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 La crisis del sistema de partidos políticos
y el experimento del gobierno sin partidos en Bolivia

Democracia y derechos humanos

 Por René Antonio Mayorga   

Parte 2 / 4

Las consecuencias de las elecciones generales de Junio de 2002

Para comprender la actual situación política de un gobierno sin base partidaria y los problemas principales del sistema de partidos es indispensable remontarse a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 30 de junio de 2002 debido a los profundos efectos que tuvieron sobre el sistema de partidos. A mi criterio, estos efectos fueron fundamentalmente a) una significativa reconfiguración de los partidos relevantes del sistema, b) una fuerte polarización entre los partidos predominantes y nuevas fuerzas políticas, c) un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de sectores indígenas y campesinos al sistema político, y d) una importante redistribución territorial del voto.

En primer lugar, las elecciones de Junio de 2002 generaron una recomposición significativa del sistema de partidos políticos. La mayoría de analistas habían pronosticado entonces un derrumbe inminente del sistema. Pero esto no sucedió porque –a pesar de la dualidad de actitudes del MAS, el MIP y el NFR frente al orden democrático- las reglas de juego de la competencia política no perdieron su vigencia. El sistema de partidos se mantuvo como un conjunto estable de partidos que interactúan según reglas de juego aceptadas por todos. Lo que ocurrió fue un serio desgaste del sistema de partidos por la desaparición y declinación de algunos de sus componentes y la aparición de otros. Esto equivalía, en rigor, a una metamorfosis pero no a una disolución del sistema de partidos como tal.3 Es indudable que el trípode de partidos se deshizo. Habiendo obtenido en las elecciones de 1997 el 22.26% de los votos y 45 escaños, ADN sufrió una catastrófica derrota convirtiéndose en un partido marginal y al borde de la desaparición puesto que logró sólo el 3,4% de votos y 5 escaños. Esta catastrófica derrota fue previsible y casi un resultado esperado debido a la pésima gestión del gobierno de Banzer, cuya muerte terminó en comprometer seriamente el futuro del partido. Para el sistema de partidos, la marginalización de ADN supuso ciertamente el comienzo del ocaso del eje de partidos que sostuvo el proceso democrático hasta ahora.

Sin embargo, la descomposición del trípode MNR, MIR, ADN no trajo como consecuencia inmediata el derrumbe conjunto de los tres partidos que lo conformaban ni tampoco el colapso total del sistema de partidos. El trípode dejó de existir pero el MNR y el MIR mantuvieron provisionalmente, aunque debilitados, su posición de partidos relevantes con capacidad de coalición para formar una nuevo gobierno. El MNR ganó las elecciones por una ligera mayoría relativa del 22.46% de los votos; sin embargo, obtuvo la bancada más fuerte de 47 escaños mientras que el MIR con el 16. 32% de los votos se colocó como tercera fuerza parlamentaria con 31 escaños de un total de 157 escaños. Son estos resultados así como la polarización y las presiones de la Embajada de los Estados Unidos para evitar el ascenso del MAS los que abrieron la posibilidad de que el MNR y el MIR armaran una difícil coalición parlamentaria y gubernamental, inicialmente con 78 escaños o el 49.67% del Congreso -casi la mayoría absoluta de 79 escaños- para luego obtener la mayoría absoluta con el apoyo de UCS (83 escaños o el 52.85% del total de escaños). Por lo tanto, las elecciones de 2002 no desbarataron el sistema de partidos ni dieron lugar a otro eje político alternativo con capacidad de acceder al gobierno. Sin embargo, el porcentaje de escaños del MNR y el MIR, como columna vertebral de la nueva coalición, significaba ya un serio debilitamiento de los partidos relevantes y de las coaliciones gobernantes si las comparamos con anteriores coaliciones como el Pacto por la Democracia en 1985 entre MNR y ADN que tuvo 75% (119 escaños) o el Acuerdo Patriótico en 1989 entre el MIR y ADN que logró 60% (94 escaños).

