En un mundo dónde desde el fin de la Guerra Fría ha proliferado la eclosión de conflictos armados, América Latina y el Caribe aparenta ser una de las regiones más pacíficas y menos proclives a la emergencia de conflictos violentos. Esta percepción ha sido ampliamente recreada por las elites políticas locales, por los observadores externos y por los propios habitantes de la región. Esta imagen se sustenta, evidentemente, en el menor y cada vez más decreciente número de conflictos interestatales presentes en la región. Sin embargo, ignora o soslaya, el contenido potencial y el progresivo desarrollo de crecientes conflictos domésticos y, en el marco de la cada vez mayor porosidad de las fronteras nacionales, de tensiones y conflictos transnacionales vinculados con el tráfico de bienes, de personas, de recursos y, eventualmente, de ideas y actividades políticas ¹.

En un planeta dónde la combinación de diversos procesos de globalización ha contribuido al debilitamiento de los estados nacionales y a un incremento de los flujos transnacionales de diverso orden, la imagen y la convicción de una América Latina y del Caribe aislada de los avatares sangrientos del genocidio y de los conflictos descontrolados parece persistir entre los gobernantes y ante la opinión pública. De hecho, para muchos de los habitantes de la región, afectados por la pobreza extrema, el desempleo y la inseguridad, las prioridades de sus demandas y aspiraciones cotidianas apuntan más a las desigualdades y exclusiones económicas y sociales profundizadas por los programas de ajuste estructural, y, eventualmente, a los problemas de inseguridad doméstica ciudadana, que a la preocupación por el impacto y los costos de un eventual y aparentemente poco probable conflicto armado que haga estragos entre su población.

Sin embargo, situaciones críticas como la de la violencia y el conflicto armado domésticos persistentes en Colombia, la combinación de conflictos sociales y étnicos en Bolivia o la reiteración de la crisis haitiana, parecen indicar que la región no es inmune a la emergencia y desarrollo de conflictos violentos, con altos costos de vidas humanas, así no puedan ser paralelizables con situaciones similares en otras regiones del mundo.

En este contexto, los temas de paz, de prevención de conflictos y de seguridad regional siguen constituyendo problemas alejados de los intereses cotidianos de la mayoría de la población, y siguen reducidos a su manejo por los gobernantes y los organismos regionales, más allá de la creciente preocupación que despierta en amplios sectores de la población el incremento de la criminalidad, la violencia local y la inseguridad ciudadana.

Por otra parte, la complejización y el acelerado cambio de las relaciones internacionales, con el surgimiento de una sociedad civil global que, dentro de su heterogeneidad, impulsa, desde una perspectiva ética, una nueva visión de la agenda internacional centrada en la defensa de bienes públicos comunes como el desarrollo social, la equidad, el medio ambiente, los derechos humanos y la paz, no parece haber impactado a la región y no parece haber lugar a la emergencia de una sociedad civil regional que, a la vez de profundizar y reforzar la consolidación de los sistemas democráticos incremente su capacidad de incidir sobre las agendas y los temas regionales relevantes como la inequidad, la exclusión social y la inseguridad cotidiana, más allá de los logros alcanzados en la lucha por los derechos humanos en décadas precedentes.

En este sentido, la región aparenta estar alejada no sólo de la potencial emergencia de conflictos violentos sino también de un desarrollo y de un desempeño eficaz de las organizaciones que configuran su entramado social y que apunte a promover, defender y a proponer acciones y políticas orientadas a abordar los temas que, a nivel regional, trascienden las fronteras nacionales y pueden, eventualmente, impactar de una forma más dramática la vida cotidiana de su población. Atrás han quedado, en este sentido, las experiencias aprendidas de los conflictos fronterizos de la región latinoamericana en décadas precedentes, de la crisis regional y de los conflictos domésticos con impacto subregional de Centroamérica en la década del ochenta, o de la expansión de redes criminales transnacionales que la región ha experimentado en las tres últimas décadas. Ni siquiera el tema del terrorismo internacional tal como dramáticamente se ha impuesto en la agenda internacional en los últimos años ha dado lugar a una preocupación ciudadana que se exprese en acciones específicas y sostenidas.

