|
Parte 2 / 5
El tema migratorio
 A pesar
de los esfuerzos para cambiar el carácter de las relaciones entre los
Estados de la isla, el tratamiento del tema haitiano en el contexto político
dominicano no ha logrado superar el manejo ideológico implantado durante la
dictadura de Trujillo. Hasta ahora, el tema sigue siendo objeto de
manipulación en la política interna d ominicana, sobre todo a causa de la
intensificación de la corriente migratoria de haitianos hacia las zonas
urbanas de la República Dominicana.
Indudablemente, que el tema migratorio ha sido "la manzana
de la discordia" entre ambos países. Para el gobierno dominicano debido a la
presión social que ejercen los inmigrantes y para el gobierno haitiano por
su interés de que sin cerrar la brecha migratoria, le sean respetados los
derechos laborales y humanos de sus emigrantes.
Tal como señalamos más arriba, desde inicios del siglo
veinte, hasta finales de los años ochenta, las autoridades gubernamentales,
manejaron la absorción de mano de obra haitiana por la economía dominicana,
como un proceso de invasión pacífica y no como un fenómeno migratorio; lo
cual dificultó por todos esos años, que se definiera una política migratoria
en forma explícita. Esto contribuyó igualmente a politizar el tema haitiano
tomando como referencia la figura de José Francisco Peña Gómez, el fenecido
líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); a quien, por tener
ascendencia haitiana, se le acusaba de soñar con la unificación de la Isla o
producir una política de puertas abiertas para los haitianos. En dos
oportunidades en las que estuvo a punto de ganar la presidencia de la
República la campaña electoral en su contra se manejó resaltando el "peligro
haitiano". Esto alcanzó su máxima expresión en la última campaña en la cual
participó Peña Gómez, donde -para evitar su victoria- se unieron el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
en el llamado Frente Patriótico. Esta insólita unión de dos adversarios que
parecían irreconciliables se presentó al pueblo dominicano como el
sacrificio que habría que hacer para impedir el proceso de haitianización en
que se caería de ganar el PRD.
Esta instrumentalización del tema haitiano es lo que
favorece que los líderes y partidos políticos dominicanos tiendan a evadir
referirse al mismo, dificultando el establecimiento de una adecuada política
migratoria, pues el único argumento que se acepta como válido frente a las
supuestas pretensiones del vecino país es la expulsión inmediata de los
nacionales haitianos y la confrontación abierta con ese otro país.
Tal situación es abiertamente contradictoria, pues en el
ínterin, nunca se ha dejado de contratar mano de obra haitiana, hasta el año
1991, en base a acuerdos entre los gobiernos y a partir de esa fecha por la
vía individual o privada de los trabajadores haitianos y las redes sociales
que les apoyan en el proceso de tránsito hacia el país vecino y en la
inserción dentro del mercado laboral dominicano.
Lo absurdo de esa postura tan radical llega incluso a
impedir que se hable de regularización de la migración o del ordenamiento
migratorio, pues todo ello es interpretado por los sectores del nacionalismo
radical como debilidades y concesiones a un enemigo que se disfraza de
inmigrante para penetrar en el territorio y reproducir la acción del
"Caballo de Troya".
Frente a tales posturas se necesita mucho coraje y apoyo
político para atreverse a transitar por el camino del acercamiento y de unas
relaciones armoniosas entre los dos Estados. Tal postura implica caminar por
el "filo de la navaja", pues en todo caso se estaría actuando en contra de
las ideas que sustenta un porcentaje importante de la sociedad dominicana.
En el anexo IV, se pueden observar los argumentos que
esgrimen los distintos sectores que se oponen a la inmigración haitiana
desde una posición chauvinista. Estos no son más que supuestas razones
justificativas para el rechazo y escaso interés de actuar en pro de una
política que tienda al control efectivo del flujo migratorio sobre la base
del respeto a los derechos humanos y laborales de los inmigrantes.
Dichos argumentos son generalmente los mismos que suelen ser
esgrimidos en otras partes del mundo cuando se trata de construir el miedo a
la migración:
- La mano de obra haitiana deprime el salario nacional;
- La economía dominicana no puede absorber a los haitianos;
- El negocio migratorio dejó de ser rentable;
- Los haitianos deben ser absorbidos por países desarrollados;
- Los haitianos desplazan a los dominicanos de sus empleos;
- Los haitianos organizan una invasión pacífica;
- Ellos no renuncian a la consigna de que la "isla es una e indivisible"
;
- Persiguen fusionar los dos pueblos;
- Aumentan las enfermedades y los gastos en servicios públicos;
- Imponen su cultura, considerada primitiva, etc.
