Me voy a referir a los cuatro países del Cono Sur con gobiernos calificados como progresistas: Argentina, Chile, Brasil y me voy a referir a Uruguay como si el Encuentro Progresista (EP) ganara las elecciones, lo cual aún no es así pero voy a hacer una especie de ejercicio de simulación. No es así todavía, estamos recién iniciando la campaña, pero para poder colocarlo a Uruguay en pie de igualdad con los otros me voy a referir a Uruguay como si el EP estuviera ya encaramado al sillón presidencial (pero para los compañeros que no son uruguayos existe una probabilidad de que el EP pierda las elecciones; claro, es baja pero existe, y la campaña recién empezó).

La palabra progresismo es una palabra maldita, que yo no sé quien la eligió, pero es una palabra complicada. Entonces me voy a referir básicamente a gobiernos de centroizquierda por gobiernos progresistas que es algo más comprensible y más claro en la literatura. Porque hay otra manera de entender el progresismo que es el eje conservadores-progresistas. Por ejemplo, en ese eje, los progresistas tendrían que haber votado todos a favor del aborto en el Parlamento y ya se sabe que alguno de los que pertenecen a la izquierda, por ejemplo, no se colocaron enteramente del lado progresista en una discusión como el aborto1 (Nota: Se refiere a la Ley de Seguridad Reproductiva rechazada por la Cámara de Senadores de Uruguay en mayo de 2004.). Entonces, a este eje progresista–conservador que hace a otro tipo de agenda, a la agenda liberal del otro liberalismo, vamos a dejarlo por el momento de lado porque las relaciones son a menudo complicadas entre izquierda y este otro progresismo. Entonces me voy a referir a gobiernos de centroizquierda.

Y acá la pregunta es si hay gobiernos progresistas en el Cono Sur. Yo diferenciaría a Uruguay y Brasil de un lado, y Argentina y Chile del otro. Uruguay y Brasil por qué: si en Uruguay ganara el EP tendríamos un gobierno en manos de un partido claramente de izquierda como es el PT o el EP. No es el caso de Argentina porque el Peronismo tiene sus alas. Y tiene unas alas izquierda y derecha bastante diferenciadas y por ahora más o menos van todos juntos en el Congreso, pero el Peronismo tiene que ir hacia adentro si lo que quiere es ser un partido progresista, como muchos peronistas lo desean y transformarse en algo así como el Laborismo argentino. Va a tener que depurar su ala, su legado derechista —Menem es aparato y es historia, y es historia trágica además—.

Argentina es un caso diferente porque el gobierno argentino no está en manos de un partido que pueda ser calificado como de centroizquierda sino que ha triunfado un ala de centroizquierda dentro de un partido que es un partido catch-all —agarra todo, en el sentido de nuestros viejos partidos tradicionales— y en el caso de Chile lo que ha triunfado es una coalición donde el lado más izquierdo es el Partido Socialista, pero hay otro partido más a la izquierda que es el Partido Comunista, que por la legislación chilena —una legislación que viene heredada en buena medida de la dictadura— no tiene representación en el Congreso, aunque ha llegado a tener ocho por ciento de los votos, cinco en la última, pero no tiene representación parlamentaria, no está dentro de ninguna coalición. Chile funciona efectivamente como un sistema bipolar con una coalición de centroizquierda y una coalición de centroderecha —Alianza por Chile y la Concertación por la Democracia— pero en todo caso la Concertación por la Democracia tiene en su lado izquierdo al PS (que es el partido del presidente Lagos) y al PPD que son ideológicamente muy similares, pero tiene a la Democracia Cristiana que es el centro del espectro político.

Esto me permitiría entonces diferenciar los países donde un partido claramente de izquierda estaría en el gobierno como el caso uruguayo y brasileño y los países donde existe una coalición como el caso chileno. Una coalición que va desde el centro hasta la izquierda, o donde el partido que gobierna es de hecho una coalición de fracciones de muy distinto signo ideológico como el Peronismo en la Argentina.

