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Parte 1 /2
 Una paradoja de las luchas sociales consiste en que los
movimientos se convierten en prisioneros de sus éxitos. Gracias a la intensa
capacidad de movilización que despliegan, consiguen modificar la relación de
fuerzas en el terreno político, pero ese nuevo escenario a menudo se vuelve
en contra de ellos, los debilita y en ocasiones hasta provoca divisiones,
con lo que los movimientos entran en un período de repliegue y
desmovilización.
En los últimos años en América Latina se formaron varios
gobiernos de izquierda o progresistas, o que antes de asumir el poder
definieron un programa antineoliberal: Alejandro Toledo se impuso en Perú
gracias a la movilización social que desplazó al régimen de Alberto Fujimori;
el coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador fue llevado al gobierno por un potente
movimiento indígena; Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva se
convirtieron en presidentes por la labor de amplios movimientos sociales que
debilitaron o hicieron entrar en crisis el modelo neoliberal. La llamada
"revolución bolivariana", encabezada por Hugo Chávez, sería impensable sin
la insurrección de 1989 denominada Caracazo o Sacudón, que fue el comienzo
de la crisis que hizo estallar el sistema de partidos venezolano. Algo
similar, salvando las distancias, puede decirse de los procesos que se viven
en Uruguay, Paraguay y, de alguna manera, en Bolivia.
Pero una vez instalados estos gobiernos de signo progresista
se le presentaron a los movimientos nuevos dilemas. ¿Cómo relacionarse con
fuerzas políticas con las que tienen fuertes rasgos en común? ¿Cómo pasar de
la movilización a otro tipo de acción que no puede estar basada en la
confrontación? ¿Participar en el gobierno o mantenerse en la oposición?
¿Cómo hacer para seguir construyendo sus propios movimientos, cuando desde
el gobierno se pretende dividirlos y cooptar a los dirigentes más capaces?
Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, como lo
atestiguan los casos del Movimiento sin Tierra en Brasil (MST), del
movimiento indígena ecuatoriano y boliviano y del movimiento piquetero en
Argentina. Las relaciones de los movimientos con gobiernos y estados tienen
como trasfondo visiones diferentes y opuestas sobre el tema de los tiempos:
así como existen los tiempos de los movimientos, sujetos a los tiempos de
las comunidades, existen lo que podemos denominar como los "tiempos de la
política institucional" o del poder estatal, cuyos desajustes suelen estar
en la base de la tensión que se produce entre dirigentes y bases al interior
de los propios movimientos sociales. Los hechos recientes muestran, además,
que los cambios en la dirección del Estado provocan desajustes en el seno de
los movimientos si estos se dejan atrapar por la agenda institucional del
poder estatal y abandonan la agenda de prioridades que han construido a lo
largo de décadas.
Ecuador: Tiempos internos y tiempos "políticos"
Desde 1990, el movimiento indígena ecuatoriano se convirtió
en el principal actor social y político de su país, y en un referente
obligado a nivel latinoamericano ya que fue sin duda el movimiento más
amplio, potente y maduro de la región. Desde el levantamiento del Inti Raymi,
en junio de 1990, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)--como
expresión unitaria de los indios de la sierra, la costa y la
amazonía--desplegó una potente acción social que se plasmó en varios
levantamientos que no sólo modificaron la agenda política nacional sino que,
en su pico de mayor movilización, consiguió derribar dos gobiernos: el de
Abdalá Bucaram en 1997 y el de Jamil Mahuad en enero de 2000.
Vale la pena detenerse en el caso de Ecuador: se trata de
uno de los movimientos más fuertes de América Latina, que en una década y
media recorrió el camino de las insurrecciones, la construcción de amplias
alianzas sociales con sectores muy diferentes, la creación de un frente
político--electoral, la participación en elecciones, la toma del poder
durante algunas horas, la integración en el gobierno y, finalmente, el
retorno a la oposición y la lucha de calles. Es un caso único en el
continente de un movimiento formado y dirigido por los más pobres y
marginados que logra llegar tan lejos, participando en espacios tan
heterogéneos hasta encumbrarse al aparato estatal. Ahora, el movimiento
indígena ecuatoriano está intentando curar las heridas de esta fracasada
participación en el gobierno.
