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Declaración ante la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
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Diplomacia ciudadana |
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"Por una Asociación Unión Europea-América
Latina y el
Caribe
que promueva la cohesión económica con justicia social y equidad"
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Pátzcuaro, Michoacán, México 24-26 de marzo 2004
Preámbulo:
Convencidos que la participación de la sociedad civil debe
ser uno de los componentes básicos para lograr unas relaciones más
equitativas y solidarias entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
los representantes de más de un centenar de organizaciones ciudadanas de las
tres regiones, nos hemos reunido en el II Foro Euro-latinoamericano-caribeño
de la Sociedad Civil celebrado en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México,
para hacer propuestas y recomendaciones a la III Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, México, entre los
días 28 y 29 de mayo de 2004.
Convocados por la Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción (ALOP), el Consejo de Educación de Adultos de
América Latina (CEAAL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Iniciativa de Copenhague para Centro
América y México (CIFCA), Eurostep, Grupo Sur europeo, y las organizaciones
mexicanas Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), DECA
Equipo Pueblo, Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) con la colaboración de 11.11.11 (Bélgica),
CordAid, Hivos, ICCO y Novib (Holanda), la Comisión Europea, la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México y el Gobierno del estado de Michoacán,
las organizaciones participantes en el II Foro, queremos plantear a los
gobernantes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe la necesidad de
que la III Cumbre permita avanzar de manera significativa en la concreción
de una Asociación Estratégica más justa, democrática y solidaria para
nuestras regiones. Para ello demandamos a los Jefes de Estado y de Gobierno
que se reunirán en Guadalajara, tengan en cuenta las siguientes
consideraciones:
Considerandos
La persistencia de la pobreza tiende a ser endémica en
América Latina y el Caribe (ALC) y constituye un grave obstáculo para el
logro de la igualdad. Luego de una "década perdida" para el
desarrollo, y otra de "crecimiento con desigualdad", la pobreza en
ALC se ha convertido en un problema de exclusión para más de doscientos
millones de personas que no encuentran en las tendencias de la economía
ninguna fuerza integradora, ninguna señal evidente de que el fenómeno podrá
ser superado en el corto o mediano plazo.
Las democracias en ALC han permitido esta escandalosa
desigualdad social, la inequidad, la subordinación de las soberanías y la
corrupción. El modelo económico neo-liberal centrado en las privatizaciones
y en la apertura comercial y financiera sin regulaciones ha profundizado el
empobrecimiento y la exclusión social, y se han creado condiciones para una
mayor conflictividad y rupturas que amenazan la cohesión social y la
seguridad de las personas.
La pobreza es una violación masiva y estructural a los
derechos más elementales de las personas. Es hora de hacer un viraje a fondo
en las políticas financieras y económicas condicionadas por los organismos
multilaterales que han devastado las estructuras productivas de nuestros
países y han profundizado la desigualdad social. Es hora de superar la
disociación entre las políticas económicas y las políticas sociales. La
mejor política contra la pobreza es aquella que estimula la creación de
empleos dignos, que asegura salarios justos, que promueve la reforma agraria
y la inversión en el campo y que genera una inserción justa de los países en
el comercio internacional. Es hora de acabar con el problema de una deuda
externa injusta e inmoral que ahoga el futuro de nuestros pueblos.
Desde nuestra perspectiva, la cohesión social sólo será
posible desde la práctica de una democracia sustantiva que se base en la
real participación social y en la realización efectiva de los derechos
humanos, integralmente considerados, afirmando el derecho colectivo a la
justicia y al desarrollo sostenible.
Es por ello que creemos que la Asociación Estratégica entre
la Unión Europea (UE) y ALC debe estar orientada a la erradicación de la
pobreza, la exclusión social y la superación de toda forma de discriminación
y, en este sentido, a ir creando las condiciones para la inclusión social y
la afirmación del Estado de Derecho y Solidario en nuestros países. Esta
Asociación Estratégica ha de tomar en cuenta las asimetrías económicas y
sociales de nuestras regiones para arribar a acuerdos viables y
corresponsables.
La afirmación de la supremacía de los derechos humanos está
en el centro de nuestra visión sobre el desarrollo y la democracia tal como
es reconocida en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. Por
ello, los acuerdos de libre comercio, el diálogo político y la cooperación
internacional deben tener en cuenta este principio mayor.
