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 Pese
a que en la modernidad la democracia estuvo vinculada fundamentalmente a
movimientos populares y era percibida en contraposición a las
corrientes liberales, la degradación del ideal democrático a la rotación
electoral en la gestión de gobierno redujo la incidencia y presencia de la
sociedad civil en la sociedad política. Esta última fue progresivamente hegemonizada por los partidos políticos quienes a su vez se vieron bajo la
influencia creciente de las finanzas en el llamado “mercado de ideas”.
La
democracia liberal funcionó a menudo bajo el principio de una perfecta
simetría de oportunidades legales para ejercer el voto (una vez que se
permitió el de las mujeres y minorías étnicas y raciales) en un contexto de
brutales asimetrías sociales y financieras. La democracia de elites de poder
fue la democracia “realmente existente” que se expandió por diversas
regiones.
El ideal
democrático de Abraham Lincoln -una democracia “del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo”- se desdibujó progresivamente en la medida en que la
participación e incidencia de la sociedad civil en la sociedad política se
degradó a elegir cada cierto tiempo “el mal menor” de un menú electoral
dominado por el marketing político y las finanzas que él supone.
Mucho se ha hablado de la llamada "ola democrática" que de
América Latina a Europa del Este sustituyó, mediante una combinación de
medios no violentos de resistencia y reformas, a numerosos regímenes
autoritarios y totalitarios. Una categoría casi olvidada de la sociología
política -la sociedad civil- adquirió nueva materialidad como actor de esos
procesos de cambio y así vino a ocupar de nuevo la atención de políticos y
politólogos.
Los cambios, en casi todos los casos, dejaron atrás
sociedades caracterizadas por el miedo a la represión política, pero no han
podido trascender el miedo al desamparo económico y la exclusión social. La
democracia actual –se dice a menudo- es defectuosa, insuficiente,
deficitaria. Pero así era ya hace cuatro décadas la democracia en muchos
países de América Latina.
Los Tupamaros lucharon contra una democracia que había sido
validada en las urnas, pero no en la justicia social de la vida cotidiana.
Su estratega militar fracasó y abrió paso a una dictadura. Ahora un amplio
movimiento popular en que algunos ex Tupamaros ocupan puestos dirigentes han
derrotado a una democracia deficitaria, pero esta vez por la vía electoral.
El pueblo chileno, tras fracasar los grupos que promovían la resistencia
armada al golpe y la dictadura, logró imponer por medios no violentos un
referéndum sobre la salida de Pinochet y lo ganó. En Chile el partido
socialista lleva ya un buen tiempo gobernando y pudiera salir reelecto
nuevamente. En Brasil uno de los presos políticos de la dictadura que no se
pudo derrotar por vía armada fue electo presidente del país. En Argentina
los que ayer eran buscados por los militares para desaparecerlos son hoy
quienes, tras ganar las elecciones, gobiernan esa nación.
Los antiguos revolucionarios se enfrentan ahora con el reto
de limitarse a administrar la realidad o intentar transformarla. Su ascenso
democrático los obliga a gobernar no solamente en beneficio de las mayorías
o de sus propias bases, sino de todos los ciudadanos: pobres y ricos,
militares y civiles, de izquierdas y derechas. Tampoco han llegado al
poder, sino tan solo al gobierno, que en un régimen democrático
constituye una parte importante de aquel pero no más que eso. Existen
poderes independientes económicos, sociales, mediáticos e incluso políticos
agrupados bajo diferentes afiliaciones y perspectivas. A menos que el
gobierno pretenda, -sea de manera abrupta como ocurrió en Cuba, o gradual,
como muchos creen que ocurre actualmente en Venezuela-, absorber todas las
otras instancias de poder en la sociedad, con todas las consecuencias que
luego ello conlleva, la justicia social ha de buscarse desde la complejidad
de la poliarquía democrática.
El tema de cuál ha de ser el camino a seguir una vez
alcanzado el gobierno parece dividir hoy especialmente al sector político
que tiende a identificarse con la búsqueda de la justicia social e integra
una heterogénea masa de partidos, organizaciones no gubernamentales y
movimientos sociales que se identifican como la izquierda regional.
