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 Partidos políticos y sociedad civil: actores complementarios en la democracia

Democracia y derechos humanos

Por Rafael Toribio

Parte 1 /2

La Sociedad Civil como un nuevo actor

Durante muchos años los actores tradicionales en el quehacer político y público fueron los partidos políticos y el Estado, éste último a través de sus diferentes órganos. Los partidos políticos, que representaban cada uno en el pasado reciente una cosmovisión particular y un proyecto de sociedad y del Estado, monopolizaban la intermediación entre la ciudadanía y el gobierno, entendido éste como la personalización del Estado. Articulaban las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las formulaban al gobierno en busca de respuesta pertinente y oportuna. Los temas o asuntos que no eran articulados y formulados por los partidos, difícilmente podían ser conocidos por las instancias del gobierno. Además de esta función, esencial en el sistema político, le correspondía también con exclusividad a los partidos la preparación y entrenamiento de los cuadros dirigenciales que ocuparían los cargos de la administración pública, así como la presentación de los candidatos a los cargos electivos.

El Estado, por su parte, tenía asignada la conducción del país y la realización de las funciones, tareas y actividades que aseguraban la estabilidad del sistema y el bienestar material y espiritual de los ciudadanos y ciudadanas. Además de sus responsabilidades de dirección y control tenía también los de ser el principal motor de la economía y del desarrollo social. Todo lo que se exigía para un funcionamiento adecuado del sistema político y de bienestar de los ciudadanos quedaba en el ámbito de las acciones del Estado-Gobierno y de los partidos políticos.

Partidos políticos y gobiernos asumían todo el proceso político, quedándole solo al ciudadano la elección de las autoridades cada cuatro años, en el mejor de los casos. Se estableció una especie de división de trabajo entre los ciudadanos y la clase política: el pueblo elegía a las autoridades para que decidan y gobiernen, correspondiéndole a los Partidos la exclusividad de la intermediación entre la sociedad y el Estado.

Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre la sociedad civil, lo cierto es que su presencia es un hecho y los hechos no se pueden negar. Sólo admiten interpretaciones.

La historia política de cualquier país, sobre todo la reciente en América Latina y en la Europa Central, al menos, evidencia importantes roles desempeñados por organizaciones sociales, sobre todo en los procesos de transición de regímenes autoritarios a la democracia y de la consolidación de ésta, como también en el acompañamiento de sectores sociales y territoriales en actividades de enfrentamiento y solución de problemas que les aquejan, surgidos o agravados por la reducción de los alcances del Estado, o por los efectos negativos de una economía neoliberal donde impera el mercado.

La presencia y vigencia de la sociedad civil como un nuevo actor, incluso su conceptualización, está asociada al rol desempeñado en la transición de regímenes autoritarios (militares y civiles) a la democracia. Sobre la base del rol jugado por los partidos políticos y el gobierno en estos regímenes, la sociedad civil los ha considerado responsables de la situación por haber sido sus protagonistas, y esto no ha facilitado posteriormente sus relaciones que, en vez de armónicas han sido de tensión. Poco se habla, sin embargo, del rol de la sociedad civil en la consolidación de la democracia, donde se impone una relación diferente frente al Estado y los Partidos, marcada por la colaboración, antes que por el enfrentamiento, en la tarea que debe ser común de democratizar la democracia.

La Sociedad Civil y las organizaciones que la conforman han estado presentes en largas jornadas de defensa de los derechos ciudadanos, observación electoral, demanda de respeto a la institucionalidad democrática, hasta actividades de colaboración con las acciones y autoridades locales o del gobierno central, como también participando en el diseño y ejecución de políticas públicas o proyectos sociales. En estas acciones y espacios éstas organizaciones de la sociedad civil han asumido una cuota de responsabilidad aportando elementos significativos para la consolidación de la democracia y la gobernabilidad del sistema político. No aceptar esta realidad es, simplemente, pretender desconocer los hechos.

