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Parte 1 / 4
 Desde
hace muchos años, el sistema democrático en la región andina está asediado
por una compleja crisis de gobernabilidad que se origina principalmente en
la fragmentación de la representación política y de los sistemas de partidos
así como en el desmantelamiento de las capacidades de los Estados para hacer
frente a las crecientes demandas y conflictos sociales. En este panorama,
Bolivia era una relativa excepción por la estabilidad política y económica
que se basó en tres factores: un moderado crecimiento económico entre 1989 y
1997 de 4% anual, gobiernos de coalición estables y reformas institucionales
del Estado que evitaron alternativas neopopulistas y autoritarias similares
a las de Fujimori y Chávez. Sin embargo, a partir del gobierno de Banzer, el
estancamiento de la economía, la crisis fiscal, la polarización política, el
surgimiento de movimientos indígenas contestatarios y la multiplicación
anómica de demandas y conflictos sociales y regionales se constituyeron en
manifestaciones de una prolongada crisis de gobernabilidad que ha
ensombrecido las perspectivas de supervivencia del régimen democrático.
La caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de
2003 -a raíz de una revuelta popular limitada al occidente del país- fue el
clímax de esta crisis. No sólo significó la derrota política de un líder
político y del principal partido de gobierno; tuvo también dos consecuencias
catastróficas para el sistema político: el derrocamiento de dos partidos
relevantes - el MNR y el MIR- que conformaron los gobiernos democráticos
desde 1985 y el fin (temporal?) del sistema de gobiernos de coalición.
Resultado de esta crisis de gobierno y Estado, el gobierno de Mesa lanzó un
frágil experimento de "gobierno sin partidos" que ha estado atrapado en una
lógica de ingobernabilidad. En consecuencia, Bolivia plantea, en la
actualidad, la misma problemática de sistemas políticos en los cuales dos
requisitos fundamentales de la viabilidad de regímenes democráticos se están
desvaneciendo: la existencia de partidos políticos y de Estados capaces de
cumplir con sus funciones básicas. La democracia boliviana se encuentra
particularmente en una grave encrucijada porque los partidos políticos como
actores claves del sistema político –sin ellos no hay democracia- están
desgastados y arrinconados en un panorama antipolítico y antipartido que
ellos mismos han creado.
Dado que los partidos no han estado a la altura de los
desafíos, económicos y sociales, es necesario cambiar de óptica en el
análisis de la crisis que afecta a los partidos. El enfoque teórico, que
planteo en este trabajo, parte de la hipótesis principal de que los partidos
políticos y el sistema que ellos conformaron, no se enfrentan a una serie
crisis de descomposición, sobre todo, por la volatilidad de la
representación política - éste es el planteamiento predominante que remite
el problema a una crisis de confianza y credibilidad, lo cual es casi una
tautología -, sino por las deficiencias y fracasos de los partidos en la
gestión gubernamental y estatal. La crisis de la representación política es
una consecuencia de la crisis de los partidos como actores gubernamentales y
no a la inversa. Desde esta perspectiva, la cuestión esencial sería: ¿por
qué los partidos no han tenido la capacidad de cumplir suficientemente con
las funciones que la teoría política y el sistema democrático les atribuyen?
Y como derivación también el problema que suscita la crisis en Bolivia y en
la región andina: ¿Pueden los movimientos sociales, o podrán las llamadas
"agrupaciones ciudadanas" y los candidatos independientes mejorar la
representación política y sustituir a los partidos políticos como postulan
la nueva CPE y muchos dirigentes sociales incluso dirigentes políticos como
el ex –presidente Quiroga? ¿Es posible la democracia sin partidos políticos?
Son tan grandes los contrastes entre la teoría de los partidos y el déficit
de funcionamiento de éstos en América Latina que sorprende que haya un vacío
enorme en la reflexión sobre las causas de esta gran brecha1.
Este artículo se propone abordar las causas principales que
han provocado la crisis actual de los partidos políticos así como sus
consecuencias más importantes. En primer lugar, analiza tanto los cambios
del sistema de partidos políticos ocurridos en las elecciones de 2002 como
sus implicaciones principales. En segundo lugar, trata de detectar las
tendencias de descomposición del sistema de partidos y del liderazgo
político en el escenario que emergió con el derrumbe del gobierno de Sánchez
de Lozada. Finalmente, el artículo analiza el frágil experimento del
gobierno apartidista de Carlos Mesa como producto de la crisis del sistema
de partidos e intenta explorar algunas perspectivas probables que se derivan
de aquel escenario para los partidos políticos.