El sistema de partidos sufrió también una sustancial modificación porque los dos partidos neopopulistas que surgieron a fines de la década de los ochenta se hundieron: UCS pasó a la marginalidad al obtener sólo el 5.5% de los votos y 5 escaños, y CONDEPA –un patético caso de muerte anunciada- colapsó totalmente con apenas el 0.36% de los votos perdiendo así su personería jurídica. Para tres de los cinco partidos importantes desde 1989, las elecciones significaron entonces la tumba o una caída en picada de la cual será muy difícil recuperarse. Por otras dos razones, se puede decir que la recomposición fue igualmente importante. Por un lado, nuevos movimientos campesinos se transformaron en movimientos políticos logrando una representación política de carácter histórico. El movimiento cocalero, organizado en el MAS, se ubicó en segundo lugar con el 20.94% de los votos y 35 escaños Si se agrega la votación del MIP, que consiguió el 6.09% de los votos y 6 escaños, ambos movimientos alcanzaron el 27. 03% de los votos y 41 escaños que constituyen el 26% del total de escaños en el Parlamento. Por el otro lado, NFR se ubicó, en términos de votos, en el tercer lugar con el 20.91% de los votos pero, en términos de escaños, en el cuarto lugar. Aunque el número efectivo de partidos se mantuvo inalterable en cuatro partidos, es indudable que el sistema experimentó una notable transformación respecto a los actores que lo componían (Descargar Tabla 3, word).

La segunda consecuencia de gran alcance fue la polarización del sistema multipartidista a causa del surgimiento de movimientos políticos de tendencia fuertemente antisistémica -el MAS y el MIP- y, en menor medida, de la neopopulista NFR. El poder parlamentario logrado por el MAS y el MIP polarizó el sistema de partidos porque ambos se forjaron como movimientos políticos hostiles y/o ambiguos en relación a la democracia representativa y al modelo de economía de mercado. Se abrió así una nueva distancia ideológica con los partidos sistémicos. El NFR es parte de este escenario de polarización por ser un partido neopopulista que propone un retorno al sistema de control estatal de la economía.

Estos partidos capturaron el descontento acumulado por la crítica situación de pobreza y exclusión social, y por los graves desaciertos del gobierno de Banzer. El electorado se dividió casi en dos campos al decidirse por ofertas que proponían cambios radicales por la vía del desmontaje radical –aunque no dio su respaldo a otros candidatos antisistémicos como Costa Obregón- o por opciones de reforma moderada. Pero la polarización no fue sólo el resultado coyuntural de la insatisfacción de una parte considerable de la población, especialmente rural, con el rendimiento de los partidos y de la política económica, sino que fue también un efecto del resurgimiento de tensiones étnico-culturales que estuvieron latentes desde la transición a la democracia y asumieron ahora una forma política con los movimientos sociales de los cocaleros del Chapare y de los campesinos aymaras del Norte de La Paz. Estamos, por cierto, ante la fuerte politización de conflictos económicos y sociales que se desencadenaron en el gobierno de Banzer, pero, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, los movimientos campesinos dieron mayor impulso a las dimensiones étnico-culturales e ideológicas -la democracia comunitaria, el valor cultural-simbólico de la hoja de coca, el rechazo a la economía de mercado y la globalización- que ya estuvieron presentes en la práctica política de Evo desde la formación del movimiento cocalero y su ingreso al Parlamento en 1997. Como reacción a la rígida política norteamericana y a la drástica erradicación de cocales en el gobierno de Banzer y Quiroga, estos valores y principios fueron explotados crecientemente como dispositivos de justificación ideológica del principal objetivo en la lucha del movimiento cocalero, la defensa de la economía de la coca.

