Identificamos y proponemos a continuación, una serie de presupuestos que básicamente representan los más importantes y necesariamente deben ser analizados en su conjunto.

• Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.

• Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.

• Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.

• Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.

• Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

• Precaria e inadecuada capacitación profesional.

• Pérdida de identidad.

• Influencia política.

• Influencia de los medios masivos de comunicación social.

• Falta de recursos financieros para atender debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.

• Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.

La Policía tiene conflictos con su comunidad desde el preciso instante de su creación. Esto tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.

En la generalidad, todas las formaciones policiales se dedican por imperio de la Ley al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública para la protección de su Comunidad contra el accionar de la delincuencia. Por supuesto que ningún habitante cuestionaría a priori todos o alguno de estos propósitos superiores aunque sí reprocharía –y lo hace- sobre la forma o manera que la Policía los cumple. Y sobre este aspecto debemos agregar algo muy importante para dejar bien en claro que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado. Sería entonces mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos y consideramos que la problemática referida a su cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con ella.

Con respecto a sus actividades en procura del Orden Público y la Seguridad Pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social a la vez que enmascarando detrás de la agencia policial, no solamente un marcado absolutismo, sino la realización de intereses ideológicos y político-partidistas.

Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas ya sean humanas, de recursos logísticos y financieros, fueron desgastadamente distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.

Para el cumplimiento de su misión, particularmente en las acciones contra la delincuencia, se dispone de una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso.

La lectura de estas estructuras a través de sus organigramas por ejemplo, demuestra en la generalidad un macro despliegue con innecesarias dependencias, repetición de funciones, confusas y tediosas líneas de comunicación a la vez que un difícil acceso del público a la Institución Policial.

Este macro despliegue vulnera toda posibilidad de lograr un servicio de acción rápida a la comunidad orientado principalmente a la prevención y en su defecto a la represión.

Al decir rígida y obsoleta, es porque se advierte como los cambios operados en los últimos años en el mundo y sus sociedades han dejado en el camino a la Institución Policial y develado su incapacidad de absorción y adaptación.

Por otra parte el concepto de preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico se puede comprender desde un ejemplo: " Una oficina cualesquiera de una Institución Policial cualesquiera, en cuyo interior se haya instalado un sistema de computación con conexión permanente a Internet " no significa un avance hacia un proceso de informatización. Si a ello le sumamos un empleado que no sabe usar el sistema o a medias aprende primero juegos informáticos y luego a buscar recursos en línea, aún no logramos ningún cambio. Más allá de una falta de conducción por permitir estas situaciones, se devela que si la tecnología no está acompañada por un verdadero cambio cultural que por otra parte revertiría lo de rígida y obsoleta, toda estructura organizativa y funcional de la policía con la cual se pretenda proteger a la comunidad será utópica y fallida.

Como ya dijimos, una estructura organizativa y funcional inadecuada, producto de una legislación también inadecuada han conminado tradicionalmente a la policía a impulsar y mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando una saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual como de precarias técnicas de investigación, requiriendo además grandes aportes económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta de alimentarse permanentemente de personal policial, de recursos materiales y financieros.

La falta de actividades relacionadas a la conformación de una cartografía del delito con su correspondiente informe científico, permitiendo así la identificación y el conocimiento de las causales del delito con el propósito de colaborar en el desarrollo social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la prevención. Es decir, además de evitar que el delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea tal y la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere de una planificación policial que incluya y permita una coordinación multisectorial e interdisciplinaria orientada a la elaboración de un diagnóstico criminológico del territorio donde ejerce su función con todos los operadores del sistema.

A modo de ejemplo, una tradicional medida fue siempre estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales. Pero si bien eliminaron muchas posibilidades de delinquir en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso institucional. Esta clase de esquemas preventivos, en el mejor de los casos reacciona positivamente después de la comisión del delito y trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni aún después, cumple acabadamente con su misión por la carencia de Planeamiento e Inteligencia como de personal, de medios y sistemas logísticos con los cuales responder, degenerando así en impunidad, desconcierto, reproche y desprotección social.

