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Parte 1 /2
La Sociedad Civil como un nuevo actor
 Durante muchos años los actores tradicionales en el quehacer
político y público fueron los partidos políticos y el Estado, éste último a
través de sus diferentes órganos. Los partidos políticos, que representaban
cada uno en el pasado reciente una cosmovisión particular y un proyecto de
sociedad y del Estado, monopolizaban la intermediación entre la ciudadanía y
el gobierno, entendido éste como la personalización del Estado. Articulaban
las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las formulaban al
gobierno en busca de respuesta pertinente y oportuna. Los temas o asuntos
que no eran articulados y formulados por los partidos, difícilmente podían
ser conocidos por las instancias del gobierno. Además de esta función,
esencial en el sistema político, le correspondía también con exclusividad a
los partidos la preparación y entrenamiento de los cuadros dirigenciales que
ocuparían los cargos de la administración pública, así como la presentación
de los candidatos a los cargos electivos.
El Estado, por su parte, tenía asignada la conducción del
país y la realización de las funciones, tareas y actividades que aseguraban
la estabilidad del sistema y el bienestar material y espiritual de los
ciudadanos y ciudadanas. Además de sus responsabilidades de dirección y
control tenía también los de ser el principal motor de la economía y del
desarrollo social. Todo lo que se exigía para un funcionamiento adecuado del
sistema político y de bienestar de los ciudadanos quedaba en el ámbito de
las acciones del Estado-Gobierno y de los partidos políticos.
Partidos políticos y gobiernos asumían todo el proceso
político, quedándole solo al ciudadano la elección de las autoridades cada
cuatro años, en el mejor de los casos. Se estableció una especie de división
de trabajo entre los ciudadanos y la clase política: el pueblo elegía a las
autoridades para que decidan y gobiernen, correspondiéndole a los Partidos
la exclusividad de la intermediación entre la sociedad y el Estado.
Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre la
sociedad civil, lo cierto es que su presencia es un hecho y los hechos no se
pueden negar. Sólo admiten interpretaciones.
La historia política de cualquier país, sobre todo la
reciente en América Latina y en la Europa Central, al menos, evidencia
importantes roles desempeñados por organizaciones sociales, sobre todo en
los procesos de transición de regímenes autoritarios a la democracia y de la
consolidación de ésta, como también en el acompañamiento de sectores
sociales y territoriales en actividades de enfrentamiento y solución de
problemas que les aquejan, surgidos o agravados por la reducción de los
alcances del Estado, o por los efectos negativos de una economía neoliberal
donde impera el mercado.
La presencia y vigencia de la sociedad civil como un nuevo
actor, incluso su conceptualización, está asociada al rol desempeñado en la
transición de regímenes autoritarios (militares y civiles) a la democracia.
Sobre la base del rol jugado por los partidos políticos y el gobierno en
estos regímenes, la sociedad civil los ha considerado responsables de la
situación por haber sido sus protagonistas, y esto no ha facilitado
posteriormente sus relaciones que, en vez de armónicas han sido de tensión.
Poco se habla, sin embargo, del rol de la sociedad civil en la consolidación
de la democracia, donde se impone una relación diferente frente al Estado y
los Partidos, marcada por la colaboración, antes que por el enfrentamiento,
en la tarea que debe ser común de democratizar la democracia.
La Sociedad Civil y las organizaciones que la conforman han
estado presentes en largas jornadas de defensa de los derechos ciudadanos,
observación electoral, demanda de respeto a la institucionalidad
democrática, hasta actividades de colaboración con las acciones y
autoridades locales o del gobierno central, como también participando en el
diseño y ejecución de políticas públicas o proyectos sociales. En estas
acciones y espacios éstas organizaciones de la sociedad civil han asumido
una cuota de responsabilidad aportando elementos significativos para la
consolidación de la democracia y la gobernabilidad del sistema político. No
aceptar esta realidad es, simplemente, pretender desconocer los hechos.
Frente al hecho de la presencia y vigencia de estas
organizaciones sociales, es decir, de la sociedad civil, cabe preguntarse
¿Cómo ha ocurrido este fenómeno? ¿Qué ha pasado con los actores
tradicionales en el sistema político que ha dado lugar al surgimiento y
posicionamiento de la sociedad civil como un nuevo actor? Veamos algunas de
las posibles explicaciones.
