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Parte 4 / 4
El experimento del gobierno sin partidos: ¿la cuadratura
del círculo?
 El
gobierno de Carlos Mesa, un "outsider" de la política, emergió gracias a que
se impuso el mecanismo de la sucesión constitucional en un momento en el que
el MAS y las organizaciones sociales que precipitaron la caída de Sánchez de
Lozada apuntaban a una interrupción del mandato constitucional por la vía de
elecciones anticipadas. Al asumir la presidencia en medio de una crisis sin
precedentes, Mesa adoptó dos decisiones de gran gravitación que aferran como
tenaza a su gobierno. La primera decisión fue formar un gabinete de
independientes basándose en el supuestamente incontrovertible argumento de
que el descrédito y fracaso de los partidos habían desvirtuado y enterrado
el ciclo de la democracia pactada y los gobiernos de coalición. La segunda
decisión fue asumir la llamada "agenda de octubre", impuesta por el MAS y
dirigentes del movimiento insurreccional contra Sánchez de Lozada que, con
derivaciones y consecuencias imprevisibles, plantea sobre todo dos
objetivos: el referéndum sobre la política del gas y la asamblea
constituyente.
¿Eran ambas decisiones, como ahora se tiende a
considerarlas, el camino único e ineluctable para afrontar la crisis
política? Por sus consecuencias no deseadas y perversas que ya están a la
vista, es pertinente abrigar serias dudas. Es cierto que la sucesión
constitucional fue la mejor solución posible para la estabilidad
democrática, pero la "agenda de octubre" entraña una salida plena de riesgos
porque conspira contra esta misma estabilidad y, como resultado de la
quiebra de consensos y de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, atiza
más el fuego de la polarización y confrontación. La agenda de octubre es el
producto de una crisis total de hegemonía pero es probable que quede
entrampada porque no es un programa político con potencial para resolver
esta crisis. El proyecto de realizar una asamblea constituyente en un
escenario de grave polarización puede significar un salto al vacío, un paso
más acelerado hacia el desmontaje de la democracia pues refuerza tendencias
democráticas en apariencia pero devastadoras en sus objetivos y
consecuencias como es la tendencia hacia la democracia plebiscitaria y
populista que esta agenda implica llevando al gobierno a someterse a
presiones corporativas y asambleístas así como a abdicar de su
responsabilidad constitucional por políticas de Estado (Mayorga 2001d). Esta
tendencia se manifiesta claramente en el referéndum de carácter
plebiscitario que ha propuesto el gobierno en abril de 2004 y que no disipa
las incertidumbres y problemas porque, como astuto intento de equilibrio
entre posiciones antagónicas, permite interpretaciones contradictorias.
La decisión de formar un gobierno sin partidos y sin soporte
parlamentario constituye también un frágil experimento gubernamental.
Subestimando el hecho real que los partidos políticos son aún factores de
poder, el gobierno no le dio mucha importancia por razones de principio a un
trabajo permanente de articulación y concertación política con el
legislativo. El gobierno de Mesa enterró la democracia pactada; sin embargo,
su supervivencia depende paradójicamente de la colaboración de los partidos
y de la concertación con ellos. ¿Puede un gobierno sin apoyo parlamentario
consistente, que ha recurrido a un partido fantasmagórico como el MBL,
gobernar a espaldas del parlamento y, además, resistir a organizaciones
sociales radicales en las que quiso apoyarse y que ahora se le oponen? ¿Es
sostenible un régimen político con un ejecutivo independiente y un
parlamento más hostil que colaborador en el cual se ha esfumado la división
tradicional entre oficialismo y oposición?