La segunda pregunta es la pregunta básica de la política, y es quién gobierna efectivamente. ¿Quién gobierna? Hay por lo menos tres dimensiones para entender quién gobierna en un país y no siempre mirar a la figura presidencial es lo que más luz nos va a arrojar sobre cómo se reparte el poder en un país. La primera cuestión es quién constituye las mayorías parlamentarias. La coalición en el caso brasileño debe ser la coalición más amplia de todos los casos –de los cuatro casos que estoy considerando– porque es una coalición que va de la derecha a la izquierda. De hecho el Partido Liberal, que es el partido del vicepresidente, José Alencar, es un partido considerado de derecha, el PTB es un partido de derecha. Quiere decir que en esa coalición hay de todo. Pero claro, es una tremenda coalición, tienen como el setenta por ciento del Congreso. Esa sería la coalición más extendida: la coalición brasileña. ¿Eso qué significa?: que las reformas que necesitan ser aprobadas por el Parlamento hay que negociarlas en una coalición donde hay de todo. Cuando uno empieza a negociar un programa en una coalición donde hay de todo, el nivel programático y la coherencia de ese programa se ven reducidas como fue el caso de la discusión de la reforma tributaria en Brasil. Entonces, es muy bueno tener una coalición grande, si yo fuera gobierno querría una coalición que tuviera el setenta por ciento del Congreso, pero esto tiene costos para el progresismo muy altos también.

Lo mismo sucede en Chile, donde el gobierno de la Concertación es la coalición mejor armada de los cuatro países, pero donde el Partido Socialista tiene que negociar con la Democracia Cristiana, con el PPD y con el Partido Radical; son varios partidos y eso también implica un proceso de negociaciones complejo.

En el caso de Argentina el Peronismo tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, porque además los peronistas tienen la mayoría de los gobiernos provinciales, pero hay que negociar dentro del Peronismo. Tampoco es sencillo y de nuevo hasta ahora el juego Duhalde-Kirchner ha sido un juego de apoyos recíprocos, pero habrá que ver en el futuro cómo el «kirchnerismo» –creo que es una exageración hablar de un «kirchnerismo»–, cómo esa ala progresista que parece estar dominando la escena política en Argentina, negocia con la otra, con la otra donde está Menem, donde está Duhalde, en fin: figuras a las cuales adjudicarle el término progresista es un poco exagerado (no con Menem pero con el menemismo que es el aparato clientelar más duro del Peronismo). Y sigue existiendo y negociarán.

Y en Uruguay, los encuentristas uruguayos están muy preocupados por ganar en la primera vuelta para poder asegurar una mayoría parlamentaria de un partido sólo, que es la frutilla de la torta: «tenemos mayoría parlamentaria en un solo partido, como mucho tendremos algún problema con el ala radical, con los radicales libres, o con el ala moderada, pero el problema lo tenemos adentro». A lo peronista, pero con un partido mucho más cohesionado como es el EP. Habrá que ver, porque no necesariamente ganar en la primera vuelta significa que uno tenga una mayoría parlamentaria holgada. Quizás tiene una mayoría parlamentaria de esas que tiene que disciplinar a todos sus diputados y todos sus senadores porque sino no logra sacar ninguna votación.

Así que el hecho de ganar en primera vuelta y consolidar una mayoría parlamentaria es una falacia del pensamiento de izquierda en Uruguay. Para consolidar una mayoría parlamentaria en Uruguay, salvo que el EP saque sesenta por ciento, va a tener que negociar con fracciones de los otros partidos. Y como los uruguayos saben, las fracciones más cercanas ideológicamente al EP son sus enemigos políticos, paradójicamente, porque es mucho más cerca al EP la posición de Larrañaga dentro del Partido Nacional que la posición de Lacalle, pero Larrañaga va a ser el enemigo político de la izquierda probablemente. Y por ahí va la política uruguaya.

Entonces, desde el punto de vista de las mayorías parlamentarias no parece claro que en ninguno de los cuatro países haya una mayoría parlamentaria progresista en el sentido estricto del término. Creo que esto es bueno también para rebajar el nivel de expectativas que tenemos con respecto al gobierno y colocar las cosas en sus términos. ¿Quién está gobernando? Desde el punto de vista de la arena parlamentaria, no están dominando las fuerzas progresistas en este momento sino una coalición donde hay de todo, en los países donde hay gobiernos progresistas, es decir, en Chile, Argentina y Brasil.

