Las referencias al Mercosur aluden a un espacio económico, político, social, cultural y geográfico que se constituye formalmente con el Tratado de Asunción, y cuyos miembros originales son los cuatro países mencionados. Nacido como un proyecto meramente económico –debiera decir más precisamente "comercial"- cuyos ejes y promotores iniciales fueron Argentina y Brasil, se vio rápidamente completado con la inclusión de Uruguay y Paraguay, dos países pequeños en comparación con los anteriores, cuya principal preocupación, en aquellas instancias fundacionales, consistía en "no quedar fuera" de una asociación comercial entre las dos grandes potencias sureñas, exclusión que habría comprometido seriamente su futuro, sus respectivas soberanías y sus posibilidades de desarrollo. El Mercosur logró abrirse camino a pesar de sus objetivos limitados y las grandes dificultades que entorpecían su consolidación. Habilitó un incremento significativo del comercio intrazona, que resultó gravitante para las dos economías menores –sin olvidar algunos impactos relevantes en las mayores.

Durante la crisis económica que sacudió a la región –cuyo inicio está señalado por la devaluación brasileña de enero de 1999 y cuya culminación se expresa en la debácle argentina de 2000-2001 y la subsecuente uruguaya de 2002- el proyecto quedó sometido a las tensiones más fuertes y corrió el riesgo de abortar. Sin embargo, fue precisamente en ese período en que se hizo evidente una decisión política común, afirmada desde las esferas de gobierno y las sociedades de los cuatro miembros en repetidas instancias, que permitió visualizar una consistencia "de fondo" muy superior a la previsible para un itinerario de mera asociación comercial. Quedó entonces claro no sólo que el Mercosur sobreviviría a la crisis, sino que múltiples fuerzas en acción empujaban con firmeza y contra todas las dificultades y restricciones que la crisis estructural desencadenaba sobre la región, hacia formas superiores, más profundas y abarcadoras de integración. Entre los agentes visibles de esta afirmación política, los gobiernos de Duhalde y Fernando Henrique Cardozo, por entonces cercanos su finalización, cumplieron un papel ciertamente importante –e inesperado-, acompañados de dos actores sociales internacionales cuya incidencia en la afirmación de las expectativas de integración aún está pendiente del estudio mayor que merece: los sindicatos –agrupados en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur-, y los gobiernos municipales –en especial a través de la Red Mercociudades.

Desde la sociedad civil organizada y desde los municipios, la integración –como idea, como proyecto político, como concepción del futuro- ganó en contenidos, se ahondó en compromisos y se diversificó en actores múltiples. A su vez, un conjunto multicolor de organizaciones no gubernamentales, apostó –con mayor o menor claridad según los casos- a formas de integración más comprometedoras y profundas y, lo que es más importante aún, comenzó a practicarla en los hechos –tal vez sin una conciencia clara de ello- mediante la constitución de redes, alianzas, observatorios y plataformas que por su composición, reglas de funcionamiento, espacios de despliegue y objetivos se constituyeron en anticipos reales y concretos poniendo en acción otros tantos lazos integradores, vivos desde la raíz misma de la sociedad.

Así, en el primer lustro del siglo XXI, las opciones políticas que a la hora de los pronunciamientos electorales tomaron los pueblos de la región, otorgaron preferencia, inequívoca y consistentemente, a los candidatos en cuyo discurso la integración y el Mercosur como proyecto con mayor, aparecían con más fuerza y superior proyección: Lula, Duarte, Kirchner y Vázquez. Más allá de matices y acentos, los discursos dominantes en la región, desde los sistemas políticos o desde la sociedad, coinciden en una visión positiva de la integración regional, concebida como una oportunidad y a la vez una opción necesaria, cuyos principales componentes definiré a continuación. Algunos de éstos tienen carácter coyuntural, otros refieren al diseño o la concepción finalista del proyecto y a los pasos imprescindibles para avanzar en su concreción.

El primer elemento es la afirmación de que el proceso de integración que convoca a los cuatro países debe ir mucho más allá de lo comercial, avanzando sobre las políticas macroeconómicas, la complementación productiva, la cooperación científica y cultural, la convergencia legislativa, la unidad de acción en el campo internacional, y el desarrollo político.

Un segundo elementos es la visión de la supranacionalidad a la vez como instrumento necesario y expresión efectiva del grado de integración, entendiendo que éste progresa si y sólo si se manifiesta en la creación de una institucionalidad comunitaria que requiere cesiones tangibles de soberanía nacional, que de este modo no se pierde sino que se reformula y se torna realmente viable y sostenible en el largo plazo como soberanía supranacional o regional en un mundo marcado por la presencia y acción de poderosos actores globales.