Mesa optó resueltamente por correr el riesgo de presidir un
gobierno bloqueado en el parlamento por los partidos depuestos y por la
oposición inicialmente virulenta del MAS, y también acosado por el recelo de
la embajada de Estados Unidos. En el primer medio año de su gobierno, Mesa,
aislado del congreso, desterró la concertación política confiando en que su
imagen y el elevado apoyo de la opinión pública ejercerían la presión
necesaria y serían suficientes para realizar la agenda política de octubre
de 2003. En el terreno de la propia "agenda de octubre", el gobierno de Mesa
estuvo paralizado y no pudo cumplir sus promesas respecto al referéndum y la
ley de hidrocarburos, que además generaron alarma y suspicacia en los
consorcios petroleros. Después de varios intentos fracasados de acercamiento
entre el congreso y el ejecutivo, el congreso pasó a la ofensiva poniendo en
jaque al gobierno cuando censuró a un ministro y rechazó la política fiscal
del gobierno. Ante esta situación, el ejecutivo amenazó con la dimisión y
Mesa tuvo finalmente que admitir que era "muy difícil cambiar el país sin
respaldo político" (La Prensa, 13 de marzo de 2004). Recién en marzo de 2004
y después de la fuerte presión ejercida por la embajada de Estados Unidos,
tuvo lugar un deshielo parcial cuando el MNR y el MIR sancionaron
parcialmente un proyecto de ley para aliviar el elevado déficit fiscal. Mesa
decidió sobre todo adoptar un paso firme para romper el cerco de la política
enteramente reactiva del parlamento que rechazó el debate sobre el proyecto
de ley de hidrocarburos del gobierno. El gobierno lanzó entonces una
contraofensiva al convocar al referéndum sobre la política del gas, sin una
ley previa, lo cual implicaba en principio la decisión de gobernar por
decreto y obligar al parlamento a adoptar una posición.
Bajo estas circunstancias, la viabilidad del gobierno ha
dependido ciertamente de un juego de equilibrios muy inestables con el
parlamento y las organizaciones sociales; y si logró mantenerse
precariamente se debió en gran parte al cambio de estrategia del MAS que
pasó de la estrategia del "cerco" -aplicada contra Sánchez de Lozada y, al
principio, también contra Mesa- a una estrategia de apoyo indirecto y
después de limitados acuerdos con el gobierno a fin de potenciarse para las
elecciones municipales de diciembre de 2004.13
Otra razón que explica su ardua supervivencia fue la propia fragmentación y
el particularismo de movimientos sociales y "minorías intensas" que se
oponen al gobierno. Siendo promotores de inestabilidad política, ninguno de
ellos por sí solo podría derribar al gobierno, aunque en un posible pero
poco probable escenario de caos generalizado y desmoronamiento del Estado,
el resultado sería la renuncia de Carlos Mesa. Un panorama distinto se
presenta en el ámbito de los partidos políticos que, en su mayoría, han
apostado por una política ambigua de colaboración al gobierno porque saben,
en el fondo, que la estabilidad del gobierno de Mesa es una condición para
enfrentar su crítica situación actual. Sin recursos directos de poder en el
ejecutivo, los partidos ex-gobernantes perdieron liderazgo y cohesión, y
están corroídos por la desintegración. El golpe devastador que sufrieron los
condenó a parapetarse en un parlamento convertido –como algunos ámbitos en
la administración pública- en último baluarte de acción en el que poseen
mecanismos de influencia y decisión. Por otra parte, dado el viraje hacia
una estrategia electoral de conquista del poder, el MAS se transformó a
regañadientes y con muchas duplicidades en el principal soporte del
gobierno. No obstante, debido a la fragmentación y la polarización de las
bancadas parlamentarias, el nuevo posicionamiento del MAS tampoco fue
suficiente para superar las tensas relaciones entre el ejecutivo y el
legislativo, definidas por la confrontación, la parálisis institucional y
los desacuerdos entre los mismos partidos.14
Por esta razón y basado en las encuestas que reflejaban una fuerte imagen
presidencial, el gobierno pensó imponer su agenda a un congreso que tuvo la
fuerza para desbaratar momentáneamente la política gubernamental, pero no
fue capaz de elaborar una agenda propia. Sin embargo, la viabilidad del
gobierno parece residir paradójicamente en la división, el desprestigio y la
falta de iniciativas de los partidos políticos.
En este contexto de impasse institucional, los partidos
políticos han seguido por separado sus propios derroteros. Mientras el juego
estratégico del MAS se orienta en el objetivo de expandir su poder político
por la vía de las elecciones municipales de diciembre de 2004, de la
asamblea constituyente y de las elecciones generales de 2007,15
¿cuáles han sido las estrategias de los partidos que fueron expulsados del
poder ejecutivo? La impresión predominante es que están involucrados en un
regateo particularista de corto plazo, destinado especialmente a mantener
las cuotas de poder que les quedan, a minimizar los efectos de una muy
probable derrota en las próximas elecciones municipales y supuestamente a
ganar tiempo para resolver sus disputas internas. Pero sus acciones son
miopes, no dejan traslucir propósitos de largo plazo y obedecen más a una
lógica coyuntural de ventajas inmediatas, relativamente contrarrestada por
el apoyo parcial y, muchas veces impuesto por presiones externas, a las
iniciativas del gobierno que culminó en la aprobación de la ley marco del
referéndum que incluye una disposición transitoria que legaliza el decreto
por el cual Mesa convocó al referéndum sobre la política del gas.16
Esta situación no es nada sorprendente porque la crisis de
octubre de 2003 desquició completamente a los partidos que eran el eje del
sistema político, sumergiéndolos en un grave proceso de división y
fragmentación. Como hemos visto, el trípode de partidos dominante
(MNR-ADN-MIR) se había ya disuelto en la elecciones de 2002 con la casi
desaparición de ADN. Los sobrevivientes, el MNR y el MIR, que no supieron ni
pudieron gobernar, cayeron también en un proceso creciente de disgregación.
