Año 2005 Vol.  III

 La responsabilidad social de las empresas y los códigos de conducta
¿nuevos retos o viejos debates?

Desarrollo Humano Sustentable

Por Béatrice Fauchère   

Parte 5 /6

• Esta estrategia tiene como finalidad debilitar, o suprimir, el derecho legislativo y contractual substituyéndolo por instrumentos no viculantes, sin valor jurídico (la desregulación nivel cero).
• El concepto de responsabilidad social de las empresas no hace referencia a un nuevo debate. Se trata más bien del resurgimiento de un viejo concepto que permite actualmente desarrollar mecanismos no viculantes y definir de esta manera un sistema basado en el derecho y la justicia.
• Durante los últimos treinta años, se han elaborado e implantado normas jurídicas restrictivas que protegen a los inversionistas. Durante ese mismo período, el mundo empresarial se ha valido de todos los medios posibles para rechazar la implementación de regulaciones viculantes relacionadas con los deberes y las obligaciones de los inversionistas. Las empresas multinacionales tienen derechos garantizados gracias a mecanismos viculantes que dependen de una autoridad, y sólo tendrían deberes morales sugeridos, que no dependen de ninguna autoridad externa, sino de su propia conciencia. No obstante, el Estado tiene la capacidad jurídica para implementar códigos de conducta viculantes. Es cierto que los gobiernos han preferido establecer tratados bilaterales de inversión o tratados regionales que llenen las expectativas de la clase dominante o de los Estados dominantes.
• El objetivo inicial de los códigos de conducta era regular el comportamiento de las empresas multinacionales. Hoy en día, los códigos sirven para legitimar las prácticas de estas empresas. Estamos ante la implementación de una regulación privada con un alcance público y con efecto de mercadeo. El Estado soberano cede a actores privados el papel que le corresponde a él.

• Esta estrategia debilita, o suprime, la misión reguladora y arbitral de los poderes públicos nacionales e internacionales, sustituyéndola por la regulación voluntaria unilateral de las empresas.
• Se trata de una inversión de la democracia: las empresas privadas, que pretenden conocer y garantizar el interés general, ocupan el lugar de los poderes públicos nacionales e internacionales.
• Los códigos de conducta constituyen otra de las estrategias que desde hace más de veinte años han venido aplicando las instituciones financieras internacionales para debilitar al Estado. Estas instituciones han promovido el debilitamiento del Estado, principalmente a través de los programas de ajuste estructural:

• Los presupuestos del Estado han sido reducidos significativamente, particularmente los de los ministerios del trabajo, lo que ha traído como consecuencia, entre otras cosas, el desmantelamiento de la inspección del trabajo y la pérdida de poder de la administración y de los tribunales del trabajo.
• Todos los códigos y leyes del trabajo han sido revisados de manera poco exhaustiva, incluso en los países industrializados.
• La apertura de fronteras y la libre competencia, junto con la desregulación de los códigos del trabajo, han dejado a miles de trabajadores en situación precaria. Muchos incluso han pasado a la economía informal. Esta situación ha ejercido y sigue ejerciendo una presión a la baja sobre las condiciones de trabajo.
• El hecho de que los códigos de conducta mencionen poco las normas laborales también crea dudas sobre la validez de los indicadores de referencia y la legitimidad de la evaluación. Principalmente, cabe la duda de si esta evaluación responde verdaderamente a los intereses de los trabajadores y si el clamor de los trabajadores (y de sus organizaciones sindicales) fue escuchado debidamente y plasmado en resultados concretos.
• Además, es difícil demostrar sistemáticamente su independencia de la empresa que es objeto de la auditoría o de otros intereses.
• Desde hace veinte años, el sector privado se ha valido de un discurso en el que pone en tela de juicio el exceso de regulación y el mal funcionamiento del Estado.