En tercer lugar, y acompañando en el terreno de la institucionalidad los procesos antes descriptos, se define como aspiración común la democratización del Mercosur, migrando de un sistema originariamente "ejecutivista", reservado a los jefes de estado, ministros –principalmente de comercio y economía- y los elencos de las burocracias diplomáticas, hacia otro, abierto a una mayor participación popular a través de la creación del Parlamento comunitario, la jerarquización del papel del Foro Consultivo Económico y Social, de la Reunión Especial de Municipios e Intendencias y de la Red Mercociudades. Sin dejar de lado la legislación comunitaria, su vigencia, aplicación y coercibilidad, y el establecimiento de tribunales de justicia con competencias específicas relacionadas con dicha normativa.

En cuarto lugar, gana momento la convicción de la necesidad de constituir un sujeto internacional fuerte, con una voz única en la arena global, capaz de tutearse con los grandes poderes del mundo e incidir en los acontencimientos de la agenda internacional. En este terreno, Brasil ha desempeñado un liderazgo indiscutible evidenciado a lo largo de las negociaciones del Alca, comprobado, afirmado en la V Reunión Ministerial de la OMC en Cancún, en la XI sesión de UNCTAD en San Pablo, en la conformación y sostén del G20, en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Los reclamos de democratización de los organismos internacionales y de reforma de algunas de las principales instituciones del espacio global, quedan incluidos en este capítulo.

En quinto lugar, y también bajo el notorio liderazgo de Brasil, se concibe el Mercosur como una herramienta privilegiada para avanzar en la conformación de un área de libre comercio y de cooperación "Sur-Sur", espacio alternativo que procura –todavía tímidamente- romper el cerco del sistema hegemónico universal y adelantar en la globalización por un carril autónomo, habilitante del ejercicio soberano en el marco formas novedosas de relacionamiento internacional, ajenas al esquema habitual centro/periferia y compatibles con los objetivos de desarrollo nacional y regional.

En sexto lugar, la vocación americana. Las dimensiones geográficas, demográficas, económicas, productivas, comerciales y culturales del Mercosur le otorgan un peso específico inconmensurable en Sudamérica y lo transforman en un polo de atracción para un itinerario de integración aún mayor, que abarca la totalidad del subcontinente. Por sus propias dimensiones, por su posición relativa en el ámbito global, por constituir una alternativa plausible a la hegemonía hemisférica norteamericana, por su capacidad operativa en la arena internacional y por su práctica efectiva de los últimos años, el Mercosur tiene una inequívoca vocación americana que lo proyecta mucho más allá de sus límites originales. Es a la vez, en este ámbito, un actor imprescindible y el vector principal de de cualquier avance imaginable en el presente.

La organización internacional del mundo a partir de la nación soberana territorialmente asentada como unidad básica hace del Estado un actor necesario en la arena internacional; la organización política moderna de cada una de esas naciones bajo el formato de estados nacionales determina que la política en sentido clásico continúe siendo la forma institucional de "hacer política" reservando la esfera de decisión a los partidos y sus dirigentes. Sin embargo, ambas situaciones están sujetas a un asedio creciente en razón de la irrupción de nuevos actores cuya presencia en escena no puede ya desconocerse: las compañías multinacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

Salvo como componente clave del sistema hegemónico mundial, las multinacionales quedan fuera del objeto limitado que se propone este trabajo. Inversamente, son parte del mismo el examen del desarrollo de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en el espacio Mercosur y en particular, de su articulación con los sistemas políticos nacionales, su participación en la definición de un proyecto autónomo de integración para el desarrollo y la puesta en práctica de éste; de su incidencia como actor global cuya actividad repercute de manera creciente en el ámbito regional y en las respectivas esferas nacionales.

Los estados contemporáneos -asediados por numerosas fuerzas de disolución y sujetos a un juego global de poder que, en la mayoría de los casos, está más allá de sus posibilidades individuales- se ven empujados a la asociación e integración sobre bases sólidas para asegurar su presencia y participación significativa en el campo global en defensa de sus intereses. A su vez los partidos políticos y la política en general, -por su parte jaqueados por un conjunto abrumador de demandas, menoscabados por la desconfianza y la mirada crítica del público, sujetos de manera constante al escrutinio y el juicio de la opinión pública, distanciados de la gente común y corriente a partir del traslado del debate hacia los medios masivos de comunicación en una interacción parcial, de una sola vía, con serias dificultades para llevar a cabo una interlocución adecuada con la sociedad-, se ven necesitados de una articulación profunda con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Éstos representan y defienden intereses variados y superpuestos, arraigan mejor y más profundamente en el tejido social, son más rápidos y flexibles para asumir y representar una parte sustantiva de aquellas demandas –muchas de las cuales contribuyen a construir-, aparecen ocasionalmente en el debate mediático desde perspectivas de gran rendimiento en términos de opinión –como las denuncias, la defensa de casos y situaciones concretas por lo genera dramáticas o conmovedoras, o las propuestas de medidas puntuales rápidamente identificadas como justas por la opinión pública- y ocupan en fin un espacio propio que incluye, entre sus cometidos reconocidos, la presión política, el conocimiento profundo de sus temáticas específicas, las acciones de vigilancia y control del poder y el impulso de campañas que enlazan eficazmente la difusión, la educación del público y las acciones de resistencia.

