Debo empezar confesando mi perplejidad y mi angustia por tener que estar sentado acá. Perplejidad, porque provengo de un país que tiene un gobierno que definitivamente no es progresista y que frecuentemente me pregunto si merece el nombre de tal; no de progresista sino de gobierno. Angustia, porque a partir de esa perplejidad podía suponer que mi participación en esta mesa obedecía a mi condición de presidente de una asociación regional de ONGs, lo que en teoría me calificaría para dar una imagen o una panorámica general sobre un tema que me genera sentimientos ambiguos no en mi condición de presidente de ALOP sino en mi condición de ciudadano latinoamericano. Y quiero transmitirles de alguna manera, mis sensaciones ambiguas frente al tema.

Gobiernos progresistas. En un uso común podríamos hablar efectivamente de un cierto tiempo de progresismo en distintos gobiernos de la región: claramente Chile, Brasil, algunos dirían la Argentina de Kirchner, los más audaces se acordarían de la transición encabezada por Paniagua en Perú, y hasta los habría —que los hay— quienes reivindicarían la figura de Chávez. Es más o menos claro que estamos hablando de fenómenos distintos, diversos, de sociedades distintas y diversas. Estamos hablando de gobiernos de dos partidos como el Partido Socialista y el Partido Demócrata-Cristiano en Chile; de una suerte de partido movimiento nuevo en la región, muy potente, que articula a sectores de sociedad civil, movimiento sindical, distintos núcleos de izquierda que es el Partido de los Trabajadores en Brasil: y esta cosa histórica que ha tenido un papel tan fuerte que ha tenido la historia argentina, que es el Partido Justicialista.

Simultáneamente estamos hablando de sociedades que apostaron de manera diversa. La sociedad chilena, que al apostar por socialistas y demócratas-cristianos, apostaba por un cambio y apostaba también por una determinada estabilidad. La sociedad argentina que creía que se iban a ir todos y que terminó teniendo que optar entre distintos representantes del justicialismo. A Chávez, que es un fenómeno bastante distinto y que tiene sin embargo —hay que señalarlo y reconocerlo— una aceptación popular significativa. En esta realidad diversa, y asumiendo que nos estamos refiriendo a ese tipo de fenómenos, como gobiernos progresistas; entonces, lo primero que me pregunto en general es, cuáles son los márgenes de acción reales, posibles que tienen esos gobiernos, todos y cada uno de ellos en el contexto de mundialización y globalización que vivimos hoy día. Yo diría más, básicamente, ¿cuáles son los márgenes de acción de la democracia, o cuánta inequidad, cuánta pobreza y cuánta exclusión soporta un régimen político que en sentido estricto nos llegó por barco como nos llegó por barco el marxismo?

La segunda pregunta que me surge, constatando esta realidad difícil es cuáles son las posibilidades de esos gobiernos en un contexto en el que lo que uno observa en el mundo social son sociedades despotenciadas, que perdieron los principios, que generaron cierta centralidad en el proceso de constitución de clases sociales en la región, que han mostrado una capacidad de resistencia y una capacidad de innovación enorme incluso en el terreno de la política, desde los espacios micro, los espacios locales hasta algunos espacios nacionales, porque el PT por ejemplo, es una creación social que nadie puede negar ni desconocer. ¿Cuáles son las posibilidades de esas sociedades despotenciadas?, que a pesar de estas capacidades son desfragmentadas, tienen una mirada por decirlo, menos escéptica de la democracia. El reciente Informe del PNUD sobre la democracia en la región constata con indicadores bastante bien elaborados desde mi punto de vista, que hay cerca de un 50% de ciudadanos de la región —y los porcentajes son particularmente elevados en algunas de estas sociedades con gobiernos progresistas— que estarían dispuestos a cambiar la democracia por seguridad económica. Si articulamos este dato con la duda anterior que tengo sobre los márgenes de maniobra de estos gobiernos y de la democracia, tenemos un escenario más complejo aún.

