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 La construcción de la paz. Reconciliación sustentable en sociedades divididas

Por PNUD

 
Título: Informe Sobre Desarrollo Humano 2005
Autor: PNUD
Fuente: Ediciones Mundi-Prensa
Ciudad: New York
Año: 2005
ISBN: ISBN 84-8476-258-0
Más información: Leer resumen del informe
Descargar informe completo o por capítulos

El Informe sobre Desarrollo Humano pide que la comunidad internacional rompa el círculo vicioso de la pobreza y el conflicto violento La intervención en una situación posterior a un conflicto es un desafío tanto para el desarrollo como para la consolidación de la paz, señalan los autores.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2005 publicado por el PNUD aborda el terrible costo humano que conllevan los conflictos violentos en los países pobres, además de la forma en que la pobreza constituye un terreno fértil para el surgimiento de más violencia. Los autores del Informe argumentan que para lograr objetivos de desarrollo mundiales, la comunidad internacional debe romper el círculo vicioso respondiendo a los conflictos como un desafío de reconstrucción a largo plazo y un imperativo inmediato para la pacificación.

Los autores brindan todo su apoyo a la propuesta del informe del Secretario General, Un concepto más amplio de la libertad, donde propone la creación de una Comisión para la Consolidación de la Paz con el auspicio de las Naciones Unidas.

"No existen recetas únicas para evitar o resolver un conflicto violento", reconocen los autores.

"No obstante, si no contamos con más cooperación internacional, la que además debe ser más eficaz, para enfrentar las amenazas impuestas por el conflicto violento, la comunidad internacional no tendrá esperanzas de proteger los derechos humanos básicos, avanzar en cuanto a seguridad colectiva y lograr los ODM".

Desde 1990, los países en desarrollo representan más de la mitad de todos los conflictos armados, con una cifra cercana al 40% sólo en África. De acuerdo a lo que señala el Informe, en estos conflictos mueren más personas a causa de enfermedades y desnutrición que debido a bombas, balas y bayonetas. Por ejemplo, en la región de Darfur de Sudán, el Informe concluyó que las tasas de mortalidad infantil son entre tres y seis veces más altas que en el resto del país.

Mientras más pobre es el país, más probabilidades tiene de sufrir un conflicto violento. Por ejemplo, el Informe muestra que los países con un ingreso anual per capita de US$250 tienen dos veces más probabilidades de caer en una guerra civil que aquellos con un ingreso anual per capita de US$600. Sin embargo, "Intentar establecer si estos países son pobres porque están en conflicto, o están en conflicto porque son pobres, es un ejercicio inútil y sin sentido", escriben los autores. "Lo que está claro es que la pobreza es parte del ciclo que crea y perpetúa el conflicto violento al cual este mismo retroalimenta reforzando la pobreza".

El Índice de Desarrollo Humano del Informe, que clasifica a los países según nivel de salud, educación e ingresos, ofrece datos sobre la conexión entre pobreza y conflicto violento. "En realidad", indican los autores, "el conflicto violento es uno de los caminos más rápidos y seguros para recibir las peores evaluaciones en el Índice y uno de los indicadores más fuertes para quedarse largo tiempo ahí". De los 32 países con la peor clasificación en el Índice, 22 han vivido algún conflicto desde 1990.

Este círculo vicioso representa una amenaza para todos, no sólo para los habitantes de estos países, señala el Informe: "Cuando los estados débiles entran en conflictos violentos, crean un caldo de cultivo natural para grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de los países ricos y, al mismo tiempo, perpetúan la violencia en los países pobres".

El Informe propone varias mejoras fundamentales en materia de políticas, las que pueden tener un efecto inmediato en reducir la amenaza de conflicto y su perjudicial efecto en la pobreza y el desarrollo humano:

  • Ayuda para los países propensos al conflicto. "Privar de ayuda a estados propensos a conflicto o a estados que acaban de salir de un conflicto no tiene justificación. No sólo va en desmedro de la seguridad humana en los países involucrados, sino que va en desmedro de la seguridad mundial". En los últimos años, la ayuda en países en situación posterior a un conflicto varía de US$245 per capita en Bosnia y Herzegovina a sólo US$40 en Afganistán. Junto con un aumento general de la ayuda, los donantes deberían ser más transparentes respecto de las condiciones para distribuir estos recursos y las razones para reducir la ayuda hacia los países propensos al conflicto.
  • Enfoque integrado en cuanto a seguridad colectiva. Un nuevo informe del Secretario General de la ONU llama a la creación de una Comisión Internacional para la Consolidación de la Paz que ofrezca un marco estratégico para lograr un enfoque integrado respecto de la seguridad colectiva. Como parte de este enfoque, se debe crear un fondo mundial para financiar la ayuda inmediata en situaciones posteriores a un conflicto y la transición a una reconstrucción duradera, sobre una base a largo plazo y previsible.

  • Formación de capacidades regionales. Una prioridad inmediata y urgente es la creación de una fuerza de reserva en pleno funcionamiento en la Unión Africana a través de apoyo logístico, técnico y financiero.

  • Reducir el flujo de armas pequeñas. La Conferencia sobre armas pequeñas de 2006 ofrece una oportunidad para llegar a un acuerdo respecto de un tratado integral y obligatorio para el comercio de armas que regule los mercados y reduzca el suministro a zonas de conflicto violento.

  • Mayor transparencia en el manejo de los recursos naturales. Como partes de los mercados de recursos naturales que ayudan a financiar conflictos y, en algunos casos, socavan la responsabilidad de los gobiernos, las empresas transnacionales involucradas en la exportación de minerales deberían aumentar la transparencia de sus operaciones en los países pobres. Se debería considerar prioritario el marco legal internacional que propuso la Comisión para África patrocinada por el gobierno británico de asegurar que las prácticas corruptas de empresas transnacionales en el extranjero sean procesadas en el país de origen, como ya lo establece la ley de Estados Unidos.


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