Otra limitación que tiene el manejo tradicional de este tema
es que no toma en consideración el cambio que se ha operado en la
inmigración haitiana, la cual se inició como un recurso de la industria
azucarera, cuya crisis en los años setenta contribuyó a reorientar la
inmigración haitiana a otras actividades agrícolas y al cambio de modelo
económico de una economía agro exportadora a una de servicios en los años
ochenta, lo que terminó por insertar una gran cantidad de haitianos en las
zonas urbanas. Hoy día se encuentran en todas las áreas, aunque se nota un
predominio en las actividades urbanas.
Ha existido una restricción para fijar políticas sobre el
tema; aunque de hecho siempre han existido políticas implícitas sobre el
particular, derivadas de otras con un alcance más global y referidas a otras
áreas del desarrollo. En sentido general, cuando se han tomado medidas
específicas ha sido motivado por circunstancias que obligan a un tipo de
actuación.
Entre las medidas explícitas tenemos el decreto No.417-90,
emitido en octubre del 1990, por medio del cual se ordenaba regularizar la
situación de trabajadores azucareros, otorgándoles un carné donde se
especificaba su condición laboral y su residencia. Pero es necesario señalar
que esa disposición administrativa fue una consecuencia de la gran campaña
internacional, que desde mediados de los años ochenta se venía realizando en
contra de la violación de los derechos humanos y laborales que recibían los
jornaleros de la industria azucarera y de otras áreas productivas.
Importantes organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional,
incluyendo centrales sindicales de los Estados Unidos y organizaciones
religiosas y de derechos humanos se unieron a esa campaña, que por cierto
fue manejada desde el gobierno dominicano y donde los sectores más
conservadores, como una campaña para desprestigiar a los dominicanos que
habían contribuido en la lucha contra la pobreza económica de los haitianos.
Más adelante, en 1991, cuando llegó al poder Jean-Bertrand
Aristide y en su condición de presidente de Haití, denunció en la Asamblea
de las Naciones Unidas que sus nacionales estaban siendo esclavizados por la
industria azucarera dominicana. El presidente Balaguer consideró inadmisible
esa denuncia y emitió el decreto 233-91 en el mes de junio del año 1991, que
ordenaba la repatriación de una gran cantidad de trabajadores haitianos.
Esto se hizo con tanta saña que desató un pánico generalizado en la
población inmigrante e incluso entre los dominicanos de origen haitiano.
Desde esa fecha, las repatriaciones se han mantenido a la
orden del día, y son adoptadas como el mecanismo por excelencia para
controlar la inmigración haitiana, llegando a realizarse de tal manera y con
tantos abusos contra los repatriados, que fue necesaria su reglamentación
por parte de los gobiernos de Fernández y Preval, mediante el "Protocolo de
Entendimiento Sobre los Mecanismos de Repatriación" de 1999.
Movidos por el ambiente de denuncia internacional, el
gobierno dominicano recibió varios apoyos de la cooperación internacional,
entre los cuales hay una primera asesoría para formular un nuevo estatuto
migratorio (año 1991). Durante el gobierno de Fernández, en 1996, se formuló
un proyecto de ley de migración para sustituir la actual que data del año
1939 y en el año 2000 se hizo otro proyecto de ley que reformulaba el
anterior que no llegó al Congreso Nacional y aunque el último fue
introducido en el Congreso no se debatió en profundidad, ni se aprobó. En la
actualidad, la Cancillería ha presentado otra propuesta de ley de migración
que trata de corregir cierta xenofobia que se notaba en los anteriores
proyectos, pero aun no ha sido aprobado definitivamente.
Otra situación que dificulta el manejo técnico de la
migración haitiana es la falta de coordinación institucional existente. La
Dirección General de Migración es la que está más directamente involucrada,
pero al carecer de una política amplia y explícita, encamina sus esfuerzos
esencialmente al control de los inmigrantes mediante las deportaciones. Las
Fuerzas Armadas están apoderadas del control fronterizo y sus acciones son
igualmente orientadas a controlar el paso de los inmigrantes, pero sin una
coordinación con la Dirección de Migración. Por su parte, la Secretaría de
Estado de Trabajo dispone todo lo relativo a la contratación de los
inmigrantes, pero no coordina con las instancias anteriores. De igual modo,
la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores otorga las visas de entrada
al país, pero tampoco tiene vínculos institucionales con las otras
dependencias.
La estructuración del sistema migratorio, hasta los años
ochenta, estuvo basada en un esquema de participación o ingreso restringidos
que controlaban, los dos gobiernos (el gobierno haitiano recibía un pago de
alrededor de dos millones de dólares por cada contrato anual). De tal forma,
la importación de braceros se hacía mediante acuerdos entre esas instancias
de poder. Esto le daba un sesgo de trabajo forzado a la contratación de
braceros. Además, los militares tenían el predominio en el manejo de la
movilidad y ubicación de los trabajadores.