La Asociación Estratégica de nuestras regiones debe
fortalecer el multilateralismo y reafirmar el respeto a la Carta de las
Naciones Unidas en estas horas de recrudecimiento de los fundamentalismos,
las guerras unilaterales e injustas y de acciones terroristas que condenamos
y con cuyas víctimas nos solidarizamos.
Queremos afirmar enfáticamente la responsabilidad principal
de los Estados como garantes de los derechos humanos, de la seguridad de las
personas y de la inclusión social. Por ello reafirmamos nuestro compromiso
por recuperar la responsabilidad pública del Estado.
El cumplimiento de esta responsabilidad y una mayor calidad
de nuestras democracias demandan una amplia y corresponsable participación
de la sociedad civil en los asuntos públicos y, en particular, en todos los
acuerdos internacionales de los gobiernos. Para ello se deben establecer
mecanismos efectivos y transparentes afirmando el estatuto de observación,
monitoreo y consultoría para las organizaciones de la sociedad civil en las
diversas cumbres y conferencias internacionales.
En nuestro II Foro identificamos diez temas centrales en los
que como sociedad civil hemos venido trabajando y gestando alternativas y
respuestas. Desde esta experiencia planteamos las siguientes propuestas a la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Propuestas
1. Integración regional y cohesión social:
-
La participación de la sociedad civil debe ser incorporada
de manera efectiva en los procesos de integración regional, en el marco de
los Acuerdos de Asociación así como en las propias Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno. Para ello es necesario el acceso oportuno a la
información, el desarrollo de consultas y la respuesta a las solicitudes de
la ciudadanía que den posibilidades ciertas de incidencia en los procesos de
toma de decisiones. Los Estados deben financiar, apoyar y promover el
fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos en los procesos de
integración regionales y birregionales.
-
Para que los Acuerdos de Asociación entre la UE y los
países y bloques regionales de ALC sean un instrumento que contribuya a su
desarrollo, es imperativo su rediseño para incorporar el reconocimiento de
las asimetrías, lo que implica la inclusión de cláusulas relativas al trato
preferencial y diferenciado, la exclusión de sectores sensibles de la
economía, fondos compensatorios y la salvaguarda de la autonomía estatal en
el manejo de la economía de los países. Igualmente el componente de la
cooperación debe ser reformulado para que sea consistente con el objetivo de
la cohesión social.
-
Se requiere incorporar una concepción de la competitividad
que sea coherente con la cohesión social, lo que implica desarrollar marcos regulatorios nacionales, transferencia tecnológica sustentable, el
desarrollo y financiamiento de estructuras productivas.
-
En relación con la implementación de la Iniciativa Social
prevista en la Estrategia Regional para América Latina (2002-2006), se deben
contemplar las particularidades sub-regionales, dar una efectiva
participación a la sociedad civil, así como el desarrollo de estrategias
creativas que promuevan la inclusión social. Los desafíos planteados para
que la Iniciativa Social pueda tener un impacto real en la promoción de la
cohesión social en ALC requieren de recursos ajustados a su magnitud.
-
Animamos a que se desarrolle y consolide la constitución
de un Fondo de Solidaridad Birregional tal como ha sido propuesto por el
Parlamento Europeo, que permita atenuar los costos de los cambios necesarios
para el desarrollo, promueva la equidad social y la transformación
productiva. Este Fondo debe incorporar la participación de las tres regiones
en su diseño, planificación, monitoreo y evaluación junto con la sociedad
civil.
-
Este Fondo de Solidaridad debe constituirse sobre la base
de los siguientes fundamentos: asociación, apropiación, descentralización,
participación y no condicionamiento de la ayuda.
2. Comercio, inversiones y deuda externa
-
De cara a las negociaciones en el ámbito multilateral, la
relación UE-ALC debe promover mecanismos transparentes y democráticos de
negociación y decisión, tanto en la OMC como en las negociaciones
financieras internacionales; lograr avances concretos en la agenda de
desarrollo de Doha, excluyendo los temas de Singapur; y permitir alcanzar
una mayor estabilidad financiera internacional.
-
Retomar y concretar la propuesta de la tasa Tobin para
gravar los capitales financieros reorientando recursos al desarrollo social
y al fortalecimiento de los mercados internos.
-
Una política exterior de la UE coherente con sus políticas
internas de integración y cohesión social exige que en los acuerdos de
asociación con los países latinoamericanos y caribeños se aplique el
principio de trato especial-diferenciado, especialmente para los países de
menor desarrollo relativo, reconociendo las asimetrías existentes.
