En este contexto, los diferentes diseños institucionales poco reflejaron el sentir comunitario, asignándole deliberadamente una perjudicial estructura organizativa y funcional, de notable sobredimensionamiento a la vez que burocratizada e impidiéndole dedicarse a su misión real y especial cual es la de promover o participar en todas las acciones dirigidas a adelantarse a la comisión del delito con un perfil inequívocamente democrático donde la aplicación de la Ley sea la expresión más pura del respeto a los derechos humanos.

A esto debemos sumarle la necesidad de funcionarios policiales con permeables personalidades. Tal vez aquéllas de mentes empíricas y de moral utilitaria que se hacen imprescindibles para la sustentabilidad del Modelo.

Normalmente y salvo excepciones, se recurre a un conservadorismo generacional que se refleja en la tendencia hacia quienes son adultos maduros en franca negación de los funcionarios jóvenes por temor a las potencialidades de las nuevas generaciones, salvo que éstas aseguren con una labor obediente –por supuesto redituable- la continuidad del sistema y el acatamiento irrestricto a las directivas oficiales en materia de control social.

Es que el Modelo Policial nunca deseó funcionarios de buen nivel cultural para ocupar cargos de conducción por el temor a que sean imprevisibles o se conviertan en inmanejables, para lo cual primó una mala o improvisada selección de funcionarios y propiciando una carrera policial simple, de resistencia personal y carente de calidad profesional.

A esta altura, dos preguntas se hacen interesantes:

¿Está preparado un gobierno para poseer una agencia policial que verdaderamente lo asesore profesionalmente en materia de protección ciudadana?.

¿Están preparados los gobiernos o mejor dicho, los gobernantes de turno, a que su agencia policial les manifieste que tal o cual medida o acción que la involucre, no pueda realizarse por causas técnicamente justificables o por qué constituye una violación a los derechos humanos?.

Personalmente creo que no. No está el gobernante de turno preparado para escuchar realmente un informe asesor. Quiere escuchar aquello que ya decidió hacer y por ende todo lo que ordene se cumpla. Quiere escuchar palabras mágicas como "sí se puede" o "déjelo en mis manos" o "yo me ocupo" o "quédese tranquilo que me hago cargo".

Entonces, esto requiere y hace necesario un acatamiento ciego a las directivas gubernamentales, donde lo legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, está determinado por el funcionario político del momento y donde los funcionarios policiales, son sustraídos o deliberadamente se sustraen ellos mismos de todo razonamiento, revisión o inspección de lo ordenado; quizás por temor, conveniencia o necesidad.

Por ello, el ejercicio del mando, su verticalidad y autoridad, fueron convenientemente utilizados para permitir que muchos funcionarios policiales, algunos sin saberlo, otros por temor y el resto, felizmente los menos, plenamente conscientes, cumplieran ordenes que derivaran en delitos.

Pero no se quiere decir o pensar, en una policía deliberativa que no acate las órdenes oficiales del gobierno; de ninguna manera, el pretendido es deliberar para el correcto y democrático desempeño de sus funciones y la debida interpretación -a ultranza- de la Obediencia Debida o Deber de Obediencia, evitando hacer o dejar de hacer todo aquello que se le ordene y sea o represente groseramente, la comisión de un delito o falta administrativa.

Como frase final de este tema y teniendo presente en forma integral todo lo visto, el Modelo Policial Hegemónico en América Latina bien podría haber sido llamado: Crónica del Servilismo Policial.

Las legislaciones policiales desde los tiempos mismos de su creación, no son el fiel reflejo de las expectativas de la comunidad. No existe en sus letras una interpretación adecuada de la verdadera misión de la Policía como agente de control social, dedicada a la protección comunitaria y que la obligue a trabajar en todas las formas y niveles de la prevención.

Y en esto, mucho tiene que ver el sostenimiento de políticas de gobierno por sobre las de Estado o existiendo éstas, su falta de sustentabilidad y la errónea consideración de separar aquéllas de corte social, económico y cultural con de las de orden criminológico. Esto provoca un abordaje fragmentado de la problemática del delito, a través de un sistema que no le permitió combatirla correctamente sino provocar su descontrol y con ello el notable fracaso policial.

