América Latina es la región más desigual del mundo. A pesar del crecimiento del PIB per cápita en la región, la inequidad en la distribución del ingreso sigue siendo una característica significativa de prácticamente todos los países, y esto hace que haya sido reconocida como la zona más rezagada del planeta en términos redistributivos.

Hay muchos factores estructurales que podrían explicar la alta desigualdad en América Latina, todos ellos interrelacionados. Entre los más significativos cabría destacar el subdesarrollo agrícola y las grandes diferencias entre ricos y pobres en el acceso a la propiedad de la tierra. Además hay una alta proporción de la población que trabaja en el campo y que dependen de los ingresos por la venta de los productos agrícolas, cuyos precios han experimentado una tendencia bajista, además de estar sometidos a los continuos vaivenes de los mercados internacionales. También habría que mencionar el papel que juega la escasa educación de la fuerza laboral y su impacto negativo en el nivel de ingresos de las familias. Por último el papel que han tenido las estructuras corporativas y oligopolios en la apropiación de gran parte de la riqueza ha sido un importante factor que ha influido en el incremento de la inequidad.

Los ingresos totales de América Latina están enormemente concentrados en las capas más ricas de la población, mientras que las capas más pobres reciben una mínima parte de la riqueza. Más concretamente, el 40% de la población más pobre de América Latina recibe, en promedio, apenas el 13’6% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico recibe más del 36% de la riqueza total (CEPAL, datos del año 2003). Estos valores promedio difieren entre países, llegando al caso extremo de Bolivia, donde el 40% de la población más pobre recibe apenas el 9,5% del ingreso, mientras que el 10% más rico recibe más del 41% del ingreso total. También es notable el caso de Brasil, donde el 10% más rico recibe casi el 47% de la riqueza nacional, mientras que el 40% más pobre recibe apenas el 10%.

Otra manera de medir la concentración de la renta es hacer una media de los ingresos que reciben los habitantes de cada uno de los países (dividir los ingresos totales entre el número de habitantes). En este caso, nos encontramos con que más del 67% de la población de América Latina se encuentra ganando menos de la media de ingresos de la región. Los casos de Bolivia, Brasil, Argentina o Nicaragua son especialmente significativos, ya que más del 73% de la población no alcanzaría esta media de ingresos⁶.

Un enfoque distinto, pero muy utilizado, para analizar la concentración de los ingresos es la utilización de indicadores sintéticos o, dicho de otro modo, indicadores que ofrecen en una sola cifra la situación global de la distribución de la renta de toda la población de un país -y no sólo de un grupo-. El más utilizado de estos indicadores es el índice de Gini, que toma valores numéricos entre 0 y 1. Un índice de Gini igual a 0 correspondería a un imaginario país donde la equidad es absoluta, es decir, donde todas las personas tienen exactamente los mismos ingresos. Un índice de Gini igual a 1, por el contrario, correspondería a un hipotético país donde la inequidad es absoluta, o dicho de otro modo, todo el ingreso se concentraría en un sólo individuo, mientras que el resto de la sociedad no dispondría de ingresos de ningún tipo. Con este indicador sintético de distribución del ingreso podemos dividir en cuatro categorías a todos los países latinoamericanos y ver cuál ha sido la evolución en el tiempo de su índices de Gini ( Ver cuadro 4).

De acuerdo con el índice de Gini, en el año 2002 los países de América Latina con los ingresos más concentrados son Brasil (Gini=0,639), y Honduras (0,588). En situación parecida estaría el Gran Buenos Aires de Argentina (0,590) y, a muy poca distancia, se encontrarían Nicaragua (0,579), Colombia (0,575), Bolivia (0,554) y Chile (0,550). Por su parte Uruguay (0,455), Costa Rica (0,488) y Venezuela (0,500) son los únicos países con un índice de Gini por debajo de 0,50, lo que indica una concentración menor del ingreso.

Las variaciones del índice de Gini entre 1990 y 2002 no han sido muy importantes y son pocos los países que han mejorado su situación. Este sería el caso de Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, México y Uruguay. Sin embargo la situación de la distribución del ingreso ha empeorado entre 1990 y 2002 en Brasil, Bolivia, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Costa Rica. En El Salvador y Paraguay la situación también ha empeorado notablemente desde el año 1997.

La región latinoamericana desea retomar un camino de crecimiento sostenible y, a la vez, anhela reducir la pobreza y las desigualdades sociales. El problema es si ambos objetivos son compatibles o, por el contrario, contradictorios. ¿Debe la región concentrarse en aumentar su productividad y niveles de renta o, por el contrario, debe hacer esfuerzos por disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los más pobres y preocuparse posteriormente por crecer? El dilema eficiencia-equidad está presente en todos los discursos políticos y debates más recientes. Pero lo cierto es que muchos estudios muestran que ambos objetivos no son del todo incompatibles sino que, más bien al contrario, se acompañan.