Y en este punto nos apartamos de la doctrina del Derecho. El concepto de impunidad desde la óptica del ciudadano común, quien paga sus impuestos para sostener un sistema que no le sirve es absolutamente diferente, habida cuenta que no lo esta asegurando ni le brinda protección. La impunidad entonces, comprendida desde esta ventana comunitaria, es también la falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos para responder ante el delito, procurando la contención pública ante situaciones de victimización. Esta pasividad o actividad ineficaz contra el delito que implica no haber llegado a tiempo y dejar que las personas sean víctimas, es de inequívoca responsabilidad del gobierno y principalmente de la Policía.

Esta situación se agudiza al absorber funciones supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y que se encuentran tipificadas en otras normas jurídicas pero convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de auxiliaridad para con diferentes organismos. Esto demuestra una clara falencia del Estado en su organización y funcionalidad a la vez que provoca una sensible pero notable pérdida de identidad de los funcionarios policiales, quienes constantemente se preguntan si en realidad están trabajando para una Institución Policial o son custodios de detenidos, vigilantes privados, guardadores de automotores secuestrados o empleados a pleno de los otros poderes del Estado.

Efectivamente, los detenidos en dependencias policiales como la custodia de secuestros producto de ilícitos, las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada y perversa delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.

La Comunidad entonces, se siente desprotegida y enfadada principalmente con la Policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan el triunfo de la delincuencia. Por su parte, el funcionario de policía se siente también defraudado por el Estado al observar y protagonizar a diario, cuánto se dedica en recursos y esfuerzos a tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde hacer por mandato de la gente y por su propia elección en oportunidad de elegir ingresar a la Fuerza Policial.

Con todo el dolor de alguien que es Policía, me veo en la obligación de comenzar este segmento con la siguiente frase:

Sea como sea, está en el imaginario social que la Policía es una Institución corrupta y violenta, creada para hacerle la vida más difícil al ciudadano y por ende, es mejor no involucrarse o como decía mi abuelita "mejor perderla que encontrarla".

Este imaginario colectivo está cada vez más fuerte y mejor sustentado por el notorio compromiso judicial que en mayor grado vienen teniendo los funcionarios encargados de cumplir la ley a quienes se le imputa la comisión de delitos en situaciones relacionadas o no con el cumplimiento de su misión. Algunos de ellos tienen que ver con apremios ilegales, exacciones ilegales, cohecho, abuso de autoridad entre otras figuras de responsabilidad penal, en ejercicio o fuera del servicio.

Estas situaciones se ven preponderantemente impulsadas por los medios masivos de comunicación social y organizaciones no gubernamentales, los cuales a su manera realizan investigaciones de control de gestión sobre las fuerzas policiales. En segundo término es el ciudadano común que cada vez más está llegando a la Justicia a denunciar hechos delitos que involucran a la Policía. Muy de lejos, lamentablemente, se advierte la detección y neutralización por la propia Policía sobre hechos de corrupción cuando tendría que ser a la inversa.

Cierto es que la gente siente (subjetividad) a priori desconfianza en la Policía pues ante un potencial contacto con ella, tiene la certeza que no le solucionará la situación que padece y además será víctima de malos tratos, apremios o exacciones ilegales. Situaciones éstas cada vez más y mejor comprobadas en procesos judiciales (objetividad).

Corresponde analizar si estamos en presencia de actos individuales o sistemáticos. Volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo.

Advertimos en la generalidad la mala formación de nuestros funcionarios policiales. Se denota un marcado desconocimiento de la labor profesional que deben cumplir, lo cual se traduce desde la demora hasta la impericia en el cumplimiento de su deber en determinadas situaciones del quehacer policial. Y esto ha merecido el reproche comunitario, el alto cuestionamiento a través de los medios periodísticos, llegando inclusive a responsabilidades de índole penal ante la justicia.

Una vez más recurrimos al imaginario colectivo para decir que está instalada en la gente la certeza que el funcionario policial es de malos modales y por ende ante cualquier requisitoria lo tratará mal y sumado a ello no solucionará su problema por desconocimiento del procedimiento. Esto se refuerza por la acción de los medios periodísticos, organizaciones no gubernamentales o la misma justicia que advierten, denuncian o inician procesos sobre actos de impericia en circunstancias de actuación policial.

