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Parte 1 /4
Este trabajo recoge los resultados del proyecto
Negociación Comunidades Sur de Colombia,
desarrollado en el marco del programa
Drogas y Democracia del TNI y
Acción Andina.
El proyecto fue coordinado por Ricardo Vargas,
Acción Andina Colombia,
quien contó con la asistencia de
Rodrigo Velaidez y Carolina Cortés
 Uno de los retos más importantes de la política de
Desarrollo Alternativo en la situación actual de Colombia es su incidencia y
cumplimiento de objetivos en medio de la guerra. En ese sentido, la
estrategia del presidente Álvaro Uribe es sustancialmente diferente de las
dos administraciones que le antecedieron. En sus enunciados políticos sobre
el tema, tanto Ernesto Samper como Andrés Pastrana entendieron el desarrollo
alternativo con una función de emergencia social por las fumigaciones
aéreas, tratando de neutralizar los efectos deslegitimadores de una tarea
que buscaba satisfacer las presiones de Washington. Para su implementación
se promovieron acuerdos individuales (Samper) o Pactos de Erradicación
Manual (Pastrana). Sin embargo, las movilizaciones campesinas de 1996 ponían
de presente la dimensión del fracaso del primero. El pésimo manejo
institucional, que llevó hasta la desaparición del órgano rector del
desarrollo alternativo, PLANTE, puso en evidencia la crisis en el caso del
segundo.
Uribe Vélez ha señalado que su política de desarrollo
alternativo no tiene nada que ver con un papel de emergencia y que su
implementación se basa en el desarrollo regional. Sin embargo, esta aparente
revolución no resulta muy bien librada cuando se contrasta con el proceso
real.
El modelo transaccional (erradicación anticipada del cultivo
ilícito a cambio de financiación de proyectos locales) ejecutado por el
proveedor del 92% de los recursos para desarrollo alternativo en Colombia,
USAID, no tiene nada que ver con el esquema de desarrollo regional de Uribe.
Es exactamente lo contrario: un acuerdo alrededor de un compromiso para
borrar un cultivo ilícito de un área determinada, cuya sola disminución es
el indicador de éxito del programa y no ‘el desarrollo regional’ que
supondría un proceso mucho más complejo y acuerdos que irían más allá de
erradicar la coca o la amapola.
Si el papel del desarrollo alternativo es complementar el
objetivo de ganar un territorio para el Estado en aquellas zonas controladas
por grupos armados, es dudoso que la actual política de drogas,
complementaria al esquema de seguridad democrática, responda
realmente a una perspectiva sensata de manejo del contrabando de drogas y a
una visión moderna de legitimación estatal. Dados los múltiples efectos
negativos que generan las fumigaciones aéreas indiscriminadas para las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la zona andina, de
la amazonía y el Pacífico, confirmados por la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría General de la República, la legitimidad del Estado está en
serias dificultades. El agravamiento de la situación alimentaria, el
incremento del desplazamiento forzoso, la crisis de gobernabilidad local y
regional aceleradas por la guerra y la actual política de drogas así lo
constatan.
Si bien la producción y el mercadeo de bienes son retos
importantes para el éxito de las políticas, la discusión principal no es
reductible a la esfera económica del desarrollo alternativo. En escenarios
de conflicto, la pregunta estratégica es qué condiciones de respeto a la
vida y libertad de las personas está contribuyendo a generar el desarrollo
alternativo; qué gobernabilidad están logrando realmente los poderes
locales; qué ampliación de la democracia, fortalecimiento y participación de
las comunidades se está alcanzando.
En fin ¿qué legitimidad está construyendo el Estado?
Insistimos en que por la vía de las fumigaciones aéreas, por el camino de
incrementar la crisis humanitaria incorporando civiles a la guerra, muy poco
se está logrando para un desarrollo sostenible en lo político y económico.
Entonces cabe la pregunta: ¿Vale la pena medir el supuesto éxito del
desarrollo alternativo por el número de hectáreas erradicadas, cuando en
realidad se está abonando el terreno para más violencia e inestabilidad de
las regiones sin Estado? El indicador de áreas erradicadas servirá en
Washington. En el sur es este contexto político y social el que nos dice lo
que realmente está pasando. O si no miremos lo que pasó con el ‘éxito
boliviano’. Pero en Colombia es difícil canalizar esas frustraciones en
términos políticos como en Bolivia. Desgraciadamente, allí son casi siempre
caldo de cultivo para más guerra.
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