-
Resulta necesario que en los acuerdos de asociación se
incorporen los mismos criterios que regulan el comercio y la inversión
privada en la UE para la generación de empleo digno, la protección social y
el acceso universal a los servicios básicos.
-
Es imprescindible que el tema de la deuda externa reciba
un tratamiento prioritario en el diálogo político entre la UE y ALC, y que
nuestras regiones promuevan una conferencia mundial sobre la deuda y la
creación de un tribunal internacional de arbitraje para su renegociación o
condonación.
-
Rechazar la aplicación unilateral y extraterritorial de
leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional y el comercio mundial,
así como la utilización de medidas correctivas unilaterales y exigir su
eliminación.
-
Los Estados de nuestras regiones deben cumplir con los
compromisos asumidos en la Cumbre de Monterrey sobre la Financiación al
Desarrollo Sostenible (Consenso de Monterrey) y la Cumbre sobre el
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.
3. Vigencia, justiciabilidad y exigibilidad de los DESC y la
cohesión social
-
Debe abrirse un diálogo político entre las regiones para
la aplicación de los instrumentos internacionales y la protección de los
derechos humanos en su integralidad e interdependencia, impulsar el
Protocolo del Pacto Internacional de DESC y las normas de las Naciones
Unidas sobre las responsabilidades de las empresas en la esfera de los
Derechos Humanos aprobadas por la Subcomisión de derechos humanos de la ONU.
-
Aplicar la Cláusula democrática, con una dimensión
positiva: exigibilidad y aplicabilidad desde una perspectiva integral de
derechos humanos, con reciprocidad y mecanismos efectivos de participación
de la sociedad civil tanto de los países como de las regiones.
-
Reconociendo la relación entre pobreza y la violación de
los derechos humanos, promover un instrumento internacional que permita
avanzar en la deslegitimación del hambre y la pobreza que conduzca a su
abolición como en su momento sucedió con la esclavitud.
-
Los gobiernos de las regiones deben promover la
estandarización de normas a nivel de cada Estado y en sus compromisos
interestatales para evitar la impunidad frente a violaciones de derechos
sociales, económicos, culturales y colectivos.
-
Debe haber un compromiso claro en las regiones para no
criminalizar la protesta social y dar todas las garantías para su expresión.
4. Las políticas de inclusión para la mujer y sus efectos
sobre la cohesión social
-
Hacemos un llamado para evitar retrocesos en los derechos
humanos de las mujeres ante la emergencia de ofensivas neo-conservadoras que
deslegitiman los avances logrados y renuevan la violencia de género.
-
Para lograr una mayor cohesión social, es necesario
eliminar las desigualdades en el acceso de las mujeres a oportunidades de
educación, salud y empleo.
-
Toda política pública debe incluir las siguientes
dimensiones: perspectiva de género, transversalidad, reconocimiento de la
multiculturalidad y la diversidad. Contribuir al empoderamiento de las
mujeres para lograr las condiciones necesarias de autonomía y control sobre
sus vidas que permita la realización práctica de una ciudadanía plena.
-
Promover la inclusión de las mujeres en los procesos de
decisión publica, desde niveles comunitarios hasta las esferas superiores
legislativas y gubernamentales.
-
Es indispensable que todo acuerdo de asociación tome en
cuenta los impactos diferenciados por género e incorpore en el diálogo
político a las organizaciones de mujeres que promueven sus derechos.
-
Establecer medidas para hacer visible el accionar de las
mujeres, abriendo apartados específicos en los informes sociales y
económicos, separando por sexo las estadísticas, e incorporando el trabajo
doméstico como actividad económica.
-
En el marco de la asociación estratégica entre la UE y la
región de Latinoamérica y el Caribe, realizar un balance regional de las
políticas dirigidas a lograr la equidad de género; Incorporar la perspectiva
de género en los acuerdos de cooperación y realizar encuentros inter-regionales
para diseñar propuestas comunes.
5. Tierra, soberanía alimentaria y agricultura familiar:
-
Para promover la cohesión social en el medio rural es
necesario que los gobiernos impulsen y profundicen los procesos de reforma
agraria integral. Asimismo se requieren políticas de desarrollo para los
pequeños y medianos productores, instrumentando programas articulados de
vivienda, alimentación, educación y salud para combatir la pobreza rural.