La tercera pregunta es quién ocupa el Ejecutivo, porque una cosa son las mayorías en el Parlamento y otra cosa es ocupar el Ejecutivo. Ahí sí Brasil lleva las de ganar porque por más que haya repartido algunos ministerios, al PMDB por ejemplo, realmente el PT está, y el PT es el partido probablemente mejor organizado de Brasil, no porque no haya partidos bien organizados en Brasil sino porque el PT además tiene ideología, lo que es un plus —no solamente tiene capacidad de organización, cuadros, sino que además tiene ideología— y eso le permitió «ocupar el Estado». Entonces quiere decir que los cuadros del PT son los que están, con algunos ministerios que tuvo que repartir, son los que están sentados ahí, en el Estado brasileño. Y tratando de entender cómo funciona, porque además los partidos de izquierda en el estreno lo primero que tienen que saber es cómo funciona el Estado, cosa que los otros partidos no tienen ese problema. Así que también hay que bajar el nivel de expectativas de qué es lo que puede hacer un partido de estreno con una coalición que va de la derecha hasta la izquierda en el primer año y medio de gobierno.

En el caso de que el EP ganara en Uruguay posiblemente acontezca lo mismo que en Brasil, es decir, el EP se apoderaría de los tan codiciados cargos del Estado que durante un siglo han estado en manos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Porque en Uruguay el poder no se reparte: lo tenemos nosotros o lo tienen ustedes. Pero en fin, no ha habido ningún ensayo, de esos ensayos que en Uruguay fueron buenos, sobre todo durante la primera mitad del siglo, de gobernar entre todos, porque en este país los blancos y los colorados bajo el esquema bipartidista, más o menos se las ingeniaban: armaban el colegiado, el gobierno de dos cabezas, la administración. Esa cultura política maravillosa Uruguay la perdió. Así que: o lo tenemos nosotros o lo tienen ustedes, y se ha instalado esa dinámica bipolar en la cual cuando la izquierda llegue efectivamente, va a estar de absoluto estreno porque yo tengo dudas hasta que sepa cómo están los números de Uruguay hoy en día.

En el caso de Argentina, efectivamente, el Peronismo, con todo lo que eso significa, domina el aparato del Estado, y en el caso chileno lo domina una coalición. Entonces esa sería la segunda dimensión.

Y la otra dimensión es –nosotros los uruguayos la olvidamos frecuentemente, porque tenemos una tradición unitaria, pero para entender el progresismo en el Cono Sur es importante tomarla en cuenta– son los gobiernos estaduales, provinciales o municipales, que para las relaciones entre gobierno y sociedad civil es una dimensión de la política fundamental. Porque de qué sirve tener, que es lo que le pasa a Brasil, un excelente plan de combate al hambre, en el papel, o aun tener excelentes instrumentadores del plan de combate al hambre, si después ese plan lo va a tener que implementar un municipio. Y ese municipio lo va a implementar como puede, como quiera y de acuerdo a su voluntad política, sus recursos y sus relaciones con el gobierno federal. Entonces, para países que tienen una estructura federativa como Argentina o como Brasil la capacidad de llevar adelante las políticas sociales y hacerlas efectivas en el plano municipal va a depender de las buenas relaciones del gobierno federal con esos otros gobiernos.

Muy lamentablemente las izquierdas –los partidos de izquierda en el Cono Sur– tienen una gran capacidad de penetración en el electorado urbano de las grandes áreas metropolitanas y una baja capacidad de penetración en los distritos de menor población. En Brasil, el PT, en este momento, tiene trece gobernaciones y de poca dimensión, porque además perdió Rio Grande do Sul. En Uruguay por el tema de la macrocefalia capitalina que tiene Montevideo, y si gana el EP, deberá tener Canelones, y queda muy en duda cómo va a penetrar en el resto del interior del país. Este es un desafío para todos los gobiernos progresistas en la medida que la izquierda crezca de la manera que crece, es decir, concentrándose en las grandes áreas metropolitanas y con enormes dificultades para proyectarse hacia los distritos de menor población donde lo que triunfa es la política clientelar más básica y menos ideológica. Entonces, también desde el punto de vista de esa dimensión municipal, estadual, provincial, el panorama para los gobiernos progresistas no es muy bueno.

Ahora vamos a ver lo que caracteriza a un gobierno progresista, a un gobierno de izquierda. Luis Magallón preguntaba qué significa ser de izquierda hoy en día. Vamos a recurrir a las dimensiones más clásicas. Clásicamente, se decía que ser de izquierda era una definición que se podía mapear en tres dimensiones: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión política.

