de los distintos segmentos
poblacionales deberán considerar asimismo las miradas diferentes de las
generaciones mayores o de las jóvenes, para que las presiones del consumo
materialista no acaben por destruir los principios de reciprocidad,
solidaridad y lealtad que permiten la pervivencia de los pueblos.
El fortalecimiento de la familia nuclear, la familia extensa
y la comunidad como eje del desarrollo de los individuos pertenecientes a
los pueblos étnicos implica la revisión de situaciones delicadas como el uso
de la violencia en el seno del hogar, la influencia de los medios de
comunicación y el papel de la escuela en la construcción de referentes que
garanticen el uso sano del tiempo libre y de relaciones armónicas, basadas
en el reconocimiento de las diferencias, las aptitudes y las capacidades de
cada persona en la comunidad.
Allí tienen prelación las actividades tendientes a apoyar a
niños, niñas y jóvenes en la perspectiva de su participación social en un
marco de lucha contra la violencia, que incluye de manera especial para
nuestra región, el establecimiento de programas encaminados a acabar contra
todas las formas de militarismo y prácticas patriarcales y autoritarias que
no permiten el disfrute de los derechos humanos.
La sistematización de experiencias
locales desde un discurso étnico propio, con un enfoque de género y derechos
humanos
A pesar de que existen variadas y múltiples experiencias
latinoamericanas de desarrollo humano, social, económico y político, que
demuestran su respeto por el medio ambiente y por formas asociativas y
solidarias, hace falta un trabajo más serio y sostenido de sistematización
de las mismas, que vaya más allá de los requerimientos de agencias de
cooperación al desarrollo, autoridades locales o proyectos coyunturales.
Dichas sistematizaciones han de producirse y difundirse
empleando los recursos de la cultura oral, los medios audiovisuales y la
capacidad de difusión que los pueblos étnicos han manejado ancestralmente,
con un énfasis en las experiencias positivas desde las mujeres, los grupos
mixtos y la defensa de los derechos humanos, que les posibiliten aprender
formas de resistencia y proyectarse hacia acciones más concertadas en lo
nacional, lo regional y lo mundial.
La larga trayectoria en proyectos de desarrollo, medio
ambiente, salud, educación, derechos civiles y políticos, y actividades
artísticas o culturales deberán articularse de mejor manera en espacios
creados para tal fin, con el propósito de contribuir a la formación de un
discurso desde lo étnico, que recupere los saberes y que dialogue con otras
experiencias nacionales.
La movilización social hacia el
cumplimiento de demandas por parte de los estados nacionales de la región.
El creciente empobrecimiento de los pueblos latinoamericanos
causado por la imposición de políticas macroeconómicas para las cuales la
producción campesina o indígena rural no es viable, que concentra la riqueza
económica y el poder político y que profundizan y empeoran las formas de
racismo y discriminación, hace que América Latina sea una región con
movimientos sociales que amenazan con estallar violentamente, a menos que se
introduzcan profundas y urgentes transformaciones no solamente legales, sino
políticas prácticas.
Pese a que se reconoce que el papel de las empresas
transnacionales y de gobiernos de países en desarrollo determinan en buena
medida el ejercicio del poder en nuestros países e impiden la libre
determinación política, con un impacto negativo para el crecimiento con
desarrollo humano para la región, la realidad es que en ese escenario no ha
desaparecido el estado nacional y que los discursos de democracia y
participación siguen en la agenda de nuestros gobernantes.
A pesar de reformas cada vez más regresivas en especial
relativas a la seguridad social y el disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales, los pueblos étnicos, en conjunto con otros
movimientos sociales, poseen aún instrumentos y canales de acción
no-violenta que permiten avizorar que cuando se construye un discurso étnico
propio, la causa mayor de demanda de respeto a esos derechos, se enriquece y
puede contar con un acervo más rico para la movilización social, como lo
demuestra la historia latinoamericana reciente.
Es preciso, entonces, transformar la visión de Estado que
algunos líderes y pueblos étnicos mantienen en América Latina, de un ente
paternalista que nos hace el favor de mirar y considerar a las comunidades
étnicas, por una en que éste, como construcción social, adquiere compromisos
con los electores y electoras, y proporciona servicios conforme a
disposiciones legales y constitucionales, sin los cuales su legitimidad se
socava o es inexistente.
En consecuencia, las acciones de vigilancia ciudadana, las
formas de participación y de consulta previa deberán analizar las
potencialidades y riesgos de una interlocución con el Estado, tomando en
cuenta los factores e intereses externos e internos que están en juego en la
solución de problemas específicos de las comunidades, en los ámbitos rural,
urbano, local, departamental o nacional.
Los desarrollos recientes de actividades comunes de
comunidades étnicas en el plano regional latinoamericano marcan una pauta
esperanzadora sobre las perspectivas de fortalecimiento de los movimientos
sociales. Desde los esfuerzos que congregaron a diversos sectores en torno
del Jubileo 2000, pasando por la creación de espacios y redes de pueblos
indígenas y Afrodescendientes, se cuenta actualmente con iniciativas para
enfrentar acuerdos como el ALCA, en la que se aglutinan organizaciones de
productores agrícolas, por ejemplo, alrededor de la CLOC, la Coordinadora
Latinoamericana de organizaciones del Campo.
De igual forma, la identificación de espacios de debate
ambiental también cuentan con alianzas estratégicas de organizaciones
sociales, no gubernamentales y redes indígenas y Afrodescendientes, que se
agrupan en torno a agendas y problemas como la lucha contra la introducción
de productos transgénicos, la reducción o eliminación de cuotas de
producción de alimentos, el manejo de los recursos naturales y las demandas
relativas a las medidas de precaución frente a proyectos a gran escala en
los terrenos turístico, minero, petrolero, de generación de electricidad,
etc.