-
Reorientar y diseñar programas institucionales para el
pago de servicios ambientales que generan los campesinos, indígenas y afrodescendientes en el uso, manejo y protección sustentable de los recursos
naturales.
-
Desarrollar a largo plazo en ALC un modelo de integración
que permita reducir las asimetrías entre el campo y la ciudad y entre
regiones rurales respetando la multifuncionalidad de la agricultura
campesina, indígena y afrodescendiente.
-
Cumplir los compromisos de eliminar prácticas desleales de
comercio a través de subsidios internos que respaldan precios de exportación
de los países desarrollados.
-
Que en los acuerdos de asociación se preste especial
atención a la capacitación, asistencia técnica y acceso al crédito de las
organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas.
-
Garantizar la soberanía alimentaria excluyendo del proceso
de liberalización comercial los productos estratégicos para la alimentación
de los países en desarrollo.
6. Las políticas de inclusión para los indígenas y
afrodescendientes
-
Ante el rezago en el cumplimiento de los derechos
elementales de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, es
indispensable que los gobiernos de ALC y la UE realicen las acciones
necesarias para su desarrollo.
-
Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios y sus recursos naturales, así como
el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas,
mestizos y afrodescendientes.
-
Exigir el respeto a los derechos básicos de las
comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular la
ratificación del convenio 169 de la OIT.
-
Incorporar una visión de la interculturalidad con un
enfoque no sólo cultural sino que abarque una visión global, es decir
política, económica y social, con lo cual se refuercen los procesos
autonómicos de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes que
se están produciendo en la región.
-
Denunciar y rechazar la manipulación que ocasionalmente se
hace sobre las demandas y necesidades de las comunidades y pueblos indígenas
y afrodescendientes como mecanismo para atraer recursos de cooperación y que
son canalizados a través de gobiernos o de agencias, convirtiéndose en
instrumento de corrupción y de manejos demagógicos; es necesario establecer
mecanismos integrales de control y con una visión más completa de la
problemática.
-
Exigir que no se excluyan a las comunidades y los pueblos
en el diseño de programas de desarrollo y de tratados internacionales de
comercio e inversión que los involucra o afectan; en particular se rechaza
el llamado Plan Puebla Panamá por esa razón.
-
Garantizar el derecho y el usufructo colectivo de las
comunidades y los pueblos sobre la tierra y sus recursos naturales, así como
el respeto al derecho y la autonomía de las comunidades indígenas y
mestizas, y los pueblos afrodescendientes, para decidir el mejor
aprovechamiento de sus recursos.
-
Se demanda el tratamiento transversal de la situación de
los afrodescendientes y la adopción e implementación de políticas
afirmativas para promover su plena inclusión económica, política y social.
7. La interrelación entre democracia, lucha contra la
corrupción y justicia para la cohesión social
-
Reconocer a los actores de la sociedad civil como
participantes y co-responsables en el desarrollo y desempeño de las
políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción y la promoción
de la cohesión social.
-
La institucionalización de estos espacios de participación
podrá asegurar la efectividad de la incidencia de la sociedad civil en las
políticas tendientes a lograr una mayor cohesión social.
-
Los gobiernos de nuestras regiones deben emprender
acciones concretas para erradicar la corrupción, penalizar la evasión
fiscal, reglamentar el flujo de capitales y combatir el blanqueo de dinero.
-
Debe homologarse el delito de enriquecimiento ilícito en
todas las naciones, trátese de personas físicas o jurídicas, eliminar el
secreto bancario y establecer penalizaciones más severas contra funcionarios
ligados a delitos de corrupción.
-
Establecer a nivel internacional marcos legales e
institucionales para la penalización y erradicación de la corrupción
impulsando instancias de denuncia y monitoreo con la participación de la
sociedad civil.
-
Erradicar la impunidad de los perpetradores de violaciones
a los derechos humanos a través de la ratificación de la Corte Penal
Internacional.
-
Para promover la inclusión social y el pleno goce de los
derechos ciudadanos, los gobiernos de nuestros países deben garantizar el
acceso a una justicia imparcial y transparente sin importar la condición
social, racial o sexual de las personas.
8. La responsabilidad del Estado en la lucha contra la
exclusión: política fiscal y políticas de redistribución de la riqueza.
-
Los gobiernos de nuestras regiones deben modificar la
legislación tributaria con criterio social para avanzar en la redistribución
de la riqueza. Para ello se deben realizar reformas fiscales que modifiquen
las actuales estructuras de tributación y gasto, orientadas a obtener
impuestos de los que tienen mayores ingresos.