Recomposición efímera del sistema de partidos: del
multipartidismo moderado al multipartidismo polarizado
A partir de las elecciones de 1985, Bolivia tuvo un sistema
multipartidista moderado que descansaba en un eje central o trípode de tres
partidos –MNR, MIR y ADN-, cada uno de los cuales fue el pivote de cuatro
gobiernos de coalición. En términos históricos, la constitución de este
sistema de partidos fue crucial. Antes de la revolución de 1952, Bolivia
había conocido -en el contexto de un sistema político oligárquico- un
sistema multipartidista excluyente y de reducida capacidad de
representación. La revolución de 1952 trajo como consecuencia no un sistema
de partidos, sino el predominio absoluto de un partido verdaderamente
hegemónico –el MNR- que llegó a confundirse con el Estado, asemejándose al
PRI mexicano, pero sin llegar obviamente a alcanzar la solidez y longevidad
extrema de éste. Sólo con la transición a la democracia se fue configurando
un sistema multipartidista que devino en pocos años de fragmentado y
polarizado en un sistema moderado -sustentado en el consenso básico sobre la
necesidad de impulsar la democracia representativa y la economía de mercado-
y en el cual ningún partido ejerció un real dominio hegemónico.
Después de confrontaciones destructivas entre los partidos y
entre éstos y los movimientos sociales durante la fase de transición a la
democracia, los partidos llegaron a conformar un sistema de partidos, es
decir, un sistema de interacción partidaria de acuerdo a reglas de juego que
norman la competencia democrática por el poder. A partir de 1985 y
coincidiendo con las reformas estructurales de la economía, el sistema de
partidos empezó a perfilarse como un sistema multipartidista moderado,
caracterizado por tres elementos claves: una distancia ideológica
relativamente leve entre los partidos grandes, una tendencia a la formación
de coaliciones entre partidos de distintas posiciones; y una competencia
partidaria predominantemente centrípeta (Sartori 1987: 227).
Cuatro factores históricos importantes incidieron en la
formación de este sistema de partidos: 1) la derrota y el desplazamiento
político de los partidos de la izquierda tradicional y del movimiento
sindical, orientados desde la década de los 50 en objetivos radicales de
cambio social y político; 2) la emergencia de posiciones centristas y
gradualistas en amplios sectores de la sociedad; 3) la política económica de
ajuste estructural tras la crisis de la economía estatista; y 4) la
concertación y los acuerdos interpartidarios que hicieron posible gobiernos
de coalición. Este fue un cambio institucional decisivo para el desarrollo
del sistema de partidos porque los patrones de interacción y competencia se
orientaron hacia la negociación y concertación entre los partidos, y hacia
una convergencia programática en cuestiones de política económica y reforma
política y, por lo tanto, hacia una competencia de tipo pragmático de
propuestas concretas más que a una confrontación estéril de modelos utópicos
de organización social y política. En consecuencia, el gran viraje político
a mediados de los ochenta se produjo gracias a la implantación de una lógica
democrática de acuerdos y consensos entre partidos que reemplazó la lógica
tradicional de guerra implacable entre los adversarios políticos desbrozando
así el terreno para una "democracia pactada" (Mayorga 1991).
¿Cuáles fueron los rasgos esenciales del sistema
multipartidista? En primer lugar, tuvo lugar una reducción progresiva y
sustancial del número de partidos y, por consiguiente, una disminución
cualitativa del grado de fragmentación partidaria. La reducción del número
de partidos llevó a un formato de sistema multipartidista moderado en
torno a cinco partidos con representación parlamentaria importante. Con
altibajos, el sistema empezó a experimentar -a partir de las elecciones de
1985- una fuerte disminución de sus componentes como se comprueba en la
diferencia entre partidos y/o frentes electorales y partidos y/o frentes
parlamentarios –es decir, aquellos que lograron acceder al Parlamento
(Descargar Tabla
1, word).
