El
estudio de la Universidad de Tufts avanza un paso más allá de la perspectiva
económica tradicional apuntando al desarrollo sostenible, incorporando
aspectos sociales y ambientales. Con ese fin se consideran varios factores
relacionados con el desarrollo sustentable: económicos (incrementar la
capacidad productiva de los trabajadores y empresas mexicanas), ambientales
(mejorar la performance ambiental de las empresas, nacionales o
extranjeras) y sociales (disminución de la desigualdad entre ricos y pobres,
creación de empleo).
Para evaluar esos factores se tomaron distintos indicadores:
por ejemplo, dentro de los económicos, se consideró el conocimiento y la
capacidad de innovación como vehículo para incrementar la productividad. Se
observó que en 1981 se publicaron 648 artículos científicos periodísticos,
comparados con 168 de Corea del Sur. Pero al comparar el promedio de dichas
publicaciones entre los años 1995-2000, en México fue apenas 2.024 y en
Corea trepó a 5.219. Por otro lado, entre 1995 y 2000 la investigación y
desarrollo en la manufactura como porcentaje del producto manufacturero se
situó en México en 0,22 por ciento, contrastando con el 2,66 por ciento de
Corea del Sur. México también pierde en el promedio de científicos e
ingenieros, así como en el número de patentes solicitadas. Todos estos datos
muestran que esa IED no logró generar un fuerte empujón a la investigación e
innovación propia de México.
Con respecto al impacto ambiental de la industria
manufacturera exportadora, varios estudios recientes coinciden en que hubo
un incremento en la contaminación; ese aumento es mayor al propio
crecimiento poblacional y está por encima del crecimiento de la economía en
su conjunto desde los años 80. Hoy, la contaminación del aire no es sólo un
problema de Ciudad de México. Una muestra de 44 empresas estadounidenses en
México mostró que las mejoras ambientales, tales como invertir en el
tratamiento de aguas, estaban motivadas por la regulación e imposición por
las autoridades mexicanas.
Aunque el gasto en protección ambiental creció notoriamente
entre 1988 y 1993, entre 1994 y 1999 cayó un 45 por ciento. Si bien a pesar
de esa caída sigue siendo mayor al de épocas anteriores, en relación a los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) es el menor gasto ambiental. En términos de gasto por habitante, los
países de la OCDE gastan en promedio seis veces más que México.
Al analizar los factores sociales, se consideró por ejemplo
los niveles de vida de la población. La posición teórica sostenía que la
mejora en los salarios de la industria exportadora absorbería inmigrantes
provenientes del campo, aumentando el ingreso y reduciéndose la brecha entre
ricos y pobres. Sin embargo, a fines de 2002, se verifica que los trabajos
creados en el sector fueron menos que los esperados. Entre 1994 y 2000 se
crearon un total de 637.000 puestos de trabajo, pero en esos mismos años se
sumaron 6,5 millones de personas a la población económicamente activa. Esto
significa que el sector manufacturero pudo absorber menos de un 12 por
ciento de las personas que buscaban trabajo por primera vez. En el sector
manufacturero, el crecimiento del empleo ha ido disminuyendo desde 1997.
A pesar de registrarse un incremento del 18 por ciento en la
productividad, los salarios en la industria manufacturera han disminuido un
13 por ciento desde 1994. Por su parte, los salarios reales en las
maquiladoras promediaban menos del 80 por ciento de los salarios en los
demás sectores manufactureros entre 1987 y 1994. Aunque desde 1994 los
salarios de las maquiladoras se incrementaron en relación a los de esos
otros sectores, todavía permanecían un 14 por ciento por debajo hacia 2002.
Queda así en evidencia que la apuesta a la maquila exportadora ni siquiera
logra generar empleos con buenos sueldos. Es más, la inversión hacia las
maquilas, y las propias industrias ya instaladas, sufren ahora la
competencia de la mano de obra de China, donde los salarios son todavía más
bajos y las condiciones de trabajo muy deficitarias
En el plano de la inequidad, si bien mejora la situación
desde 1994, todavía el índice de Gine se mantiene cercano al 0,5, mostrando
una de las sociedades más desiguales del mundo. Otros indicadores muestran
que el alfabetismo entre personas de más de 15 años ha disminuido desde 11
por ciento en 1995 hasta nueve por ciento en 2000, pero en sentido
contrario, la población sin educación primaria completa pasó de 24 por
ciento en 1995, a 28 por ciento en 2000.
Las malas condiciones internas explican el aumento de la
emigración hacia Estados Unidos. En la década del 90, aproximadamente
300.000 mexicanos emigraron anualmente a Estados Unidos, frente a menos de
200.000 que se registraban en la del 80. Por otro lado, la migración interna
se orientó a las zonas más industrializadas, donde la IED tiende a
concentrarse.
El estudio de Gallagher y Zarsky concluye que de los dos
tipos de objetivos planteados por los gobiernos mexicanos en los años 90,
por un lado incrementar los flujos de IED y consecuentemente las
exportaciones manufactureras, y por otro, de desarrollo industrial
sustentable, sólo se alcanzó el primero. El modelo de desarrollo basado en
la dependencia en los flujos de inversiones y en las exportaciones es
vulnerable a la inestabilidad financiera y pérdida de competitividad. El
Estado pierde buena parte de su capacidad de maniobra sin lograr alcanzar
siquiera los objetivos económicos que proclamaba.
Queda en evidencia también que en el proceso de desarrollo
la economía doméstica queda en buena medida desvinculada de los sectores
exportadores. Desde el punto de vista ambiental, la situación ha empeorado,
aumentando la contaminación, en parte por la falta de compromiso de las
autoridades nacionales con la regulación ambiental. Por último, la
estrategia de integración mexicana no tuvo los efectos positivos esperados
en términos de crecimiento del empleo, y no parece haber mejorado la
inequidad ni la emigración.
Esta evidencia desnuda buena parte de las limitaciones de
las posiciones reduccionistas aferradas a la liberalización de los flujos de
capital. Como esas posturas a su vez recortan las capacidades nacionales de
regulación e intervención, una vez que los problemas comienzan y se
acentúan, las capacidades de reacción son muy limitadas. Los acuerdos de
libre comercio del formato TLCAN, y en especial las condiciones sobre
inversiones, se vuelven ellas mismas en trabas para intentar cualquier
rectificación. Por esta razón, ya son muchas las organizaciones y los
analistas que reclaman que esos acuerdos comerciales no deben incorporar los
temas de inversión.
