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Parte 3 /4
Plan Colombia y desarrollo alternativo
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En el año 2000, el presidente colombiano Andrés
Pastrana puso en marcha el controvertido Plan Colombia, un ambicioso
Plan Marshall que proponía, inicialmente, destinar 7,5 mil millones de
dólares a impulsar el proceso de la paz. El plan estaba estructurado
en torno a cuatro propósitos:
- Negociación con los grupos armados.
- Lucha contra el narcotráfico.
- Recuperación económica y social.
- Desarrollo institucional.
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La estrategia de lucha contra el narcotráfico
constaba de tres componentes:
- Erradicación forzosa
- Erradicación voluntaria
- Interdicción
La erradicación forzosa se desarrolla mediante la
aspersión aérea de una formulación especial de Round Up. La dosis de
ingrediente activo de la mezcla, el glifosato, se ha incrementado de 8 a 10
litros por hectárea a inicios de 2003, con la justificación de hacer más
eficaz el nivel de erradicación con respecto a previas aspersiones.1
La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la
República han denunciado reiteradamente violaciones a las disposiciones
legales existentes y a normas procedimentales en la aplicación de las
fumigaciones. Además, han puesto de manifiesto la ausencia de experimentos y
análisis sobre el impacto real de las nuevas fórmulas de roundup aplicadas a
los cultivos ilícitos, a pesar del alto número de quejas de las comunidades
afectadas. La Defensoría del Pueblo, en virtud del principio de precaución,
ha solicitado en diversas ocasiones la suspensión de las fumigaciones hasta
que no se establezca el tipo de impactos y las medidas requeridas para
amortiguar dichos efectos.
La erradicación voluntaria se inscribe en el contexto
de los pactos sociales de erradicación, cuyo número e incidencia social han
sido proporcionalmente reducidos. Se calcula que alrededor de 200.000
familias viven de la coca mientras sólo 37.000 familias participaron en el
mecanismo de los pactos, un 18.5% del número total de familias implicadas en
esa producción ilegal.
Finalmente, en lo referente a la interdicción, se
fortaleció el rol de los organismos de seguridad del Estado gracias al alto
porcentaje que ocupa el componente militar del Plan apoyado por Washington.
Estructura general de la política y su expresión
institucional
La perspectiva del Estado central
Para la ejecución del Plan Colombia se creó una nueva
entidad denominada Fondo de Inversión para la Paz (FIP)2.
Junto con el FIP se integraron dos entidades que ya habían sido creadas
antes del Plan Colombia, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el
Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE),3
aunque, en el marco del Plan Colombia, fue el FIP, por encima del PLANTE, el
que estableció los lineamientos de los programas de desarrollo alternativo.
El FIP definió las características de los proyectos de desarrollo, presentó
los criterios de focalización, las prioridades en cuanto a áreas geográficas
y estableció las líneas de acción.
Los proyectos productivos fueron definidos como instrumentos
encaminados a generar condiciones sostenibles de desarrollo y generación de
ingresos en las regiones afectadas por el conflicto armado y los cultivos
ilícitos.4 Para ello se definieron
tres tipos de proyectos:
1. Generadores de ingreso y empleo .
Destinados, de acuerdo con el FIP, a aprovechar y dinamizar
ventajas comparativas y de competitividad en determinadas regiones para la
producción de bienes agropecuarios, orientando la producción a los mercados
nacionales e internacionales.
2. Proyectos de seguridad alimentaria .
Impulsan la diversificación productiva y el fortalecimiento de
sistemas de producción campesina, buscando que la unidad productiva y la
región en la cual se localizan logren una mayor suficiencia en la generación
de alimentos frescos de primera necesidad y en la satisfacción de los
requerimientos nutricionales de las familias que habitan en dicho contexto.
3. Proyectos para viabilizar alternativas productivas, de
comercialización y/o tecnológicas .
Se trata básicamente de proyectos de investigación aplicada, de corto plazo
y bajo costo, orientados a remover obstáculos para hacer viables proyectos
promisorios en la generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria.
Según el FIP, dentro de este tipo de proyectos están los que definen lo que
se va a producir, los que definen ajustes y mejoras de los sistemas de
comercialización y los que definen cómo producir.
Esta era pues la perspectiva del Estado central y,
especialmente, de los círculos más cercanos a Presidencia, en relación con
la implementación del Plan Colombia frente al problema de los cultivos
ilícitos.
Perspectiva local
En el contexto regional, principalmente en el caso del Bajo
Putumayo y de modo particular de Puerto Asís, se venía de un proceso basado
en la racionalización de las experiencias fracasadas de desarrollo
alternativo.
Como resultado de las experiencias de desarrollo alternativo
implementadas en el municipio de Puerto Asís (1994 – 1998) y la inminente
fumigación generalizada de los cultivos ilícitos existentes en ese
territorio, se produjo una iniciativa local a través de la alcaldía
municipal y, de modo particular, de las Unidades Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA).
Tal iniciativa coincidió en primer lugar con el vacío
generado por la política de desarrollo alternativo, al quedar replanteada la
versión inicial del Plan Colombia5
una vez aceptada la financiación del componente antidrogas por parte de
Washington, y en segundo lugar, se relacionó con la focalización de la
implementación del Plan Colombia en el departamento del Putumayo. La región
había sido señalada por poseer más del 50% del área nacional de coca y de
concentrar la mayor cantidad de cultivos extensivos.
La alcaldía municipal formuló una propuesta que, a
diferencia de los lineamientos del FIP, giraba alrededor de la búsqueda de
un manejo alternativo al uso de la fuerza contra los cultivos ilícitos.
Dicha propuesta se concretó en la formulación de los Pactos de Erradicación
Manual, en cuyo soporte aparecían tres estrategias: la seguridad nutricional
para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; proyectos de
mediano y largo plazo basados en la reconversión de la economía regional y,
finalmente, el establecimiento de una comercialización de doble vía (compra
y venta de productos) para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos.6
Notas
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