Con relación a los partidos políticos debemos partir de su
consideración como esenciales a la democracia y a la estabilidad del
sistema. Y que es precisamente por esta esencialidad que sus limitaciones
tienen tan honda repercusión en la institucionalidad democrática, en la
estabilidad política y en la configuración del sistema político.
Desde hace ya algunos años en los sistemas políticos de la
mayoría de los países de la región se advierte una opinión ciudadana poco
favorable a los partidos políticos, a la política y a los políticos. Con
relación a los partidos con poco o una gran parte de las encuestas recogen
un valor "optimista sobre ellos. En muchas de ellas aparecen como una de las
instituciones del sistema político con más baja valoración, que se
manifiesta en algunos países, ya no sólo ocasionalmente, en una menor
concurrencia ciudadana a las urnas electorales.
En términos generales, se aprecia una disminución en la
legitimidad y credibilidad que se le había otorgado a los partidos
políticos.
Antes, cuando había una fuerte diferenciación ideológica
entre ellos, cada partido representaba un proyecto de nación diferente.
Ahora, acusados de una orfandad ideológica que les hace muy parecidos entre
sí, actúan más como maquinarias electorales para llegar al poder, y
simplemente ejercerlo. De representar cosmovisiones diferentes sobre el
Estado y la sociedad, han devenido, en muchos casos, en simples instrumentos
para el ejercicio de la gestión pública desde el poder del Estado.
Además, parecidos porque no tienen diferenciación
ideológicas fundamentales, tampoco evidencian mucha diferencia en la
concepción que tienen sobre la política y, mucho menos, en el ejercicio del
poder desde el Estado. Terminan siendo sino iguales, o muy parecidos.
Por otro lado, ha ocurrido también que la función de
intermediación entre la sociedad y el Estado, ejercida por los partidos
políticos, ha sido cada vez más limitada. La propia consolidación de la
democracia con la apertura a una mayor participación, la complejidad de lo
económico, lo social y lo político con la globalización, así como la
consolidación de grupos sociales y sectoriales emergentes, introduciendo
nuevos temas y preocupaciones que no siempre han sido asumidos por los
partidos políticos, ha dificultado enormemente la articulación oportuna y
eficiente de estos múltiples y frecuentemente contradictorios intereses,
para presentarlos en forma de demandas al Estado y a sus diferentes órganos.
En esa situación diversas organizaciones han asumido directamente la
articulación de intereses y su presentación en forma de demandas al Estado,
como es el caso de los asuntos de la mujer y los ecológicos. Ambos tienen
vigencia, y han obligado a la formulación de políticas públicas al respecto,
más por la acción de las organizaciones de la sociedad civil que por
iniciativas de los partidos.
Otras importantes funciones atribuidas en el sistema
político a los partidos también están siendo desempeñadas de forma
compartida con otras instituciones; tal es el caso de las movilizaciones
sociales, la promoción de la participación social y la demanda y formulación
de políticas públicas.
La pérdida relativa de legitimidad y credibilidad en los
partidos políticos, hasta llegar al descrédito, tienen en Perú y Venezuela
los ejemplos más recientes. Todos debemos evitar que procesos como éstos se
repitan.
Respecto al otro actor tradicional, el Estado, ha ocurrido
algo semejante. Sus ámbitos de competencia se han reducido y sus funciones
redefinidas, trayendo como consecuencia el abandono de tareas que antes
realizaba y que hacía que en amplios sectores de la población se mantuviera
la percepción de que el Estado les asistía, resolviendo algunos de sus
problemas.
El neoliberalismo proclamó la necesidad del achicamiento del
Estado, la redefinición de sus funciones, (entendido como Gobierno),
reclamando, además, una mayor eficiencia en todos los ámbitos de su gestión.