El aspecto esencial de este proceso no sólo fue el descenso
del número de partidos, sino la emergencia de una estructura de tríada
partidista (MNR, MIR, ADN), es decir, de tres partidos relevantes
en los cuales estuvieron concentrados el potencial de gobierno y la
capacidad de coalición. En las elecciones de 1985 a 1997, estos tres
partidos lograron conquistar conjuntamente el 65 % y el 57% de los votos y
el 86% y el 54% de los escaños formando con la ayuda de partidos menores dos
bloques –ADN/MIR y MNR- que se alternaban en el gobierno en coaliciones de
diversa índole (Descargar Tabla 2,
word). Nuevas agrupaciones políticas como CONDEPA, UCS y
otros partidos menores sólo complementaron el "eje político" de tres
partidos decisivos para la formación de gobiernos. En efecto, los resultados
de las elecciones de 1993 y 1997 ampliaron el espectro de partidos con
importancia parlamentaria de tres a cinco partidos con la inclusión de
CONDEPA y UCS.
En segundo lugar, un rasgo definitorio del sistema
multipartidista moderado fue la persistencia de mayorías relativas, razón
por la cual ningún partido tuvo una verdadera hegemonía política. Pero la
ausencia de una hegemonía mono- o bipartidista fue compensada por la
formación de un trípode de partidos capaz de incorporar a nuevas fuerzas
políticas. En tercer lugar, en el contexto de la nueva política económica,
el sistema partidario desarrolló un tipo de competencia centrípeta
que redujo sustancialmente la tradicional polarización y los antagonismos
entre las tendencias de democratización liberal y la izquierda tradicional.
Las distintas experiencias partidarias en los gobiernos de coalición –y
sobre todo, la ruptura del Pacto por la Democracia entre el MNR y ADN en
1989- trajo consigo además un patrón de competencia bipolar puesto que la
alternancia en el poder se ha producido entre el MNR, por una parte, y ADN
en alianza con el MIR, por otra parte.
Es cierto que entre 1985 y 2000 nuevas fracturas
ideológico-políticas entre los partidos que abogaban por la democracia
representativa, la economía de mercado y el rol regulador del Estado, y
aquellos que expresaban orientaciones populistas, comunitaristas y
particularismos étnico-culturales marcaron la lucha política. Sin embargo,
no tuvieron una influencia decisiva sobre el sistema político. Al contrario,
la dinámica de relativa polarización que se desató con la emergencia de
CONDEPA y UCS -dos partidos populistas de distinto signo, impulsados
inicialmente por tendencias antisistémicas-, fue neutralizada por los
efectos centrípetas del sistema de partidos y del sistema de gobierno
llevando a una rápida integración de estos partidos neopopulistas y a la
virtual desaparición de las organizaciones de la izquierda marxista (Mayorga
1995). Las contradicciones tradicionales entre la izquierda
marxista-populista y las corrientes de derecha antidemocráticas se
desvanecieron ampliamente. Como resultado, el espectro político quedó
claramente definido por los partidos del "centro democrático" y un ambiguo
proceso de resurgimiento y simultáneamente de rápida absorción de actores y
movimientos neopopulistas. En este panorama, no cuajaron hasta las
elecciones de 2002 los esfuerzos de organizar partidos o movimientos
políticos sobre principios exclusivamente étnico-culturales y concepciones
fundamentalistas. Por un lado, la política de inclusión en el sistema
de representación continuaba siendo una de las asignaturas pendientes de
mayor relevancia de los partidos políticos porque éstos no tuvieron la
capacidad de representar las demandas étnico-culturales; por otro lado, se
hacía evidente, en la década de los ochenta, la poca fuerza de las
tendencias fundamentalistas y puramente indigenistas.
En resumen, cinco fueron los rasgos estructurales
fundamentales del sistema multipartidista boliviano: un número efectivo de
cinco partidos; la vigencia de un formato tripartidista, es decir, de una
tríada de partidos relevantes parar la formación de coaliciones
gubernamentales con mayoría parlamentaria; el pluralismo moderado y una
polarización ideológica leve entre los partidos relevantes del sistema; la
persistencia de mayorías relativas; y una competencia partidaria
predominantemente centrípeta. 2
Notas
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