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El Foro de Diplomacia Ciudadana de América Latina y
el Caribe
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Parte
3 /4
 Los retos del recién creado
Foro de Diplomacia
Ciudadana
Tras un largo proceso de consultas bilaterales y en
ocasiones colectivas, Human Rights Internet llegó a la conclusión de que
sería beneficioso a la sociedad civil regional latinoamericana poder contar
con un espacio autónomo de reflexión sobre estos temas. Esta idea fue
consultada y apoyada por las principales redes ahora involucradas en el Foro
de Diplomacia Ciudadana
En el descargo del mandato que recibiésemos del Foro
Internacional "Viena + 5" en 1998, en el sentido de propiciar las
interrelaciones entre las preocupaciones de derechos humanos y las de
aquellas otras fuerzas involucradas en el seguimiento de otros temas,
decidimos reunir los recursos que hiciesen posible a la sociedad civil
latinoamericana realizar una reflexión y búsqueda de soluciones colectivas a
algunos de estos temas de naturaleza estratégica para el ejercicio del
derecho a desarrollar una diplomacia ciudadana por la sociedad civil de
nuestra región.
Como resumen y respuesta al inventario de ideas expuesto
anteriormente se hacía pertinente puntualizar ciertos aspectos que creíamos
reclamaban la atención prioritaria de las organizaciones de la sociedad
civil regional. Ellos son:
- La búsqueda consensuada de un entendimiento y alianza estratégicas
sobre un número limitado de objetivos de mutuo interés entre ONGs y
movimientos sociales en torno a sus complementariedades y funciones
específicas en las iniciativas de diplomacia ciudadana.
- La valoración de nuestro trabajo en esta pasada década de activismo en
diplomacia ciudadana y el reajuste de nuestras estrategias y tácticas a la
luz de nuestros logros, debilidades y actuales circunstancias. Esto
implica interrogarnos temáticamente (en medio ambiente, derechos humanos,
mujeres e infancia, desarrollo social, etc.) qué métodos de trabajo
trajeron buenos resultados, cuáles ya se han agotado con el tiempo, cuáles
son nuestras debilidades institucionales en este campo y qué medidas
debemos tomar, en general, para fortalecernos en el ejercicio de la
diplomacia ciudadana.
- La necesidad de crear un espacio autónomo y permanente –sea éste
físico, virtual o una mezcla de ambos- de reflexión y concertación anual
entre ambas fuerzas (ONGs y movimientos sociales) respecto al calendario
de foros multilaterales. Ese espacio les permitiría trabajar de manera
proactiva en lugar de reactiva en relación con las conferencias oficiales
y elaborar estrategias integrales de influencia, comunicación, denuncia,
sensibilización, movilización y cabildeo permanentes respecto a esos
objetivos.
- La necesidad de contar con grupos de trabajo para facilitar la
concertación en torno a los objetivos priorizados entre una y otra
asamblea anual de reflexión.
- La importancia de facilitar la capacitación y el fortalecimiento
institucional de las ONGs y movimientos sociales que lo necesiten en
materia de diplomacia ciudadana y otros temas vinculados a ella, tales
como son las metodologías de la negociación y resolución pacífica de
conflictos.
Los días 22 y 23 de febrero de 2002 se constituyó el I
Foro sobre Diplomacia Ciudadana de América Latina y Caribe en la Ciudad de
México. En esa primera reunión constitutiva participaron 46 representantes
de las principales redes y organizaciones de América Latina y el Caribe con
mayor trayectoria de incidencia en diversas cumbres internacionales y en
negociación con organismos multilaterales. Estas redes y organizaciones dan
seguimiento a una amplia gama de temas –derechos humanos, desarrollo, paz,
democracia, género, discriminación racial, etc.- pero todas comparten el
criterio de que estas causas son interdependientes y se entrelazan con y
desde una perspectiva integral de derechos humanos.
El primer día de trabajo varias de estas redes
presentaron su experiencia y aprendizajes sobre la base de cuatro ejes
temáticos: la incidencia en conferencias de la ONU y otros foros en los
últimos diez años, las relaciones entre ONGs y movimientos sociales en el
contexto de esos procesos de incidencia, la cooperación entre organizaciones
del Norte y del Sur y el la posible actuación de las organizaciones de la
sociedad civil regional en la solución pacífica de conflictos.
El segundo día se dedicó a valorar las posibilidades del
Foro como "espacio de reflexión y articulación de recursos y
voluntades, convirtiéndolo en una herramienta permanente para mejorar
nuestra acción ciudadana en los foros multilaterales y otras instancias
internacionales". A ese fin el FDC identificó algunas áreas de
posibles acciones comunes y definió un mecanismo de seguimiento y
concertación.