Desde esta clave pueden leerse y resignificarse las exigencias de profundización democrática, en cuya base se encuentra el concepto de construcción de ciudadanía, concepto que abarca al mismo tiempo el trámite educativo que conduce a la comprensión de la titularidad de derechos y responsabilidades, a la asunción de unos y otros a través de su ejercicio efectivo –desde el reclamo y la exigibilidad hasta el reconocimiento o la reparación-, la participación política más allá y aún por fuera de los formatos institucionalizados y en pos de una nueva institucionalización que comprende también los procesos de descentralización y la jerarquización de los gobiernos locales, más próximos al ciudadano de a pie, así como la formalización de las acciones de control social, el acceso a la información, la intervención en la interpretación y orientación de ésta, así como la liberación de las acciones culturales de sus rígidos marcos formales.

Toda esta enorme tarea se realiza al margen de la política institucional entendida en su sentido clásico. Toda esta tarea requiere una nueva institucionalidad a la que refiere, sin duda, el reclamo de la profundización democrática, moneda común en las formaciones sociales del Mercosur, que encuentra en él un nuevo espacio de encuentro –integración por la vía de los hechos- y desarrollo, y que se relaciona, vis a vis, con el proceso de integración profunda que comienza abrirse paso en los programas de las izquierdas gobernantes, así como en las formas institucionales proyectadas, llamadas a ampliar las barreras de la política usual. Las exigencias de la integración conforman, desde este punto de vista, una presión democratizadora y alientan la conjunción de esfuerzos trasfronterizos por parte de los múltiples actores involucrados en los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

El hecho histórico de la sincronía y sintonía de gobiernos progresistas en el mismo espacio regional, sumado al hecho histórico de la afirmación de una voluntad de integración que involucra a la vez a estos gobiernos y a sus pueblos, adicionado a la necesidad objetiva de la integración como respuesta a las exigencias del mundo global y como promisoria vía de escape al sistema hegemónico universal, confluyen para fortalecer estas tendencias y reclaman una urgente articulación entre la política clásica y estas nuevas formas de hacer política que se despliegan en una panoplia multifacética y de formidables potencialidades.

Este desafío interpela simultáneamente a los partidos políticos –específicamente a los "del cambio", y muy especialmente a los que están al timón de estos estados-, a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil.

La tendencia "natural" o "histórica" de los partidos de izquierda se ha orientado en general a procurar absorber en su seno ese tipo de organizaciones, reservándose el privilegio de ejercer "la política" y los mecanismos de decisión. Inversamente, tales organizaciones necesitan –como una seña de identidad innegociable- preservar su autonomía. Las necesidades y los requerimientos de la política suelen entrar en colisión con las demandas específicas, a veces muy parcializadas de aquellas organizaciones. En particular, es claro que aún confluyendo en el proyecto finalista, existe un tiempo en que la acumulación de demandas superpuestas –sean éstas complementarias o bien relativa o abiertamente contradictorias entre sí- hace imposible atenderlas simultánea y eficazmente a todas. Por otra parte, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil acumulan una creciente fuerza política; sus dimensiones y su focalización temática las hace más rápidamente adaptables y les otorgan superior capacidad de reacción; y, last but not least, están muy bien entrelazas con el conjunto social, de cuyas raíces forman parte, disponen de una red de vínculos que en buena medida los partidos –aún los de izquierda- han perdido o cuyo debilitamiento no han sabido impedir.

Unos y otras comparten parcial pero sustancialmente ideas y objetivos. Unos y otras asumen de diferentes maneras un patrimonio y una tradición común. Se necesitan recíprocamente pero dialogan de manera intermitente, muchas veces crispada, en un clima de desconfianza o aún de conflicto. La evolución del proceso político brasileño es, en este sentido, notablemente ilustrativa.

Unos y otras deben comprender su necesaria complementariedad, ahondar en los numerosos puntos –valores, ideas, proyectos, objetivos y concepciones- que comparten; comprender y respetar sus diferencias, sus papeles y sus modalidades operativas, sus diferentes tiempos de acción y reacción, sus disímiles posibilidades.

Se trata en definitiva de transformar profundamente estas sociedades. Sólo será posible si a lo largo de un tiempo prolongado somos capaces de aunar esfuerzos, crear nuevas y potentes sinergias, liberar y canalizar apropiadamente las enormes energías sociales que aguardan formas superiores y efectivas de expresión.