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ISSN 1913-6196

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 El Foro de Diplomacia Ciudadana de América Latina y el Caribe

Por Human Rights Internet     

Parte 1 /4

Introducción

La Cumbre de Río en 1992 fue testigo de la emersión de un movimiento de múltiples y diversas fuerzas y organizaciones de la sociedad civil que proyectaban su activismo hacia los foros multilaterales de negociación diplomática. Las decenas de organizaciones que hasta entonces solían dar seguimiento a esos eventos se transformaron en miles. Mientras que, por ejemplo, a la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Teherán, asistieron apenas unas pocas decenas de ONGs en la de Viena en 1993 se hicieron presentes alrededor de tres mil. Ahora estas organizaciones no sólo sensibilizaban a la opinión pública sobre los temas que estaban siendo sometidos a debate en aquellos cónclaves, sino que, a partir de entonces, se dieron a la tarea de convocar "foros paralelos" a las conferencias oficiales donde la sociedad civil discutía los mismos asuntos desde su propia perspectiva.

La última década del pasado siglo y milenio se caracterizó por una fuerte actividad diplomática dentro del sistema de Naciones Unidas, los organismos financieros internacionales, los mecanismos de integración regionales e interregionales – surgiendo algunos nuevos como las Cumbres Iberoamericanas- y, quizás en menor medida, de la OEA.

Algunos de los rasgos distintivos de ese proceso fueron los siguientes:

    • una fuerte orientación normativa y, en general, progresista en torno a ciertos temas estratégicos tales como medio ambiente, derechos humanos, población, hábitat, mujeres e infancia, desarrollo social y seguridad alimentaría entre otros,
    • un interés por revisar, reajustar o crear nuevos mecanismos gubernamentales de naturaleza transnacional (incluyendo los del sistema de Naciones Unidas y de las instituciones mundiales de comercio, como el desaparecido GATT) en distintas áreas,
    • una tendencia a convocar reuniones sistemáticas a los efectos anteriores con la participación directa de los jefes de Estado y gobierno y sus ministros y de buscar consensos entre ellos que otorguen una mayor representatividad formal –y así obtener mayor legitimidad formal- a sus decisiones.

A todo lo largo de estos diez años las organizaciones de la sociedad civil regional, en su inmensa mayoría estructuradas como ONGs y recibiendo recursos para ello de sus contrapartes del Norte, elaboraron sus propios documentos respecto, sobre todo, al nuevo normativismo del derecho internacional en temas de su interés, organizaron los llamados "foros paralelos" a los foros de negociación oficiales donde ellos se discutían, buscaron ampliar su acceso e incidencia sobre las conferencias oficiales y crearon sus propios mecanismos de monitoreo al cumplimento de los acuerdos alcanzados por los Estados.

Los activistas de esta emergente "sociedad civil global" involucrada intempestivamente en el campo de la diplomacia -hasta entonces concebida como patrimonio monopólico de funcionarios del Estado- lograron no pocas cosas en la primera ronda de cumbres y conferencias oficiales. Los aspectos progresistas de la nueva normatividad están indisolublemente asociados al trabajo de esas organizaciones. Si bien su agenda siempre quedó lejos de ser satisfecha, las ONGs involucradas en ese esfuerzo lograron introducir o consolidar avanzadas concepciones normativas (como es el caso, por citar algunos ejemplos, del reconocimiento de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, la reformulación de los viejos conceptos economicistas del desarrollo para dar cabida a una perspectiva social y medioambiental de esos procesos que estuviese fuertemente anclada en una perspectiva de derechos humanos, la creación de nuevas comisiones en la ONU con acceso a los representantes de la sociedad civil y de nuevas instancias y mecanismos, como la posición de Alto Comisionado de DDHH.)

Sin embargo, el contexto en que tomaba forma esta nueva normatividad del derecho internacional (si tenemos en cuenta no sólo los nuevos pactos y protocolos, sino el conjunto de declaraciones y programas de acción adoptados en esta etapa) no era otro que el de la reestructuración neoliberal del sistema económico mundial. Paralelamente a este conjunto de eventos dentro del sistema de Naciones Unidas iban también teniendo lugar -con mucha menos transparencia y casi sin acceso de los representantes de la sociedad civil a ellos- otros foros en los que se negociaba la reforma de las estructuras mundiales de comercio y finanzas desde una perspectiva eminentemente economicista y neoliberal.

Las ONGs que venían trabajando en los foros de la ONU de pronto chocaron con la realidad de que su capacidad de incidencia se reducía al mínimo en este otro terreno. Los Estados guardaban celosamente los aspectos neurálgicos de sus negociaciones y apenas realizaban consultas formales –si la presión los obligaba a ello- con algunos representantes de instituciones de la sociedad civil seleccionados a menudo por ellos mismos.

Frente al hermetismo, la opacidad y la intolerancia oficiales de esos procesos, otras fuerzas de la sociedad civil –esta vez sindicatos, asociaciones campesinas y una amplia gama de movimientos sociales a los que también se sumaron numerosas ONGs- fincaron sus banderas reivindicativas, desplegaron movilizaciones de protesta y denuncia y organizaron sus propias coaliciones. Pese a que estas fuerzas son descritas a menudo como "antiglobalistas" por los medios de prensa, sería mucho más exacto llamarles "antineoliberales" ya que, en esencia, su repudio se manifiesta mucho más en relación con el actual modelo neoliberal de globalización que con la globalización como proceso tecnológico civilizatorio.

