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Iván Orozco nos presenta un instrumento analítico muy
novedoso y de gran utilidad para desentrañar hasta donde ello es posible,
los dilemas de la paz y la justicia en América Latina y, a su vez, para
situar en el escenario contemporáneo de la nueva conciencia global
humanitaria, las contradicciones que se presentan entre los “hacedores de
paz” y los “defensores de los derechos humanos”. Contrario a los que el
sentido común indicaría, no siempre los procesos de justicia distributiva
conducen a una paz sostenible, y ésta, en circunstancias especiales y de
acuerdo con las modalidades de victimización, dependería, según el autor,
de ciertos grados de perdón recíproco y de olvido o, en otras palabras de
menos justicia.
Parece interesante rescatar en eje central de la reflexión
de Orozco, porque da la impresión de que entre los públicos colombianos
ese asunto no está los suficientemente esclarecido, y es lo que él llama
la nueva conciencia global humanitaria; un nuevo clima cultural,
universalista, normativo que viene casi como un mandato de los países
centrales hacia las periferias y que impone requisitos humanitarios de
justicia para crímenes atroces, reivindicando la memoria sobre el olvido y
el castigo sobre el perdón. En un contexto mundializado y de soberanías
nacionales declinantes, es indudable que se disminuye el espacio de
maniobra de los Estados para resolver los problemas de la guerra y de la
paz, y las variables externas adquieren cada vez un peso mayor. Esto
quiere decir también que los tiempos adicionales, que pueden ser más
lentos, ya no coinciden con los intencionales, en los que las exigencias
humanitarias se vuelven cada vez más estrictas y exigentes.
Hay varias razones que explicarían el despliegue de la
nueva conciencia humanitaria, pero es indudable que ésta ha venido de la
mano de una presencia cada vez más significativa e importante de las
víctimas en los escenarios de conflicto armado o de violación sistemática
de derechos y libertades. Hasta hace poco tiempo, las víctimas, su dolor y
sufrimiento, sus pérdidas irreparables y los atropellos sufridos,
prácticamente no existían, no eran tenidas en cuenta como referente en los
procesos de transición de la guerra ala paz o de la dictadura a la
democracia. Según el caso, las víctimas eran pensadas como un subproducto
cuasinatural de las confrontaciones, como un resultado lamentable pero
inevitable de las situaciones de conflicto y sólo aparecían como retórica
en los discursos de los contradictores armados para deslegitimar y
satanizar las acciones de los contrarios.
Además las guerras eran narradas como gestas heroicas,
como dramas sangrientos, como tragedias con sus héroes y sus villanos,
revestidos ambos de un carácter superior al de los demás mortales y bajo
una visión romántica y salvífica que no dejaba espacio para los seres
corrientes -las víctimas- , que padecían en silencio y cuyo sufrimiento
quedaba sepultado en el olvido. Vasta echar una mirada a los relatos
memoriales de las guerras civiles del siglo XIX colombiano para darse
cuenta que el imaginario proyectado era trágico, heroico y romántico,
imaginario que aún intentan los guerreros, tal como se deduce de las
intervenciones de los paramilitares que se autoproclaman salvadores de la
nación y no comprenden muy bien por qué deben responder ante la justicia
por los delitos cometidos si ellos salvaron la patria del peligro
comunista.
En la nueva conciencia humanitaria, la guerra, pero
especialmente las guerras civiles, han dejado de ser actos heroicos; el
uso de la fuerza para cambiar o sostener el orden ha perdido legitimidad;
el derecho de la guerra, Ius ad Belem, está prescrito y en ciertas
circunstancias criminalizado, y las tesis de la guerra justa, necesaria o
inevitable no constituyen excusas válidas para perdonar crímenes atroces.
Y, quizá lo más importante, las víctimas han surgido del silencio y el
olvido para situarse en el escenario público con sus demandas de verdad,
justicia y reparación a su dignidad, a sus derechos y a sus pérdidas
materiales; en otras palabras, las víctimas han pasado de ser actores
pasivos y sufrientes de las confrontaciones armadas, a constituirse en
protagonistas de primera línea en los procesos de transición de la guerra
a la paz o de la dictadura a la democracia, y esta presencia pública de
las víctimas en los escenarios de la política redefine los meridianos y
los paralelos en los cuales se desenvuelven los acuerdos de paz o los
procesos de transición desde gobiernos autoritarios o totalitarios.