Aparte de ofrecer beneficios tangibles para los gobiernos y
sus allegados, la importación de braceros fue un recurso para reducir los
costos de la producción azucarera, mediante el empleo de mano de obra dócil
y barata.
Todo esto trajo como consecuencia la devaluación social de
la mano de obra haitiana al construir una serie de prejuicios que hacían del
haitiano un ser inferior y un trabajador al cual se le daba entrada al
mercado laboral por razones humanitarias, corriendo los dominicanos el
riesgo de recibir las supuestas influencias negativas de una población
considerada "primitiva". Al mismo tiempo, se desarrolló un proceso de
etnización de los inmigrantes haitianos al ser estigmatizados como buenos
para realizar únicamente aquellos trabajos no deseados por los dominicanos.
La nueva inmigración haitiana, que empezó a esbozarse desde
finales de los años setenta, presenta características que la diferencian del
pasado, en la medida en que ya no existen los mecanismos represivos de
restricción estatal. Ahora los inmigrantes ingresan al mercado de trabajo
por vías individuales basadas en redes informales de amigos y familiares que
se conectan directamente con los demandantes de esa mano de obra. Los nuevos
mecanismos de restricción operan mediante las repatriaciones con el
propósito de disuadir a los ilegales de ingresar o permanecer en el
territorio. Tales deportaciones, si bien son realizadas con gran
efectividad, se revelan ineficaces para cumplir su cometido.
La ausencia de los gobiernos en los mecanismos de
contratación pone de relieve otros actores en el negocio migratorio como es
el caso de consulados "fantasmas" que venden visas falsas; los controles
fronterizos; los agentes de migración encargados del control interno; los
buscones (son los encargados de ubicar a los trabajadores), todos los cuales
forman una cadena de corrupción que recibe parte del peaje pagado por los
inmigrantes.
Por otra parte, en la sociedad dominicana se debate si los
trabajadores haitianos desplazan la mano de obra dominicana o si crean
nuevos empleos. De su lado, los empresarios argumentan que los haitianos
aceptan empleos que los dominicanos no desean ocupar, contribuyendo de ese
modo a que la economía sea más productiva. Y para los que plantean que si se
pagaran mejores salarios los dominicanos harían el trabajo, se alega que si
no fuera por los bajos salarios que reciben los haitianos, las áreas en las
que son empleados no serían competitivas.
En el fondo esta es una discusión que encubre las ventajas
que recibe la economía haitiana al liberarse de la fuerte presión social que
genera la demanda de empleo por parte de una población relativamente joven
que realiza sus aspiraciones emigrando hacia la parte oriental de la isla. Y
que además le garantiza la recepción de las remesas que envían esos
emigrantes, en forma de ayuda a sus familiares o de pequeñas inversiones
para la construcción de viviendas y el establecimiento de microempresas
familiares.
La economía dominicana se beneficia de la mano de obra
barata, por el proceso de devaluación a que está sometida la inmigración
haitiana. Además, los niveles de informalidad en que se inserta el
inmigrante a la actividad productiva, permite a los empresarios evadir el
pago de prestaciones laborales y otros costos que hacen bajar la inversión
en la composición del salario; aumentan los beneficios directos y la
competitividad derivada del poco desarrollo de las fuerzas productivas.
Mientras el Estado dominicano no termina de reglamentar y
ordenar el proceso migratorio, existen unos costos sobre los servicios
sociales recibidos por los inmigrantes, principalmente educación y salud que
son asumidos en las escuelas y hospitales públicos, sin cotización por parte
de los empleadores. Una situación que si bien no significa un monto tan
fuerte como se pregona en los medios, no deja de ser una carga para el
sector público.
Paradójicamente, el ambiente de rechazo y exclusión en
contra de los haitianos y todo el montaje político e ideológico que opera en
República Dominicana, favorece la devaluación de la mano de obra haitiana,
haciéndola propicia para su empleo en múltiples sectores de la economía
dominicana. Por otra parte, el gobierno haitiano mantiene una actitud
indefinida o no comprometida ante el tráfico de emigrantes, que en el fondo
le beneficia al resolver por esa vía un factor de presión social.
Es evidente que el manejo politizado de la inmigración
haitiana impide que sea atendida técnicamente. Si bien el hecho es
denunciado con tanta gravedad e insistencia, no es atendido en la misma
medida y lejos de resolverse tiende a crecer. Al mismo tiempo, los actores
se entretienen jugando al radicalismo, mediante acciones inconducentes que
no llevan a ningún lado o que producen cierta inmovilidad. Una situación que
no se compadece con la dinámica comercial existente y por existir en las
relaciones de ambas naciones.
|
