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Parte
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II. Modelo policial hegemónico (MPH).
Como hemos visto, surge de la realidad policial una serie de
presupuestos que interactúan entre sí y dentro de un círculo vicioso,
retroalimentado y conformando una problemática estructural y sistemática
como de carácter histórico.
Veamos a continuación, sus aspectos constructivos y de
sostenimiento, que se corresponden con:
• Relación Estado-Sociedad.
• Respeto y acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con
el Estado.
• Marco jurídico inadecuado y tendencioso. Legislaciones
convenientemente orientadas hacia un fuerte control y disciplinamiento
social.
• Metodología. Corte represivo. Efectos del delito.
• Estructura organizativa y funcional. Militarismo.
• Corrupción.
Relación Estado-Sociedad.
La problemática policial en la República Argentina como en
toda América Latina, tiene que ver con la respuesta histórica de la
Institución Policial a un modelo utilitarista y hegemónico que no es
fortuito o espontáneo, sino deliberado y cuya génesis se pierde con los
años.
Con esto no estamos afirmando ni descartando que fueran los
conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de ninguna manera,
aunque muchas características clásicas en materia de doctrina y practica
policial de los tiempos coloniales, aún persisten en la actualidad.
El modelo policial hegemónico ya tiene más de cien años y
aún se sostiene, pese a las fuertes pseudo reformas de corte gatopardista
que se le han practicado.
Un punto de partida posible para nuestro análisis, será la
conformación de los Estados en América Latina que en la generalidad y
respetando las particularidades tempo-espaciales de los diferentes países
involucrados, se producen a fines del siglo XIX con características muy
similares.
No es el pretendido definir una plantilla rígida que
involucre a todas las fuerzas policiales de la Región, muchas de las cuales
pueden haber tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero sí
responde a una generalidad muy aproximada.
La Policía en el Estado Nacional.
Entonces, recordemos en principio la constitución de los
Estados Nacionales, emparentados con las creaciones e institucionalizaciones
de los Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad, además de
limitar sus fronteras, de impartir orden y poseer a la vez que ejercer, el
poder político interno.
Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y enmascarado
absolutismo, se legitimará sobre la base de la razón del Estado para el
orden y el bien común en sus relaciones con la Sociedad.
En este cuadro de situación, sus primeras medidas estuvieron
orientadas a su constitución y modernización, preponderando el
fortalecimiento de la justicia, del ejército y de la policía e
imponiéndoles, supletoriamente, una doctrina de alto potencial filosófico,
donde su actuación, en pro del proceso de organización nacional, se
emparentaba igualitariamente con lo ultra patriótico.
Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado Nacional
no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia una meta;
representó toda una ideología que derivara en una nueva cultura impuesta por
la clase dirigente, poseedora del poder político y económico hacia el resto
de la población, actora pasiva de su propio devenir histórico. Se sentaron
las bases jurídicas para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían
sus intereses a expensas del resto de la población.
El protagonismo oligárquico en este proceso, construyó
primero y se valió después, de una serie de estructuras, entre las que se
ubicó nuestro modelo policial como también el de la instrucción pública, el
modelo de salud, el de una justicia corporativa, lamentablemente aún
vigentes; generando y tolerando la coexistencia de dos países en un mismo
territorio, el legal y el ilegal; respetando la Ley pero con muchas
excepciones. Prostitución y antiprostitución, aborto y antiaborto,
matrimonio y concubinato, juego oficial versus juego clandestino, entre
otros supuestos, representan las controversias más claras y demostrativas de
esta construcción; pero para todo caso, países con seguridad insegura, sin
estructuras dirigidas hacia el bienestar social y particularmente referidas
a la prevención del delito a la vez que altamente permisivos al avance del
Estado sobre los derechos de las personas y con los reaseguros que les
brindaba un sistema jurídico corporativista, por cierto injusto,
reaccionando eficazmente ante cualquier reproche individual.