En 1996 la Conaie, junto con otros movimientos, creó
Pachakutik, instrumento político--electoral con el que se convirtió en
sujeto político. El eje de sus propuestas políticas gira en torno a la
plurinacionalidad, lo que supone la refundación del Estado nacional
ecuatoriano. Según el sociólogo Pablo Dávalos, "el estado plurinacional es
el eje de una bisagra teórica y política que permite la transición de los
indios en el Ecuador, de movimiento social hacia sujeto político". En 1998
la presión del movimiento social impuso la convocatoria de una Asamblea
Constituyente en la que se debía definir la característica del nuevo Estado.
Como señala Dávalos, con su propuesta los indios buscaban un nuevo
"deber--ser" para el Estado, en el que se debatan "los contenidos
epistemológicos de la diferencia, sobre todo en la construcción de los
nuevos sujetos, como el sujeto comunitario, y las nuevas instituciones, como
la administración de justicia indígena, las instituciones económicas
comunitarias, etc., y desde esos contenidos de la diferencia construir el
deber ser del Estado".1
Pero la clase política resistió y consiguió deformar las
aspiraciones del movimiento. El sistema político, al armar las reglas del
juego para la elección de constituyentes, favoreció a los partidos, mientras
los representantes de los movimientos sociales e indígenas concurrieron en
desventaja, al mantenerse en pie los mecanismos de clientelismo y caciquismo
a la hora de la elección. Pese a que el proceso electoral se dio en el marco
de una potente movilización social, con asambleas populares y la elección de
una Asamblea Constituyente del Pueblo, las demandas populares fueron dejadas
de lado. O, peor aún, se utilizó el mecanismo de la aceptación formal pero
sin consecuencias prácticas, tal como sucedió en la colonia, cuando se
aplicaba el lema "se acata pero no se cumple".
Dávalos afirma que, "El error estratégico del movimiento
indígena fue subestimar al sistema político y pensar que su movimiento
político Pachakutik era de por sí más que suficiente para afrontar y
resolver las disputas con el sistema político".2 En paralelo, hacia 2000 se
registra la clausura del espacio político que los indios venían reclamando
desde 1990. En 1999 se producen dos levantamientos encabezados por la Conaie,
ante la creciente parálisis y descomposición del Estado. En ese marco
crítico, se produce un viraje inédito en el movimiento indio: la Conaie se
convierte en alternativa de poder, sus dirigentes se separan de sus bases y
adoptan la táctica de la conquista del poder que no entraba en el proyecto
político originario de construir un Estado plurinacional. Dicho de otro
modo, la Conaie pasa de movimiento social alternativo a disputar el espacio
político estatal, y por lo tanto adopta la lógica estatista.3
El movimiento indígena pasa de construirse en base a una
lógica de contrapoder, a adoptar una lógica de poder. "Ello implica una
serie de rupturas que conllevan el riesgo de fracturar seriamente la
cohesión organizativa y de movilización de los indios. Constituirse como
poder implica la convicción de que es necesario dejar las dinámicas propias
de la resistencia y construir formatos más institucionales que sirvan a la
larga como mecanismos de control al surgimiento de posibles resistencias por
parte de otros actores sociales. Significa para los indios cambiar su lógica
de resistencia por la lógica del poder. Pero dentro de esta dialéctica de
las sociedades, asumir la lógica del poder puede implicar la destrucción de
la experiencia ganada como contrapoder."4
Aquellos barros trajeron estos lodos. Este recorrido permite
comprender la lógica que llevó al movimiento indio a "tomar" el poder
durante unas horas el 21 de enero de 2000, y luego a apoyar la candidatura
de Lucio Gutiérrez a la presidencia y durante seis meses participar en su
gobierno. Digamos que adoptar la lógica del poder fue el primer paso; la
actitud ante la crisis del Estado en enero de 2000, y luego asumir cargos en
el gobierno en 2003, fue el segundo. Una vez que el movimiento adopta esta
táctica, queda aprisionado en una lógica que--inevitablemente--tiende a
autodestruirlo. Salir del gobierno fue la forma de evitar que la destrucción
fuera completa.