Algunos piensan que han renacido las brechas entre la derecha y una izquierda renovada, y que el MAS es la expresión de una "nueva izquierda". Sin embargo, no se ha producido ni la resurrección de la vieja izquierda marxista ni la emergencia de una nueva tendencia de izquierda revolucionaria. La izquierda ortodoxa -comunista y trotskistas- ha desaparecido del mapa y sus exiguos resabios incrustados en el MAS no son sinónimos de renovación o innovación política. Es cierto que con el MAS y el MIP se han replanteado temas de la izquierda tradicional como el anti-imperialismo, la defensa de los recursos naturales y la recuperación de la economía estatal. Pero estos elementos ideológicos son más bien componentes de la izquierda tradicional, conservadora y no plantean un nuevo modelo económico-social sino la restitución de un modelo populista. Y en el ámbito de las dimensiones étnico-culturales, los programas del MAS y el MIP son también expresiones políticas conservadoras y utópicas que miran hacia atrás. Por esto, estos partidos ponen énfasis en la defensa de tradiciones ancestrales, en la recuperación de territorios originarios y el futuro político como retorno al mítico pasado del Incario (MAS 2002: 59-88, MIP 2002: 121-134). En ambos sentidos, emplear el término de izquierda es inapropiado a no ser que establezcamos una errónea homología entre este término, el rechazo radical al modelo económico-político, y una concepción cíclica de la historia.

La actual polarización ideológica no se puede entender entonces con los parámetros tradicionales de derecha e izquierda porque los conflictos sociales se plantean, sobre todo para el MIP, desde una perspectiva étnico-cultural. Por eso, nuevas contradicciones marcan el actual escenario político y la dinámica del sistema de partidos: contradicciones entre un modelo fundamentalista-étnico y un modelo democrático-pluralista de organización política, entre la democracia del ayllu y la democracia representativa, entre un modelo de economía de mercado e inserción en el proceso de globalización y un modelo de economía comunitaria y desarrollo nacional autárquico, entre una concepción del rol del Estado como promotor y regulador de la economía y una concepción de reestatización de la economía.

El tercer efecto de gran relevancia ha sido la inclusión de nuevos sectores sociales al sistema político. Dadas las características del sistema electoral de doble circunscripción y representación proporcional personalizada que se aplica desde 1997, el sistema democrático demostró tener una gran capacidad de inclusión y adaptación política a las nuevas tendencias y demandas sociales. Si comparamos con intentos previos realizados por partidos kataristas, tanto fundamentalistas como moderados, en la década de los ochenta, es indudable que la lucha por la representación política autónoma de la masa indígena y campesina dio un salto cualitativo, cuya sustentabilidad está, sin embargo, por verse. Por diversas razones, los partidos kataristas nunca habían superado antes el 2% de la votación. El salto cualitativo en las elecciones de 2002 respondió a dos tendencias de acumulación política de largo alcance que fueron desarrollándose en la última década, particularmente a partir de la reforma electoral de 1994-1996, que ha impulsado la territorialización del voto, y a partir de la aplicación de la ley de participación popular que ha creado nuevos espacios de competencia política en el ámbito local-municipal. En primer lugar, y en contraste con anteriores elecciones, grandes sectores campesinos e indígenas participaron votando por opciones propias como el MAS y el MIP fortaleciendo la tendencia hacia una representación político-partidaria autónoma basada no sólo en demandas económico-sociales, sino en la politización del principio de identidad étnico-cultural. En segundo lugar, se ha producido un notable desarrollo de la representación política en la dimensión de la representatividad, es decir, se abrió paso la representación "descriptiva" que satisface el requisito de semejanza por el cual un sector social o étnico-cultural tiende a elegir representantes que reflejan sus propias características sociales y culturales. De este modo, en las elecciones de 2002, los campesinos aymaras eligieron a representantes aymaras o los cocaleros del Chapare a sus dirigentes sindicales. El otro aspecto decisivo ha sido que los movimientos indígenas desarrollaron la capacidad de transformar su fuerza de movilización social en poder político e ingresar al sistema político-institucional. Por consiguiente, las elecciones han sacado a la superficie no sólo el potencial político de estos movimientos sociales; han robustecido también la lucha de pueblos indígenas por una representación política propia.4

