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Los problemas agrarios
han estado siempre en la agenda de la mayoría de los partidos políticos
de la región de América Latina y en la de sus movimientos populares. A
lo largo de todo el siglo pasado fueron motivo de fuertes conflictos y
eje de insurrecciones en países como México o Cuba, así como asunto de
acalorados debates desde América Central hasta el Cono Sur. No obstante,
después de experiencias dictatoriales o democráticas, de gobiernos
populistas, democráticos o de corte marxista, el asunto de la tierra
continúa estando en el orden del día, vinculado a la necesidad de lograr
un desarrollo sustentable y a la eliminación de la pobreza en los países
de la región.
Fue a partir de la Cumbre
Mundial convocada por Naciones Unidas en septiembre de 2000, que la
comunidad internacional decidió trabajar de consuno para reducir los
índices de pobreza y el hambre, al menos en un 50 por ciento para el año
2015, junto a otras de las denominadas Metas del Milenio. En los últimos
años, la búsqueda de soluciones para el problema de la pobreza y de la
llamada pobreza extrema ha sido principal en los programas de las
agencias para el desarrollo de países desarrollados.
De ahí que investigadores
de instituciones no gubernamentales canadienses como el North South
Institute (NSI) y el Internacional Development Research Center (IDRC),
dedicadas a promover el desarrollo en las sociedades del Sur, se hayan
empeñado en indagar en problemas como las desigualdades sociales, con el
interés de contribuir al bienestar de esas poblaciones. Sobre la base de
que es más difícil disminuir los niveles de pobreza en sociedades donde
predominan las desigualdades sociales, el asunto de la inequidad ha sido
también tema priorizado. Es por ello que han suscitado interés las
sociedades latinoamericanas, ejemplo de polarización en sus niveles de
desarrollo.
En el centro de atención
de la eliminación o reducción de la pobreza están las políticas
agrarias. Nos dicen los autores de este libro que, en especial durante
la década de los años 90, "surgió una ola de reformas de políticas
agrarias orientadas hacia el mercado, desde México hasta Honduras y de
Nicaragua a Brasil, Ecuador y Perú." Mientras, una serie de innovaciones
tenían lugar que aunque importantes no eran tan visibles, como el
nombramiento en los títulos sobre las tierras de hombres y mujeres en la
búsqueda de una mayor equidad de géneros, la regularización de
otorgamientos de títulos de propiedad en las comunidades indígenas, el
reasentamiento y reformas institucionales en contextos de posguerra, y
el desarrollo de iniciativas locales para aumentar las posibilidades de
administración de las tierras mediante métodos sustentables en las
comunidades.
En el capítulo de este
libro dedicado a políticas y prácticas nacionales, se abordan los casos
de Brasil, de los países andinos y de América Central. Le sigue un
informativo análisis sobre las iniciativas internacionales relacionadas
con problemas agrarios, donde se analizan los programas multilaterales,
los casos de donantes y de financiamientos de programas bilaterales, más
el papel desarrollado por las redes de la sociedad civil. El libro
ofrece, además, un rosario de ideas acerca de la seguridad sobre la
propiedad, mercados agrarios, reformas agrarias, y los vínculos de las
políticas agrarias con otras políticas públicas.
Quizás uno de los
aspectos más interesantes es el dedicado a la prevención de conflictos,
ya casi al final de esta sugerente y breve obra, de donde les extraemos
esta idea: "A través de numerosas investigaciones académicas con
justicia ha quedado demostrado que no existe una relación de causalidad
entre las políticas agrarias y la existencia de conflictos violentos.
Los conocimientos acumulados sugieren que en esta relación intervienen
factores como las estrategias de las élites gobernantes, y las
capacidades y actividades de los líderes de la oposición."
Este volumen de apenas
unas cien páginas, cuajadas de bibliografía y enjundiosas notas, es el
resultado de expertos de la talla de Stephen Baranyi, especialista
principal de prevención de conflictos en el NSI; Carmen Diana Deere,
profesora y directora de Alimentación y Recursos Económicos del Centro
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Florida; y de
Manuel Moreno Feijoo, director ejecutivo de la Corporación ECOLEX, una
ONG dedicada a asesorías legales sobre recursos naturales ubicada en
Quito, Ecuador. |