Los defensores de los derechos humanos han hecho lo suyo
para evitar que los crímenes atroces queden en la impunidad, pero ha sido
la memoria de las víctimas, la puesta en publico de su dolor y
sufrimiento, sus relatos y narraciones sobre el horror y las
depredaciones, los que ha permitido desnudar las guerras, quitarles el
halo romántico y salvífico, mostrar la hondura del drama humanitario, la
cara oculta de los que acontece en los ámbitos privados y domésticos
cuando los guerreros de todas las pelambres entran en acción, y lo
endebles que resultan las justificaciones morales o políticas del accionar
bélico frente a la tragedia pertinaz y continuada de millares de seres
humanos que padecen los traumas del accionar de los guerreros.
Sin embargo, la nueva conciencia global humanitaria, en
cuyo contexto dejan de ser admisibles los indultos, las amnistías y los
perdones judiciales totales, plantea interrogantes y dificultades cuando
se trata de lograr acuerdos de paz entre hostiles, y allí precisamente es
donde se enmarcan las tensiones entre la otrora unida familia humanitaria.
Los hacedores de paz ponen su acento en el futuro, en la reconciliación y
el perdón, en detrimento de la justicia distributiva y el castigo de los
perpetradores; los defensores de los derechos humanos, por el contrario,
consideran que es necesario saldar cuentas con el pasado, reconstruir la
verdad judicial e histórica y castigar a los culpables para restaurar el
orden democrático; tensiones que llevadas al límite podrían traducirse en
dos fórmulas contrapuestas: justicia sin paz o paz con impunidad.
Es en ese contexto en el que Iván Orozco propone su
esquema analítico para examinar los dilemas de la justicia y de la paz;
estableciendo modalidades diferenciadas de transición, simples y dobles,
de dictaduras a democracias y de victimización vertical u horizontal, así
como formas distintas de movilización colectiva de la sociedad civil en
los esfuerzos bélicos. Su hipótesis es que en las transiciones simples y
en los modelos de victimización vertical, unidireccional y asimétrica,
como en los casos de las dictaduras militares de Chile y Argentina, la
justicia retributiva tiene mejores perspectivas de despliegue, aunque en
detrimento de la reconciliación. Por el contrario, en los procesos de
transición doble y de victimización horizontal y simétrica, como El
Salvador, la relación se invierte y la reconciliación predominaría sobre
el ejercicio de la justicia distributiva. La combinación de transiciones y
modelos de victimización definirían, para Orozco, los alcances y las
limitaciones en los usos de la verdad.
Acá quiero señalar que, si bien comparto con el autor su
esquema analítico, brillante y esclarecedor, me separo de él en el asunto
de los usos de la verdad. A mi juicio, las verdades, así sean ellas
parciales, individuales o de grupo, rivales y confrontadas de víctimas,
victimarios y testigos, y aceptando los riesgos evidentes que han sido
señalados reiteradamente en los trabajos sobre estos temas, resultan
absolutamente pertinentes para entender dos cosas importantes.
La primera, que en Colombia estaríamos en un escenario de
victimización horizontal, multidireccional y simétrica si se la examina en
el contexto de la nación, aunque las asimetrías son evidentes desde
perspectivas regionales y locales: victimarios de muy diferentes
adscripciones, actores ilegales, guerrilla y paramilitares, pero también
funcionarios públicos civiles, sobre todo locales y regionales; esta
situación desdibuja las diferencias entre víctimas y victimarios y
complejiza la participación de la sociedad civil en las acciones de
guerra. La aceptación de esta realidad compleja y fragmentada es un
requerimiento fundamental para la reconstrucción de un nuevo orden
político en el país, y esta visión de conflicto armado en Colombia sólo es
aceptada por algunos, y en voz baja. Cada sector o agrupación social,
organización política o estamental y los diversos miembros de la sociedad
civil, sobre todo aquellos autodefinidos como los “buenos”, tiene sus
propias simpatías y lealtades con los diversos actores del conflicto, así
como su propio repertorio de malos, de culpables y de asesinos, de quienes
hacen depender todas las desgracias nacionales ocurridas y por ocurrir.
Esto para no mencionar la visión del gobierno actual, compartida por sus
fanáticos, según la cual no existe conflicto armado sino desafío
terrorista al Estado de Derecho.