En este contexto, las condiciones de exclusión social que
trajo aparejado las políticas impuestas, deliberadas por cierto y la
necesidad de contención de las masas reclamantes por parte del Estado,
determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de dominación
por encima y a expensas de la prevención en materia criminal, en el cual la
policía fue siempre uno de sus soportes fundacionales y fundamentales,
desarrollando notablemente un fuerte y excesivo control y disciplinamiento
social y desvirtuando su razón de ser.
La soberbia de la clase dominante por creerse únicos y
superiores y llamados para cumplir con los altos intereses de la nación, no
les permitía ver ni aceptar ideas que no fueran las suyas y mucho menos
reproches populistas, de manera tal que se está en presencia de la creación
y sostenimiento por parte del Estado Nacional de un patronato de Policía
cuyos procedimientos y cuerpo axiológico se orientaban a prevenir, manipular
y reprimir cualquier intento de reclamo social por parte de la población.
Así también se advertía la actuación de bandas delictivas
que respondían a organizaciones mafiosas interrelacionadas con la política,
cuyos dirigentes eran sospechados de proteger la prostitución, el juego
clandestino y ciertas formas de extorsión individual y colectiva.
Ya en esta época, no le resultaba extraño a los agentes
policiales recibir visitas o llamadas telefónicas de caudillos políticos,
interiorizándose por algún detenido de hechos dolosos como que interrogado
éste, manifieste que la recaudación ilícita se dividía en tres partes: una
para el partido, otra para el caudillo y la restante para él.
La Policía en el Estado Benefactor.
Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy avanzado
el siglo XX, le siguió el Benefactor, verificado en la década del ´40 y
reeditado en los años ´70, caracterizándose por orientar el ejercicio del
poder político hacia el espectro social. Si bien constituyó un modelo de
inclusión social que comprendió y movilizó a amplios sectores de la
población, la metodología empleada lo llevó a situaciones comprometidas y
reñidas con los aspectos básicos de toda democrática como la falta de
representatividad de las minorías, derivando lógicamente en reiterados
reclamos y conflictos sociales.
Por su parte, el aparato policial, intacto y con la doctrina
del modelo anterior, paradójicamente sedujo al modelo benefactor,
resultándole apto y muy conveniente para responder y aplacar estos reclamos
y/o contener los conflictos suscitados, apoyándose en un vigente
corporativismo jurídico dogmático también heredado y permitiéndole continuar
con un fuerte control y disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad
social emergente.
Un aspecto estructural y común de ambos modelos de Estado,
fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y medios de la
Policía, sobre todo en la vía pública de las ciudades, lo cual permitía la
observación y control directo de la población a la vez que lo propio para
con la delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e importante,
además de neutralizar en cierta medida el accionar delictivo, disimulaba
perfectamente al modelo policial hegemónico, enmascarando el seguimiento
ciudadano con el pretexto de la investigación predelictual y descartando
toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar considerablemente, un
directo y permanente cuestionamiento a su organización.
Paradójica y felizmente, la Institución Policial fortaleció
su condición de agencia social de referencia por cuanto al existir un
contacto e interacción cotidiana entre la gente y sus funcionarios
policiales, tanto en las calles como en sus dependencias, encontró su
verdadera identidad a la vez que cumplir con su verdadera misión que no es
otra que contener y proteger a los habitantes y colaborar denodadamente en
el desarrollo social, logrando la resolución de muchos y variados problemas
relacionados específicamente a la seguridad comunitaria.
La Policía en el Estado Burocrático-Autoritario.
El modelo que sigue es el denominado Burocrático-Autoritario
que hace su aparición en las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente,
siendo una mezcla perversa de intereses corporativistas internacionales de
corte financiero e ideológico con un alto grado de intelectualidad
mecanizada pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en
marcha y mantenimiento: la contención y la represión popular.