Ser de izquierda en la dimensión económica, una política de izquierda en la dimensión económica, significaba un claro privilegio de un rol intervencionista del Estado y cuanto más a la derecha nos corríamos nos orientamos ideológicamente hacia un rol más protagónico del mercado en la asignación y distribución de bienes o de recursos. O sea, la dicotomía Estado-mercado caracterizó a la diferencia entre izquierdas y derechas durante mucho tiempo. Incluso hoy en Uruguay esa dicotomía Estado-mercado sigue siendo muy importante. Tal vez muchísimo más importante que en Chile, sin duda, y más importante que en Brasil y también más importante que en Argentina en buena medida, porque los uruguayos siguen siendo en términos relativos en la región los más estatistas de todos. Es decir, los uruguayos son aquellos ilusos que siguen pensando que el Estado va a resolver sus problemas y entonces votan en contra de la Ley de ANCAP, ya conocen la cultura política uruguaya. Pero en todo caso la dimensión Estado-mercado es una dimensión que divide a izquierdas y derechas. En ese sentido, ser de izquierda tiene un significado científico para nosotros, para organizar el mundo. Además la gente entiende qué es ser de izquierda, de derecha y se ubica perfectamente. Para la gente también tiene sentido la diferencia izquierda-derecha.

La segunda manera de entender y ubicar las izquierdas y las derechas es lo que llamamos la dimensión social. Los izquierdistas son aquellos más fuertemente orientados a la igualdad. Esto lo dijo un liberal, como Bobbio, así que esta definición no es para nada sospechosa. La causa de las izquierdas es la igualdad y efectivamente en todas las encuestas de cultura política, la izquierda se define por su vocación igualitaria y por eso le gusta aquello de que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. Esa es la dimensión igualitarista y la vocación redistributiva de las izquierdas.

En el plano político se complicó un poco más. Se supone que la vocación de las izquierdas era la democracia y la participación ampliada en la política, pero las experiencias de los países del Este y la experiencia de la Unión Soviética le dieron un duro golpe a la vocación democrática de las izquierdas. Quiere decir que desde el punto de vista político se nos complicó porque hay autoritarios de izquierda y de derecha. Pero en todo caso, para nuestra cultura política de ahora y dado que las izquierdas en América Latina no han tenido la oportunidad de transformarse en un bloque sino que a lo más han estado corridas por cuanta dictadura ha pasado, las izquierdas en América Latina siguen teniendo cierta vocación democrática, que desde el punto de vista político se expresa en lo que yo llamaría la intención participacionista de la izquierda. Todo lo que es el ornamento participativo, la versión de izquierda de la descentralización, todo eso también es patrimonio cultural de las izquierdas.

Entonces, ¿tiene sentido hablar de izquierda y derecha? Claro que tiene sentido, sigue teniendo sentido. Esas son las dimensiones clásicas de la diferencia entre izquierda y derecha, y nuestras izquierdas y derechas pueden ser comprendidas en ese marco.

Ahora vamos a la política real. Qué es lo que está diferenciando los gobiernos de izquierda y de derecha en el Cono Sur. Yo diría que hay cuatro dimensiones relevantes de las diferencias entre los gobiernos: gobiernos de izquierda, de derecha, de centroizquierda y de centroderecha, con todas las salvedades. La económica –que paradójicamente se ha transformado en la menos relevante de las diferencias y de la que más esperábamos–; la agenda social; la política externa y la relación con los actores sociales. Creo que hay diferencias en la actitud de un gobierno y en el posicionamiento de un gobierno en relación a estas cuatro dimensiones, según el signo económico del gobierno. Como la dimensión «política externa» tiene poco que ver con la relación del gobierno con la sociedad civil, la voy a pasar un poco por encima, pero me gustaría decir algunas cosas. Por lo menos es muy claro en la actitud del gobierno de Lula, del gobierno de Kirchner y las posiciones del EP en Uruguay que hay algunos ejes claves en materia de política externa que van a empezar a caracterizar a los gobiernos progresistas de la región.

Primero, es la posición con respecto al Fondo Monetario Internacional. Por un problema de sobrevivencia nacional y las posiciones en relación a la deuda externa. Claro, ya no estamos en aquello del «no pago» a la deuda externa sino en acuerdos como el de Copacabana, de sacar el presupuesto de inversiones para calcular el superávit primario. Pero en fin, con relación al legado histórico, parecería que estas actuales negociaciones con el Fondo son muy menores, pero se están transformando en la marca de los gobiernos progresistas. Una distinta posición en la relación con el Fondo.

