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Diáspora, Migración y Desarrollo en el Caribe

Por Keith Nurse    

Parte 3/3

Deportaciones y Seguridad

El fenómeno de la migración ha generado en nuestros días un nuevo contexto de seguridad internacional para las Américas. Una de las cuestiones de mayor importancia para el Caribe es la deportación de criminales desde EE.UU. La adopción de medidas contra el crimen y el terrorismo en los años de 1990 es parte una política de deportación más decidida encaminada a reducir el delito y los gastos asociados al encarcelamiento de los inculpados. Gran parte de los delincuentes expulsados de EE.UU. han sido deportados hacia México, América Central y el Caribe. En 1999 y 2000, 21.000 (o dos tercios) de los criminales violentos entre los inmigrantes ilegales expulsados fueron mexicanos. En el caso del Caribe, un total de 34.411 personas, un 71% de los cuales habían cometido algún delito, fueron deportados de EE.UU. entre 1993 y 1999. La mayor parte de los deportados provenían de República Dominicana, Haití y Jamaica (Griffin 2002: 73). En 1999, Canadá deportó aproximadamente a 1.100 personas bajo cargos criminales, la mayoría hacia el Caribe.

Los gobiernos caribeños culpan a estas políticas de EE.UU. y Canadá como las principales causas de una mayor incidencia de crímenes violentos. Con frecuencia se señala que los deportados traen consigo nuevas habilidades y redes transnacionales que propician el tráfico de drogas, el lavado de dinero, secuestros y contrabando de inmigrantes. Los gobiernos caribeños se quejan también de que la repatriación de los criminales se realiza sin una notificación apropiada y sin identificación de los deportados así como de la falta de mecanismos de apoyo para reinsertarlos en la sociedad. Igualmente indican que los deportados han vivido en EE.UU. o Canadá durante tanto tiempo que ya no cuentan con familiares ni vínculos sociales en los países a los que son repatriados. No obstante, Griffin señala que la información obtenida sobre la incidencia de criminalidad en Belice, Barbados y Trinidad y Tobago no es concluyente para determinar que en efecto exista una correlación entre la deportación de criminales y el aumento de la criminalidad en estos países. Sin embargo, advierte que "esto no quiere decir que no existe una relación importante"(2002:73-74).

VIH-SIDA y Seguridad 2

Estados Unidos fue el primer país en catalogar el VIHSIDA como una amenaza a la seguridad. Esto quedó evidenciado en un documento emitido por el Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. titulado "The Global Infectious Disease Threat and its Implications for The United States" (National Intelligence Council, 2000). En ese trabajo se clasifica al VIH como una amenaza "no tradicional" a la seguridad de EE.UU. Entre los factores que se mencionan como las vías de infección masiva de los ciudadanos estadounidenses se encuentran la inmigración, los viajes internacionales y el regreso a EE.UU. de sus efectivos militares.

La incidencia del VIH-SIDA entre la población adulta en el Caribe ocupa el segundo lugar en el mundo, detrás del África Subsahariana y se aprecia un vínculo muy definido entre la incidencia del virus y los movimientos de personas como la migración y los viajes. Los primeros casos de infección reportados en Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago fueron homosexuales hombres que habían tenido contacto sexual con hombres norteamericanos ya en Norteamérica ya en el Caribe. Esta observación se refuerza por el hecho de que la distribución molecular del VIH muestra que la misma cepa (subtipo o clade B) circula tanto en Norteamérica como en el Caribe (Camara, 2002). Por lo tanto, ambas regiones comparten las mismas causas de la enfermedad ya que esta fue la vía de transmisión inicial.

En las naciones de más altos ingresos la epidemia se manifiesta cada vez más en los sectores poblacionales marginalizados, como los pobres de las ciudades, inmigrantes y grupos que se trasladan frecuentemente. En el Reino Unido y Europa se ha sabido que "una gran parte de los infectados heterosexuales han sido personas que proceden, han vivido, o visitado, zonas de alta incidencia del VIH." En Estados Unidos la epidemia es "la primera causa de muerte de los afro-americanos hombres comprendidos entre 25 y 44 años de edad; y es la tercera causa de fallecimientos de hispanos hombres en igual edades"(ONUSIDA 2002:23-24).

En su mayoría, los emigrantes caribeños forman parte de los sectores demográficos y marginalizados mencionados anteriormente. La fragilidad de los inmigrantes caribeños se pone de relieve cuando observamos que el 46% de los inmigrantes con diagnóstico de SIDA en la Ciudad de Nueva York provienen del Caribe, al tiempo que el 27% son de América Latina y 17% de Europa Oriental (Camara, 2002).

Los emigrantes forman un grupo especialmente vulnerable al SIDA por su situación de aislamiento, empleo inestable, condiciones de vida, desconfianza de los servicios gubernamentales y falta de acceso a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva (ONUSIDA y OIM, 2001). Esta situación se agrava aún más para los indocumentados, quienes son más propensos a ser víctimas de abusos por carecer de protección legal.

Conclusiones

Desde una perspectiva de desarrollo, lo que más resalta es que las remesas parecen sólidas en comparación con las fuentes tradicionales de capital foráneo que han sido los pilares de desarrollo en el Caribe después de la Segunda Guerra Mundial. Los programas de Ayuda Internacional para el Desarrollo han sufrido un "agotamiento" y descenso, sobre todo en el nuevo contexto geopolítico de fin de la Guerra Fría. Asimismo, como resultado de los cambios operados en los modelos tecnoeconómicos, las inversiones directas externas en la región se han ido desviando. Las inversiones que efectivamente llegan a la región están dirigidas en lo fundamental a las industrias energéticas, exportaciones de escaso valor agregado, o dirigidas al consumo interno y por lo tanto encuadradas como importaciones. El financiamiento de la deuda se ha dirigido a su consolidación en lugar de destinarse a inversiones sociales y productivas nuevas. Debemos señalar también que las formas tradicionales de capital extranjero contribuyen a la fuga neta de recursos a través de los pagos de deuda, la repatriación de ganancias por parte de las compañías transnacionales y debido a obligaciones liadas a los programas de asistencia.

