Introducción
La Cumbre
de Río en 1992 fue testigo de la emersión de un movimiento de múltiples y
diversas fuerzas y organizaciones de la sociedad civil que proyectaban su
activismo hacia los foros multilaterales de negociación diplomática. Las
decenas de organizaciones que hasta entonces solían dar seguimiento a esos
eventos se transformaron en miles. Mientras que, por ejemplo, a la Primera
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Teherán, asistieron apenas unas
pocas decenas de ONGs en la de Viena en 1993 se hicieron presentes alrededor
de tres mil. Ahora estas organizaciones no sólo sensibilizaban a la opinión
pública sobre los temas que estaban siendo sometidos a debate en aquellos
cónclaves, sino que, a partir de entonces, se dieron a la tarea de convocar
"foros paralelos" a las conferencias oficiales donde la sociedad civil
discutía los mismos asuntos desde su propia perspectiva.
La última década del pasado siglo y milenio se caracterizó
por una fuerte actividad diplomática dentro del sistema de Naciones Unidas,
los organismos financieros internacionales, los mecanismos de integración
regionales e interregionales – surgiendo algunos nuevos como las Cumbres
Iberoamericanas- y, quizás en menor medida, de la OEA.
Algunos de los rasgos distintivos de ese proceso fueron los
siguientes:
- una fuerte orientación normativa y, en general, progresista en torno
a ciertos temas estratégicos tales como medio ambiente, derechos
humanos, población, hábitat, mujeres e infancia, desarrollo social y
seguridad alimentaría entre otros,
- un interés por revisar, reajustar o crear nuevos mecanismos
gubernamentales de naturaleza transnacional (incluyendo los del sistema
de Naciones Unidas y de las instituciones mundiales de comercio, como el
desaparecido GATT) en distintas áreas,
- una tendencia a convocar reuniones sistemáticas a los efectos
anteriores con la participación directa de los jefes de Estado y
gobierno y sus ministros y de buscar consensos entre ellos que otorguen
una mayor representatividad formal –y así obtener mayor
legitimidad formal- a sus decisiones.
A todo lo largo de estos diez años las organizaciones de la
sociedad civil regional, en su inmensa mayoría estructuradas como ONGs y
recibiendo recursos para ello de sus contrapartes del Norte, elaboraron sus
propios documentos respecto, sobre todo, al nuevo normativismo del derecho
internacional en temas de su interés, organizaron los llamados "foros
paralelos" a los foros de negociación oficiales donde ellos se discutían,
buscaron ampliar su acceso e incidencia sobre las conferencias oficiales y
crearon sus propios mecanismos de monitoreo al cumplimento de los acuerdos
alcanzados por los Estados.
Los activistas de esta emergente "sociedad civil global"
involucrada intempestivamente en el campo de la diplomacia -hasta entonces
concebida como patrimonio monopólico de funcionarios del Estado- lograron no
pocas cosas en la primera ronda de cumbres y conferencias oficiales. Los
aspectos progresistas de la nueva normatividad están indisolublemente
asociados al trabajo de esas organizaciones. Si bien su agenda siempre quedó
lejos de ser satisfecha, las ONGs involucradas en ese esfuerzo lograron
introducir o consolidar avanzadas concepciones normativas (como es el caso,
por citar algunos ejemplos, del reconocimiento de la indivisibilidad de
todos los derechos humanos, la reformulación de los viejos conceptos
economicistas del desarrollo para dar cabida a una perspectiva social y
medioambiental de esos procesos que estuviese fuertemente anclada en una
perspectiva de derechos humanos, la creación de nuevas comisiones en la ONU
con acceso a los representantes de la sociedad civil y de nuevas instancias
y mecanismos, como la posición de Alto Comisionado de DDHH.)
Sin embargo, el contexto en que tomaba forma esta nueva
normatividad del derecho internacional (si tenemos en cuenta no sólo los
nuevos pactos y protocolos, sino el conjunto de declaraciones y programas de
acción adoptados en esta etapa) no era otro que el de la reestructuración
neoliberal del sistema económico mundial. Paralelamente a este conjunto de
eventos dentro del sistema de Naciones Unidas iban también teniendo lugar
-con mucha menos transparencia y casi sin acceso de los representantes de la
sociedad civil a ellos- otros foros en los que se negociaba la reforma de
las estructuras mundiales de comercio y finanzas desde una perspectiva
eminentemente economicista y neoliberal.
Las ONGs que venían trabajando en los foros de la ONU de
pronto chocaron con la realidad de que su capacidad de incidencia se reducía
al mínimo en este otro terreno. Los Estados guardaban celosamente los
aspectos neurálgicos de sus negociaciones y apenas realizaban consultas
formales –si la presión los obligaba a ello- con algunos representantes de
instituciones de la sociedad civil seleccionados a menudo por ellos mismos.
Frente al hermetismo, la opacidad y la intolerancia
oficiales de esos procesos, otras fuerzas de la sociedad civil –esta vez
sindicatos, asociaciones campesinas y una amplia gama de movimientos
sociales a los que también se sumaron numerosas ONGs- fincaron sus
banderas reivindicativas, desplegaron movilizaciones de protesta y
denuncia y organizaron sus propias coaliciones. Pese a que estas fuerzas
son descritas a menudo como "antiglobalistas" por los medios de prensa,
sería mucho más exacto llamarles "antineoliberales" ya que, en esencia, su
repudio se manifiesta mucho más en relación con el actual modelo
neoliberal de globalización que con la globalización como proceso
tecnológico civilizatorio.