La metodología empleada tradicionalmente por la Policía genera conflictos, pero no es caprichosa y tiene su razón de ser, en las propias relaciones que el Estado promueve y sostiene con la Sociedad.

En los niveles cotidianos de su trabajo contra la delincuencia, esta metodología le impone una prevención por eliminación de oportunidades orientada a la prevención de la delincuencia ocasional que no es otra cosa que evitar que "la ocasión haga al ladrón" y la delincuencia persistente o reincidente que no es otra cosa que "el delito por causa". Estas frases determinan la orientación de su despliegue operativo mediante acciones dirigidas para que el delito no se suceda y por ende la delincuencia no prolifere. Lo señalado entonces resulta inobjetable, lógico e importante y la comunidad se sentiría y estaría segura pero lamentablemente, eliminando las oportunidades para delinquir no se elimina la existencia misma de la delincuencia ni se reduce su accionar, muy por el contrario, aumenta pues sus exponentes se mantienen activos y fortalecidos en permanente acecho y en procura de esa oportunidad que les permita cometer delitos.

Un despliegue policial estático de eliminación de oportunidades por saturación de objetivos, es previsible y le permite a la delincuencia planificar sus acciones. Tanto el delincuente ocasional como el reincidente, sienten y están seguros de saber el lugar y la hora en que se encuentran los funcionarios policiales. En esta clase de procedimientos, la Policía debe apostar al factor sorpresa que se logra agregando un componente dinámico al despliegue policial estático pues al delincuente le resultará desconocido y por ende imponderable.

Como ya dijimos, esta forma de prevención la lleva a cabo a través de una saturación de objetivos y de técnicas de investigación criminal, mediante tradicionales estrategias que implican tácticas de presencia policial real y efectiva en todos aquellos lugares susceptibles y posibles de comisión del delito como de indagaciones predelictuales. Nuevamente sería lo ideal pero el delincuente que observa esa presencia, ese objetivo saturado, recurrirá a otro lugar en donde no se encuentre y pueda delinquir.

De esta manera, se produce una movilización horizontal de la delincuencia de un territorio a otro, es decir, transdistritalización, transprovincialización y/o transnacionalización o internacionalización del delito. Por otra parte las citadas investigaciones, ante la falta de eficaces y efectivos controles institucionales, tal vez inadecuados o tendenciosos, dieron lugar a la reunión de información que no fue empleada para una debida saturación de estos objetivos, sino para el seguimiento ideológico de las personas como a la manipulación o regulación de la propia delincuencia en beneficio corporativo y personal.

Un esquema de estas características, además de ser económicamente insostenible para las comunidades por cuanto se alimenta constantemente de más y más funcionarios policiales, recursos financieros y logísticos; genera una permeabilidad hacia la corruptela y no tiene incidencia como señaláramos en la disminución del delito, cuyas causas, si bien conocidas no son atendidas o neutralizadas; mientras que la delincuencia permanece activa y aún creciendo.

En el mejor de los casos, el éxito de estos sistemas implica mayor infraestructura en materia judicial y penitenciaria, traduciéndose nuevamente en una cuestión de finanzas que la comunidad sostendrá a base de sus impuestos. Reiteramos entonces que únicamente se estaría evitando la producción del delito, que si bien sería lo ideal no siempre es efectiva ni es lograda, muy a pesar de la trilogía "Policía, Justicia, Penitenciaría", sin olvidar que quien necesita y/o quiera delinquir por las causas que fuesen (delincuencia reincidente), perfeccionará sus métodos para el cometido, tales como organizarse y aún llevar a cabo tareas de inteligencia que le permitan planificar su producción ilícita.

La necesidad de contar con agentes policiales para cumplir las tareas de presencia real en la vía pública y de investigación criminal que este modelo preventivo le impone; empeora aún más la situación institucional de la Policía, pues la condiciona negativamente y la obliga a subordinar la calidad a la cantidad lo cual provoca la conformación e integración indeseada de funcionarios en las agencias policiales. Le resulta por demás impropio toda exhaustiva selección de personal unida a una profunda capacitación y seguimiento profesional pues trae aparejada la reducción de funcionarios.