Segundo, una reafirmación de la política regional. Eso también me parece que se está transformando en una cara de los gobiernos progresistas. Con relación al Mercosur lo que decía Lula era bastante más importante de lo que decía Serra, y ni que hablar de Menem versus Kirchner en relación al Mercosur. Ahí hay una diferencia muy importante en el posicionamiento sobre el Mercosur de los gobiernos progresistas o no de la región.

Y el último tema, que me parece que va a dar que hablar también en los próximos años, es el sentimiento antiamericano que se está apropiando de los latinoamericanos, que ya lo tenían, pero en fin, parece estar avanzando entre nosotros el antiamericanismo, hay una cierta reivindicación de la vocación latinoamericana de nuestros países. En tal sentido, háblenle a cualquier uruguayo de izquierda sobre Cuba y se va a encontrar una posición complicada: lo primero que dijo Tabaré Vázquez es «reanudaremos nuestras relaciones con Cuba» y hay que ver lo que han sido las posiciones de Lula en relación a Chávez, muchas veces bastante más comprometidas de lo que algunos de su propio partido le aconsejaban. Entonces ese latinoamericanismo me parece que va a ser una marca de los gobiernos progresistas de la región.

En cuanto a la dimensión que para nosotros era la más importante, la más básica, la dimensión Estado-mercado, esa dimensión parecería estar siendo bastante menos relevante que las otras. El Estado perdió capacidad reguladora y eso no se recupera ni en dos años ni en diez. Quizá no se recupere nunca o quizá nunca más volvamos a tener un Estado que por ejemplo controle precios. Esto no era absurdo hasta hace pocos años, simplemente esa capacidad, esas capacidades del Estado parecen estar en retroceso y que no sé si no es para siempre. Ahí tenemos una realidad que ha limitado enormemente el poder de maniobra del Estado. La otra realidad que se impone es que en Brasil y Argentina se ha privatizado la mayor parte del patrimonio público y el Estado está acorralado, teniendo que negociar tarifas públicas con cada unas de las empresas privatizadas; en Uruguay se ha hecho en menor medida, pero eso coloca al Estado unas enormes limitaciones desde el punto de vista de su capacidad de intervención en el mercado.

Por otro lado, el tema de la deuda. Si ustedes piensan lo que significa para Brasil la meta del 4,25 del producto para pagar el superávit primario, significa un estrangulamiento presupuestal terrible. Cuidado, nosotros estamos pagando ahora casi un dieciocho por ciento del presupuesto por concepto de intereses de deuda. Entonces, estos Estados con una negociación más acá más allá con el Fondo van a tener que enfrentar eso y buena parte del presupuesto se va a ir para contraer los compromisos internacionales, y por supuesto que por el momento está fuera de duda que los compromisos internacionales dejen de cumplirse para cualquier gobierno progresista. Ahora, siempre hay sorpresas. Argentina, con sus marchas y contramarchas, ha refijado su meta de superávit primario y ha renegociado con el Fondo, y no por progresista sino por desesperada. Es la que más cosas distintas podría haber hecho. Imagínense, los uruguayos, que somos unos buenos pagadores, no teniendo un margen de maniobra muy grande en la negociación de nuestra deuda, los márgenes y los límites que va a tener cualquier gobierno progresista para tener un Estado más interventor o con más capacidad de decisión van a ser estrechos.

Sin embargo, buenas noticias: hay cosas que sí un gobierno progresista puede hacer y que podrían hacer su marca respecto a un gobierno no progresista. Y una es la capacidad del rol regulador del Estado, porque una cosa no es prestar más servicios directamente, pero todavía quedaba aquello de la capacidad reguladora del Estado que se transformó casi en una cuestión de papel: las agencias reguladoras. Nosotros no estamos tan acostumbrados a esa discusión sobre las agencias reguladoras, pero en Argentina y en Brasil son discusiones cruciales.

Entonces, la recuperación de la capacidad reguladora del Estado es un deber para los gobiernos progresistas. En Brasil se empezó a producir algo y es una especie de empuje destercerizador del Estado, o por lo menos hubo un discurso en ese sentido, sobre la destercerización: volver a incorporar dentro del Estado servicios que antes estaban tercerizados.

