Un tema medular es el control de la gestión y evaluación de la labor policial que necesariamente debe existir en todas las estructuras organizativas y funcionales democráticas, con su base filosófica orientada a ese propósito y contando con los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la detección, identificación y neutralización, a través de actos ejecutivos, de cualquier situación de carácter organizacional y/o jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la operatividad policial.

En este sentido, todo anteproyecto ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para cumplir con este ineludible requisito de toda buena administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales provinciales, previstos para el acceso externo y fluido hacia la organización policial con propósitos similares.

El plan, como producto de la planificación integral de toda policía, debe ser periódicamente monitorizado de manera tal de comparar los efectos de su ejecución con los esperados al momento de su diseño a la vez que efectuar las correcciones que surjan de su misma aplicación y a consecuencia de modificación de variables propias de la coyuntura.

La policía debe brindar un servicio eficaz, eficiente, de calidad y fundamentalmente, honesto y fuera de toda sospecha, situación que amerita ser verificado y evaluado permanentemente.

Es necesario entonces cuantificar y cualificar las actividades orientadas a la prevención del delito, buscando conocer cuánto ha bajado como las de control del delito permitiendo conocer índices de intervención, neutralización y esclarecimiento y las actividades relacionadas con la anticorrupción en todas sus posibles facetas.

En cuanto a su ubicación en el espectro gubernamental, entendemos que la Policía debe poseer la vinculación más directa posible con el poder político, evitando innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo al reconocer que toda agencia policial por su devenir, características, amplitud y calidad de su misión, debe conformar un organismo con rango de Secretaría de Estado.

Los funcionarios designados para la conducción de una nueva Policía, serán funcionarios de carrera, exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que además de la autoridad formal, posean autoridad técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre como brindarles seguridad y protección, o que éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado académico desde tales cargos, para todo caso no es posible permitir que se "aprenda sobre la marcha". En este mismo contexto, la estructura determinará el mecanismo de relación con los funcionarios policiales en situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados sobre el devenir institucional, como si es voluntad de éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en los respectivos regímenes locales de personal, se constituyan de manera individual o grupal, en fuentes permanentes de asesoramiento integral.

Habíamos hecho un adelanto de este tema oportunidad del capítulo anterior donde abordamos como presupuesto de la Realidad Policial la falta de recursos financieros para atender debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales como de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.

La cuestión financiera es de suma importancia. Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Aún así trabajar en prevención policial virtud a una planificación que admita adecuadamente el análisis científico del delito conforme pautas claras en materia de Política Criminal, tiene una proporción muy favorable, haciéndola económica y beneficiosa para las comunidades que algunos autores la ubican en 5 a 1 ó 7 a 1. Así como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un médico o un medidor de presión para la atención de la salud de la población; una dependencia policial jamás puede carecer de personal, patrulleros o insumos para la protección comunitaria. Un despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda posibilidad de improvisación y eventualidad que conlleva a la corrupción. Por ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (misión específica de los elementos de staff en su organización) como del control de gestión (interno y externo).

En suma y para finalizar este capítulo, todo futuro sistema policial dentro de uno mayor cual es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a una organización administrativa democrática, permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho, tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de gestión.

No advierto procesos de reforma policial en América Latina que merezcan citarse pese a que se publicita que existen. Se advierten algunos cambios que implican marchas y contramarchas pero en realidad se observan procesos de deforma y destrucción policial donde sus ideólogos e impulsores consideran que dejar sin empleo a cierto número de agentes, crear, quitar o cambiar de nombre a un elemento policial o instrumentar un quimérico e irrealizable plan de seguridad es suficiente.

El propósito fundamental de toda Institución Policial en cualquier región del mundo, sin perjuicio de la legislación vigente de cada país, es la Aplicación de la Ley.

Esta importantísima frase que sintetiza la expresión más pura de la juridicidad, mediante la realización de deseos, esperanzas y expectativas de cada Sociedad a través de su Contrato Social, debería ser concluyente y determinante, sin ser necesario mayor abundamiento o explicación.

Empero, la historia nos demuestra, en la generalidad y muy especialmente en la particularidad de nuestro país, que las fuerzas policiales se han visto envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca violación a los derechos humanos de la propia comunidad a la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo en tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un alto cuestionamiento y reproche político y social.