Frente al hecho de la presencia y vigencia de estas organizaciones sociales, es decir, de la sociedad civil, cabe preguntarse ¿Cómo ha ocurrido este fenómeno? ¿Qué ha pasado con los actores tradicionales en el sistema político que ha dado lugar al surgimiento y posicionamiento de la sociedad civil como un nuevo actor? Veamos algunas de las posibles explicaciones.

Con relación a los partidos políticos debemos partir de su consideración como esenciales a la democracia y a la estabilidad del sistema. Y que es precisamente por esta esencialidad que sus limitaciones tienen tan honda repercusión en la institucionalidad democrática, en la estabilidad política y en la configuración del sistema político.

Desde hace ya algunos años en los sistemas políticos de la mayoría de los países de la región se advierte una opinión ciudadana poco favorable a los partidos políticos, a la política y a los políticos. Con relación a los partidos con poco o una gran parte de las encuestas recogen un valor "optimista sobre ellos. En muchas de ellas aparecen como una de las instituciones del sistema político con más baja valoración, que se manifiesta en algunos países, ya no sólo ocasionalmente, en una menor concurrencia ciudadana a las urnas electorales.

En términos generales, se aprecia una disminución en la legitimidad y credibilidad que se le había otorgado a los partidos políticos.

Antes, cuando había una fuerte diferenciación ideológica entre ellos, cada partido representaba un proyecto de nación diferente. Ahora, acusados de una orfandad ideológica que les hace muy parecidos entre sí, actúan más como maquinarias electorales para llegar al poder, y simplemente ejercerlo. De representar cosmovisiones diferentes sobre el Estado y la sociedad, han devenido, en muchos casos, en simples instrumentos para el ejercicio de la gestión pública desde el poder del Estado.

Además, parecidos porque no tienen diferenciación ideológicas fundamentales, tampoco evidencian mucha diferencia en la concepción que tienen sobre la política y, mucho menos, en el ejercicio del poder desde el Estado. Terminan siendo sino iguales, o muy parecidos.

Por otro lado, ha ocurrido también que la función de intermediación entre la sociedad y el Estado, ejercida por los partidos políticos, ha sido cada vez más limitada. La propia consolidación de la democracia con la apertura a una mayor participación, la complejidad de lo económico, lo social y lo político con la globalización, así como la consolidación de grupos sociales y sectoriales emergentes, introduciendo nuevos temas y preocupaciones que no siempre han sido asumidos por los partidos políticos, ha dificultado enormemente la articulación oportuna y eficiente de estos múltiples y frecuentemente contradictorios intereses, para presentarlos en forma de demandas al Estado y a sus diferentes órganos. En esa situación diversas organizaciones han asumido directamente la articulación de intereses y su presentación en forma de demandas al Estado, como es el caso de los asuntos de la mujer y los ecológicos. Ambos tienen vigencia, y han obligado a la formulación de políticas públicas al respecto, más por la acción de las organizaciones de la sociedad civil que por iniciativas de los partidos.

Otras importantes funciones atribuidas en el sistema político a los partidos también están siendo desempeñadas de forma compartida con otras instituciones; tal es el caso de las movilizaciones sociales, la promoción de la participación social y la demanda y formulación de políticas públicas.

La pérdida relativa de legitimidad y credibilidad en los partidos políticos, hasta llegar al descrédito, tienen en Perú y Venezuela los ejemplos más recientes. Todos debemos evitar que procesos como éstos se repitan.

Respecto al otro actor tradicional, el Estado, ha ocurrido algo semejante. Sus ámbitos de competencia se han reducido y sus funciones redefinidas, trayendo como consecuencia el abandono de tareas que antes realizaba y que hacía que en amplios sectores de la población se mantuviera la percepción de que el Estado les asistía, resolviendo algunos de sus problemas.