Sin embargo, la dilución del capital social en la mayor parte de sus sociedades, la deslegimitación de las elites políticas y de los sistemas democráticos constituidos o reconstituidos desde la década del ochenta, las reiteradas crisis de gobernabilidad, la profundización de la exclusión social y étnica en muchas de las subregiones, bajo el impacto de los procesos de globalización en sus diversas dimensiones, ni aisla ni contribuye a recrear el mito de una región pacífica per se, como tampoco la creencia de que las soluciones estarán, en el marco de estados afectados en sus alcances y en su eficiencia por el impacto de la globalización neoliberal y de los programas de ajuste, exclusivamente en manos de los gobernantes electos.

En este sentido, la misma construcción de ciudadanía que requiere de la consolidación y la profundización de las experiencias democráticas nacionales demanda asimismo de una sociedad civil regional vigorosa que, a través de las acciones coordinadas de redes y organizaciones, desarrolle su capacidad de enfrentar y superar la creciente complejidad de los conflictos domésticos y transnacionales que van madurando en la región y que, eventualmente, pueden eclosionar con altos costos para esa misma ciudadanía.

De allí la importancia crucial de que, junto con el fortalecimiento de una sociedad civil nacional, articulada en torno a intereses específicos y sectoriales muy diversos y en permanente interlocución con gobiernos y actores políticos tradicionales, se desarrolle una sociedad civil regional alerta frente a los problemas que, junto con la globalización, pueda acarrear el potencial surgimiento de conflictos regionales, tanto de focalización local con eventuales impactos regionales como de carácter transnacional e internacional. La regionalización, en este sentido, no es exclusiva de los gobiernos y de los estados, ni se reduce a la discusión y a la firma de acuerdos comerciales que profundicen la integración económica de la región, sino que implica asimismo una comprensión y un compromiso de la ciudadanía por la defensa y promoción de los bienes públicos regionales en un amplio espectro de temas que abarcan desde los derechos humanos y la equidad social a la preservación del medio ambiente, la prevención de conflictos armados y la construcción de la paz.

Ninguno de estos temas es patrimonio exclusivo de los gobernantes y, en todo caso, el contrato social establecido o en proceso de establecerse entre las elites políticas y la ciudadanía implica, en la actualidad, un mayor compromiso y una acción más efectiva de los ciudadanos tanto para prevenir y anticipar los conflictos y catástrofes que puedan emerger, como para impulsar, formular y monitorear las políticas públicas adecuadas para lidiar con ellas.

En este marco, el desarrollo de una diplomacia ciudadana que acompañe, monitoree, fiscalice y, eventualmente, supervise la diplomacia de gobiernos y organismos internacionales para impulsar políticas que aborden estos problemas, es fundamental si se quiere evitar la profundización de los déficit democráticos ya existentes o el incremento del abismo y la polarización social y étnica que puedan nutrir y profundizar estos problemas. En particular, en cuanto a la emergencia de conflictos armados se refiere, la diplomacia ciudadana, ejercida por las redes y organizaciones regionales que, desde una perspectiva ética, abogan por la construcción y consolidación de una región pacífica, tiene un rol fundamental, en tanto no bastan la declaraciones de zonas de paz, ni las medidas coyunturales para prevenir estos conflictos sino que se hacen necesarias políticas consistentes y sostenidas con una amplia participación de la ciudadanía que, promuevan, en el amplio espectro regional, una prevención efectiva de los conflictos violentos que las profundas brechas sociales y étnicas de América Latina y el Caribe pueden augurar en los próximos años.

En esta perspectiva, la región y sus ciudadanos, más allá del consuelo fácil de ser una de las más pacíficas del mundo, no es necesariamente inmune al surgimiento potencial de conflictos violentos, razón demás para que las organizaciones y redes ciudadanas no ignoren la necesidad de desarrollar estrategias preventivas dónde puedan asumir un rol crucial ni soslayen la prevención de conflictos y la construcción de la paz como uno de los temas relevantes en la próxima Cumbre de las Américas.

En este marco, el presente artículo recoge y analiza los avances más recientes, tanto en el plano conceptual como empírico, de la emergente diplomacia ciudadana en América Latina y el Caribe en la prevención de conflictos armados, teniendo en cuenta que la construcción de la paz mundial pasa por la construcción y consolidación de la paz regional y que la sociedad civil regional, crecientemente, desempeña un papel crucial en este proceso, como lo ha hecho en otros ámbitos, para lo cual basta mencionar los derechos humanos.

Notas