Hundidos en un panorama de extremo desgaste, estos partidos se enfrentan
ahora, si es que quieren prolongar su existencia, al enorme desafío de
recuperar credibilidad y espacio político. Sin embargo, es dudoso que lo
puedan hacer sólo revisando programas políticos y recomponiendo sus cuadros
de dirección y sus estructuras internas. Si estarán en condiciones de lograr
su recuperación y renovar así el sistema de partidos, es precisamente uno de
los interrogantes que no admiten este momento ninguna respuesta
satisfactoria. El MNR está dividido en, por lo menos, tres fracciones, pugna
por superar la histórica crisis de liderazgo provocada por la caída de
Sánchez de Lozada, aunque no se percibe que tenga la capacidad de construir
a corto plazo un nuevo liderazgo con convocatoria política. El MIR ha
postergado innumerables veces la realización de elecciones a nivel nacional
y está igualmente fraccionado y sin conducción política clara. Una de las
razones ha sido que Paz Zamora se aferra a viento y marea a un liderazgo
cada vez más desgastado y cuestionado. Un grupo dirigido por el empresario
Doria Medina ha abandonado el partido con el argumento de que el MIR es ya
una organización irremediablemente viciada e irrecuperable, y ha fundado en
enero de 2004 un nuevo partido, el FUN, organizando a continuación
elecciones para sus cargos de dirección. Después de su efímera y oportunista
participación en la coalición de Sánchez de Lozada, el NFR está cuestionado
por una parte de su bancada parlamentaria que acusa al jefe del partido de
cuadillismo. El MAS como partido nuevo, que obedece más a una lógica de
movimiento social, acaba de sufrir recientemente una grave fractura por la
ruptura entre Evo Morales y Filemón Escobar, su principal ideólogo; ruptura
que debilita sus perspectivas de construcción partidaria y de fortalecer su
presencia en la política nacional. Después de la renuncia de Felipe Quispe a
su curul, el MIP está en camino seguro a la extinción.
Por lo tanto, la coyuntura actual está dominada por factores
que fortalecerán mucho más las tendencias hacia la descomposición y
atomización del sistema de partidos.17
Un factor nuevo es, por cierto, la reforma constitucional de febrero de
2004. Sin fuerzas para resistir a la corriente antipartido prevaleciente,
los propios partidos políticos aprobaron, de manera irreflexiva y con un
procedimiento anticonstitucional, un marco institucional chapucero y
contradictorio que es muy favorable a la desinstitucionalización del sistema
de partidos de partidos y a la ingobernabilidad.
Conclusiones
Las conclusiones que se pueden extraer del análisis no son
nada alentadoras. En primer término, los partidos políticos, que formaron el
eje en torno al cual giró la democracia boliviana, están en un torbellino de
descomposición facciosa que refleja una crisis histórica de liderazgo y
orientación programática. En consecuencia, el sistema multipartidista
polarizado que emergió de las elecciones de 2002 está bajo la amenaza de
muerte. En segundo término, la crisis política actual ha seguido bajo la
tónica del impasse entre el poder ejecutivo y el legislativo, la
disgregación de las instituciones y la creciente ingobernabilidad dejando un
estrecho margen de maniobra al gobierno de Mesa. Los partidos políticos
sobreviven atrincherados en el ámbito parlamentario y en reparticiones de la
administración estatal. Sobre el horizonte se cierne una crisis de largo
plazo del sistema de partidos políticos que hace improbable la emergencia de
alternativas duraderas, a corto o mediano plazo, basadas en partidos
políticos renovados o nuevos.