Una base doctrinaria precaria con escasa teoría y práctica, importa su incapacidad para resolver situaciones urgentes y aún emergentes de su función. Y esto se comprueba en muchísimas ocasiones, algunas de las cuales es el mismo funcionario policial que dice no conocer bien sobre algún tema como tampoco el o los motivos por los cuales fue asignado a la cobertura de tal o cual objetivo de seguridad.

Contactos llevados a cabo con funcionarios policiales, han develado que ni siquiera conocen correctamente sus derechos, deberes y prohibiciones como tampoco su régimen disciplinario interno.

La multiplicidad de tareas que se le piden a diario a los funcionarios policiales, muchas de ellas no policiales con el pretexto de su auxiliaridad para con otros organismos del estado, le hacen pensar seriamente en su condición de tal.

Esto genera situaciones de shock entre el personal policial, quien comprueba en la labor cotidiana como sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido cumplimiento del deber, fueron y son en vano.

En este desaliento por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las demás instituciones involucradas en la resolución del conflicto social violento, asumiendo responsabilidades directas las autoridades judiciales y legislativas que ofrecen una labor lenta, ineficaz, improvisada, precaria y con claro desconocimiento funcional que hace peligrar a la Comunidad.

Un ejemplo válido es la prolongada custodia de detenidos, situación irregular e ilegítima pues viola los derechos humanos de ambas partes en nombre y pretexto de esa citada auxiliaridad para con el Poder Judicial.

En suma, se vulnera los derechos de los policías como trabajadores dado que están haciendo algo para lo cual no fueron capacitados pero aunque sean capacitados no se respeta las expectativas de vida que sustentaron al ingresar a la Fuerza policial y no menos importante, los derechos de las personas detenidas al tergiversarse la labor penitenciaria, normada por instrumentos legales especiales y diferentes con respecto a los policiales.

Por otra parte, son notables los comentarios de los agentes policiales, quienes no encuentran en la mayoría de sus superiores, al funcionario referente y líder que los conduzca con profesionalismo, honestidad y respeto.

Desde sus cómodos despachos estatales, están más preocupadas en la opinión publicada de la prensa o de los sectores de oposición política que de la opinión pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los agentes policiales.

El poder político se manifiesta en general con notable influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola la obligan a cumplirla obedeciendo estrictamente sus órdenes sin posibilidad de revisión e inspección pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos o responsabilidades penales.

Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido es un poder político consecuente con sus relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos policiales, aunque lamentablemente se ha comprobado que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, entre otros supuestos, desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y necesario conocimiento profesional para ello.

En este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han generado megas estructuras organizativas y se han elegido funcionarios en algunas agencias policiales con anterioridad a la creación de los cargos para ejercerlos, en contradicción con la doctrina más elemental y tradicional del Derecho como de la Organización, o caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad para asumirlos. Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional que en lo interno convergen en burocracia y en el relajamiento integral de la administración, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones que incluyen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de sus derechos.

Volveremos sobre este tema en oportunidad del Capítulo siguiente.

La influencia de los medios masivos de comunicación social es fundamental para cualquier Sistema de Seguridad dentro del cual la Policía desarrolla su esquema operativo.

Si la actuación de los medios de comunicación se ubica como reaseguro del buen desempeño integral de este sistema, evitando con ello situaciones indeseables e ilícitas que pueden ir desde modificar los programas en todo o en parte, hasta acompañar y alentar las medidas cuando demuestran ser positivas, llegando inclusive a denunciar actos de corrupción; su influencia será positiva y estará contribuyendo no solamente a la eficacia y eficiencia del mismo, sino al saneamiento de las instituciones. En este caso, encontramos en la Prensa a través de todas sus posibles formas y manifestaciones un instrumento válido de control institucional externo en la vida democrática porque todos los actos policiales son públicos en extremo, salvo que con ello se entorpezca el debido proceso judicial.