De allí que procesos de esclarecimiento histórico resulten
necesarios, así no conduzcan, como los defensores de derechos humanos
quisieran, a la judicialización de todos los perpetradores, y el acuerdo
de paz resulte ser, como dice Orozco, “una negociación entre criminales de
guerra”; criminales que se autoamnistía bajo pactos de silencio y olvido,
como ha sido la tradición en Colombia desde las guerras civiles del siglo
XIX. La barbarie simétrica no esta reconocida, no es aceptada por los
públicos, y menos aún por los gobiernos. Mientras no haya reconocimiento
no serpa posible establecer mínimas responsabilidad es políticas,
institucionales y sociales en este desastre humanitario, ni encontrar ese
difícil punto de equilibrio entre la justicia y la reconciliación.
Si bien los procesos de esclarecimiento histórico no se
agotan en la aplicación de la justicia retributiva, tampoco constituyen un
sustituto débil de ella, como a veces lo afirman los defensores más
radicales de derechos humanos, y es posible, tal como lo afirma Ignatieff,
citado por Orozco, que esté por demostrarse la capacidad de las comisiones
de la verdad para reparar las víctimas y reconciliar a los hostiles; pero
lo que si ocurre, según el autor citado, es que el proceso de
esclarecimiento histórico “contribuye a la reducción del número de
mentiras aún no cuestionadas” que generalmente circulan con criterio de
verdad en las sociedades afectadas por guerras y dictaduras. Ese solo
hecho amerita la ruptura de los silencios y la recuperación de las
memorias individuales y colectivas.
Las narraciones que circulan desde los medios de
comunicación y los organismos estatales, en el mejor de los escenarios
presentan el conflicto colombiano como un enfrentamiento entre guerrilla y
paramilitares del cual los estamentos gubernamentales estarían ausentes y
serían algo así como víctimas que sufren los efectos traumáticos de unos y
otros, y, en el peor de los escenarios, la interpretación se orienta a
señalar que lo que existe es una amenaza terrorista contra un Estado
democrático. Es decir, se invierte la fórmula de la victimización
vertical, que en este caso vendría desde abajo, desde la criminalidad
organizada. Cambiar esas narrativas, encontrar otras nominaciones para
designar lo que ocurre es también transformar la memoria nacional, y
mientras eso no ocurra es difícil encontrar algún balance precario entre
justicia y paz, más importante aún en un país que ha tenido en el olvido
una estrategia para salirle al paso a situaciones e conflicto y guerra
civil.
La segunda razón por la que parece importante el
esclarecimiento histórico de todos los problemas que pueden presentar
estos procesos, sobre todo en contextos de continuidad del conflicto
(Hablar de posconflicto parcial sería forzar el concepto) de fragmentación
y larga duración como el colombiano, es que permite reconstruir los
contextos, las dinámicas y las lógicas de la guerra; las tradiciones y las
prácticas sociales, las especificidades de los espacios territoriales en
los cuales tuvieron ocurrencia los delitos de lesa humanidad, los
genocidios y los crímenes atroces, y por lo tanto tener una visión
matizada y plural de lo acontecido; en otras palabras, poseer una visión
más calidoscópica de las lógicas, las gramáticas y las dramáticas de una
guerra tan degradada como la colombiana, puede contribuir de mejor manera
a adaptar procesos de reconciliación y de justicia en el futuro.
La segunda tesis de Iván Orozco tiene que ver con la
suerte de genealogía de la nueva conciencia humanitaria global, que él
interpreta como tejida sobre la experiencia del holocausto judío y el
legado de los juicios de Nuremberg, ratificada por las dictaduras del Cono
sur, que habrían dejado sus huellas en los tratados y en las convenciones
sobre derechos humanos y Derecho internacional humanitario, elaboradas a
partir de la posguerra y orientadas a evitar en el futuro lo que se ha
llamado masacres administrativas ejecutadas por Estados totalitarios o
autoritarios sobre poblaciones relativamente inermes, esta experiencia
fundacional habría propiciado lo que el autor llama, con mucho acierto, “
analogía de la dictadura”, desplazando en cierta forma las dinámicas de
guerra a segundo plano, como mero contexto, y centrando su mirada casi
exclusivamente en el gran Leviatán.