• Como el Estado ha perdido poder, se ha dado un aumento progresivo del número de procedimientos privados internacionales como las normas ISO, por ejemplo, en torno a aspectos como el medio ambiente, la salud y la seguridad. La ISO estudia actualmente la viabilidad y utilidad de normas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Hasta ahora, la ISO se limitaba a la producción de normas técnicas, pero hoy en día, numerosos actores prevén la normalización en el ámbito social. La ISO (Organización Internacional de Normalización), que comprende una red de institutos de normalización de 148 países (uno por país), es uno de los organismos más importantes en esta área.
• Todo esto también atenta contra los poderes públicos nacionales e internacionales (OIT, Consejo de Europa), ya que su misión de controlar la aplicación de los sistemas normativos ahora es garantizada por organismos privados.
• Estos programas también influyen en el debilitamiento del sistema normativo de la OIT. Desde hace varios años, este sistema ha sido atacado en repetidas ocasiones por varios gobiernos y empleadores, que exigen menos normas restrictivas, la revisión de las normas existentes y un sistema de control menos independiente.³¹
• ¿Acaso el Secretario General de las Naciones Unidas participó concientemente en este debilitamiento del sistema normativo al proponerle al mundo empresarial, reunido en Davos en enero de 1999, el Pacto Mundial, que es un procedimiento voluntario y sin seguimiento ni control? ¿Al promover este Pacto, las organizaciones internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, que a nivel internacional son poderes públicos, alentaron la regulación privada, en detrimento de regulaciones públicas restrictivas?

• Las estrategias relativas a la RSE contemplan asociaciones con múltiples actores (partes involucradas: ONG, derechos humanos, organizaciones de consumidores, organizaciones de desarrollo, medioambientales, etc.) en virtud del carácter multidimensional de los problemas. Además de que los nuevos instrumentos tienden a reemplazar los convenios colectivos, las múltiples partes involucradas pasan a ser competidores más dóciles y maleables que los sindicatos y, progresivamente, esos nuevos actores sustituyen a los sindicatos que han ganado, mediante luchas de más de un siglo, la representación colectiva de los trabajadores y el reconocimiento jurídico del convenio colectivo. De esta manera, las empresas pueden escoger a los socios que más les convienen y dejar a un lado a los otros.
• Promover una regulación internacional privada es una estrategia que excluye aún más al Estado y a las organizaciones sindicales en lo que respecta a la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Esto también provoca la reducción de la cantidad y el alcance de los convenios colectivos existentes. Este cambio se produce en un momento en el que el ejercicio de la libertad sindical se vuelve cada vez más difícil. Todos los días, la CMT recibe casos de despidos, desapariciones o asesinatos de dirigentes sindicales. Por otra parte, ¿cuántos obstáculos a la firma de los convenios colectivos no han sido denunciados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT? En el mismo orden de ideas, el ejercicio del derecho de huelga se ve amenazado tanto en la práctica como en la ley. De esta manera, se pone en marcha un sistema de dos velocidades. Numerosos gobiernos son cómplices de su propio debilitamiento y tienen una actitud suicida.
• Estas empresas también han penetrado en el mundo de las ONG y además las financian. Una situación que sin lugar a dudas limita la autonomía y el margen de maniobra de esas organizaciones. También pusieron a las ONG bajo presión utilizando la estrategia de "todo el mundo gana" ("win-win") para disminuir el contenido y el alcance de los códigos.
• Los códigos de conducta siguen siendo promovidos y apoyados ampliamente por numerosos actores. Desde un punto de vista práctico, algunos códigos pueden haber tenido repercusiones positivas sobre los trabajadores. Sin embargo, es bastante alto el número de trabajadores que dicen ignorar la existencia de esos códigos, desconocer sus mecanismos de control, no tenerlos en el idioma local y no haber participado en su redacción. También son muchos los que señalan la existencia de un código de conducta que se les ha impuesto mientras luchan para que su empresa reconozca su organización sindical independiente o firme un convenio colectivo que ellos han elaborado con base en su realidad y sus reivindicaciones legítimas. Además, son muy pocas las evaluaciones que reflejan los impactos reales de esos códigos de conducta y a fortiori, sus consecuencias sobre las condiciones de trabajo.
• La cadena de subcontratación escapa a la aplicación de muchos de los códigos de conducta. Los parámetros de esta cadena son bastante confusos. Durante un seminario organizado por la CMT en 1998, en colaboración con el Instituto Internacional de Educación Obrera (IIEO), un representante de una empresa multinacional del sector textil fue invitado como orador. Los participantes de todos los continentes lo interpelaron sobre la existencia de subcontratistas en cada región. Si bien su discurso estuvo centrado en la responsabilidad social de su empresa, las respuestas fueron bastante evasivas. Esta situación se repite en la mayoría de las empresas. ¿Por qué tanto hermetismo si las empresas proclaman principios nobles y se jactan de disponer de códigos de conducta?