Vamos directo a nuestro tema, la recuperación del rol asistencial del Estado. Le voy a llamar asistencial y no de bienestar, porque justamente creo que un Estado progresista va a tener más capacidad de asistencia que implementar políticas redistributivas en sentido estricto. A qué le llamo el rol asistencial del Estado: a la marca con la que Lula anunció la llegada de un gobierno progresista en Brasil. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se supo el resultado, la TV GLOBO entrevistó a Lula y le dijo: «¿cómo piensa usted que los mercados van a reaccionar?». Los mercados estaban muy nerviosos durante la campaña electoral y habían provocado algunas declaraciones destempladas de George Soros. Se había incluso creado el «lulometro», que medía la evolución del dólar a medida que se sabían las preferencias electorales en Brasil. Lula dijo una frase que para mí quedo como la marca del gobierno progresista: «los mercados tienen que entender que una persona tiene que comer tres veces por día» y anunció el lanzamiento del programa de combate al hambre. El programa de combate al hambre es un programa asistencialista en el sentido estricto, pero es la marca de un gobierno de izquierda decir que los mercados necesitan entender que una persona necesita comer tres veces por día. Creo que ese es el signo de los tiempos y que ahí nos tenemos que situar. Un gobierno no progresista no hubiera hecho eso.

Entonces, ¿a qué le llamo la recuperación del rol asistencial del Estado? A algo que sí me parece esperar de un gobierno de izquierda o centroizquierda, más allá de los límites económicos que le vienen impuestos, y es una mayor sensibilidad a los temas sociales, una agenda social un poco más robusta y una recuperación del rol no redistributivo pero sí distributivo del Estado. Quizá para un país como Uruguay no parezca tan importante, pero en Brasil la energía eléctrica no llega a todo el mundo, falta gente por alfabetizar, hay mucha población sin saneamiento. El Estado tiene que tener capacidad para terminar de hacer aquello que era el legado de la modernización, que era darle saneamiento, energía eléctrica y educación básica a todo el mundo. América Latina llegó al siglo XXI sin haber cumplido el piso que se suponía era el legado de la modernización. En eso un gobierno progresista debe tener más chances de hacerlo bien que un gobierno que no lo es, porque forma parte de su agenda de principios, forma parte de su agenda ideológica.

Pero para hacer un rol asistencial se necesita plata, no necesita meterse en bailes tan complicados como los que implican políticas redistributivas más fuertes. Pero para obtener esa plata precisa hacer algunas modificaciones en la política tributaria, Lula lo intentó implementar mediante el impuesto a la renta. Yo tengo mis dudas con respecto a cuánto mejor vamos a estar con el impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir toda esta discusión del impuesto a la renta –la reforma tributaria–?: que para implementar las políticas distributivas de universalización de acceso a los bienes sociales que un gobierno de izquierda tiene que hacer puede no sacarle a los ricos para darle a los pobres, pero debe universalizar el acceso a los servicios básicos. Porque ahí sí nos caemos del mapa. Para hacer eso entonces, impuesto a la renta, la reforma tributaria, necesita modificar su política.

Esta sería la primera clave de las relaciones del gobierno con la sociedad civil en lo que tiene que ver con el manejo del Estado. La segunda clave es la clave propiamente política. Yo creo que los gobiernos de izquierda o centroizquierda son muy distintos a los gobiernos de derecha y centroderecha en su manejo político de las relaciones con la sociedad civil. Y acá voy a discrepar con los compañeros que me precedieron.

En primer lugar, hay cosas que se pueden hacer a nivel macro y a nivel micro. Cuando Lula llegó al gobierno reeditó algo que estuvo de moda cuando las transiciones hacia la democracia: los pactos de concertación. Y Lula reeditó el consejo de desarrollo económico-social. Existe también esa figura en nuestra constitución y quizá si sube un gobierno del EP también reedite un consejo de desarrollo económico-social. Estos consejos en general tienen un rol consultivo. Como no hay un diseño institucional fuerte, muchas veces no sirven para mucho pero sí sirven para algo: para ampliar la arena política para que allí se incorporen otros sectores, claramente el capital y el trabajo. No nos olvidemos que Lula llegó pregonando cooperación capital-trabajo, es decir, los empresarios y los sindicatos unidos para hacer a este país crecer. Ese era el lema de Lula, y lo tenían mucho más claro que la izquierda uruguaya.

Entonces, a nivel macro eso es una señal. Yo no sé cuanto sirven, porque ya no me acuerdo cual de los panelistas dijo «no es tan fácil hacer la transición de un modelo neoliberal a un modelo solidario». Y yo me pregunto que si en la transición de la dictadura a la democracia, cuando todo el diseño institucional estaba por rearmarse no se consiguió tener un pacto –ni hablemos de la Moncloa– mucho menos se consiguió tener una concertación con un mínimo de anclaje institucional, menos se podrá hacer ahora. Pero no obstante eso, estas experiencias de los consejos económico-sociales y de sentar a los sectores sociales a conversar con el gobierno ya para Uruguay sería una experiencia inédita.