En tercer término, una probable recomposición democrática de
las condiciones de gobernabilidad sobre la base de los partidos políticos
está también puesta en cuestión por la masiva estigmatización del principio
de la política basada en partidos y, paradójicamente, por el mismo principio
consagrado en la reforma constitucional de febrero de 2004 por el cual
agrupaciones personalistas, corporativas y temporales de ciudadanos
independientes así como movimientos indígenas identitarios pueden
constituirse como organizaciones de representación política y competir con
los partidos políticos. Acecha incluso el peligro de que se frustre la
transformación de movimientos sociales como el MAS en partidos políticos de
carácter nacional que fuera impulsada por el sistema electoral y la ley de
partidos políticos todavía vigentes. Estamos, en consecuencia, en el umbral
de un proceso político, alentado por los mismos partidos, en el cual
movimientos altamente personalizados, con sustentación electoral dispersa y
local, harán de la política un campo de lucha por intereses localistas y
corporativistas bajo el supuesto de que son superfluos los partidos
políticos estructurados de alcance nacional y pueden ser perfectamente
reemplazados por esas organizaciones circunstanciales.
La cuestión principal ya no es entonces cómo se podría
fortalecer al sistema de partidos o a determinados partidos políticos en
particular, sino emprender una tarea más urgente: cómo y bajo qué
condiciones los partidos podrían generar estrategias destinadas a su
renovación y recuperación en un clima antipartido que ellos mismos han
contribuido a crear. Cuando los partidos han dado muestras de ser organismos
inadaptables y aquejados por males letales, sólo quedarían como soluciones
probables terapias intensivas de emergencia. La analogía biológica y médica
plantea un gran dilema: ¿se puede fortalecer y revitalizar a organismos
decaídos que aparentemente ya no tienen capacidad de recuperación?
El desafio de los partidos políticos es, por lo tanto, si
seran capaces de afrontar sus problemas de supervivencia en una coyuntura de
inestabilidad del régimen democrático en la cual el factor tiempo se
constituye en una variable fundamental. En este sentido, el problema crucial
es el de atacar la descomposición interna de las organizaciones partidarias
y de la atomización del sistema de partidos. Bajo el supuesto de que el
gobierno de Mesa – a pesar de la agenda de octubre- cumpla con su mandato
constitucional hasta agosto de 2007, los partidos políticos deberían
aprovechar este precioso tiempo para luchar contra la desintegración,
renovar sus estructuras de dirección, replantear sus programas, y recuperar
poco a poco en el escenario parlamentario la capacidad de hacer política
nacional y recomponer los consensos a través de grandes acuerdos políticos.
Los partidos están ante la urgencia de un cambio fundamental de la
concepción de hacer política para reconstruir sus relaciones con la sociedad
y contener el proceso peligroso de degradación de la autoridad y legitimidad
de las instituciones estatales. Si quieren sobrevivir, los partidos
políticos deben dejar de ser círculos facciosos de manejo prebendal del
Estado y deben desarrollar prácticas de deliberación y concertación con
organizaciones sociales que contribuyan a largo plazo a crear un nuevo
modelo de gobernabilidad que vaya más allá del modelo centrado en acuerdos
exclusivamente entre partidos políticos. Pero es poco probable que los
partidos puedan cambiar de identidad y adaptarse a los nuevos desafíos.
Argumentado contracorriente, pienso que los partidos
políticos deben asumir una tarea que tarde o temprano tendrán que acometer:
revisar a fondo las fallas y los desperfectos del marco constitucional que
ellos acaban de causar mediante la irreflexiva y chapucera reforma
constitucional de febrero de 2004 y con subsiguientes leyes como la ley de
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. ¿Será posible mitigar las
consecuencias e impactos destructivos del nuevo contexto constitucional que
es paradójicamente un contexto de desestabilización y erosión institucional?
Esta cuestión no es ociosa puesto que el sistema democrático ha
experimentado trastornos severos que lo erosionan: los partidos y liderazgos
políticos han perdido credibilidad y autoridad, las estructuras partidistas
están a merced de fuerzas disgregadoras y los políticos tienden a camuflarse
como antipolíticos; ha surgido como deseable y hasta factible una democracia
"ciudadana" que cree no necesitar de mediaciones políticas y de estructuras
representativas confundiendo así lo social y lo político; y, por
último, bajo la presión de la "agenda de octubre" los partidos políticos han
establecido instituciones como la asamblea constituyente que admite una
"reforma total" de la Constitución política del Estado consagrando el
desmantelamiento institucional y la política antipartido, dando así una
respuesta errada y desastrosa al problema real de las crisis global de los
partidos políticos.
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