En este punto, valen dos aclaraciones: no puede achacarse en
exclusiva al gobierno de Gutiérrez el intento de destrucción, división y
sometimiento del movimiento, ya que éste dio los pasos que le permitieron a
aquel proceder de esa forma. En segundo lugar, debe contrastarse la actitud
del movimiento indio ecuatoriano con el zapatismo: se trata de dos caminos
diferentes, ya que el EZLN, luego de la Marcha del Color de la Tierra,
movilizó sus energías hacia la construcción de las autonomías de hecho, que
fructificó en agosto de 2003 con la creación de los Caracoles, al margen
completamente del Estado nacional, pero sin confrontar con él.
Ahora el movimiento ecuatoriano está debatiendo duramente
los caminos a seguir. Entre el 21 y el 23 de agosto sesionó el Parlamento
Amazónico, máxima instancia de la Confeniae (la organización de los
indígenas amazónicos), dedicada a analizar el delicado momento que vive el
movimiento. Uno de sus dirigentes históricos, Antonio Vargas, es ahora
ministro de Bienestar Social del gobierno neoliberal de Gutiérrez. En la
asamblea del parlamento dijo que tenía prontos cheques por 300.000 dólares
para repartir entre las diferentes nacionalidades de la selva si se firmaba
un convenio entre la Confeniae y el ministerio. El parlamento estuvo
dividido, reinó la confusión y los pueblos achuar, shuar y kichwas del
Pastaza se enfrentaron a la dirección mayoritaria. La sesión del parlamento
dejó un sabor amargo en muchos participantes, que ven cómo se están
desviando los principios del movimiento.
Un balance realizado por la parlamentaria kichwa Mónica
Chuji Gualinga, señala: "Esta inestabilidad del movimiento indígena se puede
ubicar en la alianza que realizó el Movimiento Pachakutik, que involucró
directamente a la Conaie con el régimen de Gutiérrez, sin ninguna consulta a
las bases y sin ninguna discusión o acuerdo programático, esta alianza
política manejada de espaldas a las bases fue el principio del
debilitamiento paulatino de un movimiento que en su momento fue referente
para toda América Latina". La parlamentaria llama a realizar una profunda
autocrítica, a retornar a las bases para "ir reconstruyendo sólidamente el
camino que parece hemos perdido durante este último período de la
participación representativa de la llamada democracia política del poder
establecido, olvidando nuestras raíces políticas que se basan en la
democracia participativa y directa de las nacionalidades y pueblos que tanto
logró durante la década de los 90". 5
El caso ecuatoriano es el mejor ejemplo de esta doble
dinámica de los tiempos internos y los tiempos políticos. Ingresar al
sistema político tiene sus beneficios y sus costos: puede influirse más en
la agenda oficial, pero la organización debe adecuarse a sus modos y
tiempos. Los tiempos comunitarios--lentos para los parámetros de la
modernidad y los medios--suelen ser abandonados para dar respuestas,
urgentes casi siempre, a las exigencias del momento. De forma casi
ineludible, con la adopción de los "tiempos políticos" se produce una
separación entre bases y dirigentes en la que éstos dejan de ser controlados
y mandatados por aquellas. El zapatismo manejó estos tiempos de forma
siempre subordinada a las comunidades, pero esa actitud--profundamente
política--tuvo el costo de alejarlos de la "coyuntura". Ese es, por lo
menos, uno de los principales reproches que les hace la izquierda política.
Notas
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