En segundo lugar analicemos la participación desde el punto de vista del nivel macro: la participación de la sociedad civil en las políticas del Estado. Quizá el ejemplo más importante que tenemos es en Porto Alegre y las propias experiencias de los gobiernos municipales de izquierda, por ejemplo la experiencia de la Intendencia de Montevideo. Yo sé que para la gente que trabaja en esto, en la Intendencia de Montevideo, me van a mirar con unas caras deprimidas o deprimentes. En todo caso siempre hay que tener una perspectiva histórica. Comparado con lo que había, la experiencia de la descentralización de Montevideo significó un avance sustantivo en el terreno de la incorporación de la gente al proceso de toma de decisiones, en términos históricos. Y para eso es necesario buscar formatos institucionales. El gobierno de la izquierda montevideana inventó cosas: los consejos vecinales, los consejos locales; los Centros Comunales primero y después los Consejos. O sea, hubo diseño institucional. Hay que hacer diseño institucional porque también como alguien dijo: «el Estado es una institución antipática a la participación ciudadana». Sí lo es, pero no porque es clientelista. Quizá en Brasil además se le sume el clientelismo, pero la estructura del Estado es antipática a la participación ampliada. No está diseñado para eso, el Estado está más diseñado para sus planes quinquenales y para ser un aparato burocrático y, en el mejor de los casos, eficiente. No esta diseñado que para que todo el mundo entre a discutir y generar un asambleismo permanente como el del presupuesto participativo. Estoy ironizando pero efectivamente el Estado no está armado para eso y quien lo dijo tiene razón. Y no es culpa del clientelismo. El Estado no está armado para que la gente participe. Para eso hay que cambiarlo, hay que generar diseño y aun así no hay que esperar demasiado, aun así no hay que esperar grandes cosas, pero la izquierda lo ha hecho. Hay experiencias de que lo ha hecho.

Y después, desde el punto de vista micro, también creo que por lo menos en la Intendencia Municipal de Montevideo y los convenios con las ONG para la implementación de políticas sociales han sido bastante más abundantes que con las intendencias anteriores. Siempre las ONGs se van a quejar de una cosa: de que son la mano de obra barata que implementa las políticas, es decir, una especie de empresa tercerizada y no participan en el diseño de las políticas. Quizá el Estado sea una cosa muy grande y en algunos lados eso sea más así y en otros lados haya más participación; en todo caso estas políticas de descentralización e incorporación de las ONGs como prestadoras de servicios no tienen ideología porque todos sabemos que el Banco Mundial ha obligado a los gobiernos a generar contratos de ese tipo, es decir, han estado en la letra y en el espíritu de los organismos multilaterales antes que en el de la izquierda, o han funcionado porque han estado ahí. Pero en todo caso yo creo que la experiencia de la Intendencia muestra (hay libros sobre eso, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero hay mucha experiencia acumulada) sobre las dificultades para una buena relación entre organizaciones de la sociedad civil y Estado. Pero hay experiencia acumulada que indica que se intentó y se seguirá intentando.

Y por último, hay una diferencia sutil, entre un gobierno de izquierda, yo lo he visto con Lula y también lo he visto con el gobierno de la izquierda en Montevideo. Pero lo he visto con Lula y eso que a Lula no le precedió el derechismo rampante sino que estaba Fernando Henrique Cardoso, que pertenecía a un partido de centroizquierda. Tampoco es que tuvimos una transición de Sanguinetti a Tabaré Vázquez, la transición brasileña fue un poquito más suave que lo que será la transición en este país. Yo creo que esta diferencia sutil tiene que ver con el tratamiento de los conflictos sociales. Sanguinetti una vez dijo una frase que para mí representa la quintaesencia del pensamiento de la derecha sobre los conflictos sociales y es: «yo nunca perdí una huelga». Como si eso fuera un valor impresionante. Es la mano dura, «yo nunca perdí una huelga», fue su primera administración. No había perdido una huelga. Ese me parece que representa el pensamiento de la derecha en relación a los conflictos sociales. Qué hace la derecha con los conflictos sociales, los desmoviliza, forma parte de su ideología.