Lo notable es que tanto el sistema electoral como el sistema de partidos políticos no se cerraron al acceso de nuevas fuerzas sociales. Ambos desplegaron más bien la flexibilidad suficiente para canalizarlas por un cauce político permitiendo claramente que movimientos sociales e identitarios pudieran transformarse en movimientos políticos con representación política propia.5 Fue decisiva para esta apertura la reforma electoral, realizada entre 1994 y 1996, mediante la cual los partidos políticos intentaron resolver una serie de problemas que afectaron la representación política y el funcionamiento del sistema de partidos. Para contrarrestar el creciente divorcio entre electores y elegidos y hacer posible una cierta autonomía de los diputados frente a las organizaciones partidarias con la representación territorial se introdujo la diputación uninominal. Pero ya en las elecciones de 1997 en las que se aplicó por primera vez, el nuevo sistema electoral de representación proporcional personalizada para la elección de diputados, que combina distritos plurinominales y distritos uninominales, demostró que sus efectos principales no radicaron tanto en la disminución de la desconfianza hacia los partidos o la reducción del número de partidos políticos y de la volatilidad electoral. Sus efectos más contundentes - y mucho más aun en las elecciones generales de 2002 – fueron la territorialización del voto, el perfil del diputado uninominal como gestor de políticas municipales, el reforzamiento de los partidos o movimientos con fuertes baluartes locales así como el fortalecimiento de la representación corporativa y étnica (Mayorga 2001a, 2001b). Precisamente movimientos políticos como el MAS y el MIP sacaron muchas ventajas del sistema electoral incorporando a sus listas de candidatos a dirigentes indígenas con fuerte presencia en sus distritos rurales demostrando que el sistema electoral tiene un potencial nada despreciable para promover la dimensión étnica de la representación.

Estimulado así por el sistema electoral, el viraje cualitativo del sistema democrático residió principalmente en la politización del pluralismo multiétnico y multicultural. Sin embargo, no es menos cierto que con este giro se destaparon discrepancias conceptuales y normativas sobre la democracia que anidan hace tiempo en el sistema político y que están en la raíz de la polarización entre dos vías contradictorias e incompatibles: una vía de ruptura con el sistema democrático, propuesta por corrientes fundamentalistas en el MAS y el MIP, y una vía de democracia multicultural centrada en el reconocimiento de las diversas identidades étnico-culturales dentro del contexto constitucional y normativo del sistema democrático-representativo. Ambos caminos expresan diferencias culturales y normativas que reproducen una fractura política que el sistema político había empezado a conciliar de manera democrática, aunque muy limitada, con la ley de participación popular y la ampliación de la participación política al campo parlamentario. Sin embargo, estas iniciativas históricas de complementación de dos concepciones diversas de organización política, que podrían convivir con mayores probabilidades de éxito en el ámbito local y municipal, hizo crisis porque la política de la participación popular en un contexto de grandes limitaciones económicas, sociales e institucionales–especialmente en los municipios andinos- fue desvirtuada por el prebendalismo de los partidos políticos exacerbándose así las tensiones étnico-culturales. De esta manera, tanto la inclusión de amplios sectores indígenas y campesinos al sistema político como la ampliación de la participación política corren el riesgo de naufragar. ante las debilidades institucionales del Estado y de los partidos políticos.

Es en este contexto que el MAS y el MIP surgieron como movimientos identitarios definiendo su acción política y movilización según la lógica de la "demarcación étnica de límites" (Eder 2001: 202). Estos movimientos comenzaron a explotar políticamente códigos discursivos insertos en el principio de la defensa de identidades colectivas indígenas para refundar el sistema político. Como vimos, entre estos códigos están principalmente la democracia del ayllu, la hoja de coca como símbolo cultural, la idea de la apropiación y el control integral de "territorios originarios", y sobre todo la recuperación de un pasado indígena considerado como época de oro.