Independientemente y más allá de una evaluación mucho más profunda sobre el comportamiento de la Institución Policial en su Comunidad, en el marco del ordenamiento jurídico local, sus integrantes tienen una tradición y cultura de "Cumplimiento de la Orden". Esa Orden, escrita o verbal, la emana un Superior quien ejerce una influencia inmediata y paradigmática, mucho más fuerte y coercitiva que la letra misma de la Ley.

Es importante entonces que la Orden Policial sea a su vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta Ley, sea la mejor posible.

Entonces, debemos formar personas para una cultura democrática pues así tendremos policías con cultura democrática a quienes se capacitará en lo específico de la misión a cumplir para que sus órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos ilegales como también ilegítimos.

Pero esta formación debe corresponderse también con la situación que se plantea en los regímenes policiales; por un lado la no-deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego, respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar nuestra condición de profesionales que nos obliga a repasar su letra y verificar en el plano institucional la posibilidad de que su aplicación, pueda implicar injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco tutelar.

La Policía entonces está obligada a responder ante estas situaciones por los canales establecidos porque de esta manera responderá a su compromiso con el orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra misión proponer leyes, eso es inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de policía" pero sí, su repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su aplicación pueda ocasionar.

Vean como la selección de personas para ser Policías como su capacitación y formación para la función y el seguimiento personal, revisten carácter de excelencia. Por que cada policía formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien deberá discernir en el aquí y ahora de una calle cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito, oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley qué conducta adoptar frente a determinada situación en la que esté involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de regular sus derechos constitucionales.

Es preferible entonces que no haya ingreso de aspirantes a funcionarios policiales a que ingrese personas que no reúnan los requisitos indispensables para tan importante función.

Por lo expuesto y tratándose de Agencias Policiales no sería inadecuado hablar de Aplicación de la Ley para los Derechos Humanos con lo cual sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más allá de la Ley.

La Institución Policial o alguno de sus integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad además de no estar aplicándola, la está violando mediante la adopción de conductas ilícitas o mafiosas.

Dicho esto, debemos reconocer a la Institución Policial como la Defensora Oficial de los Derechos Humanos de los habitantes de su Comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas las acciones orientadas a la generación de una nueva cultura donde Aplicar la Ley por parte de la Policía sea ni más ni menos la respuesta a una estrategia y tácticas de respecto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, tendríamos cualquier cuerpo, formación o banda, pero nunca una Policía.

Para ello y como dijimos, es imprescindible generar una nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde el habitante se sienta protegido como regla general y no como suceso extraordinario.

Pero además, Aplicar la Ley en el marco de respeto y protección de los Derechos Humanos, es también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente protegido por el Estado en su condición de tal.

Esto significa entonces, el inexcusable compromiso estatal de sustentar en adelante una conducta policial de transparente constitucionalidad y de protección laboral de sus trabajadores.

Empero, los responsables de fijar los lineamientos políticos y técnicos que hacen a su desempeño, parecieran denotar un marcado confundimiento o desconocimiento de la materia, toda vez que se evidencia un divorcio entre las actuales legislaciones policiales y el espíritu de la comunidad que exige de su policía una respuesta acorde que no siempre recibe.

Surge entonces, la necesidad urgente de reformular los regímenes policiales --lo cual no es absolutamente imposible-, principiando con una Ley marco que redefina en función de un correcto rescate por parte del legislador del espíritu comunitario, permitiéndole fijar una metodología distinta al modelo hegemónico tradicional, fortaleciendo sus relaciones con la mandante. Esta norma, determinará también los controles de gestión convenientes para evitar su mal empleo, coyuntural o permanente, en tareas que no le son propias o estén normadas por otros instrumentos como en situaciones inequívocamente delictivas, de cuestionable constitucionalidad, muchas de ellas bajo pretexto de combatir el delito.

Hoy, estoy totalmente convencido que los responsables de fijar los lineamientos políticos y técnicos que hacen a la Policía, no poseen ni quieren poseer, siquiera una idea y menos aún el conocimiento sobre el tema a la vez que una clara falta de voluntad política para promover un verdadero cambio en materia policial; estoy convencido también que una mezcla de soberbia, ausencia de idoneidad para ocupar cargos públicos, obsecuencia y poder; conforman una situación muy especial y particular, donde tanto el ciudadano común como el funcionario policial, se encuentran completamente desprotegidos ante la delincuencia y el propio Estado.

Cheves, Raúl Marcelo; "Policía en naciones Unidas II", Segunda Edición Actualizada (2000).