|
Parte 2 /4
Desarrollo alternativo y guerra en Colombia
 El gobierno
de Colombia ha calificado el 2002 como un año exitoso en materia de
erradicación de cultivos de coca. La afirmación procede principalmente de
las cifras arrojadas por el Proyecto SIMCI de la Oficina contra la Droga y
el Delito de la ONU (UNODC), según las cuales Colombia redujo el número de
hectáreas de 144.807 en el 2001 a 102.071 en el 2002.
Las autoridades antinarcóticos de EEUU han recibido con más
cautela las cifras de sus fuentes, principalmente la CIA, las cuales
precisan que Colombia pasó de 169.800 hectáreas en el 2001 a 144.450 en el
2002.
Según esta última cifra, el área regional andina de coca no
sufre una mayor disminución al situarse en 204.850 hectáreas, (véase Gráfico
1) es decir, se mantiene en unos márgenes relativamente estables de acuerdo
con el comportamiento a lo largo de la década de los noventa y lo que va del
nuevo milenio.
La razón de esa estabilidad relativa tiene que ver con la
situación de Bolivia, que experimenta una dinámica ascendente, tras situarse
en 14.600 hectáreas en el 2000, y hoy eleva su área a 24.400, un
significativo 67.12% con respecto a ese punto más bajo. Por su parte Perú,
de acuerdo con Washington, mantiene un área estable que promedia las 35.000
hectáreas.
En el marco de este escenario, las autoridades colombianas
se aprestan a impulsar una aspersión aérea mucho más radical para 2003, al
proponerse fumigar el equivalente de 200.000 hectáreas, casi el doble del
número de hectáreas existentes, de acuerdo con las cifras de SIMCI. La idea
es superar el poco espacio de diferencia que presenta la relación entre
número de hectáreas de coca y las fumigaciones en el 2002. Con una
fumigación que supere las cifras de 2002, se busca afianzar esta tendencia.
En segundo lugar, el interés del gobierno colombiano se
centra en la necesidad de "golpear las finanzas" de la insurgencia siendo
este, en la actual fase de la guerra interna, el punto nodal que está
marcando las decisiones en materia del plan de seguridad del presidente
Uribe.
En tercer lugar, en el contexto internacional, se busca
afianzar una relación bilateral con Washington alrededor del diagnóstico y
las soluciones de fuerza en la intrincada relación de "Drogas y Terrorismo",
con lo cual se afianza la utilidad de la ayuda de EEUU en el marco del Plan
Colombia. De este modo se continúa avanzando en crear la necesidad de una
mayor incorporación de la administración de EEUU en la guerra interna
colombiana, que es, en última instancia, el propósito estratégico de Bogotá.
Gráfico 1 Áreas de coca en la región andina 1992-2003
Fuente: Departamento de
Estado de EEUU
Gráfico 2: Áreas de coca y áreas fumigadas 1992-2003
Fuente: Departamento de
Estado de EEUU y Policía Antinarcóticos
En este contexto el desarrollo alternativo en Colombia
enfrenta serios retos e incertidumbres:
- El perfil de la fumigación como instrumento de la guerra y la búsqueda
de Bogotá de un mayor compromiso de Washington en un modelo de resolución
del conflicto mediante la confrontación de los grupos alzados en armas,
uno de cuyos primeros pasos es la extensión del uso del Plan Colombia
hacia ese escenario, le empieza a generar serios inconvenientes a los
programas de desarrollo alternativo. La identificación de estos programas
como parte de un conjunto de medidas dirigidas a recuperar
prioritariamente la autoridad del Estado, lleva a que sean señalados por
quienes controlan la mayor parte de las zonas cocaleras como articulados a
la estrategia global propuesta.
- El incremento de la lucha de los grupos armados, involucrando
crecientemente a la población civil, está convirtiendo a la sociedad de
estas zonas en objetivo militar. Los actores armados desarrollan un
control sobre la población para facilitar el dominio de aquellos
territorios que ofrecen condiciones alrededor de puntos estratégicos para
la comercialización y rutas de transacciones ilegales (drogas, armas,
pertrechos), lo que está generando un escenario que golpea duramente las
condiciones políticas locales (amenaza de alcaldes, concejales, sistema de
justicia, etc) incrementando la ingobernabilidad y, como consecuencia,
generando mayor incertidumbre e inseguridad generalizada, lo que facilita
el fortalecimiento de los grupos alzados en armas.
- La administración Uribe propone una "alianza" frente a la sociedad
civil para buscar la legitimidad estatal. Sin embargo, tanto el contenido
como la forma que se utiliza se basan en un modelo de establecimiento de
la autoridad que privilegia el uso de la fuerza, por encima de una
verdadera concertación cuyo propósito fundamental debería ser la
superación de la grave situación económica, social y de derechos humanos
que viven regiones como el sur de Colombia, Catatumbo o Arauca. La
sobrevaloración de la insurgencia como causa de la crisis de la situación
social, económica y política regional, conduce a desconocer evaluaciones
de fondo acerca el tipo de institucionalidad y ejercicio del poder que
subyacen a la crisis de legitimidad del Estado.
- En ese sentido, Uribe establece una visión unidimensional en el tema
de la legitimidad estatal que conduce a relevar el ejercicio de la fuerza
y establece la relación con la comunidad alrededor de esa pretensión. Todo
esto, bajo un modelo que acentúa la condición centralista del ejercicio
del poder. Puesto este esquema en el tratamiento de los cultivos ilícitos,
la fumigación compulsiva junto con la negación de procedimientos que le
permitan a las comunidades soluciones concertadas a través de procesos de
erradicación manual sostenibles en el largo plazo, crean una mayor
incertidumbre en las regiones productoras, quedando atrapadas en un
escenario de guerra promovido tanto por el Estado como por los grupos
insurgentes.
- Al conjugarse el tratamiento del problema de los cultivos ilícitos
como consecuencia de un diagnóstico que los releva en tanto fuente
estratégica de financiación de la guerrilla y en segundo lugar, el efecto
compulsivo de la erradicación para el cumplimiento del principal indicador
de éxito del programa en Washington, esto es la cifra de su disminución,
lleva finalmente a afectar el peso político del desarrollo alternativo
quedando envuelto en una simbiosis compleja del uso de la fuerza.
Dimensiones significativas relacionadas con la prevención y manejo
eficiente de la crisis humanitaria, las garantías a los derechos
fundamentales de la población afectada por una guerra que cobra relevancia
geopolítica en las zonas cocaleras, el desarrollo eficiente de la
gobernabilidad y justicia como bases de legitimación estatal, son
fenómenos todos que muestran resultados muy pobres en el nivel de lo
social y un alto costo estratégico en la pretensión central de legitimar
al Estado. En otras palabras, la misma estrategia antidrogas limita la
creación de condiciones políticas básicas consideradas centrales para el
cumplimiento de los fines socioeconómicos del desarrollo alternativo.
|