Finalmente, el cuarto efecto importante de las elecciones de 2002 tiene que ver con la redistribución territorial y regionalización del voto. Aunque el MNR y, en menor medida, el MIR fueron los partidos con mayor proyección nacional, se dibujó, como nunca antes, una geografía electoral por la cual la representación política se escindió territorialmente en dos grandes regiones. Las manifestaciones más contundentes de esta fractura fueron, por una parte, el triunfo del MAS por mayoría relativa en cuatro de los cinco departamentos andinos donde está concentrada la población indígena y donde la volatilidad electoral fue especialmente alta en el pasado (La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí) y, por otra parte, la victoria del MNR también por mayoría relativa en los departamentos orientales y amazónicos (Santa, Cruz, Beni y Pando) y el triunfo aislado del MIR en Tarija. Por tanto, la volatilidad electoral se reflejó de manera notoria en una abrupta redistribución territorial del voto. Cabe suponer, por ejemplo, que en el departamento de La Paz los sectores sociales que votaron en elecciones pasadas por CONDEPA, decidieron ahora su voto por el MAS y el MIP que conquistaron juntos 15 de los 34 escaños adjudicados al departamento.

Las elecciones de 2002 dieron lugar entonces a un sistema con partidos de desigual fuerza y presencia regional; fenómeno que ha sido reforzado por dos razones principales. El sistema electoral de doble distrito impulsa, en efecto, la territorialización del voto en torno a partidos o movimientos que tienen bastiones electorales locales y/o regionales. Hay que considerar, además, que la elección por nueve distritos departamentales con sistemas electorales distintos para la elección de diputados y senadores ha creado una extraordinaria desproporcionalidad territorial del voto –o "malapportionment" en la terminología de los estudios electorales- que es de las más altas en Latinoamérica y en el mundo (Samuels y Snyder 2001). Es decir, el principio de la igualdad del voto ha sido vulnerado porque el voto de un ciudadano en Pando vale mucho más que en La Paz o en Santa Cruz. Por ejemplo, en las elecciones de 2002, para elegir un diputado plurinominal en Pando se necesitaron 3.270 votos y en La Paz 28.377 votos. Este es un problema que exige una nueva redistribución del número de diputados por departamento de acuerdo al crecimiento demográfico o la creación de un distrito nacional para la elección de diputados por listas partidarias.

Repensando la representación política y la institucionalización del sistema de partidos políticos

Las elecciones generales de 2002 desnudaron problemas estructurales que arrastraban los partidos políticos, particularmente, en relación a su capacidad de representación. Un problema fundamental fue la volatilidad electoral. Los partidos defraudaron a vastos sectores de la población provocando expectativas y esperanzas crecientes en nuevos líderes.6 Como señalan los resultados de las siete elecciones presidenciales realizadas desde 1979, los nexos entre los partidos y la sociedad, reflejados en el apoyo electoral, fueron frágiles. El voto fue sobre todo la expresión de un apoyo condicional, dependiente de la personalidad de los candidatos y del desempeño efectivo de los partidos en función de gobierno en relación con demandas e intereses específicos como empleo, educación, ingreso y vivienda. En principio, no se puede afirmar que el electorado hubiera estado definido por fuertes identidades políticas, sino por la disponibilidad política de amplios sectores pobres de la sociedad. En efecto, para vastos sectores sociales no fueron las alternativas políticas, ofrecidas por los partidos políticos lo que realmente importaba, sino la probabilidad de que éstos tuvieran la capacidad de resolver los problemas cotidianos de la gente. Por lo tanto, la volatilidad electoral se originó en dos causas estructurales: por un lado, en el desgaste de los partidos en función de gobierno a raíz de su insuficiente capacidad para obtener una "legitimación por rendimiento" mediante políticas públicas eficaces; por el otro lado, en transformaciones profundas de la estructura social que tienen que ver con el crecimiento de la economía informal y la desaparición de la economía estatal que erosionaron las bases sociales de lo partidos y, en consecuencia, la representación política.

Los partidos políticos no tuvieron electorados permanentes, ubicados en una determinada clase social, si bien los partidos relevantes montaron bastiones regionales bastante estables. A partir de la crisis de la economía estatal que llevó a la disolución de la clases obrera, los partidos importantes tendieron a actuar como "catch-all parties" buscando representar a diversas clases o segmentos sociales sin apelar directamente a algún grupo social determinado o a una ideología clasista. Como resultado, tanto para ellos como para sus electorados, las demandas políticas se transformaron en demandas negociables y su racionalidad de acción fue, por esta razón, pragmática. En Bolivia se ha reproducido así un fenómeno que es mundial: la transformación de la naturaleza de la representación política misma impuso un carácter fluido y funcional a los apoyos electorales.