Al igual que las ONGs en sus esfuerzos por alcanzar nuevos
marcos de normatividad internacional, estos movimientos sociales lograron
algunos objetivos parciales tales como complicar y retrasar algunas de las
negociaciones y acuerdos más perjudiciales que ya se negociaban y hacer
visible en los medios de comunicación el repudio creciente hacia aquellos.
En la medida en que este activismo ciudadano estaba
encaminado a incidir sobre los procesos negociadores en curso –aunque en
este caso fuese principalmente por vía de las manifestaciones callejeras y
las denuncias públicas- puede considerarse que estos movimientos sociales
están también involucrados en una variante de diplomacia ciudadana
diferente a las ejercidas, en otras condiciones y respecto a otros
temas, por las ONGs.
Nace el Foro de Diplomacia Ciudadana (FDC) de América
Latina y Caribe
En el verano de 1998 se celebró en Ottawa, convocado por un
Comité Organizador Mundial presidido por Human Rights Internet, el "Foro
Internacional Viena + 5". En aquel cónclave se pasó revista al estado de
cumplimiento de los compromisos de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 y se aprobó un Plan de
Acción de la sociedad civil internacional para impulsar su cumplimiento. En
ese contexto, se otorgó un mandato a Human Rights Internet para que
impulsara los acuerdos del Foro, en particular aquel de vincular las
preocupaciones de derechos humanos con otras agendas claves de Naciones
Unidas que también habían generado, o estaban próximos a promover, Asambleas
Especiales o Cumbres de la ONU. Tal era el caso con los temas de género,
racismo, desarrollo sustentable y otros. Human Rights Internet (HRI) encargó
entonces a quien fuese el Coordinador Mundial del Foro Viena + 5 que ahora
buscase las vías más apropiadas para implementar ese mandato y otros
acuerdos del Foro.
Entre junio de 1998 y febrero del 2002, HRI se hizo presente
en diferentes conferencias mundiales de Naciones Unidas y en varios
cónclaves de la sociedad civil internacional en los que propició la
actuación en común de las ONGs de derechos humanos con las dedicadas a otros
temas y desarrolló un amplio proceso de consultas bilaterales respecto a
cómo podría articularse su acción conjunta de manera más eficaz.
Entre las conclusiones más sobresalientes de ese proceso de
consultas se destacan las siguientes:
- La región latinoamericana tenía una rica experiencia en el trabajo de
incidencia sobre instituciones estatales y multilaterales.
- Existían ciertas distancias artificiales entre aquellas ONGs dedicadas
al tema de los derechos humanos y las que trabajaban otros asuntos como
los del desarrollo social, género y racismo, por mencionar algunos casos.
- Crecían las tensiones entre algunas ONGs y ciertos movimientos
sociales por discrepancias respecto al papel y objetivos que tenían (o
deberían tener) unas y otras según sus respectivas percepciones.
- Un núcleo creciente de ONGs y movimientos sociales se alejaba de las
instituciones multilaterales de la comunidad regional e internacional cuyo
potencial positivo veían con significativo escepticismo.
- Los métodos de cabildeo y presión a través de foros paralelos a los
oficiales parecían ya agotados.
Durante el proceso de consultas bilaterales, una masa
crítica de algunas de las principales coaliciones de ONGs y movimientos
sociales de América Latina dieron su consentimiento a Human Rights Internet
para reunirse y analizar la posibilidad de crear un espacio flexible donde
poder reflexionar de manera regular sobre los desafíos que enfrentaban y
explorar el modo de hacer compatibles sus diversas percepciones, estrategias
y acciones en torno a un núcleo prioritario de asuntos.
Sobre la base de ese consenso inicial, en febrero del 2002,
se celebró en Ciudad de México una asamblea que agrupó a cerca 40 redes y
coaliciones de la sociedad civil regional las que acordaron, finalmente,
constituir el Foro de Diplomacia Ciudadana (FDC). Es por ello que se
considera aquel evento constitutivo como la I Asamblea del Foro de
Diplomacia Ciudadana.
El relativamente recién creado Foro de Diplomacia
Ciudadana (México DF, febrero 23, 2002) definió a la diplomacia ciudadana
como el conjunto de esfuerzos, tanto de cabildeo y negociación como de
denuncia y movilización, dirigidos a incidir en ciertas instancias de
gobierno y en los organismos multilaterales. Creemos que la creciente
participación ciudadana en acciones diplomáticas que antes se reservaban
casi exclusivamente a los Estados es parte del esfuerzo por democratizar
las relaciones internacionales y los foros multilaterales.
El Foro identificó, entre las acciones que suele
desarrollar la diplomacia ciudadana, las siguientes
- Elaboración de los reportes "sombra" o alternativos y seguimiento de
recomendaciones para la implementación de compromisos.
- Elaboración de monitoreos nacionales e internacionales.
- Campañas: la recogida de firmas, adhesiones, en torno a una causa.
- Presencia de cabildeo activo en las conferencias o reuniones
internacionales para enriquecer los contenidos de los textos
- Preparación de documentos y propuestas que involucren al mayor número
posible de personas y organizaciones.
- Presión política en cada país y ante instancias multilaterales en
torno a demandas específicas.
- El uso del litigio internacional en los organismos multilaterales,
utilizando los espacios de protección y garantías en materia de derechos
humanos que se han ido generando.