Las organizaciones de pueblos indígenas y Afrodescendientes
de la región siguen hasta la fecha asistiendo a espacios nacionales e
internacionales por separado. Las diferencias y disputas intestinas
prevalecen en el momento de acercar propuestas que atiendan las necesidades
comunes, como pueblos diferenciados. La dinámica de visibilidad que han
logrado algunos dirigentes y organizaciones de pueblos étnicos ha conducido
a un activismo desaforado en algunos de nuestros países, en donde los
pueblos étnicos no tienen tiempo para discutir o multiplicar con sus
comunidades los aprendizajes, discusiones y propuestas que surgen de
eventos, conferencias y seminarios que abordan problemáticas claves para su
desarrollo como grupos.
No solamente la asistencia a reuniones con ministerios y
entidades públicas mantiene ocupada a la dirigencia, sino que las decisiones
que allí se toman como dadas en un proceso de consulta en los que las y los
dirigentes participan, no cuentan necesariamente con espacios de
socialización, control y verificación por parte del grueso de los pueblos
afectados.
A pesar de la existencia de mecanismos de asambleas y
discusiones en las que asisten las personas mayores de las comunidades, en
muchos casos, se mantiene el divorcio entre el acceso a niveles de
escolaridad altos, la recuperación y el mantenimiento de procedimientos
democráticos propios de las comunidades étnicas, para la toma de posición y
de decisiones. Esto sucede por lo general, cuando la representatividad
étnica es asumida por los gobiernos, las ONG, las iglesias u otras
instancias, a partir de delegaciones no otorgadas a miembros de
organizaciones sociales, no gubernamentales, religiosas o culturales que no
cuentan siquiera con condiciones espacio-temporales para consultar sobre
temas fundamentales para el futuro de sus pueblos.
Si esto sucede en el seno de organizaciones indígenas o
Afrodescendientes por separado, el problema se agrava aún más al momento de
producirse una participación conjunta en eventos, discusiones, o espacios
donde se debaten temas de interés para estos grupos. Tal es el caso de
definiciones normativas, de reformas legales o constitucionales, de
reglamentación de leyes referidas a la educación, la salud, la vivienda, el
desarrollo o el medio ambiente; que, como en el ejemplo de Colombia, hacen
que situaciones como las de los impactos de las fumigaciones de cultivos de
coca o amapola, no tengan en el momento una posición conjunta, estudiada y
coherente desde los pueblos indígenas, y que éstos, en desarrollo del
Convenio 169 de la OIT, no hayan hecho acercamientos con pueblos
Afrodescendientes y comunidades campesinas afectadas por el mismo problema,
para hacer un pronunciamiento común ante el Estado colombiano.
La utilización de los espacios e
instrumentos internacionales de derechos humanos dentro de planes
estratégicos.
Un reto fundamental para los pueblos étnicos consiste en la
apropiación más consciente y seria de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, a fin de que éstos se constituyan en herramientas para la
acción social y política en los planos nacional, regional e internacional.
La educación en derechos humanos con una perspectiva étnica
deberá, por tanto ocuparse del estudio y aplicación práctica de instrumentos
como la Convención Internacional contra el Racismo y la Discriminación
Racial, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al lado
del conjunto de Pactos, Convenciones, Recomendaciones y Reglas definidas en
diversos órganos inter-gubernamentales, en la medida en que dichos
instrumentos poseen una jerarquía jurídica respecto de las constituciones y
las leyes nacionales. Las propuestas educativas podrán, de ese modo,
concretar enfoques integrales, con atención a la edad, el género, o la
condición de las personas de los grupos con los que se trabaja.
Si se emprende de manera decidida esta acción educativa en
estrecha relación con las necesidades y prioridades de los pueblos étnicos
latinoamericanos, muy seguramente se podrá dar una respuesta más cercana a
las mismas, con un contenido y un discurso fundado en la realidad inmediata.
Pero la mera asistencia a eventos, por importantes que estos sean, no podrá
dar frutos en el avance del movimiento de estos pueblos. Se requiere que se
diseñen planes estratégicos de largo alcance, en donde las actividades,
propuestas y sueños se concreticen a través de múltiples enfoques, en los
que el cabildeo, la incidencia, la relación entre los ejemplos de lo local y
las demandas más generales y su viabilidad práctica, vayan dando resultados
frente a un contexto mundial globalizado.
El intercambio de experiencias con
otros pueblos y países que aporten al fortalecimiento de la identidad propia
y el aprendizaje común sobre temas que les afectan.
Finalmente, la riqueza de los encuentros humanos y en
particular, en este caso, la de los pueblos étnicos es lo que ha ido dando
pistas sobre la acción global. Para ello, las organizaciones de pueblos
indígenas y Afrodescendientes tienen el reto de establecer más y mejores
relaciones de intercambio, a través de mecanismos como las pasantías, la
organización de actividades de solidaridad presencial, la organización de
misiones humanitarias, de verificación de situaciones violatorias de los
derechos humanos y del derecho que regula los conflictos con la visión de
identificar las enseñanzas, los obstáculos, los actores y problemas comunes,
a fin de edificar una sociedad latinoamericana que finalmente, reconozca las
contribuciones de estos pueblos y les garantice el ejercicio de sus derechos
humanos en pie de igualdad, dentro de la diferencia.
Notas