Sin electorados estables, los partidos se vieron sometidos a fuertes oscilaciones y desplazamientos de las preferencias electorales cuya consecuencia directa fue precisamente la volatilidad electoral. Tomando en cuenta la elecciones presidenciales y de diputados entre 1979 y 1993, la volatilidad media en Bolivia fue de 36.1%, que comparándola con la volatilidad media del Perú (54.2%) y la del Brasil (70%) en períodos similares es relativamente baja. Son los sectores informales los que han demostrado un enorme grado de fluctuación de sus preferencias electorales, lo cual evidencia también que no estuvieron ligados a los partidos políticos por razones ideológicas o programáticas. Con las excepciones parciales de CONDEPA y actualmente del MAS, los partidos políticos no tuvieron un arraigo en sectores sociales específicos. Así, por ejemplo, los sectores de clase media, que entre 1979 y 1989 votaron preferentemente por ADN, desplazaron su apoyo en 1993 hacia el MNR y en 1997 y 2002 volvieron en cierta medida a apoyar a ADN y al MIR, y luego al MNR y al MIR respectivamente. De los partidos creados en los últimos años, quizás sólo el MAS, que es en el fondo un movimiento social, tenga alguna posibilidad de transformarse en un partido con convocatoria estable, aunque restringida regionalmente a la región andina del país, mientras que el NFR ha demostrado ser un partido frágil cuyo crecimiento a escala nacional fue más aparente que real. Después de la crisis de octubre de 2003, no hay elementos para sostener que el ascenso logrado por el NFR en las elecciones de 2002 con un programa populista y demagógico pudiera traducirse en una alternativa frente al decaimiento de los partidos que fueron el eje del sistema político.

¿Refleja la inestabilidad de la representación política una frágil y embrionaria institucionalización del sistema de partidos? Mainwaring y Scully han planteado cuatro criterios efectivos para diferenciar los niveles de institucionalización de los partidos políticos en América Latina: 1) la estabilidad en las reglas de juego y el fortalecimiento de la competencia interpartidaria; 2) la existencia de partidos con fuertes raíces en la sociedad; 3) la legitimidad acordada por los actores políticos al proceso electoral y los partidos; y 4) la existencia de organizaciones partidarias bien establecidas (Mainwaring y Scully 1995: 4-6). Con base en estos criterios, estos autores clasifican al sistema de partidos de Bolivia, junto con el de Ecuador y Brasil, como un sistema de partidos embrionario. En contraste, y aplicando los mismos criterios, se podría evaluar de una manera más positiva los niveles de institucionalización que relativamente alcanzó el sistema de partidos en Bolivia hasta 2002, por lo menos, en tres aspectos. En primer término, el sistema de partidos fue exitoso en crear una relativa estabilidad de las reglas de juego y fortalecer la competencia entre los partidos. Si no fuera así, el sistema de partidos no habría desarrollado la capacidad de acuerdos y de formación de gobiernos estables de coalición. En segundo término, a pesar de la grave erosión que sufrió el sistema partidista en las elecciones de 2002, dos partidos –el MNR y el MIR- mantuvieron todavía su arraigo relativamente estable en la sociedad como se demuestra por la votación obtenida entre 1985 y 2002. En tercer término, no obstante el rechazo de muchos dirigentes del MIP y del MAS, ahora parlamentarios, a la "democracia burguesa", las reglas de juego y la legitimidad de los procesos electorales no fueron cuestionadas.