El neoliberalismo proclamó la necesidad del achicamiento del Estado, la redefinición de sus funciones, (entendido como Gobierno), reclamando, además, una mayor eficiencia en todos los ámbitos de su gestión. El mercado fue presentado como el sustituto del Estado en las actividades que éste abandonaba y en la redefinición de sus funciones. Sin embargo, el mercado que se ha mostrado altamente eficiente para la determinación de los precios y la asignación de recursos, no reporta la misma eficiencia en la distribución equitativa y justa de la riqueza socialmente producida, concretizada en bienes y servicios que procuran el desarrollo integral de las personas. Y el Estado apenas puede compensar esas limitaciones del mercado. El resultado final ha sido que organizaciones de la sociedad civil han tenido que acometer la demanda o solución de problemas que los afectan de manera particular, o conjuntamente con algunas entidades del tren gubernamental. Esta necesidad ha dado oportunidad a una mayor presencia de las organizaciones sociales en los asuntos de interés público y comunitario.

Así pues, Estado y partidos políticos han facilitado, de alguna manera, la presencia de la sociedad civil como un nuevo actor en los asuntos públicos y políticos.

Pero sucede, además, que en la medida de que la democracia se democratiza, haciéndose más participativa, la sociedad civil y las organizaciones que la conforman encuentran mayor espacio y justificación para reivindicar el derecho a solicitar que sus pareceres sean escuchados al momento de elaborarse las grandes decisiones nacionales, participar en la ejecución de las mismas, así como demandar la institucionalidad democrática, la eficiencia en la gestión pública y la intervención directa en los asuntos que les afectan. En fin, la democracia participativa reclama la participación de la sociedad civil.

La sola presencia de un nuevo actor en un espacio que había sido manejado con exclusividad despierta, cuanto menos, un cierto recelo en aquellos actores que se consideraban con derecho único de ocuparlo. El natural recelo puede pasar a rechazo cuando los actores tradicionales perciben que hay un cuestionamiento sistemático sobre el desempeño de sus funciones y que existe la intencionalidad en el nuevo actor de sustituirlos. Eso es lo que ha pasado con la sociedad civil y los partidos políticos. Disminuidas la credibilidad y la legitimidad de los partidos, la sociedad civil ha tenido oportunidad de posicionarse como un nuevo actor en los asuntos de interés público y político, presentándose como alternativa, o permitiendo que se forme esa percepción, o queriendo disputarle algunas funciones que se entendían exclusivas de los partidos.

Llegado a este punto consideramos necesario precisar el concepto y la naturaleza de la sociedad civil.

Toda persona es formalmente un ciudadano o ciudadana, con derechos y deberes establecidos en el ordenamiento constitucional y jurídico adjetivo de todo país. Sin embargo, ser portadora de esta condición jurídica no hace a esta persona un ente activo en la defensa y realización de esos derechos; necesita para ello ejercer y desarrollar su "ciudadanía" y la forma más eficaz de hacerlo es mediante la participación en organizaciones sociales que se forman en torno a distintos asuntos que interesan o afectan a los ciudadanos.

Estamos en presencia de la ciudadana cuando el ciudadano asume plenamente sus derechos y los ejerce, fundamentalmente, a través de organizaciones sociales. Los ciudadanos, asumiendo plenamente la ciudadanía, se organizan en torno a determinados intereses, dando lugar al surgimiento de los sujetos sociales. El conjunto de estos sujetos sociales constituye, la sociedad civil. Por eso se puede afirmar que la sociedad civil es la "ciudadanía organizada".

Convendría ahora tratar de establecer la diferencia especifica entre partidos políticos y sociedad civil. Y consideramos de suma importancia hacerlo porque quizás esto permita aclarar confusiones que están a la base del recelo y rechazo mutuos. Colocados como actores en una misma realidad, solo en la medida de que se conozca y establezca claramente lo que los diferencia podremos estar en condiciones de delimitar fronteras y hasta de compartir espacios y roles.

Consideramos que la nota diferenciadora entre partidos políticos y sociedad civil hay que buscarla en su relación con el poder político. Los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir el poder del Estado para gobernar. La sociedad civil, por su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo fundamental presionar a quienes detentan el poder del Estado para que lo ejerzan conforme a la institucionalidad democrática y las exigencias del bien común.

Dicho en otras palabras, "los partidos políticos tienen vocación de gobernar y la sociedad civil de ser bien gobernada". Si aceptamos esta distinción pudiéramos estar en capacidad de comprender y asumir roles exclusivos y roles complementarios entre los partidos políticos y la sociedad civil.


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