• Frente a tantas violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas privadas, hemos dicho que el control de los actores privados disminuye y aumentan las iniciativas que dependen de su buena voluntad. No obstante, el control y las sanciones van juntas. Este cambio nos aleja aún más de la posibilidad de llegar a sanciones.
• El sistema internacional tiene sus defectos, límites y debilidades en términos de justiciabilidad. Los códigos de conducta aparecen en parte como una respuesta a estos problemas. Sin embargo, al eludir a las instituciones internacionales encargadas del control de la aplicación del derecho internacional, los códigos las debilitan. ¿Los problemas no se eluden agudizándolos? ¿No hubiese sido preferible fortalecer esas instancias identificando sus problemas y aportando soluciones?

La gobernanza de la sociedad como prioridad de la RSE

• La evolución presentada en este estudio pone en evidencia estrategias centradas en el interés privado, y no el interés general. Lo que es bueno para la empresa también lo es para toda la sociedad. La gobernanza empresarial, que no implica en sí misma un proyecto de sociedad (sino un proyecto del sector privado, por él y para él) podría tener prioridad. Por otra parte, y en el mismo orden de ideas, podría promoverse una forma de gobernanza a través de la sociedad civil. En este modelo con actores diversos, el Estado, que defiende el interés general, sólo sería un actor más. El Estado perdería poder como consecuencia de la proliferación de formas privadas de gobernanza de la sociedad que lo eluden. ¿Tal evolución conduce a una mejor gobernanza a nivel local o internacional? ¿Es sinónimo de desarrollo sostenible? ¿Es posible regular el mundo fuera de la esfera estatal? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿quién sería el responsable? ¿Favorece los intereses de todos? El avance de la pobreza, de las desigualdades sociales y la proliferación de violaciones de los derechos de los trabajadores parecen demostrar que es necesario invertir urgentemente esta tendencia.
• Vale la pena destacar algunos avances, como por ejemplo, la firma de varios acuerdos marco. El fortalecimiento de los comités de empresa, principalmente a nivel europeo, constituye otro progreso. Estos cambios permitirían progresar hacia un panorama de mayor gobernanza en el seno de la empresa, de la sociedad. Es necesario pensar más en estas iniciativas y seguir avanzando en este sentido.
• En materia de cooperación sindical con organizaciones no gubernamentales, también ha habido progresos sustanciales, en el plano de la reflexión, de la participación y del seguimiento de códigos de conducta u otras iniciativas. Cabe destacar además las campañas de sensibilización de los consumidores en torno a la actuación de las empresas multinacionales en materia de derechos sociales, tales como la campaña Ropa Limpia. Vale la pena mencionar igualmente la evolución del debate sobre la certificación social, particularmente en Bélgica, país en el que la CSC (Confederación de Sindicatos Cristianos) participa activamente en esta iniciativa lanzada por los poderes públicos. A esto se agrega la creciente sensibilización del público, particularmente de los consumidores (certificaciones sociales, clasificación de los productos) y de los accionistas (inversiones socialmente responsables).

Notas

[31]Para mayor información, puede descargar la Resolución del sitio Web de la CMT (www.cmt-wcl.org – Publicación titulada: "Las normas internacionales del trabajo al servicio de la justicia social") o si lo prefiere, puede contactarnos.