El asunto ya fue tratado hace años por Norberto Bobbio
cuando definió a la izquierda frente a la derecha por la prioridad que la
primera asigna a la búsqueda de la igualdad social. Sin embargo, advertía
Bobbio, la izquierda tiende a dividirse, a partir de esa premisa común, en
democrática y autoritaria. Mientras que la izquierda democrática acepta la
búsqueda más lenta de los cambios en aras de mantener el principio
democrático de consensuar y negociar las reformas, la izquierda autoritaria
se presenta ante sus seguidores con el atractivo de su disposición a
acelerar las transformaciones destrozando el status quo en su favor
exclusivo. Para ello reclaman un nivel de centralización de poder y de
coerción política que se aleja de la democracia…casi invariablemente para
siempre. Quienes se ven cercados por el hambre y desamparo –cientos de
millones de latinoamericanos hoy día- parecen estar dispuestos, al menos, a
considerar la oferta.
Enfrentados con una pregunta del Latino- barómetro acerca de
cuál sería su preferencia si tuviesen que elegir entre alternativas
similares, un significativo porcentaje de los entrevistados prefirió el
eventual autoritarismo. (La experiencia totalitaria – exclusión
política y económica, pero con inclusión social- les resultaba ajena por lo
que, al parecer, no entró en la encuesta).
Vistas las cosas desde esa perspectiva, parecería que los
latinoamericanos tendrían que conformarse con izquierdas que se dediquen a
administrar las mismas políticas -pero de manera más socialmente sensible
que la derecha- o apoyar líderes que les ofrezcan un pacto de dudoso
porvenir: cambiar las libertades políticas y civiles por seguridad económica
e inclusión social.
¿Es realmente esa la paradoja inescapable de la realidad
latinoamericana?
Cuando los discursos de algunos activistas del cambio
radical aseguran que "estamos peor en democracia" se deslizan a una
peligrosa coincidencia con la derecha autoritaria. Ellos creen lo mismo,
sólo que por razones diferentes. El que alguna vez fue detenido
arbitrariamente y torturado por criticar a un gobierno autoritario puede
estar hoy legítimamente desilusionado con la lentitud o incluso ausencia de
cambios económicos y sociales, pero difícilmente sostenga ese tipo de
afirmaciones. Las ideas tienen, para bien y para mal, consecuencias.
Movilizar contra lo que existe sin construir un mapa detallado –no un
listado de consignas y aspiraciones por válidas que sean- de la ruta y
destino, es una vieja fórmula que puede invitar nuevos desastres.
El alejamiento del ideal democrático, -persiguiendo la
quimera de que líderes iluminados vendrán a resolvernos los problemas si
cedemos ante ellos todos nuestros derechos políticos y civiles para que
puedan defender nuestros intereses-, ya demostró sus posibilidades y límites
en el Siglo XX. Pero construir "otro mundo mejor y posible" desde una
maquinaria diseñada para administrar la realidad que se desea trascender es
poco realista y menos pragmático.
Frente a los dilemas planteados, la izquierda que ha llegado
a ser electa para gobernar puede –en lugar de simplemente heredar y
administrar las políticas ya en curso- explorar el camino de la reforma
democrática del Estado, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la
protección incondicional de las libertades políticas y civiles, y la puesta
en marcha de políticas dirigidas a dar respuesta a los derechos económicos,
sociales y culturales. De seguirse ese curso de acción se hace
imprescindible abrir puertas y ventanas institucionales a la participación
eficaz de la sociedad civil. Sin su involucramiento sistemático e
institucionalizado en los procesos de toma de decisiones y de implementación
de políticas, las posibilidades de una consolidación democrática definitiva
se hacen más remotas.
La respuesta a la falsa dicotomía entre opción autoritaria o
democrática para asegurar la justicia social es la transición democrática
hacia un nuevo paradigma de desarrollo humano, democrático, participativo y
sustentable.
Dicha transición demanda –dadas las actuales circunstancias
internacionales y civilizatorias - un justo reacomodo en el equilibrio entre
el capital, la fuerza de trabajo y la ecología, no la dominación unilateral
o supresión de uno de ellos. Implica igualmente la construcción de nuevos
modelos democráticos en que la reforma del Estado abra paso a instituciones
más participativas para los ciudadanos que la simple libertad de
participación electoral. Esas nuevas instituciones estarían llamadas a
redefinir las posibilidades participativas en el ámbito político de
organizaciones no- partidistas, tales como movimientos sociales y
organizaciones ciudadanas no gubernamentales.
La respuesta a una democracia insatisfactoria y deficiente
es más y mejor democracia -con todos y para todos. De ese modo
se hará factible hacer con ella y desde ella la transición
hacia un nuevo paradigma de desarrollo social, democrático y sustentable.
Ese es el verdadero reto que hoy yace ante los partidos,
movimientos sociales y organizaciones ciudadanas de la región, sea cual sea
su afiliación ideológica.
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