El Foro de Diplomacia Ciudadana (FDC) nacido en Ciudad
México en febrero, deberá ahora dar nuevo impulso y eficacia a las gestiones
ciudadanas en el ámbito internacional y regional. Para ello el FDC deberá
tener presente en todo momento los rasgos que – si se esperan resultados de
ella- han de caracterizar a la nueva diplomacia ciudadana:
- su naturaleza proactiva y permanente,
- la búsqueda de sinergias en las concertaciones horizontales de
diferentes redes temáticas,
- el empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicación en
el ejercicio de intercambios, articulaciones, cabildeo, campañas, etc.,
- una visión holística y empleo eficaz del conjunto de los escenarios y
mecanismos existentes dentro del sistema Interamericano y de Naciones
Unidas para la promoción conjunta de sus objetivos,
- la combinación de tácticas de cabildeo y negociación con estrategias
de denuncia, movilización y confrontación,
- la interrelación y articulación de las agendas de base nacionales con
la agenda internacional de la sociedad civil,
- la visión integral de los derechos humanos y su interpenetración con
los temas de pobreza, género, igualdad, democracia y desarrollo,
- articulación de recursos y voluntades en el marco de un trabajo
consensuado entre redes.
El Foro expresó su convicción de que la práctica y
desarrollo de la diplomacia ciudadana exigen:
- La elaboración de un pensamiento propio, latinoamericano, sobre su
temática.
- La adopción -como base y perspectiva común para su ejercicio- de una
visión integral del conjunto de derechos humanos.
- La ubicación de su actividad en la especificidad de los espacios de
lucha democrática ciudadana y el deslindar su actuación de aquella
otra que realizan actores armados.
- El desarrollo de una permanente y eficaz acción pública.
- La reafirmación de nuestros valores, sabiendo a cada instante por qué
y cómo estamos haciendo las cosas. Nosotros privilegiamos los objetivos
políticos, pero con valores éticos. Esta dimensión ética es fundamental en
la construcción de alternativas.
- Trabajar por asegurarnos el prestigio institucional como
interlocutores que hemos venido construyendo, lo que implica seriedad y
consistencia técnica y política.
- Intensificar y extender nuestra capacitación en el manejo de las
herramientas de la diplomacia ciudadana, comenzando por el conocimiento de
los instrumentos y mecanismos internacionales
- Vincularnos activamente con las organizaciones de base, explicarles e
informarles, de manera transparente, las gestiones que se realizan en el
ejercicio de la DC y promover mecanismos para que las demandas y
propuestas de las organizaciones de base sean asumidas en la DC.
- Trabajar en la elaboración de una estrategia de incidencia en los
medios de comunicación dirigida a dar a conocer el contenido e iniciativas
de la DC.
- Avanzar hacia metodologías consensuadas de monitoreo y evaluación que
vayan más allá de los informes nacionales –sin excluir a éstos- y reforzar
los equipos sólidos de investigación ya existentes.
- El comprometimiento en la búsqueda de relaciones de trabajo más
eficaces entre organizaciones del Norte y del Sur basadas en la
construcción de agendas políticas comunes y en la cooperación sobre esa
base. Para ello es necesario contar con agendas políticas propias por
parte de las redes del Norte y del Sur.
- La superación de la falsa dicotomía entre la protesta social y la
denuncia, por un lado, y la negociación y el diálogo por otro. Si bien se
hace necesario identificar con claridad contra qué se está luchando,
resulta igualmente imprescindible clarificar, al mismo tiempo, a favor de
qué estamos y cuáles son nuestras propuestas. Tenemos la necesidad en ese
sentido de articular la protesta con la propuesta.
- El desarrollo del análisis permanente de las tendencias y las
coyunturas, internacionales y nacionales, así como la identificación y
conocimiento de los centros de poder internacional.
El Foro de Diplomacia Ciudadana celebrado en México
enfatizó cuatro ideas:
- Encontrar la manera de darle continuidad a este espacio de reflexión y
articulación.
- Desarrollar un sistema de servicios de información, comunicación y
capacitación eficaz.
- Encontrar nuevas y más eficaces formas para actuar conjuntamente en
temas transversales prioritarios y en situaciones de gravedad y
emergencia.
- Desarrollar nuestro propio pensamiento crítico sobre las
interdependencias entre procesos de democracia, desarrollo, derechos
humanos y paz.
Por último, se identificaron también cuatro temas en los
que, como producto de la discusión del primer día, resultaba factible
ordenar acciones conjuntas. Estos fueron:
- La necesidad de buscar nuevas vías para avanzar en la exigibilidad
integral de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
- La necesidad de avanzar en la consolidación de una relación
cooperativa y constructiva entre las ONGs y los movimientos sociales como
sustento de la DC.