Para ello, una estrategia basada en llevar una voz de mando
a todos los niveles de la Comunidad y donde lo social responda a postulados
técnicos y formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de intromisión
perjudicial desde las ciencias sociales; fue su característica más evidente
y la ejecutará, comenzando con un potente shock social de la magnitud que
únicamente lo producen los golpes de Estado y sustentándola continuadamente
a través de un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la población,
sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de su existencia, de su
permanencia en el poder como de las medidas para destrabar los conflictos
sociales emergentes.
Es conveniente hacer una importante aclaración. El modelo de
Estado denominado Burocrático Autoritario no estuvo disponible para toda
América Latina, pues había países elegidos para su constitución como
Argentina y Brasil, de manera tal de permitiera el trazado de un eje
neocolonial y hegemónico con gran influencia en los países de la región. Si
bien la implantación del modelo se inicia con los denominados "Golpes de
Estado", el fracaso de éste como ocurrió en la República Argentina, dejó en
ella y en el resto de los países latinos, dictaduras militares con
incapacidad manifiesta de conducción o reforma política y menos aún social
que se limitaron a continuar con los parámetros del modelo de Estado
Benefactor pero su una nueva versión, el Estado Inquisidor.
Entonces y lamentablemente, necesitó de una corporación que
lleve a cabo estos preceptos. Qué mejor que la policía, otrora creada para
fines similares y formando parte de ese mismo Estado que se pretende imponer
para transformar la vida ciudadana.
Pero la realidad sociopolítica sobre todo a partir de la
década de los años ´70, modificó la operatividad policial, verificándose un
absoluto repliegue de personal y recursos logísticos hacia sus dependencias,
provocando la pérdida del contacto diario con la gente, su aislamiento y el
descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy significativa en el fracaso
de su lucha contra la delincuencia.
Sus acciones, condicionadas ideológicamente desde el
gobierno que usurpaba el Estado para dar una respuesta armada hacia los
movimientos terroristas –y reclamos sociales también- se hicieron cada vez
más agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando hasta
niveles de crisis institucional inmanejables y con marcado desconocimiento
funcional, lográndose para todo caso, la victimización de grandes y diversos
sectores de la población como periódicas ocupaciones territoriales.
La Policía en el Estado actual.
Finalmente llegamos al actual modelo que intenta construir
un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y profundas
transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con la premisa
democrática de la representatividad mas tiene serios inconvenientes con la
participación integral de la población.
Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes en el plano
económico, basados en la cara oscura de un neoliberalismo perverso y con
influencia en todas las áreas de la vida comunitaria; construyen y sostienen
un modelo de exclusión que abarca a grandes y diversos sectores de la
población, derivándose inevitablemente en conflictos sociales.
Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un
periódico o la escucha de un noticiero, reproduciendo sucesos acaecidos en
cualquier parte del mundo y especialmente en Latinoamérica; comprobándose
como denominador común que la respuesta primaria, dada por los gobiernos
ante los diversos reclamos formulados por amplios sectores de la comunidad
(estudiantiles, obreros, desocupados, jubilados, etc), se corresponde con la
acción policial, muchas veces inusual, incontrolada y brutal.
No cabe la menor duda que la orientación de este nuevo
Estado es el ansiado Estado de Derecho, pero las sucesivas etapas que debe
sortear para su meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad,
conformando una plataforma permeable al conflicto social violento y que
conlleva al escape hacia el delito, situación que se ha verificado y es una
constante en el tiempo a la vez que también lo fue y es, la utilización del
aparato policial con fines de aplacar la conflictividad social pero de neto
corte represivo.
Pretendemos un esquema operativo y una apertura policial
hacia la Comunidad como forma de revertir lo sucedido en la etapa anterior a
la vez que disminuir y controlar el accionar de la delincuencia, lo cual
implica una fuerte inversión espiritual y material para su puesta en marcha
y sostenimiento, donde la vigencia del modelo hegemónico es el principal
factor negativo.