La imposibilidad de las comunidades en continuar gastando en recursos materiales, importa el abandono paulatino del esquema de saturar objetivos para eliminar oportunidades, derivando en la transformación de la realidad delictual hacia otros índices que la supera llegando a que su capacidad de respuesta operativa le sea insuficiente aún para cumplir con las investigaciones postdelictuales, es decir tras la comisión del delito o la debida atención a las víctimas.

Por ello este sistema de prevención determina que la Policía dedique su trabajo preponderantemente a delito cometido, disponiendo del personal y medios con que cuentan (nunca suficientes) para los efectos del delito y su posterior investigación lo cual se torna también imposible.

Este aspecto ya lo analizamos como presupuesto de la realidad policial. No es repetitivo verlo ahora pues debemos comprender que el modelo policial hegemónico generó y respetó una inadecuada estructura organizativa y funcional como necesaria para su devenir histórico.

Como ya expresáramos, las sucesivas legislaciones policiales le dieron vida y sustento. La lectura de los organigramas nos da cuenta en el tiempo de similitudes y reiteraciones en la horizontalidad (niveles de responsabilidad) y verticalidad (línea de la orden) como modificaciones muy poco esenciales, a veces en exceso otras en defecto pero que en definitiva respetan el mismo cuerpo axiológico, la misma filosofía y metodología policial.

Para todo caso se verificó siempre una misteriosa estructura que funciona misteriosamente con esquemas de comunicación tediosos donde las posibilidades de acceso a la Institución Policial por parte de su comunidad se mantuvo difícil o directamente negada.

La burocracia mal entendida sumada a la ya citada precaria e inadecuada capacitación profesional, se sumaron a esta estructura policial convirtiéndola en un laberinto inexpugnable de marchas y contramarchas, antieconómica, impráctica y sin capacidad de resolución de cuestiones tanto administrativas como operativas.

La corrupción es uno de los presupuestos de la realidad policial que no puede ni debe dejarse pasar por alto. Si bien no existen investigaciones globales que permitan concluir sobre el tema, casos aislados de origen judicial, periodísticos, de organizaciones no gubernamentales o porque no del imaginario colectivo, nos permite inferir con cierto grado de convencimiento que no es coyuntural ni aislada, sino sistematizada y estructural.

Es el Modelo que la genera y la necesita para sus fines. Pero la Institución Policial no es corrupta dado que las instituciones en general son inmaculadas, sino corruptos son algunos de sus funcionarios; quienes se encuentran inmersos y aceptando las reglas de juego impuestas, haciéndolos vulnerables primero y a posteriori, autores, partícipes o encubridores del escape delictivo y/o figuras del orden administrativo o interno.

Para ello los agentes policiales fueron y son conminados permanente pero subrepticiamente, a cometer directa o indirectamente delitos o a encubrirlos, bajo sus propias responsabilidades y para satisfacer las exigencias del Modelo vigente bajo el pretexto de la aplicación de la Ley.

Como mero ejemplo, si un superior ordena a un subalterno cometer un delito bajo cualquier circunstancia y éste lo cumple, en la generalidad y sin perjuicio del encuadramiento referido a cada ordenamiento jurídico local, estamos ante el más amplio caso de corrupción, generando una zona negra e incontrolada donde jamás podríamos conocer con certeza, cuántos delitos debió haber cometido el subalterno para cumplir con aquél que le fuera ordenado.

Una vez más nos apartamos de la doctrina del derecho y nos permitimos la licencia desde el punto de vista del ciudadano común pero sin perder el perfil académico que nos guía, para comprender que más allá de las definiciones estrictamente jurídicas, un delincuente es un delincuente así eventualmente y por las causas que sean se encuentre vistiendo el uniforme de policía de manera tal que un agente de policía es corrupto en el sentido más amplio de vocablo por cometer o dejar que cometan delitos sea cual sea su compromiso.

Un policía corrupto será entonces el que abusa de su autoridad, comete apremios ilegales, exacciones ilegales como toda figura prevista en la codificación legal local con la circunstancia agravante que implica su condición de tal.