Una tercera pregunta posible, ésta sí desde la especificidad de la parte microscópica del mundo de la sociedad civil al que pertenezco, las ONGs, que como ha sido señalado, se representan única y exclusivamente a sí mismas, ¿cuáles son los modelos posibles de relación con sectores de la sociedad civil y con las ONG en particular?. Si uno mira algunas de esas experiencias, yo tengo la impresión que hay lógicas en algunos casos de cierta cooptación de proveedores de servicios, una relación instrumental, un aprovechamiento de capacidades, un aprovechamiento de conocimientos y de experiencias, yo diría en última palabra, un aprovechamiento de la capacidad de mediación que han mostrado muchas de las ONG de desarrollo en varios de esos países. En otros casos, un proceso de convocatoria a individuos vinculados a estas ONG, ya no son las ONGs en general, son individuos que terminan en los distintos sectores del Estado, a partir de su legítima militancia, de su vinculación con los partidos que están en el gobierno y/o de sus capacidades técnico-profesionales.

En cualquiera de estas dos alternativas, y me da la impresión que hay por lo menos una situación que combina de las dos cosas, en cualquiera de estas dos alternativas lo que uno constata en los casos más avanzados es que como decimos en mi país, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Los individuos que no somos naturalmente ni buenos ni malos, nos transformamos en función a los roles que desempeñamos y en función a los lugares que ocupamos. Y en este proceso de transformación, uno de los costos que en algunas sociedades empiezan a pagar las ONGs es el tipo de relación, el tipo de vínculo que más institucionalmente tienen con el Estado.

Este es un tema complejo, hay una lógica que establece como deseable el derecho a fondos públicos, que debiera ser concursable y al que debiera acceder la sociedad civil, no las ONGs exclusivamente. Y simultáneamente una lógica por la cual estos fondos se limitan a organizaciones profesionales, se concursan y en general se convierten en prácticamente los únicos sino la mayoría de los recursos a los que pueden acceder estas ONGs. En ese proceso, el riesgo vivido en algunas de las sociedades con gobiernos progresistas es un vaciamiento de cierto contenido de las ONGs, es una pérdida de su capacidad de crítica, por las condicionalidades que supone el financiamiento. No nos engañemos, las condicionalidades existen siempre, en este caso es el Estado, en otros casos, la cooperación internacional. Pero es más o menos claro que esto de alguna manera interpela, plantea interrogantes a lo que fue el rol y de alguna manera lo que las ONG dimos en llamar la misión que nos asignamos en la década del ochenta y en la primera mitad de la década del noventa.

Transmitidas estas dudas, estas perplejidades y de alguna manera estas angustias; y reconociendo, digamos que por lo menos hasta hoy día yo, en términos personales, rabiosamente prefiero ubicarme del lado de la sociedad civil antes que del lado del Estado; y sin embargo, entendiendo y reconociendo, es más, reivindicando el rol que tiene que cumplir el Estado en la región, entiendo que el tema es de la mayor importancia en una sociedad como la uruguaya, donde la posibilidad de que el Frente Amplio resulte siendo gobierno. En ese escenario creo que discutir el tema es indispensable. Y discutir el tema, y con esto concluyo —porque tanto Silvio Caccia Bava como Luis Magallón vienen de sociedades que tienen experiencias concretas de esto que de alguna manera entiendo que es descrito como gobierno progresista— entiendo que desde el mundo de las ONGs que es en el cual me ubico, el desafío sustantivo es volvernos a preguntar ¿qué significa nuestro rol de mediación en este tipo de escenarios?, y ¿cómo ese rol de mediación puede mantenerse de forma efectiva y puede interlocutar con el Estado?, puede incluso contratar con el Estado sin sacrificar la posición en la sociedad civil, y sin sacrificar esta voluntad no siempre explícita y no siempre felizmente llevada a la práctica de politizar permanentemente la sociedad civil en tanto partes de ella y la relación entre sociedad civil y Estado.