- La necesidad de desarrollar nuestro propio pensamiento y propuestas en
torno a temas sensibles y urgentes como son los de la paz, la seguridad y
la lucha contra el terrorismo.
- La necesidad de dar respuesta adecuada al tema del fortalecimiento de
nuestras capacidades institucionales en general, y en materia de DC en
particular.
II Asamblea Extraordinaria del Foro de Diplomacia
Ciudadana, Nov 2002
Apenas unos meses mas tarde de haberse constituido el FDC la
creciente tensión internacional y continuas violaciones de derechos
políticos y civiles bajo la consigna de guerra al terrorismo condujo a la
convocatoria anticipada y extraordinaria de una II Asamblea del Foro de
Diplomacia Ciudadana (noviembre, 2002). En esta ocasión el tema se concentró
en las posibles acciones de la sociedad civil regional para fortalecer el
estado de derecho y la paz en las nuevas circunstancias. La relación
existente entre el déficit democrático, los modelos económicos socialmente
excluyentes y las crisis de gobernabilidad fueron analizados en esa II
Asamblea del FDC. En una de las presentaciones se hizo el siguiente análisis
coyuntural.
"Algunos altos oficiales de los ejércitos de la región,
desde mucho antes del 11 de septiembre del 2001, habían venido resucitando
las viejas teorías de la doctrina de seguridad nacional en documentos
internos en los que arbitrariamente clasifican como grupos subversivos y
criminales –por tanto como enemigos a neutralizar o aplastar- a diversos
grupos organizados y legalmente registrados de la sociedad civil cuyas
demandas no comparten.
Antes de esa fecha ya existían varios focos de conflictos
en diversas etapas de evolución en nuestra región. En Colombia se viene
desarrollando una guerra civil en la que los grupos armados regulares e
irregulares violan de manera dramática, cada día, las normas básicas del
derecho internacional humanitario. En Chiapas el conflicto armado ha sido
contenido pero permanece en estado latente, sin dársele aun una solución
negociada satisfactoria y definitiva. En Centroamérica los acuerdos que
pusieron fin a casi de varios años de sangriento conflicto regional
pierden su eficacia ante la persistencia de violaciones de derechos
humanos alentada por la impunidad y la ausencia de proyectos de
reconstrucción económica y social de envergadura. En Perú y México la
lenta y siempre compleja transición hacia regímenes políticos democráticos
se han dificultado aun más por la ausencia de una transición hacia
regímenes económicos socialmente inclusivos. En Argentina, -en el momento
de celebrarse esa II Asamblea del FDC-, crecía la tendencia de los cuerpos
armados a emplear la violencia frente a la protesta social lo que había
afectado sensiblemente el tejido nacional y desbordado los limites de
juego a la gobernabilidad dentro del status quo. En Venezuela el
Presidente democráticamente electo, al tiempo que desarrollaba positivos
programas sociales había también aplicado tácticas políticas autoritarias,
lo que había contribuido al crecimiento de una masa crítica de oposición a
su gestión en la que tienen gran influencia sectores tradicionales de la
oligarquía antipopular y antidemocrática. Varios estados del Caribe
experimentan índices preocupantes de deterioro económico en ocasiones
acompañado de inestabilidad política. Algunos de ellos tienen altos
índices de violencia con el empleo de pequeñas armas personales, como es
el caso de Jamaica. Haití sigue experimentando una crisis social y
conflicto político pese a los esfuerzos mas recientes de la OEA por
promover el desarme y una solución política. (No mucho después
sobrevendría la crisis final y la intervención externa en ese país). La
creciente polarización política con Cuba de la nueva Administración de
EEUU no contribuye a mejorar la situación en ese país y pudiera llegar a
complicarlas aun más para toda la región si llegase a escalar el ya
prolongado conflicto bilateral entre ambas naciones.
Si hubiese que diagnosticar de manera sintética la
situación, podríamos afirmar que el modelo neoliberal de integración y
desarrollo regional no sólo ha resultado conflictivo con el respeto de los
derechos económicos, sociales y culturales, sino también con relación al
mantenimiento y desarrollo de regímenes políticos democráticos con estado
de derecho. La incapacidad de la clase política de muchos de nuestros
países para comprender la interdependencia entre los procesos de
integración y desarrollo neoliberales y la creciente crisis de
gobernabilidad regional las ha hecho perder legitimidad y autoridad. Al
pretender dar respuestas cosméticas a las etapas tempranas de estos
conflictos sociales se ha venido contribuyendo a su enraizamiento y a la
posibilidad de que continúen su peligrosa evolución hacia etapas
superiores de confrontación violenta.