Al igual que las ONGs en sus esfuerzos por alcanzar nuevos marcos de normatividad internacional, estos movimientos sociales lograron algunos objetivos parciales tales como complicar y retrasar algunas de las negociaciones y acuerdos más perjudiciales que ya se negociaban y hacer visible en los medios de comunicación el repudio creciente hacia aquellos.

En la medida en que este activismo ciudadano estaba encaminado a incidir sobre los procesos negociadores en curso –aunque en este caso fuese principalmente por vía de las manifestaciones callejeras y las denuncias públicas- puede considerarse que estos movimientos sociales están también involucrados en una variante de diplomacia ciudadana diferente a las ejercidas, en otras condiciones y respecto a otros temas, por las ONGs.

Nace el Foro de Diplomacia Ciudadana (FDC) de América Latina y Caribe

En el verano de 1998 se celebró en Ottawa, convocado por un Comité Organizador Mundial presidido por Human Rights Internet, el "Foro Internacional Viena + 5". En aquel cónclave se pasó revista al estado de cumplimiento de los compromisos de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 y se aprobó un Plan de Acción de la sociedad civil internacional para impulsar su cumplimiento. En ese contexto, se otorgó un mandato a Human Rights Internet para que impulsara los acuerdos del Foro, en particular aquel de vincular las preocupaciones de derechos humanos con otras agendas claves de Naciones Unidas que también habían generado, o estaban próximos a promover, Asambleas Especiales o Cumbres de la ONU. Tal era el caso con los temas de género, racismo, desarrollo sustentable y otros. Human Rights Internet (HRI) encargó entonces a quien fuese el Coordinador Mundial del Foro Viena + 5 que ahora buscase las vías más apropiadas para implementar ese mandato y otros acuerdos del Foro.

Entre junio de 1998 y febrero del 2002, HRI se hizo presente en diferentes conferencias mundiales de Naciones Unidas y en varios cónclaves de la sociedad civil internacional en los que propició la actuación en común de las ONGs de derechos humanos con las dedicadas a otros temas y desarrolló un amplio proceso de consultas bilaterales respecto a cómo podría articularse su acción conjunta de manera más eficaz.

Entre las conclusiones más sobresalientes de ese proceso de consultas se destacan las siguientes:

  • La región latinoamericana tenía una rica experiencia en el trabajo de incidencia sobre instituciones estatales y multilaterales.
  • Existían ciertas distancias artificiales entre aquellas ONGs dedicadas al tema de los derechos humanos y las que trabajaban otros asuntos como los del desarrollo social, género y racismo, por mencionar algunos casos.
  • Crecían las tensiones entre algunas ONGs y ciertos movimientos sociales por discrepancias respecto al papel y objetivos que tenían (o deberían tener) unas y otras según sus respectivas percepciones.
  • Un núcleo creciente de ONGs y movimientos sociales se alejaba de las instituciones multilaterales de la comunidad regional e internacional cuyo potencial positivo veían con significativo escepticismo.
  • Los métodos de cabildeo y presión a través de foros paralelos a los oficiales parecían ya agotados.

Durante el proceso de consultas bilaterales, una masa crítica de algunas de las principales coaliciones de ONGs y movimientos sociales de América Latina dieron su consentimiento a Human Rights Internet para reunirse y analizar la posibilidad de crear un espacio flexible donde poder reflexionar de manera regular sobre los desafíos que enfrentaban y explorar el modo de hacer compatibles sus diversas percepciones, estrategias y acciones en torno a un núcleo prioritario de asuntos.

Sobre la base de ese consenso inicial, en febrero del 2002, se celebró en Ciudad de México una asamblea que agrupó a cerca 40 redes y coaliciones de la sociedad civil regional las que acordaron, finalmente, constituir el Foro de Diplomacia Ciudadana (FDC). Es por ello que se considera aquel evento constitutivo como la I Asamblea del Foro de Diplomacia Ciudadana.

El relativamente recién creado Foro de Diplomacia Ciudadana (México DF, febrero 23, 2002) definió a la diplomacia ciudadana como el conjunto de esfuerzos, tanto de cabildeo y negociación como de denuncia y movilización, dirigidos a incidir en ciertas instancias de gobierno y en los organismos multilaterales. Creemos que la creciente participación ciudadana en acciones diplomáticas que antes se reservaban casi exclusivamente a los Estados es parte del esfuerzo por democratizar las relaciones internacionales y los foros multilaterales.

El Foro identificó, entre las acciones que suele desarrollar la diplomacia ciudadana, las siguientes

  • Elaboración de los reportes "sombra" o alternativos y seguimiento de recomendaciones para la implementación de compromisos.
  • Elaboración de monitoreos nacionales e internacionales.
  • Campañas: la recogida de firmas, adhesiones, en torno a una causa.
  • Presencia de cabildeo activo en las conferencias o reuniones internacionales para enriquecer los contenidos de los textos
  • Preparación de documentos y propuestas que involucren al mayor número posible de personas y organizaciones.
  • Presión política en cada país y ante instancias multilaterales en torno a demandas específicas.
  • El uso del litigio internacional en los organismos multilaterales, utilizando los espacios de protección y garantías en materia de derechos humanos que se han ido generando.


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