El concepto de diplomacia ciudadana alude al derecho y a la capacidad que requieren materializar y desarrollar las organizaciones ciudadanas, para penetrar en espacios que tradicionalmente han sido privativos de organismos internacionales, gubernamentales y de la cooperación externa, para pasar a formar parte del quehacer de las distintas expresiones organizativas que integran la sociedad civil, misma que es heterogénea y diversa, lo que complejiza su definición y papel.

El objetivo de una sociedad civil más y mejor organizada, no es reemplazar los sistemas políticos formales de gobierno, ni es su función competir con los roles importantes y necesarios del Estado. Es debatir, formar opinión, presentar y consensuar propuestas, efectuar acciones de monitoreo y control ciudadano de manera sistemática, es abrir puentes entre los grupos y sectores menos favorecidos y quienes deciden, entre otros aspectos.

Por ello, en la actualidad las estrategias que se encuentran en debate y crecimiento son las del cabildeo e incidencia, tendientes a la creación y/o puesta en vigencia de mecanismos legales hacia la exigibilidad de los derechos humanos y la equidad de género, situación que pasa por el reconocimiento de las desigualdades en cuanto al acceso y a las relaciones de poder existentes tanto entre hombres y mujeres, como entre países ricos y empobrecidos.

El debate actual respecto a la práctica y el consiguiente desarrollo de estrategias y acciones definidas en el marco de la diplomacia ciudadana, apuntan a dos interrogantes fundamentales: 1)¿Las distintas organizaciones ciudadanas se transforman en meras operadoras de las políticas, programas y agendas gubernamentales y 2) constituyen mecanismos de contención de las presiones y posibles explosiones sociales ocasionadas por el acumulado y creciente déficit social que se traduce en mayor pobreza y exclusión de grandes sectores poblacionales?.

Al respecto, las instancias organizativas más proclives al diálogo, concertación e incidencia política, estiman que en el actual contexto internacional globalizado, es necesario potenciar la capacidad de negociación y la búsqueda de influencia, ya sea en los aspectos estratégicos como en los coyunturales según sea el caso; en tanto, otros sectores desconfían de las supuestas bondades de la incidencia y propugnan por soluciones a través de la fuerza y hasta militares; lo que es claro, es que las acciones de incidencia generalmente requieren ir acompañadas de propuestas, legitimidad y poder de convocatoria por parte de las organizaciones o instancias solicitantes, de tal forma que la mesa de diálogo este acompañada por la presencia organizada y vigilante de los sectores demandantes.

Al parecer, en el modelo económico- social imperante, es permisible cierto grado de participación e incidencia ciudadana, siempre que las reglas de la subordinación económica, política y de género permanezcan vigentes, es decir, que esta participación sea funcional al sistema, sin transgredir los esquemas concentradores, verticales y patriarcales predominantes. ¿Significa entonces, que existen ciertos márgenes de actuación que pueden contribuir a controvertir tendencias en los escenarios globales, regionales y nacionales, que propicien la construcción de relaciones inclusivas en países dependientes y con bajos niveles de desarrollo?

Todo indica que aunque el camino es largo y complejo, se precisa de actitudes y acciones pro activas por parte de toda la ciudadanía para revertir una de las tendencias más visibles en la mayoría de los países que conforman la región latinoamericana, tal es la preeminencia de las agendas electorales y la presión de segmentos mediáticos, especialmente los medios masivos de comunicación, que frecuentemente formulan agendas artificiales en detrimento de las prioridades nacionales.

Cada vez parece más difícil realizar incidencia política para las y los distintos actores sociales civiles, los espacios para expresar disensos y hasta para presentar propuestas se van reduciendo debido a dos factores fundamentales: por que los Estados-Nación están cada vez más debilitados y subsumidos por los espacios supranacionales, es decir que los Estados Nacionales cada vez pierden peso específico ante las legítimas y urgentes demandas ciudadanas, por materializar procesos de desarrollo verdaderamente incluyentes y equitativos.

La clase política local y la elite política internacional tienden a perder contacto con las preocupaciones y prioridades de la población. Asimismo a renovar el autoritarismo aplicando nuevas modalidades con las que pretenden que las organizaciones de la sociedad civil jueguen el papel de administradores funcionales implementando las políticas y estrategias elaboradas desde las cúpulas, reforzando con nuevos eslogan viejas prácticas políticas, en lugar de facilitar procesos y formular políticas consultivas y participativas que reflejen las demandas de las mayorías y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sería una manera de enriquecer el concepto del derecho al desarrollo, dando vigencia a la llamada diplomacia ciudadana, entendiendo que no es suficiente la apertura a la participación, sino que es indispensable propiciar y fortalecer a las poblaciones y sectores más débiles y excluidas en la lucha por materializar sus derechos y mejorar su calidad de vida.

De ahí, que es imprescindible retomar los valores de la cultura política asociados con el respeto a las ideas, la tolerancia y la solución negociada de conflictos actuales o potenciales que favorezcan un ejercicio ciudadano incluyente y productivo, utilizando el diálogo social, transparente y oportuno como herramienta básica para la construcción de consensos que faciliten su apropiación, cumplimiento y sostenibilidad por parte de todos los sectores involucrados.

Y asumiendo que una de las características de la democracia es su perfectibilidad, lo que es inviable sin una ciudadanía plena, para ir pasando del discurso a la práctica.