El mercado fue presentado como el sustituto del Estado en las actividades
que éste abandonaba y en la redefinición de sus funciones. Sin embargo, el
mercado que se ha mostrado altamente eficiente para la determinación de los
precios y la asignación de recursos, no reporta la misma eficiencia en la
distribución equitativa y justa de la riqueza socialmente producida,
concretizada en bienes y servicios que procuran el desarrollo integral de
las personas. Y el Estado apenas puede compensar esas limitaciones del
mercado. El resultado final ha sido que organizaciones de la sociedad civil
han tenido que acometer la demanda o solución de problemas que los afectan
de manera particular, o conjuntamente con algunas entidades del tren
gubernamental. Esta necesidad ha dado oportunidad a una mayor presencia de
las organizaciones sociales en los asuntos de interés público y comunitario.
Así pues, Estado y partidos políticos han facilitado, de
alguna manera, la presencia de la sociedad civil como un nuevo actor en los
asuntos públicos y políticos.
Pero sucede, además, que en la medida de que la democracia
se democratiza, haciéndose más participativa, la sociedad civil y las
organizaciones que la conforman encuentran mayor espacio y justificación
para reivindicar el derecho a solicitar que sus pareceres sean escuchados al
momento de elaborarse las grandes decisiones nacionales, participar en la
ejecución de las mismas, así como demandar la institucionalidad democrática,
la eficiencia en la gestión pública y la intervención directa en los asuntos
que les afectan. En fin, la democracia participativa reclama la
participación de la sociedad civil.
La sola presencia de un nuevo actor en un espacio que había
sido manejado con exclusividad despierta, cuanto menos, un cierto recelo en
aquellos actores que se consideraban con derecho único de ocuparlo. El
natural recelo puede pasar a rechazo cuando los actores tradicionales
perciben que hay un cuestionamiento sistemático sobre el desempeño de sus
funciones y que existe la intencionalidad en el nuevo actor de sustituirlos.
Eso es lo que ha pasado con la sociedad civil y los partidos políticos.
Disminuidas la credibilidad y la legitimidad de los partidos, la sociedad
civil ha tenido oportunidad de posicionarse como un nuevo actor en los
asuntos de interés público y político, presentándose como alternativa, o
permitiendo que se forme esa percepción, o queriendo disputarle algunas
funciones que se entendían exclusivas de los partidos.
Llegado a este punto consideramos necesario precisar el
concepto y la naturaleza de la sociedad civil.
Toda persona es formalmente un ciudadano o ciudadana, con
derechos y deberes establecidos en el ordenamiento constitucional y jurídico
adjetivo de todo país. Sin embargo, ser portadora de esta condición jurídica
no hace a esta persona un ente activo en la defensa y realización de esos
derechos; necesita para ello ejercer y desarrollar su "ciudadanía" y la
forma más eficaz de hacerlo es mediante la participación en organizaciones
sociales que se forman en torno a distintos asuntos que interesan o afectan
a los ciudadanos.
Estamos en presencia de la ciudadana cuando el ciudadano
asume plenamente sus derechos y los ejerce, fundamentalmente, a través de
organizaciones sociales. Los ciudadanos, asumiendo plenamente la ciudadanía,
se organizan en torno a determinados intereses, dando lugar al surgimiento
de los sujetos sociales. El conjunto de estos sujetos sociales constituye,
la sociedad civil. Por eso se puede afirmar que la sociedad civil es la
"ciudadanía organizada".
Convendría ahora tratar de establecer la diferencia
especifica entre partidos políticos y sociedad civil. Y consideramos de suma
importancia hacerlo porque quizás esto permita aclarar confusiones que están
a la base del recelo y rechazo mutuos. Colocados como actores en una misma
realidad, solo en la medida de que se conozca y establezca claramente lo que
los diferencia podremos estar en condiciones de delimitar fronteras y hasta
de compartir espacios y roles.
Consideramos que la nota diferenciadora entre partidos
políticos y sociedad civil hay que buscarla en su relación con el poder
político. Los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo
fundamental asumir el poder del Estado para gobernar. La sociedad civil, por
su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo
fundamental presionar a quienes detentan el poder del Estado para que lo
ejerzan conforme a la institucionalidad democrática y las exigencias del
bien común.
Dicho en otras palabras, "los partidos políticos tienen
vocación de gobernar y la sociedad civil de ser bien gobernada". Si
aceptamos esta distinción pudiéramos estar en capacidad de comprender y
asumir roles exclusivos y roles complementarios entre los partidos políticos
y la sociedad civil.
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