En este mismo contexto, un agente policial mal pago y en condiciones laborales inadecuadas; una dependencia policial con escasez de personal, recursos materiales y financieros, pero obligada a trabajar como si los tuviera; un Estado que conoce perfectamente la falta de recursos en general de su Institución Policial pues no los suministra, pero conminándola igualmente a cumplir su misión como si contara con ellos, a la vez que exigiéndole eficiencia, eficacia y responsabilidad; son aspectos generadores y regeneradores de corrupción. La trama se cierra con la existencia de una doctrina íntima e inconfesable, entre el Estado y la Policía, ejecutada por esta última y desconocida para la Sociedad, la cual además de impedirle toda participación en la cosa pública, la somete a su control y regulación.

A esta altura, ya hemos analizado tanto la realidad policial comprendiendo que un producto de un modelo policial hegemónico. Asimismo dijimos que la Institución Policial lejos de ser corrupta es inmaculada porque la corrupción está en algunos de los funcionarios policiales que la integran de manera tal que si existe corrupción es porque hay funcionarios que quieren que exista y generan situaciones necesarias para que ello suceda.

La corrupción necesita fundamentalmente de funcionarios policiales aptos y permeables a situaciones ilícitas. Mucho se menciona y aquí también lo hemos hecho de malas legislaciones que dan origen a malas estructuras que provocan ineficacia e ineficiencia en la labor policial interna y externa. Pero todo ello si bien es importante por sí solo no logrará un esquema de corrupción en tanto y en cuanto no existan funcionarios que hagan o dejen de hacer cosas para beneficios e intereses inconfesables.

Debemos tener presente que el permanente contacto con delito establece una muy débil frontera entre el rechazo y la aceptación a la corrupción.

La Policía forma parte del Estado y lo representa en todo momento y circunstancia ante su Comunidad de manera tal que es difícil comprender por no decir imposible que la corrupción sea acción y efecto en exclusiva de los funcionarios policiales.

Un buen comienzo es una política institucional contra la corrupción a partir de una exhaustiva selección de personal. No cualquiera puede ser policía y sin embargo comprobamos que muchos lo son. Es preferible que no se produzca ningún ingreso a la Policía a que ingrese personas que no reúnan lo máximo exigible.

Y decimos lo máximo exigible pues el futuro policía, quien tendrá autoridad para regular los derechos constitucionales de los habitantes, deberá demostrar y comprobar un alto grado de formación educativa, pues nos asegura que existieron diferentes controles sociales previos. Le seguirá una excluyente capacitación profesional y seguimiento de su comportamiento y conducta por parte de la Fuerza. Y finalmente un minucioso seguimiento continuo de su carrera con el fin de seguir verificando su comportamiento y conducta a la vez que su rendimiento profesional.

En su condición de trabajador deberá estar bien pago y garantizarle el respeto pleno y absoluto de todos sus derechos en función de una dedicación exclusiva para una labor insalubre y riesgosa que no debe admitir excepciones salvo cuando sean de carácter voluntario y siempre y cuando no representen peligro.

Este agente policial debe desarrollar sus tareas en una Institución definida y regulada por una correcta legislación que determine una adecuada estructura organizativa y funcional y un cuerpo axiológico orientado a la aplicación de la Ley como derecho humano y los debidos controles de gestión que detecten y corrijan cualquier situación inconstitucional. Contará además con una planificación integral, producto de un pulido diagnóstico institucional que permita conocer a ciencia cierta en qué situación se encuentra y qué se necesita para lograr su misión. Esta planificación contendrá los mecanismos para verificar el cumplimiento del plan policial y ante imponderables llevar a cabo las correcciones que correspondan.

No olvidemos que todo aquello que sea improvisado y eventual coadyuva a favor de la corrupción pues le permite a los funcionarios corruptos, llevar a cabo acciones ilícitas muchas veces basadas o enmascaradas en cuestiones de necesidad y la urgencia para la debida gestión.

Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta manera la vida de la comunidad, se produzca su distanciamiento y recelo a la vez que el descontrol en la lucha contra el delito.