Vemos entonces como el Modelo Policial Hegemónico tiene su
génesis en común con la formación de los primeros Estados en Latinoamérica y
que no precisamente respondiera exclusivamente a proteger al habitante de la
delincuencia. Se construyó y sostuvo un aparato al cual le fijaron una
ideología preponderantemente represiva que condicionó su práctica policial
hasta nuestros días, aunque en algunos casos, notablemente modificado y
disimulado. Porqué de esta manera se lograría la resolución de problemas
tras la imposición de aquellas políticas oficiales que provoquen reclamos y
conflictos por parte de la población; abordándolos sistemáticamente mediante
la fácil y rápida aunque nada democrática solución policial.
La fuerza policial, en el marco de su modelo hegemónico fue
creada para ser violenta y responder así a una también creada sociedad
violenta; es decir, operando inmersa siempre en la violencia y con
violencia.
Esta relación lograda por el Estado para con su Sociedad y
en donde la Policía ocupara históricamente una posición intermedia, necesitó
de un marco legal adecuado y conveniente que le fijara una organización
perfectamente diseñada y una metodología funcional que respondiera con este
modelo y sus fines.
La Policía y un Estado Inquisidor.
"La Patria no hace al soldado para que la deshonre con
sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas
ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene: la
tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar
el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al
gobierno para ejecutarlas y hacerlas respetar de los malvados, que serían
más insolentes con el mal ejemplo de los militares: (...)"
"San Martín, Código de Deberes Militares y Penas a sus
Infractores, Introducción, 1812"
(Al decir: soldado, tropa y militares puede extenderse sin
temor a equivocarnos: funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley)
La Historia nos ofrece un ejemplo invaluable para nuestro
cometido, pues además de justificar la denominación inquisidor demuestra un
punto de referencia temporal para comprender hoy y en nuestro pasado
inmediato de dónde vinimos, cómo fuimos, qué hicimos y adónde vamos o mejor
dicho, adónde no debemos llegar.
Fray Tomás de Torquemada fue la figura representativa y
emblemática de la Inquisición Española desde su inicio en 1482 en su
carácter de Inquisidor General. Un personaje siniestro que se rodeó de otros
también siniestros poniendo en marcha una maquinaria implacable de caza de
brujas, de intolerancia y permanente sospecha, terror y delación que
entorpecieron y tiñeron de negro trágico durante su mandato la vida
intelectual española.
Sus acciones, pensadas fundamentalmente bajo los supuestos
de preservación de la pureza de la Fe, se tradujeron en miles de ejecuciones
mediante la hoguera y un número varias veces superior de encarcelamientos,
confiscaciones, torturas y degradaciones públicas que si bien se pierden en
el tiempo, permanecen vívidos en la memoria de los españoles en particular y
la Humanidad toda en general.
Torquemada -como otros- nos talló, nos marcó para siempre
dándonos la impresión que su espíritu siguió vigente y sembrando el terror
en nuestra América Latina.
A él fundamentalmente, le debemos la denominación de Estado
Inquisidor que más que un modelo de Estado representa la otra cara de los
diferentes modelos de Estado vistos hasta ahora.
Sería fácil analizar la versión violenta e inquisidora de un
modelo de Estado cuando sus gobiernos han sido producto del fraude o por
intromisión de las Fuerzas Armadas. Pero nuestro cometido se complica al
reconocer e incorporar como situación fáctica esa misma violencia de Estado
a través de gobiernos democráticos, elegidos lógicamente por la libre
voluntad de los pueblos.
Efectivamente porque tanto en gobiernos de facto o producto
del fraude como democráticos surgidos de la voluntad popular se manifestó
una metodología que bien podría llamarse "Cultura de la Violencia" o
"Cultura de la Tortura" o también "Cultura de la Muerte".