-
Los países de la UE deben ser coherentes y no demandar a
los países de América Latina y el Caribe la eliminación de cargas
impositivas y de regulaciones para favorecer a sus empresas.
-
Los indicadores de medición de la pobreza deben tener como
horizonte la calidad de vida y la equidad y no sólo la superación de la
miseria o indigencia. Por ello sugerimos retomar los indicadores construidos
por la CEPAL y no el indicador de un dólar diario como lo ha propuesto la
Cumbre del Milenio.
9. Informalidad, maquila y empleo digno:
-
Para la generación de empleos dignos debe asumirse el
respeto irrestricto de los acuerdos en materia de derechos humanos, en los
que se incluyen los derechos laborales incorporados en los convenios
suscritos con la OIT. En el establecimiento de derechos laborales debe
seguirse el principio de igualdad de derechos ante igualdad de trabajo,
entendiendo en aquellos a los relacionados con las remuneraciones, libertad
de asociación y sindicalización, perspectiva de género y no discriminación.
-
La implantación de empresas maquiladoras debe sujetarse a
la lógica de la sustentabilidad y compromiso social, que tenga capacidad
para prevenir afectaciones nocivas, respete límites y capacidades,
incluyendo el de la reproducción, así como que responda compensatoriamente y
de manera inmediata ante desviaciones o daños causados.
-
Las zonas francas no pueden seguir siendo territorios para
garantizar inversiones que violentan los derechos humanos, en particular los
derechos laborales como sucede con las maquilas. Estas inversiones tienen
que pagar impuestos destinados a la inversión social.
-
Debe promoverse la Responsabilidad Social de las Empresas,
basada en la suscripción de compromisos de acciones específicas, así como
implementar mecanismos de evaluación y certificación de su cumplimiento.
-
Revisar y fortalecer los instrumentos de que se dispone
para el ejercicio de la protección de derechos de los consumidores,
haciéndolos realmente efectivos.
10. La nueva emigración latinoamericana y su impacto
económico y social
-
Incluir en la agenda de la Cumbre, y a futuro en el marco
del diálogo político, en las relaciones económico-comerciales y en la
cooperación entre la UE y ALC el tema migratorio de una forma corresponsable,
y buscar soluciones multilaterales a un fenómeno viejo, pero con rasgos de
nuevo tipo, que tomen en cuenta la participación de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con y por los inmigrantes.
-
Reconocer la importancia del fenómeno migratorio
latinoamericano hacia Europa y revalorizar su aporte, luchando contra la
delincuencia organizada que trafica con personas y despenalizando y
dignificando la situación de sus víctimas
-
Deberá garantizarse la posibilidad de emigrar a través de
la gestión común de los flujos migratorios.
-
Diseñar un plan de acción conjunto ALC-UE para armonizar
las leyes de extranjería al estándar más alto de protección y respeto de los
derechos humanos de los migrantes.
-
Hacer acuerdos que fomenten el retorno voluntario
acompañado y los programas de inserción social y productiva de los
emigrantes a sus países de origen.
-
Desarrollar políticas públicas respecto de los migrantes,
tanto en los países de donde proceden en los de arribo que incluyan, por
ejemplo "Programas huéspedes", atención durante el tránsito, la generación
de fondos tanto en los países de origen como de llegada de los emigrantes,
etc.
-
Prestar una particular atención a la problemática de las
mujeres migrantes haciendo un llamado a los gobiernos de la UE para la
defensa de los derechos humanos, particularmente laborales y de seguridad,
de las mujeres migrantes que llegan al continente europeo teniendo en cuenta
su especial vulnerabilidad y exposición a situaciones de violencia y
explotación laboral y sexual.
-
Promover acuerdos de reciprocidad para el voto de los
inmigrantes en los países de destino, y asegurar el ejercicio del derecho de
voto en sus países de origen
-
Promover y apoyar el mantenimiento de los vínculos de los
migrantes con sus países de origen aún cuando hayan optado por la
nacionalidad en el país de llegada. Incluir el apoyo a tales vínculos en el
marco de la cooperación birregional.
-
Crear Observatorios de la Migración, tanto en los países
de origen como de arribo para obtener datos actualizados y creíbles de la
migración de ALC en Europa.
Pátzcuaro, Michoacán, 26 de marzo de 2004
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