Por eso, buena parte del repertorio de derecha sobre las reformas económicas en nuestros países implicaban una especie de procedimiento de shock; reformas a través de procedimientos parlamentarios poco aconsejables, tales como leyes de urgencia. Una actitud de prepotencia hacia el parlamento, fue de lo más común en América Latina para implementar reformas y por supuesto desmovilizar a los sectores afectados. Eso además estaba en la letra con la cual se generó la ideología reformista de las últimas décadas. Pero esta ideología está cambiando.

¿Qué he visto yo del gobierno Lula, en este año y medio en Brasil? He visto una actitud bastante más tolerante. Ustedes me dirán: «es una diferencia sutil»; yo creo que es una diferencia fundamental. Y creo que acá hay una gama que va desde la tolerancia hasta reinstalar los Consejos de Salarios en el Uruguay. Es decir, el Uruguay tuvo sistemas de negociación colectiva y el sindicalismo uruguayo habilitaba a que ello pudiera funcionar, porque no es fácil tener una sociedad civil organizada, eso lleva mucho tiempo. Y esos Consejos de Salarios fueron desmantelados y prácticamente las últimas administraciones no han tenido ni siquiera una actitud de escucha en relación al movimiento sindical. Ya para empezar, una cierta tolerancia con respecto a los conflictos, y el gobierno Lula demostró, sobre todo, con el Movimiento sin Tierra, que eso el Uruguay no lo conoce. El Movimiento sin Tierra siempre se mueve en el límite de la ilegalidad como dice: la última lucha armada es la del Movimiento sin Tierra; invaden tierras. Y creo que la actitud del gobierno Lula en relación al Movimiento sin Tierra es bastante diferente a la que actitud de Fernando Henrique Cardoso que ya había comenzado los asentamientos, ya había comenzado la reforma agraria.

Entonces, para empezar, una actitud de tolerancia con respecto a la sociedad civil organizada, creo que a América Latina le haría un bien bárbaro para empezar, porque en realidad el legado post dictadura es el legado de «no conversamos con nadie», «no perdemos ninguna huelga». Cuanto más desmovilizados mejor. En una versión absolutamente caricaturesca de la democracia porque todo el mundo sabe que una democracia funciona mejor con una sociedad civil organizada. Y que si tenemos un buen movimiento sindical, ideologizado y político, gracias a Dios.

Entonces, esa actitud puede ir desde la tolerancia hasta incorporarlos definitivamente en la agenda de decisiones. El gobierno Lula es un claro ejemplo de un gobierno que está, que se mantiene en el medio. Pero yo es la primera vez que siento en Brasil que el Movimiento sin Tierra se sitúa en la agenda como un movimiento legítimo. Yo no digo que eso lo haya provocado el gobierno, digo que una actitud de tolerancia, simplemente de tolerancia del gobierno con respecto a los movimientos sociales puede hacerlos recuperar la legitimidad perdida porque no nos llamemos a engaño que el sindicalismo en América Latina está tan en baja como los partidos políticos. Es decir, la legitimidad de la sociedad civil en América Latina, salvo la Iglesia esta en franco descenso, los partidos políticos también, las Fuerzas Armadas no tanto. Eso es para preocuparnos con respecto a los datos de cultura política. Entonces un comportamiento distinto del gobierno con los movimientos sociales puede llevar a rejerarquizarlos y sin duda a revitalizarlos porque la actitud del Estado con respecto a los movimientos sociales es vital para su propia existencia como lo sabemos quienes vivimos en la dictadura.

Entonces, ¿van a ser diferentes los gobiernos?, ¿va a ser diferente la relación entre Estado y sociedad civil con un gobierno progresista? Mi respuesta es sí. En qué, sin duda en el tema del manejo del conflicto político y en el tema de las políticas sociales. Y el cuánto va a depender primero de quien gobierne, de cómo sea la ecuación de gobierno y acá hay que ser un poquito más clemente también con el caso brasilero, hay que pensar que el PT sólo tiene el dieciocho por ciento del Parlamento, entonces no tiene por que llevarse todas las culpas. Un gobierno que como gobierno nace débil porque necesita coaligarse con todo el mundo para poder gobernar. Entonces cuan distinta sea va a depender de la fuerza del gobierno, va a depender de los márgenes de maniobra económico, que yo creo que están absolutamente reducidos y también va a depender de la fuerza de la sociedad civil como colocaron todos los conferencistas que me antecedieron.