Persecuciones físicas e ideológicas, listas negras, cazas de
brujas, despidos indiscriminados de trabajadores, exoneraciones de
magistrados y funcionarios, allanamientos ilegales, privaciones ilegales de
la libertad, torturas, muertes y desapariciones como detenciones a
disposición de los Poderes Ejecutivos, han representado en la historia una
amplia gama de reacciones oficiales ante cualquier posición opositora el
régimen.
En gobiernos usurpadores y surgidos a espaldas de la
voluntad popular, la creación y sostenimiento de grupos armados para la
represión general o específica de la población formaba parte del aparato
mismo del Estado, sin descartar la posibilidad de otros grupos tolerados y
subvencionados oficialmente.
En aquellos que son legítimamente elegidos por los pueblos,
la situación es notablemente diferente pues su actuación es inconfesable
desde todo punto de vista como también son las diferentes formas de
manifestarse que ya mencionáramos en párrafos anteriores. Generalmente
existe una simulación para temas inherentes al disciplinamiento social como
dobles mensajes en lo relativo a temas específicos tales como la
delincuencia o el accionar de grupos juveniles violentos con escape o no
hacia el delito. Ningún funcionario impartirá directivas al respecto de
neutralizar el accionar de bandas juveniles con métodos violatorios de los
Derechos Humanos pero si es posible que imparta directivas y con fuertes
presiones para que esas bandas dejen de actuar. El tema recurrente en
América Latina es cómo recepta esta orden una Institución Policial creada
violenta para actuar en una sociedad violenta y a la cual han
responsabilizado histórica y exclusivamente de la seguridad ciudadana.
Cuánto margen para lo ilícito permite los dobles mensajes como violar la ley
y los derechos humanos con el pretexto de hacerla cumplir.
La situación económica desfavorable que deriva en la falta
de trabajo, miseria y desesperación de la población, sumada a la defensa de
algunos gobiernos para con los intereses de los más pudientes y poderosos,
importan condiciones de vida que fomentan y derivan en el conflicto social
violento como la delincuencia misma.
La prevención como la represión de estos conflictos sociales
sea o no violentos ha demandado la atención de los gobiernos democráticos o
de facto mereciendo una respuesta de carácter policial. Frases como "O se
está con nosotros o contra nosotros" o "El habitante tiene derechos pero el
Estado no tiene la culpa" son en síntesis la filosofía con que se enmascara
la discriminación y la intolerancia.
De manera tal que por cuestiones ideológicas, de poder
económico o político, las personas son convertidas en esclavas de los más
poderosos muchas veces al amparo de legislaciones injustas coartándoles su
derecho a la vida, a la libertad y a su participación en la cosa pública,
pues si no se está con el pensamiento y acción del gobernante de turno, es
un enemigo potencial al cual hay que aplacar.
Llámense como se llamen: Comandos Civiles, Grupos de Tareas,
Convivir o Servicios Especiales de Vigilancia, Grupos Parapoliciales o
Paramilitares o bien Escuadrones de la Muerte, de origen legal o ilegal,
vistiendo ropas civiles o uniformes, a la luz o en la clandestinidad pero
con objetivos inequívocamente ilícitos, estas formaciones han desarrollado
una labor de limpieza humana en favor oficial y contra toda potencial o no,
oposición al régimen vigente. Tenemos que recordar que hubo gobiernos
democráticos en América Latina que han manifestado haber coartado algunas
libertades individuales en procura de lograr objetivos.
Y el régimen vigente está conformado y representado por
quienes no admiten a los que piensan diferente y consideran inconformistas,
aunque estos últimos estos estén sumidos en la miseria. El que no piense
igual al régimen o se manifieste opositor debe ser disciplinado de alguna
manera, que puede ir desde incorporarlo a una lista negra que le reportará
su fracaso y escaso progreso al menos en la esfera oficial, hasta eliminarlo
o hacerlo desaparecer. Muchos representantes del régimen le han agregado al
cuadro de situación una cuota personal que implica la paranoia de sentirse
perseguidos, amenazados y conspirados por personas o grupos que en
definitiva resultan ser nada más ni nada menos que gente peticionando por
sus derechos. Son los que ven al enemigo en todos lados, comenzando por
ellos mismos.