Es en relación al cuarto nivel de institucionalización que persistieron y persisten serias dudas, especialmente por los resultados de las elecciones de 2002. Con la excepción my parcial del MNR y el MIR, los partidos y nuevos movimientos políticos carecen de sólidas organizaciones y de estructuras internas (Mayorga 2002: 167-213). Este es, en efecto, el aspecto más controvertido y desigual. Impulsado por la ley de partidos políticos y la ley electoral, se inició tardíamente en 1999 un proceso de democratización interna de los partidos, que se estancó en una fase embrionaria. Sin definir taxativamente cuáles deberían ser en concreto las normas y procedimientos, los artículos 19 y 20 de la ley de partidos políticos exigen a los partidos de modo general el ejercicio de la democracia interna estableciendo normas de elección y nominación de candidatos que garanticen la organización y el funcionamiento democrático de los partidos. Esto me parece razonable porque se ha evitado imponer el sistema de primarias imperante en Estados Unidos que ha tenido consecuencias muy negativas sobre los partidos (Lijphart 1999, Dahl 1990). Lo menos que se puede afirmar es que las primarias no favorecen necesariamente la democratización de los partidos.7

Sin embargo, el proceso de democratización interna tuvo, por muchas razones, resultados muy limitados y discutibles. Fue una constante demanda de la sociedad, pero cobró impulso recién por las transformaciones que trajo consigo la ley de participación popular elevando al municipio a una categoría de primer orden del escenario político antes desconocida. Las organizaciones de los partidos se vieron ante la necesidad de adecuar sus estructuras a los nuevos espacios locales. Dada la flexibilidad de la ley de partidos políticos, los procedimientos y los alcances de la democratización interna fueron diferentes. Una primera diferencia radicó en los alcances de las elecciones internas: si se debía elegir a todas las autoridades del partido, incluyendo al jefe nacional. La otra diferencia consistía en el carácter abierto o limitado de las elecciones; es decir, si los ciudadanos con derecho a voto debían ser sólo los militantes o también los simpatizantes o simplemente cualquier ciudadano como en Estados Unidos. El MNR realizó las elecciones internas en julio de 1999 antes de la promulgación efectiva de la ley de partidos políticos en agosto de ese año. De acuerdo a sus estatutos, el MNR estableció procedimientos para la elección directa de los dirigentes abarcando todos los órganos de dirección nacional y territorial del partido como son la Convención Nacional (compuesta por 642 delegados territoriales y 100 delegados funcionales y sectoriales), el Comando Nacional (compuesto por 100 delegados territoriales y 20 delegados funcionales y sectoriales) y el Comité Ejecutivo Nacional –el máximo órgano de dirección- que esta conformado por el jefe nacional, dos subjefes nacionales, 9 jefes departamentales y 9 delegados electos por el comando nacional y el secretario ejecutivo. De este proceso se exceptuó al jefe nacional del partido cuya elección sigue siendo una atribución de la Convención Nacional. El derecho a voto fue ejercido principalmente por los militantes, pero fue ampliado a los simpatizantes que en el momento de elegir a sus candidatos debían firmar su adhesión al partido.

Comparando las tres elecciones internas de los partidos realizadas entre 1999 y 2001, es claro que el único partido que logró democratizar de manera limitada sus estructuras internas y además renovar sus órganos de dirección ha sido el MNR. Aunque hubo también irregularidades en los comicios, éstas no fueron de una gravitación negativa. Por el contrario, en términos generacionales y de renovación, estas elecciones tuvieron cierta importancia porque llevaron a la derrota de la llamada "guardia vieja" y al ascenso de nuevos dirigentes a niveles de decisión en el partido, particularmente en los órganos claves que son el Comando Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. De los partidos históricos, cabe recordar además que hasta ahora sólo el MNR logró reemplazar a su "jefe histórico", Paz Estenssoro (1942-1988), quien fue sustituido por Sánchez de Lozada en 1989. No obstante, las elecciones internas dejaron profundas heridas entre los sectores antiguos y nuevos del partido así como recelos entre los nuevos dirigentes que no quedaron satisfechos con las funciones asumidas después de la Convención Nacional que reeligió a Sánchez de Lozada como jefe del partido. Las elecciones internas tampoco tuvieron impacto sobre la democratización del MNR en relación al desarrollo de prácticas de debate colectivo y a la conducción democrática del partido. Sánchez de Lozada se erigió y se mantuvo como caudillo indiscutido que impuso sus ideas y objetivos.