Si por el contrario, su actuación se orienta a la mera comercialización de resultados o provocar la alarma social ante inexistentes situaciones o maximizar otras innecesariamente, estamos en presencia de una influencia nociva y perversa.

Empero, estamos asistiendo a diario, tal es el caso de la República Argentina como ejemplo, a espectáculos periodísticos de neto corte amarillo y que bajo el pretexto de la libertad de prensa y el derecho de la gente a estar informada, instalan y mantienen en la misma un profundo sentimiento de inseguridad. Este sentimiento (factor subjetivo) se suma a la realidad criminal de cada comunidad representada por su índice del delito (factor objetivo), derivando en reacciones negativas.

Esto no quiere decir bajo ningún concepto que se pretende una población complaciente que absorba obedientemente toda clase de situaciones, es más, la exteriorización de los sentimientos comunitarios basados o no en la objetividad del accionar de la delincuencia, es absolutamente legal y legítima. La interacción permanente y cotidiana entre los vecinos y su Policía, es fundamental en todo despliegue operativo pero se han dado casos donde deliberadamente se activa a las personas en contra de las instituciones con el único propósito de atraer a una audiencia televisiva.

Así como la Institución Policial debe ser extremadamente profesional y conformada por personas exhaustivamente seleccionadas, capacitadas y controladas permanentemente, el periodismo policial debe estar representado igualmente por verdaderos profesionales con alto sentido de responsabilidad. Porque lamentablemente, la precaria e inadecuada capacitación profesional comprobamos tanto en el funcionario policial como en el periodista que cubre las noticias.

Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver.

¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?.

¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas a quienes en muchísimas ocasiones no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?.

Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales en la materia y además bien paga, es la adecuada, debida y aconsejada.

Las situaciones dramáticas propias de la función y vividas a diario por los agentes policiales, importan la necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la generalidad no se cumple (por no decir que no existe), generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad en general, de los imputados en particular como del grupo familiar al cual deterioran y/o destruyen.

Por otra parte, la Policía es y funciona gracias al esfuerzo y patrimonio personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores policiales; de lo cual el Estado, se beneficia continua y cotidianamente a la vez que le resulta vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala institucional de las diferentes dependencias, autofinancian su misión en el mejor y lícito de los casos con la colaboración de la comunidad.

¿Cuál será entonces el peor e ilícito de los casos?. Es evidente que se generan situaciones permeables a la corrupción que ampliaremos en el próximo capítulo.

Entonces, esta realidad no es peor gracias a las personas de los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de un esquema laboral donde sus derechos como trabajadores bajo el pretexto de la vocación de servicio, pocas veces o nunca se han tenido o se tienen en cuenta.

El tradicional esquema policial se basa fundamentalmente en agentes policiales en patrulleros. La gente advierte por no decir padece la falta de este esquema en su comunidad. No hay suficientes funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley como patrulleros para cubrir todos los potenciales objetivos de la delincuencia. Si se comete un delito, esto quiere decir que en esa oportunidad no había un policía previamente asignado para evitarlo.

Tengamos cuidado, un esquema policial ideal jamás debe basarse en que la Policía debe estar las 24 horas del día en todos lados pues sabemos que el delito tiene origen multicausal de manera tal que no es rígido que si se comete un delito entonces es porque no había un agente de policía.

¿Y las otras áreas del Estado dónde están?. Refiriéndonos a Salud, Educación, Acción Social, Trabajo por ejemplo y entre otras. Esto nos lleva a concluir que la Policía debe desplegarse virtud a una planificación que responda a un Sistema Integrado de Seguridad pues por sí sola, las posibilidades de neutralizar la actividad criminal serán limitadas o inútiles.

También hemos dicho que aún después de la comisión del delito se advierte la falencia de la policía en cuanto a su misión de hacer cesar el mismo y proceder a la detención de sus autores pues se comprueba la falta de personal policial y medios logísticos y financieros para atender esta etapa. El vecino llama a la Policía y está, lamentablemente concurre cuando puede. A veces pronto pero otras con mucho retrazo pues no tienen capacidad operativa y logística de respuesta.