En un disco compacto, la
representación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), en Chile, y la Secretaría General de la OEA nos presentan los
resultados de un foro de discusiones entre más de 50 representantes de
la sociedad civil y gobiernos de países americanos, acerca de las
perspectivas y logros alcanzados en materia de gobernabilidad. El
propósito de esta reunión, nos dicen, fue "evaluar los desafíos que
enfrenta la región en materias de gobernabilidad; así como analizar las
formas de vinculación entre la sociedad civil, el Estado y los partidos
políticos frente al contexto de crisis de representatividad en la
región."
Lo más importante de este
foro fue que sus recomendaciones sirvieron de base para la discusión
informal efectuada entre representantes de la sociedad civil y jefes de
delegación, cancilleres y el Secretario General de la OEA, previa a la
trigésimo tercera reunión de la Asamblea General. Fue la primera ocasión
en que los representantes de los estados miembros de la OEA se reunían
oficialmente con la sociedad civil para debatir e intercambiar opiniones
relativas a temas críticos que afectan a los países del hemisferio.
El disco está dividido en
diez capítulos, más el listado de organizaciones participantes, el
cuestionario sobre el cual se basaron los debates y el Programa del
foro. En el primer capítulo, dedicado a los temas que dan título a este
trabajo, el director de FLACSO-Chile, Francisco Rojas y Aravena, parte
por plantear la diversidad de las organizaciones que conforman la
sociedad civil en las Américas, entiendo por este término el conjunto de
países de la América Latina y los de la América del Norte. Se refiere al
concepto de gobernabilidad como asunto "complejo", en el cual
intervienen múltiples factores nacionales, internacionales y locales, y
ejemplifica con un problema concreto, como el asunto de los desplazados,
la posibilidad de que asuntos locales puedan trascender ese ámbito. El
resto de esta presentación estará basada en tres aspectos que explican
el orden multidimensional de la gobernabilidad: 1) La necesidad de
reforzar la institucionalidad democrática; 2) la debilidad económica
estructural en muchos casos; y 3) el establecimiento de políticas de
inclusión social. Aspectos todos íntimamente vinculados, al tiempo que
de una u otra forma han aparecido en las agendas de la sociedad civil
regional.
En el segundo capítulo,
dedicado a las vulnerabilidades de la gobernabilidad, se ordenan los
problemas en cuatro categorías, las cuales a excepción del problema del
narcotráfico --que presenta una dimensión extranacional--, van a tratar
de agrupar problemas eminentemente locales o nacionales: Son ellas las
vulnerabilidades político-institucionales, económico-sociales, las
relacionadas con la integración social, y las relacionadas con el tema
de la seguridad interna y externa. Pero un asunto que llama nuestra
atención en esta sección es la referencia a lo que los autores de este
trabajo denominan "debilidad de los sistemas democráticos y las
dificultades para generar un desarrollo sostenible", las cuales
consideran son constantes a América Latina, agravadas por elementos
nuevos como "el proceso de globalización, las transformaciones
estructurales de la economía, y el proceso de individualización"
–entendiendo por esto último como la conquista de la autonomía por parte
del individuo.
Resulta de interés las
visiones del Centro Carter, en tanto representación de visiones no
gubernamentales desde Norteamérica, y por su dedicación a estrechar
lazos de trabajo con América Latina, las cuales harán énfasis en la
necesidad de ejercitar la accountability --o rendición de cuentas
con transparencia— para fortalecer la Carta Democrática Interamericana,
aprobada en 2001; para desarrollar leyes y sistemas de acceso a la
información; y para reformar los sistemas de financiamiento de campañas
y partidos políticos. En este sentido, la sociedad civil, nos dirá el
Centro Carter, tiene una responsabilidad especial en las exigencias a
los Estados de lograr resolver la pobreza y los problemas sociales de
nuestros países. "Sabemos que hay escepticismo sobre las posibilidades
de desvincular el dinero y la política, y es cierto que los políticos,
quienes se beneficiaron del sistema existente para financiar sus
campañas van a resistirse a un cambio. No obstante, es precisamente por
estas razones que la sociedad civil tiene una mayor responsabilidad de
‘decirle la verdad al poder’, para identificar el vínculo entre el
dinero y la política y entre el financiamiento de campañas y las
prioridades políticas de los gobiernos, como un asunto central de la
problemática que enfrentamos en las Américas."
La directora de
PARTICIPA--una organización chilena sin fines de lucro, con una vasta
experiencia en la organización de procesos de participación y consulta
ciudadana—plantea en uno de los capítulos de este disco la importancia
de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los
procesos multilaterales, como una de las vías para incrementar los
niveles de gobernabilidad. Sobre la base de que la participación de la
sociedad civil debe ser multisectorial, esta organización considera que
se debe "articular un proceso donde actores no gubernamentales aporten a
que los acuerdos alcanzados al nivel multilateral sirva, empuje y anime
a las políticas públicas en los países". Y añade otros puntos de sumo
interés como "ofrecer un espacio para que las personas en su calidad de
ciudadanos no sólo sean sujetos de derecho frente al Estado, sino
también sean portadores de intereses y aspiraciones, y entonces así la
ciudadanía participe de lo público, en el entendido de que lo público no
es sólo lo estatal."
La experiencia
desarrollada entre estas organizaciones de la sociedad civil y el
organismo regional hemisférico pueden ser un partido de partida para el
ejercicio de una diplomacia ciudadana real y efectiva. Puede también
contribuir al acercamiento de las políticas del Sur y el Norte en este
hemisferio, tan polarizadas y dramáticamente enfrentadas desde inicios
del pasado siglo.