La analogía con la dictadura se sustenta sobre una visión
de victimización vertical, en la cual el Estado sería el mayor victimario
potencial. Según el autor, esta analogía con la dictadura que impregna el
clima de la nueva conciencia humanitaria, tiene, por así decirlo, dos
vertientes que definen el accionar de quienes se ocupan de la defensa y
protección de los derechos humanos: la concentrada, que pone en el centro
del análisis al Estado y a sus funcionarios, otorgándoles la mayor
responsabilidad política frente a los desastres humanitarios de todo tipo,
incluso frente a los que desarrollan sus opositores por la incapacidad
manifiesta del aparato público para garantizar la vida y los bienes de sus
asociados; eso implicaría que el Estado asumiera sobre su propia
corporeidad todos los crímenes o, como dice Orozco, sería el sifón por el
que desaguaría toda la suciedad de la guerra.
La segunda vertiente, a la que Orozco denomina diseminada,
presenta una visión más plural de las responsabilidades políticas y
morales en los desastres humanitarios, mostrando cómo, además del gran
Leviatán, los grupos armados contraestatales o paraestatales despliegan
acciones típicamente dictatoriales y autoritarias sobre las poblaciones
que controlan, convirtiéndose en leviatanes en potencia o de hecho, que
reclaman para sí el poder para decidir sobre sus entornos entrando en
franca disputa, entre ellos y con el aparato público; por la soberanía
estatal: en el primer caso ¿disputa entre ellos, leviatanes en potencia…?,
la tendencia es al predominio del derecho internacional de los derecho
humanos y del derecho penal internacional, aún en contextos de guerra
civil y, en el segundo, pareciera imponerse el derecho internacional
humanitario, pero en ambos casos la analogía con la dictadura continua
siendo la misma; uno o varios leviatanes autoritarios que se disputan,
mediante el uso del terror, el control sobre territorios, poblaciones,
gentes y recursos económicos y sociales.
Lo que parece estar en juego por la pervivencia de la
analogía con la dictadura, es el relativo desconocimiento frente a las
dinámicas y las gramáticas de la guerra y la paz, y allí es donde adquiere
pleno sentido la tesis de Orozco sobre la diferencia de los procesos de
transición de dictaduras a democracias, respecto de aquel que ocurre
cuando se pasa de la guerra a situaciones de paz. Esto implicaría que la
naturaleza y la particularidad de los conflictos armados, sus despliegues,
sus desarrollos desiguales en el tiempo y en los espacios, sus giros y
configuraciones parecen estar subsumidos en la analogía con la dictadura y
no encuentran un estatuto diferenciado para tratar desde allí los
problemas de las víctimas, de la aplicación de justicia y las estrategias
de verdad y de reparación. Es allí precisamente donde se acentúan las
tensones entre la familia humanitaria y se alejan de las posturas entre
los “hacedores de paz” y los defensores de los derechos humanos.
Otro aspecto rescatado por el texto de Iván Orozco, y
sobre el cual me parece interesante detenerse, es sobre la participación
de la sociedad civil en los eventos bélicos. Si bien el derecho
internacional humanitario ha hecho énfasis en la distinción entre
combatientes y no combatientes, con el ánimo de proteger a aquellos que
nos se involucran directamente en las acciones de armas, a juicio del
autor esta norma de protección, necesaria y pertinente por lo demás, a
veces obscurece al accionar de los civiles en la confrontación, que
usualmente es mayor que el aceptado, bien como partícipes activos y
solidarios en la logística de las confrontaciones, bien como colaboradores
forzados por uno u otro actor bélico; usualmente quien tiene el control
transitorio sobre el territorio en el cual se habita, cambiando fácilmente
de divisa cuando cambia el denominador.
De allí que para algunos analistas la guerra colombiana
sea vista como una guerra contra la sociedad, u si bien es cierto que los
beligerantes desarrollan habitualmente una disputa feroz por inscribir en
sus redes y controlar organizaciones, personas, instituciones,
funcionarios y espacios, sería necesario examinar con más detalle la
percepción que las poblaciones tienen sobre los actores armados y sus
prácticas, porque a veces no es tan fácil trazar la línea divisoria entre
armados y desarmados, víctimas y victimarios, ni establecer el grado de
movilización política y solidaria en torno a los principales actores del
conflicto armado.
Más que una guerra contra la sociedad, se trataría de una
guerra por la sociedad, que garantice (¿garantiza?), así sea de, manera
precaria, las demandas de soberanía de los grupos en disputa. Y si bien
buena parte de estos comportamiento de los civiles no significan delitos
no son judicializables ni punibles, sí tienen amplia significación de las
responsabilidades políticas y éticas frente a la guerra; responsabilidades
éstas que un proceso de esclarecimiento histórico debía dejar medianamente
establecidas; además, disponer de una visión mas realista y descarnada de
ésta participación, ayudaría a tomar decisiones más eficientes sobre ese
balance difícil y siempre precario entre justicia retributiva y paz.