En pocas palabras: si el régimen político democrático
demostrase su definitiva incapacidad para controlar y corregir los
impactos sociales del régimen económico, terminaría por desacreditarse. De
llegarse a esa situación, aquellos que promueven soluciones autoritarias
y/o violentas – de derecha o izquierda- a la creciente ingobernabilidad y
crisis social, incrementarían sus posibilidades de pasar nuevamente a
primer plano. En ambos casos la conflictividad regional se incrementaría
más allá de los parámetros actuales.
Por otro lado, la situación regional también tiende a un
mayor nivel de complicación dado el fortalecimiento de las tendencias
unilateralistas, militaristas e intervencionistas de la política exterior
estadounidense. La nueva Administración republicana conjuga una visión
simplista y lineal de la realidad exterior con una ideología maniquea
acerca de cómo clasificar a aliados y "enemigos". Su proyección global
equivale a una suerte de neo-reaganismo de post guerra fría. Los ataques
terroristas del 11 de septiembre no determinaron la existencia de una
agenda conservadora en la Casa Blanca, pero sin duda viabilizaron su
expedita aplicación, nacional y globalmente. Este factor exógeno hace más
difícil el surgimiento y manejo de soluciones democráticas y pacíficas a
los conflictos que aquejan a nuestra región. Al proclamar un mundo de
alineaciones dicotómicas, descalificar moralmente toda opinión disidente y
sospechar de quienes abogan por el diálogo, la diplomacia y la
negociación, la Administración Bush alienta tendencias favorables a la
intolerancia y autoritarismo que siempre han estado presentes en la
cultura política regional.
Cabe decir que dentro de este cuadro de tendencias
negativas se manifiestan también hechos positivos tales como el triunfo
electoral del PT en Brasil que abre una oportunidad a las fuerzas
populares para experimentar la búsqueda de la justicia social por vías
pacíficas y democráticas. En la región se expresa cada vez con más fuerza
un movimiento social que cuestiona la ortodoxia económica de las
instituciones financieras internacionales en las que ven la raíz profunda
de muchos de los conflictos en curso. También se han venido acumulando
experiencias nacionales en el monitoreo e incidencia civilista para la
contención y solución de conflictos que constituyen una excelente base
para alcanzar una visión regional de la situación en su conjunto. De ese
esfuerzo va emergiendo una lectura regional desde la sociedad civil acerca
de los conflictos y su complejidad que permiten ya avanzar hacia un
pensamiento propio latinoamericano en este campo que pueda conectar su
praxis con la de otras fuerzas de la sociedad civil global. Dentro de esa
visión latinoamericana de los conflictos y su solución el principio de
defensa de la soberanía nacional de los estados continúa teniendo un peso
sustantivo.
Reducir la complejidad de algunos de estos conflictos a la
contraposición "soberanía nacional vs intervención" sería, sin embargo, un
peligroso simplismo. Para que un gobierno pueda considerarse representante
legítimo de la soberanía nacional de un Estado frente a otros actores
internacionales tiene primero que ser respetuoso de la soberanía popular
expresada libremente por sus ciudadanos dentro de un estado democrático y
de derecho. Los Estados no sólo están obligados a respetar el principio de
no-intervención en los asuntos de internos de otros, sino también a
respetar aquellas normas internacionalmente establecidas acerca de los
derechos de sus ciudadanos. Cuando al calor de un conflicto interno se
gestan genocidios o crímenes de lesa humanidad de la envergadura de los
cometidos en Rwanda, la comunidad internacional tiene la obligación de
intervenir para proteger el derecho a la vida de esos ciudadanos. De
hecho, se espera de ella una intervención oportuna que permita prevenir
que esos crímenes sean cometidos.
Pero la intervención militar foránea en el conflicto
interno de un estado a menudo es una receta para el desastre a menos que
se cumplan ciertos requisitos y - aun así- traen aparejadas nuevos
problemas. La fórmula más fructífera –pero pocas veces empleada- para
resolver conflictos contiene varios elementos: a) monitoreo del
surgimiento y evolución de las etapas tempranas de los conflictos, b)
empoderamiento y capacitación de las fuerzas locales de vocación pacífica
con credibilidad para mediar entre las partes y enfrentar las causas
profundas de los conflictos en curso, c) promoción de una cultura política
de paz y solución no violenta de los conflictos sociales que privilegie la
diversidad, el pluralismo y la tolerancia en un marco institucional
democrático- participativo, d) apoyo externo a los procesos de dialogo y
solución negociada extendido por actores creíbles para las partes."
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