Las relaciones causales entre los tres fenómenos son complejas y no siempre tienen una respuesta unánime ni unidireccional. En lo que respecta a las relaciones entre pobreza y crecimiento parece que existe una doble causalidad. En primer lugar parece bastante claro, al menos en lo que respecta a los países más pobres, que una reducción de la pobreza total puede ayudar al logro de unas mayores tasas de crecimiento económico futuro. También se suele argumentar que un mayor crecimiento económico es necesario para reducir la pobreza, a través de la creación de empleo productivo, especialmente entre las capas más pobres de la población. Además, con un mayor crecimiento, en teoría, se podrían obtener más impuestos, con los cuales los gobiernos podrían financiar programas sociales para aliviar los efectos de la pobreza. Esta última relación no está tan clara en el caso de los países de América Latina, ya que los ensayos que se han hecho para reducir la pobreza por la vía de la política social o de la implementación de sistemas de seguridad social han sido insuficientes.

En segundo lugar, el efecto que tiene la desigualdad social sobre el crecimiento económico ha sido ampliamente estudiado. La mayor parte de los estudios teóricos y empíricos recientes señalan que los países con tasas de desigualdad más altas tienen serios problemas para crecer en términos económicos, sobre todo si estos países son pobres⁷. Esto es así por varios motivos. En primer lugar hay que tener en cuenta los elevados grados de corrupción (rent seeking activities) que existen en sociedades no equitativas, donde el poder y la riqueza están concentrados en unas pocas manos. Esto puede favorecer el riesgo de incumplimiento de los contratos por parte de los gobiernos o, dicho de otro modo, la existencia de unos derechos de propiedad poco seguros. Como consecuencia, la acumulación de capital se vería frenada y esto influiría negativamente en las tasas de crecimiento económico. Igualmente, las diferencias de renta entre ricos y pobres podrían incrementar las actividades ilegales o alegales, que son una amenaza para los derechos de propiedad.

En tercer término, las altas tasas de desigualdad social, unidas a las peores condiciones sanitarias y sociales de su población, favorecen la tensión social y la inestabilidad política. Esta situación puede degenerar en un incremento de la incertidumbre, que frenaría las inversiones y generaría menores tasas de crecimiento económico. En cuarto lugar, las sociedades menos equitativas tienden a distorsionar el sistema impositivo, ya que los gobiernos reciben una presión mayor por parte de las clases pobres para aumentar los impuestos y, con ello, se merma la capacidad de ahorro, de inversión productiva y de crecimiento económico.

Por último, y para acabar con las razones por las que la desigualdad puede frenar el crecimiento económico, no hay que olvidar el efecto que tiene la desigualdad en la distribución del ingreso sobre la alta fertilidad de las mujeres y su efecto negativo sobre el crecimiento económico. Se puede demostrar que, en la mayoría de los casos, las altas tasas de fecundidad de las mujeres pobres conducen a la continuidad de la pobreza: una prole más numerosa disminuye la capacidad de consumo de las familias, su bienestar y su capacidad para acumular activos.

En conclusión, por cuatro vías diferentes hemos argumentado cómo la inequidad en la distribución de los ingresos en los países de América Latina podría estar retrasando o dificultando el crecimiento económico y la capacidad de las economías latinoamericanas para conseguir mayores niveles de desarrollo y aumentos de la calidad de vida de su población.

Pero además, mientras que la relación causal entre desigualdad y crecimiento es claramente negativa, se puede argumentar que, por el contrario, mayores niveles de crecimiento económico pueden traer asociados una disminución de la desigualdad, aunque esto depende del patrón de crecimiento económico que se haya adoptado, del nivel de desigualdad de partida y de su evolución en el tiempo. En el caso de América Latina no siempre las tasas de crecimiento positivas han ido asociadas a reducciones en la desigualdad (ver cuadro 5). En muy pocos casos el positivo crecimiento económico ha venido acompañado con menores tasas de desigualdad (México entre 1968 y 1984, Colombia entre 1971 y 1978; Venezuela entre 1971 y 1981).

Cuadro 5. América Latina: relación entre crecimiento económico

y desigualdad (en años seleccionados)
 

Fuente: Altimir, O. (2001): Inequality, Poverty and Development in Latin America. Capítulo 8 en Solimano, A. (Ed.): Social inequality: values, growht and the state. Michigan Ed. Página 147.