En el MIR y ADN las elecciones internas tuvieron alcances diferentes y fueron realizadas con muchos sobresaltos y vicios. Estuvieron empañadas por graves dudas sobre la legitimidad de los procedimientos utilizados como compra de votos, violación de las normas democráticas y por acusaciones severas entre los candidatos, especialmente, entre candidatos a jefes departamentales. El caso del liderazgo del MIR, un partido que se concibe como socialdemócrata, es el más insólito por sus prácticas políticas que han contradicho insistentemente su retórica democrática. Desde su fundación en 1971 es un partido altamente caudillista que hasta hace poco carecía de estatutos internos y no llevó a cabo un congreso partidario. Ha sido y es un partido dependiente en extremo de su líder máximo, Jaime Paz que resolvió sus disputas internas por la vía de la expulsión o autoexclusión de los disidentes. Sus dirigentes en el nivel del Comité Ejecutivo Nacional fueron designados directamente por el jefe del partido. Sus patrones de acción han obedecido a las normas tradicionales del clientelismo y prebendalismo, lo cual se ha puesto de manifiesto claramente en varios departamentos del país en los cuales sus lideres regionales –los denominados "cardenales"- actuaron como caciques de antaño.

Las elecciones internas del MIR de 2001, abiertas a cualquier ciudadano que quisiera votar y limitadas a la elección de jefes departamentales, fueron cuestionadas en ciudades importantes como Santa Cruz y La Paz donde se decidió anularlas por el exceso de actos fraudulentos como manipulación de registros provocando además serias fracturas y peleas internas entre los "cardenales" y los llamados renovadores que se lanzaron mutuamente acusaciones de manipulación electoral y compra de votos. En el caso del MIR, es aún más difícil afirmar que las elecciones internas hubieran promovido la democratización interna ni menos una renovación legitimada de los liderazgos a pesar que en varias regiones del país aparecieron nuevos líderes del partido. El partido emergió de su proceso electoral aún con mayor dependencia de su líder y sin haber seriamente saldado cuentas con varios dirigentes comprometidos desde hace muchos años en flagrantes casos de corrupción.

En ADN las elecciones internas no fueron menos cuestionables. Estas se realizaron para elegir a los jefes departamentales estando restringido el derecho de voto a sus militantes. Pero, como en el caso del MIR, hubo problemas escandalosos de transparencia en los procedimientos. Las elecciones en La Paz fueron anuladas por la propia junta departamental del partido y las de Potosí anuladas por la Corte Nacional Electoral. En Cochabamba el prefecto departamental, miembro de ADN, fue acusado por utilizar recursos humanos y financieros del gobierno regional para ganar las elecciones, razón por la cual miles de militantes optaron por renunciar al partido. En ADN es evidente que el intento de democratización interna resultó frustrado porque no se legitimaron las dirigencias regionales con procedimientos claros –los propios dirigentes violaron sus estatutos internos y las normas institucionales- y la renovación de liderazgos quedó entrampada en la lucha interna entre los grupos modernizadores y tradicionales del partido. ADN, como en el caso del MIR, continuó siendo un partido altamente dependiente de su líder, el Gral. Banzer. Las elecciones internas no despejaron las sospechas fundadas de que Banzer, como cabeza entonces del poder ejecutivo, apoyó de manera preferente ciertos candidatos8.

Resumiendo, el balance que se puede hacer de los primeros intentos de democratización interna entre 1999 y 2001 resulta muy pobre. Sólo en el caso del MNR, llevó a una cierta democratización y renovación de estructuras y liderazgos regionales y locales, mientras que, en el caso del MIR y ADN, los procedimientos ilegítimos y las fracturas internas entorpecieron ambos objetivos. En los tres casos la democratización tuvo en común una serie de conflictos que pusieron en entredicho –en mayor o menor medida- la cohesión de los partidos y la aceptación de corrientes divergentes internas.9 Fue notorio sobre todo que la democratización interna no tuviera ninguna relevancia para fortalecer a los partidos haciendo de los nuevos dirigentes líderes representativos de la sociedad.

Notas


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