Colonialismo, liberalismo, neoliberalismo, comunismo o la
misma doctrina de la seguridad nacional, como régimen colonizador o
neocolonizador, de facto o democráticos, han sido directa o indirectamente
autores, cómplices o encubridores de sistemáticas violaciones a los derechos
humanos, perpetradas por grupos subvencionados por el Estado o
pertenecientes a éste, encubiertos o no.
Esta practica cotidiana de crear y sostener elementos
coercitivos con capacidad de respuesta operativa extrema como es la muerte,
dentro o no del aparato estatal represor perfectamente identificado como la
Policía, ha sido desterrada por los gobiernos sobretodo en la última década
en virtud del reproche generalizado de la opinión pública a través de los
medios periodísticos, de organizaciones no gubernamentales e incluso mismo
desde las filas policiales donde se advierte un absoluto rechazo a todas
aquellas acciones que importen delitos.
Realmente hoy por hoy, no creo más que como caso aislado que
algún policía reciba una orden de cometer un ilícito sin que proceda a
realizar la correspondiente denuncia. Tengo mis reservas en cuanto a los
dobles mensajes oficiales que si bien no implican la creación y
funcionamiento de grupos operativos estructurados, puede que importen la
eventual conformación de los mismos para actuar puntualmente en determinadas
acciones y para neutralizar alguna puntual situación inadecuada. Aún así,
rescato que el sentimiento democrático que impera en las actuales
Instituciones Policiales, hace insostenible una metodología de estás
características aunque no imposible en el campo de lo puntual y eventual.
Algunas alarmas producidas en países de América Central dan
cuenta de la posible actuación de grupos organizados cuyos integrantes
develan un comportamiento sugestivamente similar al militar o policial que
bien podría conectarlos con los organismos de seguridad estatales, pero si
bien es rechazado oficialmente han dado origen a investigaciones locales e
internacionales pero. Aún así, los gobiernos deben asumir una importante
cuota de responsabilidad al respecto.
Denuncias en Brasil, El Salvador, Honduras, República
Dominicana, Colombia, Perú y aún mismo en Argentina, por parte de la prensa
y organizaciones no gubernamentales dan cuenta de acciones policiales como
de individuos o grupos con practicas sospechosas en la que se coarta las
libertades personales, se tortura y aún se mata a las personas bajo
situaciones poco claras y altamente sospechosas.
Títulos como " La matanza de... ", " La masacre de... " o "
Los mártires de... " enlutan a nuestra América Latina y tristemente nos
obliga a comprobar que la persona humana –para quien escribe: La imagen real
de Dios en la Tierra- no es más que un medio o instrumento para demostrar el
poder, la riqueza, la intolerancia, la discriminación como toda oscura
manifestación de explotación del hombre por el hombre.
La realidad de cada país latinoamericano, su historia e
idiosincrasia sumados a la influencia y acción de los controles internos
oficiales o independientes como internacionales han neutralizado el accionar
impune de grupos armados creados y sostenidos para el disciplinamiento
social, generando reaseguros institucionales para que no se produzca un
rebrote.
A esta altura, el lector pudo haberse preguntado en varias
oportunidades cómo un policía puede hablar de la manera que habla de la
Institución Policial. Y me parece oportuno al término de este segmento,
enfatizar que el suscripto en todas sus manifestaciones reafirma la
condición de inmaculada de las Policías en toda Latinoamérica pero devela
acciones y practicas de algunos funcionarios enquistados en sus conducciones
–tácticas, estratégicas y políticas- que las han traicionado y quienes
escudándose en sus uniformes –deshonrados por cierto- las utilizaron para
fines e intereses meramente personales, pecuniarios y de poder,
convirtiéndolas en fuerzas aisladas y temidas por su comunidad.
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