Las regulaciones sobre las inversiones se encuentran en el
centro de los debates en las negociaciones comerciales, tanto a nivel global
en la Organización Mundial de Comercio, como en el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA). En esos ámbitos se ha insistido en manejar las
inversiones y el flujo de capital bajo la forma de reglas comerciales. Esa
propuesta se sustenta en una concepción que postula que favoreciendo la
entrada de capitales se alimentaría el motor del crecimiento económico, y
con ello mejoraría la productividad o se generarían más fuentes de trabajo,
entre otros beneficios.
Esas ideas son las que esencialmente se han seguido en las
regulaciones del TLCAN, y en buena medida las propuestas originales del ALCA
buscan ampliar esos mecanismos para todo el resto del continente. Por lo
tanto, una revisión de la situación de México bajo el TLCAN ofrece
evidencias sobre las consecuencias de ese nuevo régimen de inversiones
regulado por un acuerdo de libre comercio internacional.
En los últimos años se viene acumulando evidencia que
muestra que en México bajo el TLCAN existió una inicial llegada masiva de
inversiones, sin que necesariamente mejoraran las condiciones económicas, y
mucho menos las sociales y ambientales. Para empeorar más las cosas, México
ha perdido buena parte de sus capacidades para revertir los efectos
negativos asociados a algunas de las actividades desencadenadas por ese
flujo de inversión, ya que esos mismos acuerdos de comercio limitan
seriamente las capacidades nacionales de establecer estrategias en
desarrollo o atender la calidad de vida y las condiciones ambientales.
Es común que los gobiernos defiendan la apertura a la
inversión insistiendo en que ello promoverá el crecimiento económico, y por
lo tanto es muy útil observar la experiencia mexicana. En ese país, a fines
de la década del 80, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se
concretó un proceso de apertura y liberalización. Sus defensores sostenían
que la apertura de los mercados y reducción del papel del Estado buscaba
generar un sector manufacturero competitivo internacionalmente, con el
supuesto objetivo de modernización, incremento de las exportaciones y
crecimiento del empleo. Buena parte de ese proceso tuvo lugar bajo el TLCAN,
y en su seno se confeccionó un capítulo específico para asegurar el libre
flujo de inversiones, que ahora sirve de inspiración a las negociaciones de
otros acuerdos.
Podemos preguntarnos cuáles han sido los resultados de ese
proceso, y más específicamente si el aumento de inversiones realmente logró
los objetivos de potenciar la industria y aumentar la demanda de empleo.
Esas cuestiones son analizadas en un reciente estudio realizado por Kevin
Gallagher y Lyuba Zarsky de la Universidad de Tufts, donde se analizan los
efectos de la inversión extranjera directa (IED) sobre el sector
manufacturero en México desde 1994, con la plena vigencia del TLCAN, hasta
2000.
En 1994 entraba en efecto el TLCAN y la IED estaba en el
centro de la estrategia de desarrollo mexicana. Los años 90 registran
niveles sin precedentes de IED a nivel mundial. Y en este marco de grandes
inversiones, México tuvo una posición "privilegiada", alcanzando el tercer
lugar entre los países en desarrollo que atrajeron más IED en el período,
después de China y Brasil. Entre 1994 y 2002 México recibió 12.000 millones
de dólares de promedio anual. Paralelamente, en el ámbito interno, el
gobierno logró condiciones económico-sociales que asegurarían la estabilidad
interna, reduciendo el déficit fiscal y controlando la inflación tanto a
través de una política monetaria restrictiva como del compromiso de
empresarios y trabajadores de no aumentar los precios ni presionar por
aumento de salarios.
La masiva llegada de capitales no fue para nada pareja:
tendió a concentrarse en los alrededores de la ciudad de México y la
frontera con Estados Unidos, asociada a las maquilas. Las manufacturas y los
servicios financieros se llevan casi el 75 por ciento de los flujos de IED
entre 1994 y 2002, mientras que la agricultura, minería y construcción no
alcanzan cada una al uno por ciento. El origen de la inversión estuvo
esencialmente en Estados Unidos (alcanzando el 67 por ciento del total desde
1994), y en su mayor parte estuvo orientada al sector manufacturero (a
excepción del 2001 donde Citygroup compró Banamex).
A consecuencia de los grandes flujos de inversiones, las
exportaciones más que se triplicaron. Sin embargo, Gallagher y Zarsky
plantean que existen dos fuentes de inestabilidad en la situación mexicana:
por un lado, el crecimiento de las importaciones fue aún mayor que el de las
exportaciones y, por otro, el plan de estabilización basado en un ancla
nominal cambiaria para controlar la inflación derivó en un peso
sobrevaluado, contribuyendo así a la pérdida de competitividad y aumentar el
déficit de la cuenta corriente. Estos factores demuestran que la estrategia
emprendida no era sustentable en el largo plazo.