Si bien el gobierno afirma que las guerrillas han sido
aisladas de sus poblaciones de apoyo y no cuentan con el respaldo social,
otra bien distinta es la que parece advertirse en algunas zonas históricas
controladas por ellos y entre algunos sectores sociales que les siguen
brindando al menos simpatías y tolerancia con sus depredaciones; aunque
habría que aceptar que la acción paramilitar, orientada en los fundamental
hacia las poblaciones de apoyo guerrillero, han logrado romper algunas
viejas lealtades en los territorios conquistados por ellos. Los mismo
podría decirse de los paramilitares; si bien estas agrupaciones no
obedecen al patrón clásico de agentes encubiertos del estado, como en
Centroamérica, falta por esclarecer sus relaciones e identidades con
segmentos de las fuerzas de seguridad, con el ejército y la policía, pero
también con administradores públicos de todos lo niveles, con propietarios
rurales grandes y medianos, con pobladores urbanos de barrios populares
que les han brindado apoyo, encubrimiento, impunidad y cierta
condescendencia frente a sus crímenes y depredaciones.
Los compromisos mediatos e inmediatos de amplios sectores
sociales con los actores armados o, en otras palabras, las llamadas
estructuras ocultas de estos agentes, pueden mostrar un panorama bien
distinto al que se deduce de la visión normativa del derecho internacional
humanitario, empeñado en separar y distinguir unos de otros.
Para terminar este comentario, dos paradojas finales: la
primera de ellas tiene que ver con la paradoja según la cual la aceptación
de la barbarie horizontal implicaría el reconocimiento del colapso parcial
de Estado y la diputa por la soberanía interna, asunto que los gobernantes
están lejos de sumir por sus implicaciones en la legitimidad del régimen y
el debilitamiento simbólico del Estado frente a sus enemigos; aunque lo
aliviarían un poco de la carga que significa llevar a cuestas todo el
desastre humanitario de las últimas décadas. Una postura recalcitrante
sobre éste y otros aspectos propios de la guerra, dificultan enormemente
el despliegue de estrategias humanitarias que tengan eco en las distintas
agrupaciones de víctimas y en sectores regionales y locales que han
sentido en su cotidianidad lo que significa vivir bajo la égida de un
Estado semicolapsado, inorgánico e incapaz de controlar incluso sus
propias burocracias. Situación que conduce a las gentes a buscar
alternativas individuales, algunas de ellas violentas y otra medidas por
las ofertas de seguridad y protección ofrecidas por los sectores armados
distintos a los estatales. Esto implica que las complicidades entre
armados y desarmados son múltiples y el conocimiento sobre estas
situaciones es requisito indispensable para proponer la paz o para
demandar justicia.
En el caso colombiano, la analogía con la dictadura es
quizá la menos eficaz para entender la dinámica del conflicto armado, no
porque brille la democracia o porque el Estado esté libre de culpa, sino
porque se trata de un ente inorgánico que funciona con diversas lógicas,
incapaz de hacer cumplir sus propias leyes y tomar decisiones a los largo
y ancho del territorio, y por los distintos estamentos de la sociedad. Lo
contrario exactamente de lo que ocurre en los regímenes totalitarios y
dictatoriales.
La segunda paradoja tiene que ver con lo siguiente: la no
aceptación del semicolapso el Estado y del poder que los actores armados
tiene en territorios significativos del país, dificulta enormemente el
reconocimiento de los enemigos como beligerantes, lo que conduce a la
criminalización e invisibilización de la guerra interna. Si la guerra no
existe, se refuerza necesariamente la analogía con la dictadura y el
modelo de victimización vertical y asimétrico, y estos esquemas
analíticos, como bien lo demuestra Iván Orozco, se convierte en obstáculos
formidables, tanto para la negociación de la paz como el establecimiento
de responsabilidades políticas, jurídicas y penales de los diversos
actores frente a los crímenes de la guerra. En un contexto semejante, ni
los hacedores de paz ni los defensores de derechos humanos logran
mínimamente lo que se proponen.
Nota
Tomado de Co-herencia Revista de humanidades - Universidad
EAFIT
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