Como consecuencia de los ajustes estructurales y esquemas económicos neoliberales, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han experimentado un proceso anti-industrializador en las últimas dos décadas y un declive en el valor agregado de sus exportaciones globales. Al mismo tiempo que se han elevado dramáticamente el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre, han disminuido los servicios sociales de salud y educación, lo cual no se debe únicamente a la migración. Estas son las causas que condujeron a la emigración masiva de la región a fines del siglo XX.

¿Es posible que en este contexto los beneficios de la migración como las remesas, las exportaciones dirigidas a las comunidades en el exterior y la salida de población excedente puedan compensar la pérdida de mano de obra activa (como la fuga de cerebros) y los nuevos riesgos de salud y seguridad? ¿Es posible que la migración además de proveer un mayor bienestar a algunos emigrantes, sus familias y comunidades, contribuya también al desarrollo nacional y regional?

Para que esto pueda lograrse es necesario que las entidades de cooperación no den por sentado que la mera inyección de capital externo por sí sola es suficiente. Las remesas suelen ser muy escurridizas por lo que no pueden suplir la incapacidad de los gobiernos para asegurar servicios sociales adecuados. El desarrollo industrial y la expansión de las exportaciones en el marco de la economía de diáspora son una necesidad ineludible para reducir la dependencia externa de los países de partida, especialmente cuando los sectores tradicionales están cada vez más deprimidos.

Una de las estrategias que podrían adoptar regiones como la caribeña es ampliar las facilidades de capacitación para hacer frente a las necesidades crecientes de mano de obra tanto en el ámbito nacional como en los países receptores. De ahí se desprende la siguiente pregunta: ¿Quién va a aportar el financiamiento requerido para ello? Es poco probable que los gobiernos caribeños vayan a asumir tales inversiones porque las ganancias (por ejemplo, las remesas) no ingresan en las arcas del estado, excepto las recaudaciones impositivas que se generan a partir de gastos locales. La opción sería el establecimiento de acuerdos bilaterales o multilaterales que incorporen algún tipo de inversión por parte de las naciones receptoras. Otro elemento crucial sería que los gobiernos caribeños adopten una visión regional para contrarrestar el problema del éxodo masivo y para otorgar mayor influencia y capacidad negociadora a los emigrantes caribeños en ciertas áreas.

Sin embargo, ¿cómo pueden las instituciones de cooperación facilitar y dar mayor impulso a la economía de diáspora para propiciar efectos multiplicadores, fomentar las inversiones y las exportaciones y resolver la pérdida de recursos humanos valiosos? Lo primero que habría que garantizar es la protección de los derechos de los emigrantes. Hasta la fecha, los únicos países que han firmado la convención de la OIT al respecto han sido países exportadores de mano de obra. (Nayyar 2002). Los migrantes son víctimas de la explotación laboral, prácticas discriminatorias y frecuentemente son usados como chivos expiatorios de una amplia gama de males sociales como crímenes, propagación de enfermedades y altos niveles de desempleo.

En resumen, la pregunta que habría que hacerse es si puede la migración hacer para los países en desarrollo lo que hizo para los que hoy son desarrollados. La expansión europea no sólo implicó dominación política y extracción de recursos de las colonias, sino que representó una vía de librarse de población excedente y una fuente de repatriación de capital y mercado para sus exportaciones. Frecuentemente, en los debates acerca del papel de las diásporas en el desarrollo, se obvia el aporte que la emigración significó para el desarrollo europeo, aún cuando se conoce que algunos países de Europa exportaron entre el 25% y el 40% de sus poblaciones durante el siglo XIX (Castles&Miller2003;Nayyar2002).

Indiscutiblemente hay diferencias considerables entre las emigraciones europeas del siglo XIX y las que se producen en el contexto actual de las antiguas colonias. La diferencia más importante es la posición social que ocupan los emigrantes actuales en sus países de destino. Mientras que los europeos por lo general fueron el grupo dominante, la situación de la mayoría de quienes migran hoy a los países desarrollados es completamente diferente. La otra diferencia importante tiene que ver con el desarrollo que experimentan las sociedades emisoras. Mientras que el capital repatriado (los salarios de los trabajadores y ganancias a partir de inversiones efectuadas en el exterior que sin dudas fueron cantidades relativamente superiores) sirvió a Europa para financiar una revolución industrial en curso, los envíos de remesas de hoy, aunque considerables en términos absolutos pero pequeños en términos de las cantidades que llegan a las familias beneficiadas, no pueden reemplazar la necesidad de inversiones en los sectores de exportación ni en el desarrollo industrial.

Como hemos indicado, el crecimiento de la economía de diáspora presenta retos y oportunidades considerables. Es necesario adoptar un enfoque estratégico para ampliar las opciones de desarrollo de las naciones exportadoras de mano de obra. Sin embargo, el problema fundamental radica en que el crecimiento de la economía de diáspora no altera la estructura fundamental ni el funcionamiento de las economías periféricas. En este sentido, es probable que este fenómeno margine aún más a las regiones como el Caribe.

Notas

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