^a Crecimiento en términos de PIB per cápita, excepto para Venezuela (PNB real per cápita)

 Suponiendo que los beneficios del crecimiento económico se distribuyeran de manera equitativa entre todos los grupos de población (cosa que no suele ocurrir en el caso de la región latinoamericana), la región necesitaría crecer más del doble que en la última década para conseguir reducir a la mitad el número de personas que vive con menos de 2 dólares diarios para el año 2015. El esfuerzo debe ser mayor, lógicamente, en los países donde la incidencia de la pobreza es más alta.

De todas formas, el ritmo de crecimiento per cápita de la región latinoamericana en las últimas décadas ha sido bajo y volátil. En muchos países se observan en los últimos 30 o 40 años episodios de crecimiento económico acentuado que llega a durar más de 10 años, seguidos de períodos de estancamiento y bruscas caídas en la producción. Desde los años 80 ha habido problemas en la acumulación de capital en la región lo cual, unido al escaso aumento de la productividad, y a la adopción de medidas de ajuste para superar los problemas fiscales, ha tenido una incidencia negativa en el crecimiento económico. En conclusión, mientras que en las fases de contracción del crecimiento ha aumentado la pobreza y la desigualdad, afectando negativamente al bienestar de los ciudadanos, en las fases de expansión económica ha contribuido escasamente a disminuir la pobreza y la desigualdad.

De los temas tratados en los párrafos precedentes se desprenden algunas recomendaciones de política económica. En primer lugar, es poco lo que se puede esperar del crecimiento económico como vía exclusiva para reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina. La región está creciendo poco y, como hemos visto, los efectos del crecimiento económico sobre la pobreza y la equidad han sido muy limitados. Sin embargo, parece que sí existen más evidencias de esta relación en sentido inverso, a saber, del impacto positivo que tiene la reducción de la pobreza y la desigualdad sobre el crecimiento económico. De esto se deriva una conclusión que, en ciertos casos, puede generar cierta polémica: resultaría mucho más ventajoso concentrar los esfuerzos en la reducción de la desigualdad y la pobreza pues con ello la estrategia de apostar por la equidad sería en realidad una apuesta por el crecimiento y el desarrollo económico.

Si la desigualdad social en América Latina es el factor principal que afecta al escaso crecimiento económico que, a su vez, no se ha visto traducido en una disminución de la pobreza en la región, las políticas públicas deberían centrarse directamente en combatir las causas que hacen que la desigualdad se esté perpetuando en la región. Para mejorar la distribución de la renta y disminuir la incidencia de la pobreza hay que adoptar políticas económicas que requieren recursos públicos, lo que puede lograrse a través de un adecuado pacto fiscal y una asignación eficiente de los recursos públicos. Los esfuerzos realizados en los últimos años en este sentido han sido importantes. El gasto social de la región ha venido creciendo en los últimos años y muchos países dedican un alto porcentaje del PIB a esta partida (en torno al 15% en media). Por tanto, han existido recursos para aliviar el problema de la pobreza, aunque tal vez el problema no estaría en la cantidad sino en el uso que se ha hecho de los mismos.

En este sentido sería recomendable, por ejemplo, facilitar el acceso a la tierra, el capital, la tecnología y la educación a los colectivos más desfavorecidos. El sector rural debería merecer una especial atención por parte de las autoridades públicas, si se quiere que los beneficios del crecimiento lleguen a quienes más lo necesitan. Sin una intervención pública orientada a mejorar la calidad de vida y los servicios sociales para los sectores peor situados, la desigualdad en la distribución de los ingresos seguirá siendo un problema endémico en la región. En este sentido la política social debe prestar más atención a los sectores de la sociedad más vulnerables a los efectos de la pobreza, bien sea por su edad (niños, ancianos, jóvenes), por su sexo (principalmente mujeres y en especial las madres adolescentes) o por su raza (pueblos indígenas o comunidades afro americanas). Habría que estimular el acceso de los pobres a los servicios públicos (sanidad, educación, agua y electricidad) o reconocer legalmente la propiedad urbana en los sectores más pobres. Por otra parte, el papel de las pequeñas y medianas empresas es fundamental para dar trabajo a estos colectivos, que de otro modo quedarían marginados. Por último, no hay que olvidar que sería necesario hacer un esfuerzo aún mayor si cabe por aplicar políticas económicas que favorezcan la inversión en capital humano y en educación, necesarios para aumentar los niveles de productividad de la región. La aplicación de todas estas medidas para reducir la pobreza y desigualdad social requerirían de un marco legal estable que garantice la continuidad de las políticas públicas emprendidas.

Notas